Durante los sexenios de Zedillo y de
Fox, el entonces auditor de Pemex, Marco Antonio Díaz Tobías, denunció una gran
cantidad de irregularidades, negocios oscuros o de plano delitos cometidos en
Pemex y la CFE. Pero en ningún caso hubo castigo para los funcionarios
responsables. Incluso durante el primer sexenio panista, el auditor pudo
comprobar que las promesas del mandatario blanquiazul de acabar con la
corrupción no eran serias: no sólo no la combatió, sino que la protegió.
MÉXICO, D.F. (Proceso).-
Durante el sexenio de Ernesto Zedillo, Marco Antonio Díaz Tobías, como auditor
de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
documentó numerosos casos de corrupción en estas instituciones; la mayoría de
ellos quedó impune o apenas con sanciones administrativas leves.
Y después, en el periodo de
Vicente Fox, Díaz Tobías desarrolló investigaciones que pronto lo llevaron a
descubrir un fenómeno: el uso de las áreas de auditoría del sector público para
facilitar ilegalidades y la persecución de quienes intentaron documentar la
corrupción gubernamental.
Ahora Díaz Tobías se muestra
molesto por las mutuas acusaciones de corrupción que el PAN y el PRI le
imprimieron a sus recién concluidas campañas electorales, pues él conoció a
fondo la manera de gobernar de ambos partidos, así como las corruptelas y la
impunidad de sus funcionarios.
En entrevista con Proceso,
Díaz Tobías cuenta además que en 2003 creó un programa fiscalizador probado con
éxito en ambas instancias; pero lejos de que el foxismo lo aplicara en todo el
gobierno federal, como estaba planeado, lo congeló.
Ese programa, el Sistema
Integral de Fiscalización de la Administración Pública (SIFAP), incluso era
capaz de identificar las irregularidades en tiempo real: estaba diseñado para
ampliar la fiscalización del gasto, tenía un proceso de reingeniería de áreas y
homologaba funciones de evaluación que permitían identificar e inhibir las
desviaciones desde su origen. También transparentaba información; tenía una
estructura que hacía a las dependencias y entidades gubernamentales
autofiscalizables y, una vez en marcha, el mismo sistema podía generar procesos
de preauditoría.
Díaz Tobías muestra los
dictámenes de dos comités de expertos gubernamentales y los oficios de
comunicación interna que acreditan que el proyecto le fue presentado en enero
de 2001 a Francisco Barrio Terrazas, entonces titular de la Secretaría de
Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam). Como se trataba de un
desarrollo independiente, el área jurídica de esa dependencia determinó que
para “adquirirlo” debía comprarse.
Explica que, como estaba
convencido de las promesas de combate a la corrupción y creyó que los panistas
tenían voluntad política de hacerlo, no quiso lucrar: vendió el sistema al
gobierno federal en un peso y aceptó una cláusula del contrato en la cual se
establecía la exclusividad de la Secretaría de la Función Pública (SFP, sucesora
de la Secodam) sobre el programa, por lo que su dominio y posible
comercialización futura se hizo imposible.
El SIFAP se probó en Pemex y
la CFE con buenos resultados. Se acordó aplicarlo en todas las dependencias y
entidades del gobierno… pero de pronto Díaz Tobías fue arrastrado por una
vorágine que terminó dejándolo fuera del gobierno.
“En su campaña electoral el
PAN hablaba de un sistema nacional anticorrupción que ni siquiera llega al
nivel conceptual del SIFAP, que inclusive permitiría reducir costos de
fiscalización y no volver el aparato más obeso. Lo que hicieron fue congelarlo
y guardarlo.
“La administración de Fox,
primero con Francisco Barrio y luego con Eduardo Romero Ramos en la SFP,
hubiera tenido un gran avance. Cuando el PAN fue gobierno, antes que reducir la
corrupción, la prohijó”, subraya.
PERSECUCIÓN
Díaz Tobías sostiene que, con
acusaciones falsas y supuestas víctimas, manipuladas por personal de la SFP,
enfrentó una persecución judicial (se le acusó de hostigamiento sexual) y su salida
del gobierno.
Las presiones sobre él se
desataron cuando comprobó una prevaricación con millonarias consecuencias para
Pemex. El responsable fue el entonces abogado general de la paraestatal, César
Nava (este caso se abordó en los libros Camisas azules, manos negras, de la
periodista Ana Lilia Pérez, y en Impunidad, de Julio Scherer Ibarra).
Las irregularidades
ocurrieron a partir de abril de 2002. Nava era abogado general de la
paraestatal cuando el alcalde priista de Coatzacoalcos, Marcelo Montiel,
demandó a Pemex-Petroquímica por 713 millones de pesos (mdp) debido a su atraso
en el pago de los impuestos locales.
Para gestionar la demanda
contra la paraestatal, Montiel contrató al despacho Asociados y Abogados
Internacionales (AAI), de Jesús Antonio Macías Yazegey, conocido como Tony
Macías y suegro del actual gobernador de Veracruz, Javier Duarte.
Para la defensa de Pemex,
Nava designó a sus colaboradores Juan Agustín López Huesca, Rogelio Martínez
Hernández y Ernesto Ordaz Moreno, quienes además de su empleo en la paraestatal
formaban parte del despacho Orbes, Servicios Legales Internacionales.
Durante el litigio
incurrieron en errores elementales y perdieron oportunidades procesales en un
asunto que era sencillo de ganar. La peculiaridad es que los dos despachos, AAI
y Orbes, tenían el mismo domicilio, la misma papelería y los mismos teléfonos.
El caso fue a más: Montiel
solicitó un embargo por 900 mdp y los abogados de Pemex, en lugar de designar
bienes embargables, no respondieron, así que se ordenó el embargo de tres
cuentas de la petrolera por un monto de 714 mdp.
Díaz Tobías documentó más:
los colaboradores de Nava gestionaron un amparo ante el juez noveno de
Veracruz, Vicente Mariche Garza, quien lo negó. Pero éste es cuñado de Rogelio
Martínez (uno de los abogados de Nava) y concuño de Tony Macías. Las evidencias
no sirvieron de nada. El caso fue archivado en 2003 por la SFP, a cargo
entonces de Romero Ramos.
ANTES DE LA ALTERNANCIA
Como auditor en Pemex y la
CFE, Díaz Tobías documentó numerosos casos de corrupción durante los noventa.
De haberlos tomado en cuenta, el gobierno hubiera podido evitar millonarios
daños patrimoniales. Se trata de casos que en su tiempo fueron escandalosos y
quedaron impunes.
Por ejemplo, entre 1995 y
1996 investigó en Santa Catarina, Nuevo León, un mecanismo que calificó de
“ingenioso”. Consistía en la sustracción de gasolina de plantas de
abastecimiento y ductos. El combustible robado se escondía un tiempo, para
luego venderlo a gasolineras.
La auditoría identificó a
quienes incurrían en el robo de combustible y a los franquiciatarios que se
beneficiaban. Por la magnitud del delito, se dio aviso a la Secretaría de
Hacienda y a la Procuraduría General de la República.
Todo quedó en proyectos de
sanción elaborados por Díaz Tobías, a los cuales se les dio carpetazo. A él lo
cambiaron de puesto. Las recomendaciones para evitar el robo a ductos se
archivaron; con el tiempo esa práctica se volvió una industria delincuencial.
El nombre de Jaime Mario
Willars Andrade, a la sazón director de Pemex-Refinación, aparecía con
frecuencia en las denuncias.
Un caso más ocurrió en 1997,
cuando Pemex Petroquímica simuló contratar un supuesto servicio de
confinamiento de residuos hexaclorados que, se dijo, eran enviados a Estados
Unidos para su destrucción. Esa basura es cancerígena y provoca daño ambiental.
El auditor descubrió que en realidad esos desechos se tiraban en Coatzacoalcos
y Minatitlán, Veracruz.
El asunto “no tuvo
trascendencia. Fue reducido para quedar sólo en sanciones administrativas; hubo
un segundo contrato y la misma situación, las mismas denuncias y todo quedó en
nada”, lamenta.
En 2000 la contraloría de la
CFE –donde se había asignado a Díaz Tobías– registró un caso que sería
antecedente de otro escándalo de corrupción. El 14 de abril de ese año recibió
una denuncia anónima.
En ella se indicaba que
Néstor Moreno y su antecesor en la dirección de Operaciones, Arturo Hernández,
mostraron favoritismo hacia las empresas Sistemas Eléctricos de Potencia,
Automatización y Control y Surtidores Eléctricos del Noreste, a las cuales les
asignaron contratos para la instalación de equipos destinados a las
subestaciones urbanas del país y otras áreas de distribución de electricidad.
Todo parecía indicar que
dichas empresas eran de prestanombres de Moreno, pero por instrucciones del
director de la CFE, Alfredo Elías Ayub, y de su director de Comunicación
Social, David López Gutiérrez (quien hasta hace unas semanas tuvo el mismo
cargo, pero en la Presidencia), al asunto se le dio carpetazo y Díaz Tobías
(quien además fue amenazado) fue enviado de nuevo a Pemex. La historia fue
documentada en el número 1859 de Proceso.
Siguió luego un caso
relacionado con una planta de éter metil tert-butílico (MTBE) para favorecer a
la empresa Productos Ecológicos (Proesa) y su filial Oximex. Los hechos
ocurrieron en 1999, cuando Rogelio Montemayor Seguy era director de Pemex.
Entre las irregularidades destacaba la enajenación irregular de una planta
nueva que se vendería como chatarra.
Montemayor contrató como
consultor externo a Antonio Cedillo, quien había sido contralor de Coahuila
meses antes, durante el gobierno de aquél.
Cedillo recomendó cancelar el
contrato y pagar una indemnización de 137 millones de dólares a Proesa. Ese
asunto trascendió el sexenio. En 2002 la investigación de Díaz Tobías provocó
la inhabilitación durante 20 años de Mario Willars (Proceso 1612).
Por entonces el titular de la
Contraloría era Barrio Terrazas, y el comisario de la dependencia, dice Díaz
Tobías, el también panista Rosendo Villarreal Dávila, quien a su vez es tío de
Héctor René Garza Villarreal, dueño de Proesa, de manera que “los altos
funcionarios panistas justificaron todo y dieron carpetazo a los expedientes”.
Para el exauditor no hay
duda: fueron los casos de Nava y Proesa los que motivaron su salida del
gobierno.
IMPUNIDAD Y PODER
Tocados los intereses de
Nava, Villarreal y sus familias, Díaz Tobías fue acusado de acoso sexual. Pero
las mujeres que lo acusaron terminaron por reconocer ante el Ministerio Público
que les ofrecieron una plaza en Pemex si acusaban al auditor.
Descubierta la trampa,
Villarreal pidió una disculpa al exauditor y se le ofreció la jubilación
anticipada (tenía 40 años). Con él, otros 13 auditores quedaron fuera del
gobierno.
“Esos casos exhibieron que la
corrupción de la administración priista que concluyó en 2000 no sólo se
generalizó con el PAN, sino que se convirtió en una práctica de mayor alcance,
toda vez que la irregularidad se trasladó a las represalias contra los
servidores públicos de las áreas de auditoría. Fueron hostiles a quienes
pretendían mantenerse independientes”, señala Díaz Tobías.
Los casos concluyeron así:
Respecto a la prevaricación
en Pemex, Nava siguió en el cargo y luego fue asesor jurídico de Felipe
Calderón en la Secretaría de Energía, para luego convertirse en su secretario
particular en la Presidencia, diputado federal y dirigente del PAN.
El alcalde Montiel repitió en
el cargo hasta 2010. Ahora es secretario de Desarrollo Social de Veracruz. El
abogado Rogelio Martínez ahora milita en el PRD. López Huesca siguió en el
mismo cargo en Pemex hasta 2013.
Néstor Moreno fue el operador
de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (2009). Luego se le procesó en
Estados Unidos y en México acusado de corrupción.
Respecto a la planta de MTBE,
a Willars se le inhabilitó 20 años, pero luego la sanción se redujo a 10. No
hubo resarcimiento económico.
En cuanto a Proesa, Rosendo
Villarreal, de ser comisario en la SFP se convirtió en director de
Administración de Pemex hasta 2008. En Coahuila, Rogelio Montemayor encabeza
oficialmente el lobby energético con miras a la extracción de gas shale.
“Los gobiernos panistas
tomaron del PRI lo peor y lo incorporaron. Lo más perverso fue cuando
replicaron la corrupción a través de las auditorías, que se convirtieron en
vigilantes de que las violaciones recurrentes no fueran conocidas ni
subsanadas”, dice Díaz Tobías.
“Y cuando los que en su
momento decidieron trascender con independencia, conocimiento y hacer valer la
ley, fueron reprimidos, castigados o separados de sus cargos. No hubo
excepciones. Mi caso no fue el único ni el principal, sólo que yo no he dejado
de denunciar.”
(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ARTURO
RODRÍGUEZ GARCÍA/ 13 DE JUNIO DE 2015)
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