EL CÁRTEL DEL SEXENIO

Miguel de la Madrid lidió con Rafael Caro Quintero. El llamado "capo de capos" exhibió la impunidad y la corrupción del crimen organizado en las entrañas de la administración pública en México.

La historia de Caro Quintero terminó cuando, amparado por la impunidad, asesinó a quien menos debía: el agente de la DEA, Enrique Camarena, el Kiki. Ese hecho de febrero de 1985 fue el inicio del fin del mafioso y el primer descalabro del entonces llamado Cártel de Guadalajara. El capo fue detenido —con toda la fuerza del gobierno de Estados Unidos sobre el de México— en abril de 1985. A la postre fueron detenidos, en efecto dominó, sus secuaces, Ernesto Fonseca y Miguel Ángel Félix Gallardo.

Cuando Félix Gallardo fue encarcelado, la estructura de cárteles de las drogas que hoy conocemos ya estaba cimentada. Inició una era de corrupción e impunidad que sistemáticamente ha llevado a los narcotraficantes a empoderarse de la mano de la estructura política y administrativa mexicana; a mantener feudos mientras no trastoquen intereses de Estados Unidos a raíz de las actividades ilícitas que se diversifican según el gobierno y de acuerdo a quien resida en Los Pinos.

Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León tuvieron como antagonistas al cártel Arellano Félix desde Baja California, y al cártel de Juárez, de Amado Carrillo Fuentes, en la frontera con Texas. Los hermanos Benjamín y Ramón Arellano Félix y su amplia familia dominaron la escena criminal en México durante más de veinte años, mientras los tentáculos de Carrillo Fuentes llegaron hasta las cárceles de El Paso donde reclutó sanguinarios sicarios y dominó los cielos para trazar las más lucrativas rutas de la cocaína desde Colombia hasta Estados Unidos.

A Carrillo Fuentes lo declararon muerto en un hospital de la Ciudad de México a consecuencia de un error quirúrgico; y ni Carlos Salinas ni Ernesto Zedillo tuvieron la capacidad, el compromiso ni el interés, para detener a los hermanos Arellano Félix, instalados en Tijuana, hasta que también se equivocaron a lo grande. En dos ocasiones, una por sexenio.

En mayo de 1993, hacia el ocaso del salinato, los Arellano asesinaron a tiros al cardenal Juan Jesús Posadas y Ocampo, cuando protagonizaron un sangriento enfrentamiento, con quien por esos años era su enemigo, un relativamente joven Joaquín Guzmán Loera, el Chapo.

La presión de la Iglesia católica y de la comunidad internacional ante los arrojos de los Arellano los convirtieron en enemigos número uno de dos países, sin embargo, destinar un millón de dólares al mes para el pago de protección a policías y fuerzas armadas, lo que les permitió evadir la justicia cuando la impunidad tuvo precio en el sexenio de Salinas de Gortari, administración que en el mismo 1993 sacó de circulación al Chapo, dándole libertad de maniobra a los hermanos.

En el sexenio de Zedillo, los Arellano siguieron dominando el negocio de la droga. Pero, otra vez, cometieron un error irreparable: intentaron dar muerte al periodista J. Jesús Blancornelas. También en Tijuana, el codirector del Semanario Zeta inició en el primer lustro de la década de 1980 el periodismo de investigación en materia de narcotráfico y crimen organizado.

Blancornelas investigó y publicó las redes de corrupción de los hermanos Arellano y su participación directa en el homicidio del cardenal Posadas. Luego de develar la forma en que Benjamín y Ramón escaparon del Aeropuerto Internacional de Guadalajara en una aerolínea comercial, apoyados por autoridades aeroportuarias, nueve sicarios del cártel lo emboscaron. El periodista sobrevivió a cuatro balazos de los más de ochenta que impactaron su camioneta. En este hecho de sangre murió su escolta, el 27 de noviembre de 1997. El mismo día, la presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León se hizo cargo de la seguridad del periodista y reinició la persecución de los hermanos que, un sexenio atrás, no fueron detenidos.

El gobierno de Estados Unidos reforzó a la par las investigaciones que sobre los Arellano tenía, y proveyó información al gobierno mexicano para ubicar y aprehender a los principales lugartenientes.

Ambos Arellano cayeron en el 2002. A Ramón lo mataron en Mazatlán en febrero, y a Benjamín lo detuvieron en Puebla en marzo. El cártel inició su descenso. Hoy día, con el hijo de Ramón Arellano, la familia busca recuperar el poder que por más de 20 años ejercieron, particularmente, en las administraciones de Salinas y Zedillo. Su reestructuración en tiempos de Enrique Peña Nieto es una prueba de la corrupción y la impunidad que consiente el gobierno mexicano.

Un año antes de la caída de Benjamín y Ramón, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, escapó de la prisión de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, para convertirse en el capo de por lo menos dos sexenios. El de Vicente Fox Quesada, el de Felipe Calderón Hinojosa, y dos de los tres años que lleva el mandato de Enrique Peña Nieto.

En el de Fox, el Chapo se convirtió en el narcotraficante más poderoso del mundo, y en el de Calderón detonó la guerra contra las drogas que cobró, en seis años, más de 103 000 vidas en el país.

Al combatir a Guzmán, los gobiernos federal y estatal acabaron con los liderazgos del resto de los cárteles. En el sexenio de Felipe Calderón se desarticularon los Arellano, Los Valencia, los del Golfo, los Beltrán Leyva, los Zetas, los de Nacho Coronel, lo que permitió el crecimiento del cártel de Sinaloa y abrir la puerta a otros grupos criminales escindidos de este, que también se alimentaron de la impunidad y la corrupción para arraigarse en distintos estados.

Aunque Enrique Peña Nieto reaprehendió al Chapo y poco más de un año después el sistema de corrupción en el gobierno federal le facilitó la huida, este capo casi sexagenario no es el del sexenio.

El que identifica al sexenio de Enrique Peña Nieto es el Cártel Jalisco Nueva Generación. Liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, uno de los capos más violentos desde que en 2010 se escindió del cártel de Sinaloa, e Ignacio Coronel, el Nacho, fue abatido por las fuerzas armadas de este país. Entonces se convirtió en un ilícito vigilante que pretendió acabar con Los Zetas y con los miembros del cártel cuyo crédito comparten a la fecha Joaquín Guzmán Loera e Ismael Zambada García.

Con la experiencia de los cárteles precursores que brotaron en Guadalajara desde De la Madrid se gestó el Mencho. Es considerado uno de los criminales más violentos, de alta peligrosidad y rico del mundo. El cártel del sexenio lo encabeza un expolicía que ha evadido a sus enemigos y a algunos representantes de la autoridad que caminan por el lindero de la honestidad, a fuerza de balas.

El Mencho ha cometido excesos. Muchos. Ha matado secretarios, jefes de la policía, federales, militares y a miles de ciudadanos, en su lucha contra otros cárteles y en represalia a operaciones cuyo objetivo es su captura. Es responsable de una emboscada en abril de este 2015 donde fueron asesinados quince policías y heridos otros, pertenecientes a Fuerza Única Jalisco.

El 1 de mayo, también de este año, miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación derribaron un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional e iniciaron una justa criminal que afectó tres estados y provocó daños cuantiosos en gasolineras, bancos, más de cien autos y autobuses incendiados, quince muertos, otro tanto de detenidos y poco menos de una decena de heridos. Además, el terror se generalizó en Jalisco, Michoacán y Colima.

Estos excesos no han sido suficientes para que el gobierno mexicano emprenda una investigación y una búsqueda reales para la aprehensión del capo que va ganando terreno y notoriedad en el mundo criminal. Estados Unidos ya lo tiene en la mira. Comenzaron a investigar lo que el gobierno mexicano ha ignorado: la estructura financiera del CJNG. El Departamento del Tesoro ha delineado la ruta del lavado de dinero, y develado una red empresarial que da sustento a la organización criminal.

El CJNG administra hoteles, sociedades anónimas de bienes y raíces, de arquitectura y diseño, consultorías integrales y administradoras de bienes turísticos en los principales puertos de México. Estados Unidos ha descubierto la red de mujeres que desde la clandestinidad que a los ojos de la autoridad mexicana les concede el género, integran un grupo de lavado de dinero.

Pero el gobierno de Enrique Peña Nieto no actúa en consecuencia. Los capos se están reorganizando cobijados por una autoridad que, al no verlos, fomenta su crecimiento, dejándolos desarrollar hasta convertirse, como es el caso del CJNG, y en los primeros tres años, en el cártel de este sexenio.

(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ ADELA NAVARRO BELLO/   21 DE DICIEMBRE DEL 2015 A LAS 11:50:54)