Raymundo
Riva Palacio
El
camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Pero cuando las
buenas intenciones, o traducido a términos políticos, las decisiones
pragmáticas para apagar el fuego prenden la mecha en un barril lleno de
pólvora, habrá que cuestionar la sensatez de tales intenciones supremas. Esta
es la línea argumentativa sobre la decisión del presidente Enrique Peña Nieto,
al permitir que los padres de los normalistas de Ayotzinapa, sus abogados, los
maestros, los movimientos sociales y guerrilleros, escoltados por las policías
comunitarias, entren a los cuarteles militares de Guerrero, Oaxaca y la ciudad
de México.
Arrastrado
el gobierno por la crisis de la desaparición de los normalistas, que lo metió
en un remolino y volteó de cabeza, justifica sus acciones como prudentes, pero
que se traducen en concesiones a los grupos radicales y humillación a las
Fuerzas Armadas. El camino hacia el infierno sí está pavimentado de buenas
intenciones, y para comprender lo que autorizó el presidente, hay que ver que
detrás de los padres de los normalistas entrarán a los cuarteles algunos de los
grupos más radicales en el país, movimientos armados y su frente de masas,
narcoguerrillas y personajes con antecedentes delincuenciales. Como botones de
muestra:
* El
abogado visible de los familiares de los normalistas es Vidulfo Rosales, asesor
jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que según
documentos del gobierno federal, ha participado en actos de organizaciones
ligadas al Ejército Popular Revolucionario Insurgente (ERPI). Atrás, discreto e
inteligente, se encuentra otro abogado, Manuel Olivares, el principal asesor en
Ayotzinapa, quien tiene un proceso abierto por homicidio.
* La
Coordinadora Estatal de Trabajadores del Estado de Guerrero (CETEG), filial de
la CNTE en Guerrero, dirigida por Ramos Reyes Guerrero, vinculado al Ejército
de Liberación Nacional (ELN), a la cual pertenecen los líderes magisteriales
Taurino Rojas, simpatizante del EPR, Minervino Morán, relacionado al ERPI, y
Florencio Andreu Castañeda, de Olinalá, de donde es Nestora Salgado, una
activista en la cárcel acusada de secuestro, y en donde se estaba gestando
hasta el momento de la detención de la estadounidense originaria de Guerrero, un
nuevo movimiento armado.
* El
Movimiento Popular de Guerrero, el gran frente de masas guerrillero, articula
los vínculos a nivel nacional. Varios de sus miembros como Ubaldo Segura
Pantoja, dirigente de la Unión Social Independiente de Pueblos Indígenas, está
vinculado al EPR, o Bertoldo Martínez Cruz, del Frente de Organizaciones
Democráticas de Guerrero, al ERPI, al igual que Eugenio Manuel y Cuauhtémoc
Ramírez, de la Organización de Pueblos Indígenas Me’pha. En el movimiento están
Eulalia González, de la Red Nacional de Ciudadanos y Organizaciones por la
Democracia, a la que se señala como parte del ELN, y José Luis Arroyo Castro,
del Consejo Cívico Comunitario “Lucio Cabañas Barrientos”, identificado con
Tendencia Democrática Revolucionaria.
* La
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, varios de cuyos líderes,
como Bruno Plácido, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del
Estado de Guerrero y su hermano Cirino, jefe de uno de los grupos de las
policías comunitarias, tienen procesos judiciales abiertos. La UPOEG opera en
territorios controlados por la banda criminal de Los Rojos, que fue el objetivo
declarado del grupo Guerreros Unidos, cuando atacó a los normalistas en Iguala.
Abrir
los cuarteles a estos grupos es permitir que los enemigos del Estado mexicano
–el EPR, la organización guerrillera que es paraguas de todos, le tiene
declarada la guerra– entren por la puerta frontal a la casa de los militares.
Guardada toda proporción, es como si el presidente François Hollande hubiera
permitido que células extremistas hubieran entrado al Centro de Operaciones del
Ministerio del Interior mientras dirigió la persecución contra los terroristas
de París, o el presidente Barack Obama abriera la puerta a talibanes en las
bases militares en Afganistán. Esta es una idea tan disparatada, que en Francia
o Estados Unidos a nadie se le ocurriría siquiera pensarla. En México no es un
disparate, sino una decisión presidencial.
Con
esta medida, no sólo las Fuerzas Armadas son obligadas a arrodillarse ante los
grupos antisistémicos, sino que queda expuesta la seguridad de la nación. Abrir
los cuarteles permitirá a los ojos entrenados que entrarán con los padres de
los normalistas, ver la disposición de las instalaciones, el tipo de
fortificación interna, los sistemas de seguridad y el tamaño de las bases. En
aquellos países donde sus ejércitos tienen relación de cooperación e
intercambio con el mexicano, tampoco deberán estar tranquilos de lo que sucede.
Lo más secreto que guardan los países son su estructura militar. En México, se
les autorizó un tour por las bases militares.
Aunque
no hay muchas señales públicas de lo que esta decisión debe estar causando
entre los generales y los comandantes de tropa, es impensable que esta decisión
no esté generando mucha tensión y molestia en las filas castrenses. Por mucho
menos, en el pasado, los militares se han molestado. Las Fuerzas Armadas
mexicanas se caracterizan por su institucionalidad, pero los políticos no
pueden abusar. Un mal uso de ellas provocó la herida incurable de 1968, y una
rebelión sutil del secretario de la Defensa Clemente Vega ante el presidente
Vicente Fox, impidió otro desastre castrense en 2005. En el caso del presidente
Peña Nieto está peor: le pidió al Ejército que se callen la boca, que abran sus
cuarteles y que sirvan de anfitriones a sus enemigos. Peor, imposible.
Twitter:
@rivapa
(EL
FINANCIERO/ Estrictamente Personal de RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 16.01.2015)
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