El Gobierno
Federal no solo ha sido ineficiente para integrar expedientes contra la banda
criminal de policías y ministeriales -dados de baja y activos- metidos a
secuestradores que opera en Tijuana. Ahora el Poder Judicial analiza la
posibilidad de amparar a los presuntos cabecillas criminales, contra
potenciales “órdenes de aprehensión, detención o arraigo”. Mientras, los
delincuentes impunes extorsionan y amenazan a familias de secuestrados
Amenazaron que lo
iban a despedazar y sintió terror.
En 2008, un grupo
criminal había secuestrado a dos cuñados de su hermano que visitaban Tijuana.
La familia pagó el rescate, pero solo uno de los hombres regresó con vida.
Del otro secuestrado
se supo hasta que la Policía Municipal encontró su cuerpo descuartizado.
En 2014, ahora el
hombre era el secuestrado. Por eso cuando amenazaron con despedazarlo lo creyó.
Se aterrorizó. Quienes vigilaban su secuestro le gritaban, le advertían que el
jefe de los secuestradores estaba loco, que entre otras cosas, se lo “… iba a
cargar la verga”. Que lo iban a “hacer cagada”.
Las condiciones para
el secuestrado no podían ser peores. Con las manos esposadas, los pies
encadenados, los ojos cubiertos, tirado boca abajo. Es probable que estuviera
en un almacén, recuerda el ruido vacío, movimiento de herramientas, sonido de
traslado de metales, arrastre de tambos de plástico.
El secuestrado salvó
su vida. Cuando a golpes, gritos, tortura física y verbal, le decían que de no
pagar sus familiares lo iban a descuartizar, él pidió encargarse del pago por
su vida. Los delincuentes pedían cientos de miles de dólares. La familia logró
reunir una parte. La otra, correría a cargo del secuestrado una vez liberado.
Lo dejaron ir.
El martirio del
secuestro no ha terminado. Al hombre lo siguen torturando verbal y
psicológicamente. Sus secuestradores están en libertad a pesar de que fueron
denunciados, identificados por las policías Municipal, Estatal, Ministerial y
Federal. Investigaron a algunos y, al final, los dejaron en libertad. Por eso,
en total impunidad siguen extorsionando a quien antes secuestraron.
La versión de lo
sucedido a esta víctima, a otras dos, y un tercero que terminó asesinado, está
contenida en una sola averiguación previa en la Procuraduría General de la
República, en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia
Organizada (SEIDO) a través de la Unidad
Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro (UEIDMS),
cuya copia está en poder de ZETA, pero que ante la petición de las víctimas y
para salvaguardar su identidad e integridad física, no se reproduce textual.
Los hechos también
están consignados en un oficio elaborado por la Unidad Estatal de Atención al
Delito de Secuestro de la Policía Ministerial.
Es decir, tanto
ministerios públicos federales como estatales, y corporaciones de los mismos
órdenes están al tanto de los secuestros, identificaron a víctimas y a
secuestradores, pero estos últimos no han sido detenidos. Tal impunidad permite
seguir extorsionando a los que fueron secuestrados y hoy están liberados. El
calvario del secuestro no termina con la entrega del rescate.
El último expediente
de secuestro a esa causa se anexó en septiembre de 2014. De la investigación
resultaron tres detenidos. Los mismos fueron señalados de participar en el
secuestro y muerte de un policía federal, sin embargo, el que la PGR haya sido
atacada con el homicidio de uno de sus elementos no fue suficiente para
realizar e integrar una investigación eficiente que concluyera con la captura
de la banda de secuestradores, cuyos miembros han sido identificados tanto por
víctimas, como por algunas investigaciones, por ser ex policías ministeriales y
municipales.
De hecho, seis de
los miembros de la banda de secuestradores fueron identificados por las
víctimas ante el Ministerio Público a partir de fotografías, y ubicados por las
corporaciones policíacas de Baja California como integrantes de una célula del
Cártel Arellano Félix.
Un elemento de la
Coordinación Estatal de Seguridad Pública que encabezan el gobernador del
Estado, Francisco Vega de Lamadrid, y el General Moisés García Ochoa, de la II
Región Militar, y que integran el resto de los titulares de las corporaciones
de seguridad, prevención y procuración de justicia, proporcionó a ZETA los
nombres de las personas señaladas por las víctimas, identificadas por los
investigadores, pero no procesadas:
José Lorenzo
Hernández García “El Viejón” quien coordina a el ex perito José Luis Chávez
Lozano “El Ramiro”; los ex policías Jaime Verduzco Delgado “El Lic”, Alfredo de
Jesús Hernández Reyes, y los presuntos delincuentes Marcos Daniel Sauceda
Hernández “El Chore”, César Francisco
Reveles Zárate “La Barbi”, y Heriberto Ortiz Flores “El Stich”; así como Raúl y
Sergio Angulo, hermanos conocidos como “Los Turpidos”.
Todos ellos aparecen
en investigaciones de corporaciones locales y federales, al tiempo que son
señalados en averiguaciones previas.
SECUESTRO INTERMINABLE
Para que un comerciante
fuera liberado, sus parientes pagaron cientos de miles de dólares. Era menos de
lo que pedían los criminales. La familia dio parte a la autoridad y entonces
los secuestradores amenazaron: querían el rescate completo y sabían que habían
denunciado el plagio. Sentenció el que se comunicó con los familiares: “Lo sé
porque tengo gente en todas partes”.
El secuestrado rogó
por su vida, pidió aceptarán lo que ofrecía la familia porque no podrían
entregarles más. En la desesperación, les dijo que si lo dejaban libre, él les
entregaría el resto. Pidió que le hicieran prácticamente un plan de pagos en
mensualidades, porque de otra manera no podría cumplir. Los pagos iniciarían en
cuanto el negocio se recuperara de lo gastado en el pago del rescate. Uno o dos
meses después de ser liberado.
Al comerciante lo
dejaron ir. Su calvario reiniciaría ese día. Antes de darle dinero para que
tomara un taxi y se reencontrara con su familia, uno de los delincuentes que se
“portó bien” con él, le comentó que era mejor que se fuera de Tijuana. Ya no lo
iban a soltar, le sentenció como prediciendo su desgracia.
El liberado después
contaría: lo habían secuestrado porque los miembros de la banda, ex policías y
policías, lo identificaron como quien traficaba con droga. Le dijeron que
tenían un año siguiéndole los pasos por varios estados. El comerciante negó
dedicarse al ilícito negocio. Les pidió que revisaran bien sus investigaciones,
y les dio datos de su vida de trabajo, ingresos, rentas, créditos.
Cuatro días después
le dieron la razón. De hecho ni siquiera lo habían investigado, un buen día le
vieron dinero en el negocio, que ya sabían que no pasaba droga; pero ya lo
tenían e iban a cobrar el rescate.
En efecto, tras
pagar el rescate, mejor dicho, parte del mismo, el hombre fue liberado. Al poco
tiempo, miembros de su familia comenzaron a recibir llamadas de los criminales
para exigir “el pago que les debían”. En su conducta criminal, la familia y el
liberado les adeudaban parte del rescate.
Atemorizados ante la
extorsión, ante la amenaza de hacerles más daño si no pagaban el resto, los
familiares pidieron más tiempo para reunir dinero. A los secuestradores no les
pareció y retomaron la violencia verbal. Llamadas advirtiendo que los iban a
matar o a secuestrar a los hombres, a las mujeres, incluso a los niños de la
familia.
Luego del nuevo
ataque, las víctimas dieron -otra vez- parte a la autoridad. El entorno
del hombre fue revisado por el área de
escoltas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, “salió limpio”,
acorde al análisis de la SSPE y, tras su liberación, recibió el servicio de
seguridad.
Pero hace unos días,
uno de los empleados del negocio del secuestrado fue privado de la libertad,
para 48 horas después, ser tirado a las puertas del negocio de la familia
amenazada. Lo habían golpeado, torturado. Los empresarios recibieron el mensaje
de advertencia: en medio de la impunidad, los delincuentes que siguen libres no
los van a dejar en paz.
Ni la Procuraduría
General de Justicia del Estado, ni la Procuraduría General de la República,
tomaron acciones para detener a los denunciados, señalados e identificados
policías y ex policías, como tampoco para regresar la tranquilidad a la casa
del secuestrado.
Personal de la SEIDO
justificó ante autoridades de Baja California que habían tenido problemas para
obtener las órdenes de aprehensión por parte de un juez federal, sobre las
personas que escaparon del operativo policíaco realizado contra la banda de
secuestradores el 26 de septiembre, cuando fueron detenidos: José Lorenzo
Hernández García “El Viejón”, el ex perito José Luis Chávez Lozano “El Ramiro”,
el ex policía Jaime Verduzco Delgado “El Lic”, otro ex policía de nombre
Alfredo de Jesús Hernández Reyes, Marcos Daniel Sauceda Hernández “El Chore”, César Francisco Reveles Zárate
“La Barbi”, Heriberto Ortiz Flores “El
Stich”, además de Sergio y Raúl Angulo “Los Turpidos”.
Los federales
informaron que existía la probabilidad que aquellos que sí fueron detenidos y
confesaron su participación en los secuestros, fueran liberados, siendo el caso
de Daniel Canales Rodríguez “Ramsés” (confeso), Armando Angulo, César García
Chávez y/o César Ayala Torres.
Sin embargo,
detenidos y prófugos identificados no son la totalidad de la banda de policías
secuestradores. Víctimas y testigos entrevistados en los expedientes en
mención, manifestaron haber percibido la presencia de más gente.
Modus operandi de
célula de policías y ex ministeriales
Detenido, Daniel
Canales Rodríguez “Ramsés” confesó ser parte de una célula criminal dedicada al
secuestro, liderada por antiguos operadores del Cártel Arellano Félix, entre
quienes se encuentran ex policías municipales, ex ministeriales y algunos
agentes activos. A estos últimos, dijo, les repartían el 30 por ciento de lo
ganado en los rescates, de 10 mil hasta 500 mil dólares por víctima. Además,
declaró que el encargado de repartir el producto de lo ilícito, era el perito
José Luis Chávez Lozano “El Ramiro”, y refirió participación de municipales,
federales ministeriales e incluso dos elementos de la Policía Estatal
Preventiva.
De hecho, de acuerdo
a lo asentado en la averiguación previa, la banda secuestra utilizando un
método: como si fueran policías cumplimentando una orden de aprehensión. En un
operativo participan varios criminales,
cinco autos para cuidar la periferia de la zona donde cometerán el secuestro, y
otros tres para ejecutar la privación de la libertad.
Siguen a sus
víctimas durante varios días, en la fecha marcada los persiguen durante buena
parte del día antes de intervenirlos, esperan el momento más vulnerable, que es
la salida de la residencia, o la llegada y salida de la oficina.
Obligan a sus
víctimas a disminuir la velocidad con una camioneta al frente y les bloquean el
escape con otra camioneta por atrás. Llega un pick-up, usualmente marca Ford
color blanco, como las unidades usadas por los policías, y mientras seis o
cinco criminales apuntan con armas a las víctimas, las obligan a bajar de sus
autos.
El hombre que baja
de la supuesta unidad oficial, va bien vestido y peinado, incluso con saco,
todos de lente oscuro. “No te muevas ni hagas nada, porque te voy a meter un
plomazo”, amenazan mientras los esposan y meten boca abajo en uno de los autos,
donde los siguen encañonando con armas cortas. En cuestión de uno a tres
minutos los pasan a una camioneta menos vistosa.
Los siguientes ocho
o diez minutos que tardan en llegar a la casa de seguridad son de total
tensión, los secuestrados perciben el nerviosismo en las comunicaciones que los
criminales tienen por aparatos electrónicos.
El lugar donde
ocultan a la víctima está equipado con portón eléctrico y bardas altas, tienen
vecinos, incluso con perros, pero si gritan y llaman la atención, la
advertencia es que morirán. Casas de uno o dos pisos donde pueden escuchar a
corta distancia una televisión o un radio con música, y hombres que diario
entran y salen. Además de tres a cuatro hombres que dejan para custodiarlos.
Dependiendo del
tiempo que duran secuestrados, puede ser uno o varios equipos de cuidadores,
por las conversaciones, saben que entre los criminales hay de todo: jóvenes sin
estudios que van seguido al bar Las Pulgas, hasta sujetos maduros con mayor
grado de educación que se iban de parranda hace diez años y recuerdan antros
que ya no existen, y hablan de su vida familiar.
Según las
declaraciones, los secuestrados son bien alimentados, se les permite ir al
baño; la mayor parte del tiempo permanecen con los ojos cubiertos, esposados, y
por las noches les encadenan de las piernas. A veces reciben cobijas por las
noches. Todos los días el aparente jefe que lleva la comida los tortura
psicológicamente, hablándoles de una muerte dolorosa y del pesar que causarán a
su familia que los recibirá en pedazos. De repente alguno de los cuidadores
llegaba drogado y los maltrataba sin permiso.
Ante la falta de
pericia del Ministerio Público Federal, de la Unidad Especializada en Investigación
de Secuestro, de la SEIDO, quienes atrajeron el caso desde el 1 de octubre,
estos hombres siguen consiguiendo víctimas, secuestrando y aterrorizando,
cobrando piso a quienes ya han liberado.
Incluso, tres de
ellos plenamente identificados por víctimas y presuntos cómplices en una
averiguación previa -PGR/ SEIDO/ UEIDMS/765/2014-, decidieron solicitar el
amparo del Gobierno Federal contra cualquier intento de captura. Los trámites
se hicieron entre el 24 de septiembre, cuando sus cómplices fueron detenidos, y
el 3 de noviembre. Fueron: José Lorenzo Hernández García “El Viejón”, el ex perito José Luis Chávez
Lozano “El Ramiro” y el ex policía Jaime Verduzco Delgado “El Lic”.
En la revisión
realizada por ZETA en el sistema judicial, hasta el miércoles 26 de noviembre,
Alfredo de Jesús Hernández Reyes, Marcos Daniel Sauceda Hernández, César
Francisco Reveles Zárate, Heriberto Ortiz Flores, Raúl y Sergio Angulo, no se
habían amparado.
Otros miembros de la
banda solo han sido identificados por apodos: “El Fredy”, “El Solo”, “El
Témoc”, “El Fer”, “El Robert”, “El Tilico”, “ “El Niño del Mal” y “El Panzón”.
Delito Tijuana
Mexicali Ensenada Tecate Rosarito
Total
Secuestro 29
5 1 2 0
37
Privación
ilegal
de la
libertad 161
97 54 18 24 354
Total
190 102 55 20
24 391
FINALMENTE ORDEN PARA DETENER A “EL GÜERO LECHES”
Corría el año 2009,
Donaldo Peñalosa era alcalde de Tecate y Érick Lara director de la policía;
cuando ZETA recibió informes de que Jorge Humberto Acosta Gallegos “El Güero
Leches” era quien controlaba para el CAF en el ala de “El Teo” García Simental,
el tráfico de droga en Tecate, pero además desarrollaba negocios de
espectáculos con apoyo del municipio, se dijeron sorprendidos y suspendieron
relaciones,
Consultados los
miembros del Grupo Coordinación ratificaron la actividad delictiva del hombre,
pero admitieron lo que se verificó en las bases de datos, no existía orden de
aprehensión en contra de Acosta. Expuesto hace 6 años, huyó a Estados Unidos y
después regresó.
En 2010 testigo el
criminal, Alejandro Melo Albarrán, convertido en testigo protegido habló de sus
actividades criminales en 2009, como escolta del ex policía de Tecate Édgar
Vázquez Flores “El Speed” y del jefe de ambos, “El Güero Leches”, pero nada de órdenes
de aprehensión en su contra.
Ya en marzo y junio
de este 2014 su nombre resurgió en la prensa cuando fue detenido el ex
municipal Vázquez Flores y varios miembros de su banda como responsables de
tres secuestros, incluido el de un inversionista estadounidense al que
asesinaron y cuyo cuerpo fue localizado en una fosa improvisada en Tecate.
Hoy finalmente se
libró una orden de aprehensión por homicidio en contra de Acosta Gallegos, sin
embargo como en 2009, el hombre continúa circulando y negociando tranquilamente
apoyado por policías municipales y ministeriales corruptos, entre Tecate y
Ensenada.
Y si ve a Policías
Estatales acercarse a su rancho simplemente huye al lado americano y cruza a
través del muro, mostrando que se siente muy seguro en Estados Unidos.
Señalados se amparan
· JOSÉ LORENZO HERNÁNDEZ GARCÍA
Juicio de Amparo
1370/2014
Presentado el 3 de
noviembre de 2014
Juzgado Cuarto de
Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja
California, con residencia en Tijuana.
Vs.
Todos los Jueces de
Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California.
Orden de aprehensión
o privación de libertad temporal o definitiva y su ejecución.
Sin resolver…
Audiencia constitucional señalada para el 4 de diciembre próximo.
· JOSÉ LUIS CHÁVEZ LOZANO
Juicio de Amparo
1185/2014
Presentado el 29 de
septiembre de 2014
Juzgado Cuarto de
Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja
California, con residencia en Tijuana.
Vs.
Procurador General
de la República y otras autoridades
La orden de
aprehensión y su ejecución.
19 de noviembre
causó sobreseimiento (no existía el acto reclamado)
· JOSÉ
LUIS CHÁVEZ LOZANO
Juicio de Amparo
1304/2014
Presentado el 14 de
noviembre de 2014
Juzgado Primero de
Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja
California, con residencia en Tijuana.
Vs.
Titular de la SEIDO
y otras autoridades.
La orden de
aprehensión y su ejecución.
Sin resolver… se
desconocen mayores datos.
· JOSÉ DANIEL CANALES RODRÍGUEZ
Juicio de Amparo
1080/2014
Presentado el 24 de
septiembre de 2014
Juzgado Tercero de
Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja
California, con residencia en Tijuana.
Vs.
Agente del
Ministerio Público Investigador de delitos del fuero común, de la unidad
orgánica de antisecuestros, de la delegación de playas de Tijuana, y agentes a
su mando.
Incomunicación.
Se tuvo por no
presentada demanda de amparo.
·
JOSÉ DANIEL CANALES RODRÍGUEZ
Juicio de Amparo
1277/2014
Presentado el 6 de
noviembre de 2014
Juzgado Primero de
Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja
California, con residencia en Tijuana.
Vs.
Jueces de Distrito
de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz y otras autoridades.
Orden de
aprehensión, detención o arraigo…
Sin resolver…
Audiencia Constitucional, 10 de diciembre de 2014.
… y aparecen más
Por el secuestro de
un empresario de la zona turística de Puerto Nuevo en Playas de Rosarito, quien
fue liberado después de cinco días, se detuvo a Jesús Alberto Osuna Palomares
de 21 años, Juan Ignacio Téllez Espinoza de 28 años, Francisco Pérez Benítez de
18 años y José Javier Valencia Gutiérrez de 27 años.
A la banda criminal
se le responsabiliza de nueve secuestros de empresarios y migrantes, cinco
cometidos en 2014 y por los cuales pedían rescates desde 5 mil hasta un millón
de dólares. Seis de estas víctimas fueron asesinadas.
Según la versión de
la Procuraduría, forman parte de la célula de policías secuestradores del CAF
cuyos primeros integrantes fueron detenidos un mes atrás.
El 24 de noviembre
de 2014, Jesús Alberto Osuna Palomares “El Beto” y José Javier Valencia
Gutiérrez “El Javi” fueron abordados por la policía municipal mientas
transitaban en un vehículo en el fraccionamiento Villas de Baja California, en
la zona Este de Tijuana.
Al bajar del
automóvil, “El Javi” apuntó a los agentes municipales con un arma de fuego,
informó en conferencia el vocero de la PGJE, y comenzó a correr, por lo que uno
de los oficiales le disparó. El delincuente resultó lesionado y fue trasladado
al Hospital General, en donde se encuentra internado y en calidad de detenido,
con muerte cerebral.
Tanto el oficial que
accionó su arma como “El Beto” fueron trasladados al Ministerio Público para
que rindieran su declaración. En la base de datos de la Procuraduría, “El Javi”
y “El Beto” aparecen como parte de una célula integrada por 22 sujetos, 17
detenidos y cinco prófugos, pero la banda de secuestradores es más grande.
“El Beto”,
originario de Sinaloa, confesó haber participado en el secuestro del empresario
rosaritense y dio la ubicación de la casa de seguridad donde era retenido.
La víctima fue
privada de su libertad, el 20 de noviembre a las 8:30 horas, mientras atendía
su negocio de venta de clamatos. Ahí, tres sujetos armados, lo lesionaron y
dispararon al aire para dispersar a los testigos.
A bordo de un vehículo,
lo trasladaron por el bulevar 2000 –vialidad que conecta Rosarito con Tijuana–
y lo retuvieron en una casa de seguridad. Casi de inmediato, a su familia le
fue exigido un millón de dólares a cambio de su liberación.
Hasta la vivienda,
localizada en la privada Arrayanes del fraccionamiento “Paseos del Vergel”,
llegaron agentes ministeriales, quienes liberaron a la víctima y detuvieron a
Juan Ignacio Téllez Espinoza y Francisco Pérez Benítez, originarios de Tijuana,
con el arma calibre .45 con la cual cometieron el secuestro y varios teléfonos
celulares.
De acuerdo a la
Procuraduría, “El Javi” se encargaba de reagruparse con otros individuos, una
vez que sus cómplices eran detenidos. Durante la presentación ante medios de
comunicación, “El Beto” dijo trabajar bajo las órdenes de Javier Gutiérrez y
recibir entre 20 y 25 mil pesos por su participación en cada uno de los cinco
secuestros que confesó.
POLICÍAS DETENIDOS
Una pena de 7 a 15
años de prisión y una multa de hasta 300 días de salario podrían enfrentar los
2 agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali que fueron
acusados por los peloteros de Águilas de Mexicali de secuestro exprés.
Fue el pasado 10 de
noviembre de 2014, al término de un juego de béisbol, cuando 4 peloteros del
equipo Águilas de Mexicali se fueron a festejar por el triunfo del equipo 4 a 2
contra Yaquis de ciudad Obregón.
Los beisbolistas
extranjeros Daniel Herrera, José Sánchez, Mason Tobin, Matt Gorgen fueron a
comer a una taquería cuando al salir fueron detenidos por agentes armados. Bajo
el pretexto de no detenerlos por estado alcohólico, los peloteros les
ofrecieron entre los cuatro 600 dólares para que los dejaran ir, sin embargo
los agentes se negaron y les pidieron más.
Cruzando el
boulevard Justo Sierra se encontraba un cajero automático del banco Scotiabank,
por lo que los agentes los obligaron a sacar dinero y los amenazaron que en
caso de no hacerlo los culparían por portación de mariguana.
Los beisbolistas
lograron retirar entre todos 18 mil pesos y se los entregaron a los agentes
municipales, en este momento los dejaron ir.
Fue hasta el
miércoles 12 de noviembre que los peloteros acudieron a las oficinas de la
Procuraduría General de Justicia del Estado para la denuncia por extorsión y
secuestro exprés, en el momento ante la prensa las autoridades señalaban que no
podían dar a conocer la identidad de los sospechosos, aunque personal se acercó
a ZETA para señalar que ya sabían quiénes eran pero se encontraban armando el
caso, por lo que no podían adelantar información.
Finalmente, el
domingo 23 de noviembre 2 agentes de la policía municipal de nombre Samuel “N”
de 32 años y Carlos “N” de 33 fueron detenidos acusados de ser los
responsables.
El lunes 24 fueron
presentados en la sala de audiencia 6 del Nuevo Sistema de Justicia Penal,
donde el juez de garantía les dictó prisión preventiva por la posible privación
de la libertad de los 4 beisbolistas.
Los agentes no
accedieron a hablar a su favor y fueron sus abogados quienes pidieron la
ampliación del plazo de 72 horas a 144 para poder formular la defensa.
Adicionalmente, en
Tijuana, el 26 de noviembre el policía municipal Conrado Vázquez fue consignado
con la causa 728/14 ante el juez Segundo de lo Penal como presunto responsable
de los delitos de lesiones calificadas y
abuso de autoridad, esto después de participar en la detención de dos hombres
que resultaron ser parte de una célula de secuestradores.
El primer reporte de
la policía municipal fue que el agente abatió a un secuestrador que al bajar
del auto, antes de darse a la fuga le apuntó con arma, y el oficial actuó en
legítima defensa.
Sin embargo, la
subprocuraduría consignó porque conforme a la mecánica de hechos, cuando el
policía disparó su vida no estaba en peligro.
Todo empezó cuando
atendieron una llamada de emergencia, un repartidor de pizzas reportó que el
conductor del vehículo le había apuntado con un arma para que se hiciera a un
lado del camino, cuando les marcaron el alto, según las declaraciones del
cómplice, ya habían guardado el arma en la guantera y se pusieron de acuerdo
que se detendrían y cuando se acercaran los agentes huirían corriendo.
Al copiloto lo
detuvieron en la carrera, y el piloto Javier Valencia cayó herido a 13 metros
del auto que conducía. A un lado del carro la ministerial encontró el casquillo
del oficial, y dentro del vehículo de los delincuentes el arma sobre uno de los
asientos.
“Cuando huía iba de
espaldas y sin arma, pudo detenerlo de otra forma, tampoco se probó que el
presunto delincuente se hubiera bajado y apuntado, esa versión no la corroboró
el compañero del agente porque él se estaba ocupando del otro detenido”,
explicó el subprocurador Gilberto Cota Alanís.
Aunque su herida en
la cabeza es de las que pone en peligro la vida, el delito de lesiones presuntamente, comentó, es considerado como
no grave; esto permitió que después de calificar la detención del policía
legal, le impusieran una fianza de 700 mil pesos para llevar el proceso en
libertad.
Su defensa pidió una
ampliación de término, para presentar elementos que corroboren la versión del
oficial que argumentó legítima defensa. Y será hasta el próximo martes que el
juez determine si se cometió un delito, y si será juzgado o liberado.
(SEMANARIO
ZETA/ GENERALEZ/ Investigaciones ZETA/ 03 de Diciembre del 2014 a las 10:09:00)
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