El
presidente Enrique Peña Nieto anunció una batería de medidas anticorrupción.
Pero lucen como una pantomima: nombra un zar antisobornos en una dependencia
que proyectó desaparecer; ordena crear códigos de ética cuando sus emisarios
buscan destrozar la reforma por la transparencia, y mandata que los
funcionarios presenten declaraciones de probables conflictos de interés, pero
atribuye el escándalo de las “casas blancas” a un problema de percepción pública…
MÉXICO,
D.F. (Proceso).- Dos años después de iniciada la administración federal y en
medio de una crisis por un presunto conflicto de intereses, el presidente
Enrique Peña Nieto anunció una serie de medidas anticorrupción que, a simple
vista, mantienen intacto el sistema que posibilita la degradación política.
De
acuerdo con expertos, organizaciones ciudadanas dedicadas a la rendición de
cuentas y la prensa internacional, las ocho medidas presidenciales son
cosméticas y profundizan el contraste entre el discurso y los hechos
gubernamentales.
El
martes 3, en la residencia oficial de Los Pinos, Peña Nieto dirigió un mensaje
en el que redujo la corrupción a un problema de percepción pública, insistió en
que era de “orden cultural” –tal como había dicho en agosto– y habló de los
escándalos inmobiliarios en que está envuelto:
Las
revelaciones periodísticas sobre las casas de Angélica Rivera –esposa del
presidente– y del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, financiadas por el
contratista Juan Armando Hinojosa Cantú, fueron el preámbulo de la información
sobre la residencia del propio Peña Nieto en Ixtapan de la Sal, comprada al
empresario Roberto San Román.
En su
mensaje del martes 3, el mandatario insistió en que él no participa en ninguna
licitación, no adjudica contratos ni obras y no es integrante de los comités de
adquisiciones. Con ello redujo una probable conducta ilegal a un asunto de
percepción: “Soy consciente de que los señalamientos realizados generaron la
apariencia de algo indebido, algo que, en realidad, no ocurrió”.
Continuó
diciendo que esa idea existe porque no hay marcos normativos suficientes.
Realizó una breve disertación teórica sobre el conflicto de interés, designó a
Virgilio Andrade Martínez como titular de la debilitada Secretaría de la
Función Pública (SFP) y, para finalizar, anunció sus “acciones ejecutivas”.
(Fragmento
del reportaje que se publica en la revista Proceso 1997, ya en circulación)
(PROCESO
/ ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA/ 7 DE FEBRERO DE 2015)
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