Familiares de los estudiantes del
Tecnológico de Monterrey que murieron en un fuego cruzado entre militares hace
seis años, dijeron tener la certeza de que este caso se trató de una ejecución
extrajudicial. El gobierno del entonces
Presidente Felipe Calderón identificó a los jóvenes como sicarios. Tras
asesinarlos, el Ejército dijo que confundió a los estudiantes con criminales.
En agosto de 2010 la CNDH reportó que los soldados intentaron hacer pasar a los
estudiantes como pistoleros al sembrarles armas. También indicó que la PGR, la
Procuraduría de Nuevo León y la Procuraduría de Justicia Militar obstaculizaron
la investigación y casi no colaboraron.
Ciudad de México, 1 de abril
(SinEmbargo).- A seis años de la muerte de dos estudiantes del Tecnológico de
Monterrey, Nuevo León, las autoridades de justicia siguen sin consignar el
expediente a un juez.
Familiares de Jorge Antonio
Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo que fueron asesinados el 19
de marzo del 2010 durante un supuesto tiroteo entre elementos del Ejército y
miembros de un grupo delincuencial, dijeron tener la certeza de que este caso
se trató de una ejecución extrajudicial.
“¿Fueron elementos del
Ejército?, sí, eso nos queda claro.
¿Fue un error?, no, de eso no
nos queda duda y lo sabemos porque durante meses revisamos el expediente. No
fue fuego cruzado, fue una ejecución extrajudicial a sangre fría, y los
militares siguen diciendo que se trataba de dos delincuentes”, dijo Rosa Elvia
Mercado Alonso, madre de Jorge Antonio.
Los familiares relataron que
las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR), en especial
del subprocurador Gilberto Hilguera, han faltado a su palabra en reiteradas
ocasiones durante los últimos seis meses para consignar este caso ante un juez.
Lo que levanta suspicacias de encubrimiento.
“En vez de procurar que la
PGR tome cartas en el asunto, vemos que le da investigación a Emilio Álvarez
Icaza, cuando aquí tenemos familiares que ha estado esperando seis años por la
consignación”, expuso el director de Amnistía Internacional México Perseo
Quiroz Rendón.
El director explicó que no
sorprendería que después las autoridades de Gobierno intentaran tergiversar la
versión de los padres. Y recordó las participaciones del Ejército en casos relevantes
como el de Ayotzinapa.
“El Gobierno y la Sedena debe
reconocer los errores que se cometen, de manera que la impunidad no sea algo
que nos afecte”, dijo Patricia Varela González, tía de Javier Francisco.
Los padres acusaron que fue
una unidad de ocho elementos: “Había un capitán, un Sargento, el resto eran
soldados. Al principio hubo una Unidad de Vinculación Ciudadano, era gente del
Ejército y de derechos humanos que tenían relación con nosotros, y fueron tres
años que estuvimos en espera de ellos. Nunca logramos hacer nada. Hasta que un
día acusaron a uno de manipulación de los hechos, se llamaba Hipólito, como lo
acusaron militarmente salió exonerado”, dijo Lorenzo Joel Medina Salazar, padre
de Jorge Antonio.
Los familiares acusaron que
sus hijos ahora son parte de las estadísticas de tragedia que dejó una
“irresponsable” guerra contra el narco emprendida por el ex Presidente Felipe
Calderón Hinojosa en el 2006. Ya que el Ejérctio, a la fecha no cuenta con la
preparación para interactuar con la ciudadanía.
Rosa Elvia Mercado Alonso
relató que en su momento el otrora Secretario de Gobernación Francisco Gómez
Mont les avisó que se prepararan porque se iba a transmitir un video sobre los
hechos. La llamada se recibió el primero de mayo del 2010 a las seis de la
tarde.
“El video mal editado, se vio
claro, la inocencia de los muchachos. Se vio claro que no había sido un error.
Que hubo muchas mentiras. Jorge se regresó porque él no iba a dejar a su amigo,
y mostró su carnet, pero no le creyeron, o no le quisieron creer”, dijo.
Los familiares acusaron que sus hijos
ahora son parte de las estadísticas de tragedia que dejó una “irresponsable”
guerra contra el narco emprendida por el ex Presidente Felipe Calderón
Hinojosa. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo
CRIMINALIZAN A VÍCTIMAS
Los familiares acusaron que
las autoridades criminalizaron desde el primer anuncio a las víctimas, la
argumentación estuvo basada en que una de las víctimas recibió una bala de un
calibre utilizado por grupos criminales.
“Una bala en el cuerpo de mi
hijo era del calibre de la delincuencia, pero, ¿y los otros seis disparos que
recibió? Dónde quedaron esas balas, qué calibre eran, nada se dijo”, dijo
Mercado Alonso.
El expediente cuenta con 40
tomos, y tiene más de 100 declaraciones, informaron los padres, por lo que
esperan que la Procuradora Arely Gómez González confirmar una reunión
programada para el 8 de abril.
La madrugada del 19 de marzo
de 2010, Jorge Antonio Mercado Alonso, estudiante de la maestría en Ciencias, y
Javier Francisco Arredondo Verdugo, quien cursaba el doctorado en Ciencias,
murieron a manos del Ejército Mexicano durante un tiroteo.
Los militares intentaron
hacerlos pasar por sicarios del crimen organizado y les sembraron armas, hasta
que se descubrió la verdad.
El gobierno del entonces
Presidente Felipe Calderón identificó a los jóvenes como sicarios. Tras
asesinarlos, el Ejército dijo que confundió a los estudiantes con criminales
porque momentos antes de que ellos salieran del campus del ITESM, los soldados
habían sostenido un enfrentamiento con presuntos delincuentes que trataron de
darse a la fuga y supuestamente se habrían internado en el Tecnológico.
Ese noche de marzo de 2010
según versiones de algunos compañeros, los jóvenes se encontraban en el campus
revisando sus tesis. Tardaron varias horas en el campus y a su salida, durante
la madrugada, fue cuando se encontraron con la balacera entre los elementos del
Ejército y una banda de delincuentes.
En agosto de ese año la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reportó que los soldados
intentaron hacer pasar a los estudiantes como pistoleros, sembrándoles armas, y
los golpearon hasta matarlos. También indicó que la PGR, la Procuraduría de
Nuevo León y la Procuraduría de Justicia Militar obstaculizaron la
investigación y casi no colaboraron.
Los familiares acusaron que las
autoridades criminalizaron desde el primer anuncio a las víctimas, la
argumentación estuvo basada en que una de las víctimas recibió una bala de un
calibre utilizado por grupos criminales. Foto: Luis Barrón, sin embargo
(SIN EMBARGO.MX/ Juan Luis García
Hernández abril 1, 2016-17:00h)
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