El martes 24 de mayo, Martín Ramírez y
su grupo de vigilancia civil hacían un recorrido por la tarde en la carretera
que comunica a su pueblo donde fueron emboscados y asesinados por sujetos
desconocidos. Los familiares de las víctimas denunciaron que pese a que el
ataque se registró el martes pasado, hasta el momento ninguna autoridad ha
acudido a tomar conocimiento de la masacre.
Tras el ataque, comisarios y habitantes
de diversos pueblos se reunieron para exigir la creación de policías ciudadanas
en poblados de cinco municipios de la sierra de Guerrero, pues acusaron que el
Gobierno les niega lo que les corresponde, como proyectos productivos y la
reparación de los caminos, pero lo peor, señalaron, les niega el derecho a la
seguridad.
Los familiares de las víctimas
denunciaron los homicidios el sábado pasado en una reunión en Chicahuales,
municipio de Leonardo Bravo, en donde más de 50 comunidades aprobaron su
adhesión a la UPOEG. Foto: El Sur
Zacarías Cervantes
Ciudad de México, 30 de mayo
(SinEmbargo/El Sur).- Un menor de 14 años, un comandante de la recién creada
Policía Ciudadana, su hijo y dos de sus sobrinos, fueron emboscados y fusilados
el 24 de mayo en el Crucero del Jilguero, entre las comunidades de Los Bajos y
Vuelta del Sur, del municipio de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), Guerrero.
Las víctimas eran originarias
de Vuelta del Sur y fueron atacadas por hombres con armas y uniformes tipo
militar. De acuerdo con testigos, los criminales habían llegado a esa comunidad
una noche antes a bordo de una camioneta de redilas.
Los familiares de las
víctimas denunciaron los homicidios el sábado pasado en una reunión en
Chicahuales, municipio de Leonardo Bravo, en donde más de 50 comunidades
aprobaron su adhesión a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de
Guerrero (UPOEG) y a su sistema de seguridad y justicia para conformar la
Policía Ciudadana para que se encargue de la seguridad de los pueblos de la
zona.
Las víctimas son Martín
Ramírez Gregorio, conocido en la zona como el Comandante 4 de la Policía
Ciudadana de Vuelta del Sur; su hijo Luis Alberto Ramírez Marcelo; sus sobrinos
Rafael Trujillo Ramírez y Leonardo Guzmán Marcelo, así como un menor de 14 años
de edad.
Los familiares denunciaron
que ninguna autoridad acudió para tomar conocimiento de la masacre e iniciar la
averiguación correspondiente y que mucho menos se está investigando ni haciendo
nada para detener a los responsables que, dijeron, se refugian en la comunidad
de Tecamazúchitl, del mismo municipio de Heliodoro Castillo.
Martín Ramírez Gregorio era
hijo de Tomasa Gregorio Barragán, quien denunció que el 23 de abril del año
pasado, al parecer el mismo grupo delictivo ejecutó también a su nieto José
Luis Trujillo Ramírez y a su yerno Manuel Guzmán Ramírez.
Los familiares de las
víctimas denunciaron que en esa ocasión los delincuentes asesinaron a otras
cinco personas, entre ellas una mujer embarazada y a su hijo de aproximadamente
4 años, así como a otro hombre que no fue identificado.
La madre del comandante, su
esposa Reyna Marcelo Oláis, y otros familiares de las víctimas, denunciaron que
las dos masacres no se han investigado, ni las autoridades buscan a los
responsables.
Los representantes comunitarios
denunciaron que les han retirados la seguridad estatal y federal a diversos
poblados de la sierra de Guerrero. Foto: Cuartoscuro/Archivo
INICIÓ SU PROPIA VIGILANCIA
A raíz de la impunidad de la
masacre del año pasado, en la que murió su sobrino y su cuñado, Martín Ramírez,
“El Comandante 4”, creó un grupo de la Policía Ciudadana, adherida a la UPOEG,
para encargarse de la seguridad de su comunidad.
El martes 24 de mayo Martín
Ramírez y su grupo hacían un recorrido aproximadamente a la 01:00 de la tarde
en la carretera que comunica a su pueblo, y al llegar al crucero de El Jilguero
fueron emboscados y asesinados cinco de los integrantes de su grupo, incluido
el menor de 14 años que los acompañaba.
“Ellos andaban trabajando por
la seguridad del pueblo, por eso los mataron”, dijo Reyna Marcelo, esposa del
Comandante 4 durante la asamblea de la UPOEG en Chicahuales, donde asistieron
comisarios y representantes de más de 30 pueblos que aprobaron su adhesión a
esa agrupación y a la Policía Ciudadana.
Según testigos, en la
emboscada participaron de entre 12 a 15 hombres con armas y uniforme tipo
militar, entre ellos reconocieron a Juan Castillo Gómez, conocido en esos
pueblos como El Teniente, además de Avelino Márquez Guzmán, Enrique Guzmán
García y otra persona al que sólo identifican como El Pica, quienes radican en
la comunidad de Tecomazúchitl, municipio de Heliodoro Castillo.
Los familiares contaron que
el grupo armado llegó a Vuelta del Sur la noche anterior a bordo de una
camioneta particular de redilas, todos vestidos con uniformes tipo militar y
portando armas largas, igual que las que usan los militares.
“Yo creo que ya andaban
rondando por allí, queriendo matar al Comandante 4”, dijo un familiar de las
víctimas.
Consultadas al término de la
asamblea, Tomasa Gregorio y Reyna Marcelo exigieron justicia y denunciaron que
las autoridades no subieron a tomar conocimiento del caso para integrar la
averiguación previa y que ninguna corporación policiaca ha subido para
investigar el caso.
Tomasa, de unos 75 años, dijo
que se siente desamparada totalmente, y que los últimos hombres con los que
contaba dentro de su familia eran su hijo y sus dos nietos que le mataron el
martes pasado. “Yo contaba en la casa con mi hijo y con mis dos nietos, pero ya
me los mataron, y ahora no sé qué voy a hacer”, dijo a punto de desfallecer.
Contó que hace medio año
falleció su esposo y que su yerno asesinado el año pasado le dejó a su hija muy
enferma de diabetes.
“Ahora no sé de que o como
voy a vivir, si con mis hijos y mis nietos eran con los únicos que contaba.
Eran los que me ayudaban. El día que me los mataron yo sentía que me iba a
morir, que ya no iba a aguantar tanto dolor”.
Dijo que del gobierno es el
único responsable de la violencia que se vive en esos pueblos y que no ha
recibido nada, “por el contrario, yo creo que se vende (el gobierno) o no sé
por que respaldan a esa gente, no es posible que les permitan cargar armas y
uniformes que usa el Ejército”, se quejó.
“Nosotros ya no sabemos que
pensar, no sabemos que está pasando, no entendemos por que los dejan hacer
estas cosas sin que nadie les haga nada. Eso es lo que quisiéramos saber.
Queremos el apoyo para que esa gente cuando menos se largue de por aquí”
exigió.
Por su parte, Reyna Marcelo
contó que su esposo trabajaba por la seguridad del pueblo desde finales del año
pasado cuando constituyó el grupo de la Policía Ciudadana junto con otras
comunidades de los municipios de Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo,
Chilpancingo y Eduardo Neri.
Incluso informó que acudiría
junto a su grupo de policías ciudadanos a la reunión que se hizo este sábado
para continuar con la organización de los pueblos para la conformación de su
grupo de policías ciudadanos, porque el gobierno no les ha ayudado con la
seguridad a los pueblos que siguen siendo atacados por los delincuentes, sin
que nadie los detenga.
“Estamos confundidos. No
sabemos en quien confiar, llegan (los delincuentes) a las comunidades con armas
y uniforme militar, y uno dice pues son militares, y onde que no son, y en vez
de cuidarnos nos atacan”.
“Por eso queremos que el
gobierno no se preste para esas cosas, porque como ellos (los delincuentes)
consiguen esas armas de los militares, como permite el gobierno eso”.
Representantes de comunidades de la
sierra de Guerrero denunciaron que al menos 100 poblados se quedaron sin
seguridad federal y estatal luego del bloqueo del 28 de abril en Chilpancingo,
donde exigieron seguridad. Foto: Cuartoscuro
Representantes de comunidades
de la sierra de Guerrero denunciaron que al menos 100 poblados se quedaron sin
seguridad federal y estatal luego del bloqueo del 28 de abril en Chilpancingo,
donde exigieron seguridad. Foto: Cuartoscuro
100 POBLADOS BUSCAN POLICÍA CIVIL
Por otra parte, comisarios de
comunidades de la sierra de Guerrero denunciaron que los gobiernos federal y
estatal retiraron la seguridad a más de 100 pueblos ubicados en los municipios
de Heliodoro Castillo, Leonado Bravo, Chilpancingo, San Miguel Totolapan y
Eduardo Neri.
El Ejército, que realizaba
recorridos e instalaba retenes en las carreteras, y la Policía Estatal que
tenía bases en algunos pueblos, se retiraron después del 28 de abril, cuando
habitantes de las localidades bajaron a marchar y bloquearon la Autopista del
Sol en el tramo del bulevar Vicente Guerrero en la capital y que terminó con un
desalojo violento por policías federales y estatales, así como 71 detenidos.
Comisarios y habitantes de
varias localidades, denunciaron que desde entonces se retiraron los militares y
policías del estado y que gran parte del territorio de la sierra se quedó sin
seguridad, a pesar de que es considerada como un foco rojo ante la violencia
que provocan las bandas del crimen organizado que se disputan la producción de
amapola y mariguana.
El sábado, en una reunión a
la que asistió el promotor estatal de la Unión de Pueblos y Organizaciones del
Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, comisarios y representantes
de más de 30 localidades pidieron el respaldo de la agrupación para organizarse
y constituir su policía ciudadana ante el abandono en materia de seguridad en
que los tienen los tres órdenes de gobierno.
El dirigente estatal de la
UPOEG informó que 50 localidades de esos cinco municipios están solicitando su
adhesión a la organización y conformar la Policía Ciudadana. Mientras que en otras
50 comunidades la Policía Ciudadana ya venía operando discretamente a petición
de los pobladores.
A la reunión asistieron los
comisarios Heriberto Romero Adame, de la comunidad de Izotepec; Eduardo
González Dimas, de La Guitarra; Reyna Marcelo Oláis, de Vuelta del Sur; Felipe
Solano Cruz, representante del comisario de Los Bajos; José Rodríguez Nieto,
representante de la comunidad de Balsamar; Fermina Guzmán Dimas, comisaria de
Pueblo Viejo; Saturnino Castro Leyva, de Tierra Colorada; José Natividad Sacristán
Millán, representante del comisario de Chautipan, y José Nieto Romero,
comisario de de Jaleaca de Catalán.
Asimismo, Guillermo Sandoval,
representante de Toro Muerto; Crescencio Pacheco González, de Campo de
Aviación; Manuel Valdez González, representantes de Tepozonalco, Adrián Vélez
Maldonado, representante de El Naranjo; Juan Esteban Barragán, representante de
La Felicidad; Pablo León Martínez, comisario de Camotla La Torre; Irineo Castro
Silverio, comisario de La Laguna; Antonio Zúñiga Maldonado, comisario de Tres
Cruces; Guillermo Vázquez Nava, comisario de Acahuizotla, quien a su vez es
coordinador en Chilpancingo de la UPOEG. El anfitrión fue el comisario de Nuevo
Chicahuales, Manuel Catalán Moreno.
Los representantes comunitarios
denunciaron que las autoridades siempre ha marginado a los pueblos de la sierra
a los que les niega lo que les corresponde, como proyectos productivos y la
reparación de los caminos, pero lo peor, dijo, que les niega el derecho a la
seguridad. Foto: Cuartoscuro/Archivo
Los representantes
comunitarios denunciaron que las autoridades siempre ha marginado a los pueblos
de la sierra a los que les niega lo que les corresponde, como proyectos
productivos y la reparación de los caminos, pero lo peor, dijo, que les niega
el derecho a la seguridad. Foto: Cuartoscuro/Archivo
EL GOBIERNO NIEGA EL DERECHO A LA SEGURIDAD
La reunión fue originada ante
la emboscada que sufrieron los cinco habitantes de la comunidad Vuelta del Sur,
municipio de Heliodoro Castillo el pasado martes.
“No nos queda más que
unirnos, incluso en contra de la banda más poderosa, que es el Gobierno”, dijo
uno de los asistentes, quien se identificó como el señor Moreno.
Denunció que el Gobierno
siempre ha marginado a los pueblos de la sierra a los que les niega lo que les
corresponde, como proyectos productivos y la reparación de los caminos, pero lo
peor, dijo, que les niega el derecho a la seguridad.
Dijo que por la falta de
caminos y por la violencia, los centros de salud y las escuelas están cerradas,
y que cuando alguien se enferma o resulta herido lo más recurrente es que se
muere antes de llegar al hospital o centro de salud más cercano por la falta de
transporte o por lo lejano que se encuentran.
Agregó que en el caso de que
los pacientes llegan con vida, de todos modos se mueren porque o no hay médicos
o no hay medicinas.
El hombre de avanzada edad,
era escuchado por unas 300 personas que se concentraron bajo lonas colocadas en
la falda de un cerro, a unos 500 metros de Nuevo Chicahuales, municipio de
Chilpancingo.
Por su parte, una mujer que
se identificó como Rosa, denunció que en la sierra “la delincuencia ya rebasó
todo y lo que nos queda ante el abandono del Gobierno es organizarnos para
cuidar nosotros mismos a nuestros pueblos”.
Denunció que las comunidades
son acechadas desde atrás de los árboles y los cerros por los criminales”, y
pidió a la UPOEG que a través de su Policía Ciudadana, les enseñe a usar las
armas “para cuidarnos nosotros mismos”.
Siguió: “Aquí lo que
necesitamos primero es gente con armas para combatir a los delincuentes, porque
lo que sentimos es impotencia y coraje cuando pasan cosas como la emboscada de
Vuelta del Sur en donde murió alguien como el comandante 4 que se dedicó a
cuidar los pueblos para lograr la paz”.
Manifestó que el Gobierno no
da la cara en la sierra, “entonces no nos queda otra que defendernos nosotros
mismos, y lo primero que necesitamos, incluso las mujeres, es aprender a usar
un arma, después, usarla no sería un gusto, sino una necesidad”, argumentó.
Además, la mujer añadió que
ya no confían ni creen en las autoridades, y destacó: “vean como nos trató en
la marcha (del 28 de abril), dijeron que éramos de la delincuencia organizada,
que llevábamos armas, como si fuéramos ingenuos para llevar armas a una marcha
a la capital del estado”.
La mayoría de los pueblos que
acudieron a la reunión son de los que marcharon el 28 de abril, con la demanda
de que el Ejército ya no fumigue desde el aire los cultivos ilícitos porque
dañan sus huertos de aguacate, durazno y peras, también demandaron fertilizante
y proyectos productivos.
Una de las agrupaciones que
marcharon el 28 de abril fue la Unión de Comisarios por la Paz y la Seguridad,
que después de la marcha se manifestó por la legalización de la siembra de la
amapola. Sin embargo durante la reunión de este sábado ya no se hizo ningún
pronunciamiento en ese sentido.
Por su parte, un dirigente de
la UPOEG les había dicho a todos en la reunión que “la droga es un asunto que
tiene que resolver el gobierno, no los pueblos”. Dijo que como se trata de un
negocio del gobierno los pueblos no deben caer en su juego porque por eso se
dividen.
Incluso agregó que el
objetivo de la Policía Ciudadana no es combatir el cultivo de la droga, sino
evitar que haya violencia en los pueblos e impedir las extorsiones, el
secuestro y los asesinatos que comete la delincuencia organizada en los
pueblos, “nuestro papel como Policía Ciudadana es cuidar que los delincuentes
no se metan en los pueblos”, dijo ya cuando los asistentes había aprobado por
unanimidad crear su Policía Ciudadana.
(SIN EMBARGO.MX/ Redacción / mayo 30,
2016 - 11:49 am)
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