Jueces de Garantía y
la Fiscalía General del Estado se culparon mutuamente de que Oscar Adrián
Martínez Martínez, presunto asesino de los abogados Salvador Urbina Quiroz y
César Cordero Gutiérrez, haya salido y entrado del Cereso en al menos siete
ocasiones.
Mientras los
juzgadores aseguraron no tener acceso al historial de los sentenciados, el
fiscal Enrique Villarreal Macías dijo que habría que preguntarle a los jueces
cuál fue la razón por la que se dejó libre a Martínez en múltiples ocasiones.
“De la Fiscalía
nunca ha salido esta persona”, afirmó Villarreal.
Resolutores del
Distrito Judicial Bravos señalaron que le corresponde al Ministerio Público
(MP) citar los antecedentes penales de las personas contra quienes ejercen
acción penal, pero al parecer no lo hacen.
Los juzgadores,
quienes hablaron a condición del anonimato pues por ley están impedidos a
proporcionar información, dijeron que el MP tampoco verifica las huellas
dactilares, ya que en caso de que los procesados usen dos o más nombres los
jueces no se enteran.
Así sucedió en el
caso del presunto autor material del doble homicidio, quien también se hace
llamar Oscar Adrián Batres Martínez.
“Se revisa sólo lo
expuesto en audiencia. Los agentes del Ministerio Público pueden quedarse callados
y no decir nada sobre los antecedentes penales al momento de que recurren a los
procedimientos abreviados –una salida alterna prevista por el sistema para
acelerar el término de los proceso penales”, indicaron.
En cambio, el fiscal
Villarreal Macías defendió la labor del Ministerio Público del fuero común, al
señalar que en todas las consignaciones de Martínez Martínez fue presentado
ante un Tribunal de Garantía y sentenciado.
“En las ocasiones
que se le ha detenido y consignado ante el Ministerio Público del fuero común
siempre se ha hecho la acusación debidamente sustentada, habrá que preguntarle
a los tribunales, en cada caso específico, cuál fue la razón por la que se le
dejó salir”, dijo.
Martínez Martínez
entró y salió del Cereso de Ciudad Juárez al menos siete veces desde el 2009
por los delitos de robo, posesión de armas, drogas y hasta acusado de
homicidio, de acuerdo con información oficial.
En este lapso ha
cometido al menos ocho homicidios, hurtado un sinnúmero de vehículos, negocios
y vivienda, indicó el fiscal para la Persecución del Delito en la Zona Norte al
detallar las actividades delictivas del probable homicida.
“A nosotros nos
corresponde investigar el delito, integrar las carpetas de investigación
correspondientes y hacer la acusación ante los tribunales. A los tribunales les
corresponde decidir qué hacer, cómo hacer y los términos de sus resoluciones”,
dijo en conferencia de prensa.
Por otra parte, un
juez de Garantía dijo que las omisiones del Ministerio Público también ocurren
en las suspensiones de proceso a prueba y en los acuerdos reparatorios, ya que
de acuerdo con la ley sólo una vez en la vida pueden otorgarse a cada persona,
pero los agentes del MP no revisan o simplemente se quedan callados.
“Hay jueces que
dicen: sin copia de sentencia yo no lo voy a tomar en cuenta”, indicó.
Señaló que el no
contar con acceso a los antecedentes penales de las personas que sentencian
permite que los procesados obtengan beneficios como la libertad condicional sin
que se tomen en cuenta su historial criminal.
Otro juzgador
expresó que han habido casos en que el Ministerio Público está de acuerdo con
la suspensión del proceso a prueba y luego se revela que esa persona ya ha
recibido dicho beneficio hasta por otras dos ocasiones.
“En las audiencias
los fiscales únicamente refieren los datos que les aporta Gregorio Manuel Véliz
González, encargado del Departamento de antecedentes penales. Esta es la única
persona que puede dar datos sobre si un procesado tiene o no antecedentes penales,
pero no se sabe qué sistema usa”, refirió.
Los Tribunales de
Garantía tampoco tienen acceso a sentencias emitidas en otros estados de la
República Mexicana, aunque en varios foros de abogados se ha insistido en que
es necesario que los impartidores de justicia cuenten con un registro único de
los delincuentes y que no sólo el Ministerio Público tenga el privilegio de
conocer esa información.
En los diferentes
procesos que se abrieron en contra de Oscar Adrián Martínez Martínez, él
proporcionó ese nombre así como el de Oscar Adrián Batres Martínez.
Al dar ambas
identidades, no cambió el nombre de sus padres ni su domicilio, sin embargo, no
fue detectado por las autoridades encargadas de impartir justicia.
En las siete
ocasiones que Martínez Martínez fue enviado al centro carcelario, en cinco
recibió sentencia condenatoria y en cuatro le dieron el beneficio de la
libertad condicional, mientras que en otra el derecho a la sustitución de la
pena de prisión por tratamiento en libertad.
En otras ocasiones
los ministerios públicos tanto estatales como federales no pudieron aportar
elementos para que fuera encarcelado, de acuerdo con reportes periodísticos
basados en informes de la Policía Municipal, Estatal, Federal y la PGR.
Tres de las cinco
condenas fueron dictadas por jueces de Garantía (estatales) y dos por jueces de
Distrito (federales), según datos proporcionados por personal de la Fiscalía de
Ejecución de Penas y Medidas Judiciales.
Los jueces de
Garantía que lo sentenciaron no observaron lo dispuesto en el Artículo 86 del
Código Penal del Estado de Chihuahua al momento de otorgarle la condena
condicional, pues en la II fracción de este ordenamiento se establece que uno
de los requisitos para que una persona reciba este beneficio es que “no hay cometido
delito doloso en los seis años anteriores a los hechos por los cuales se le
juzga”.
En su última
intervención pública en un segmento de opinión de un canal de televisión local,
el abogado Salvador Urbina Quiroz hizo una crítica al Sistema de Justicia
Penal.
“Por eso afirmo, tan
corrupto es el juez y magistrado que recibe dinero, como el que por miedo de
conservar su sueldo no imparte una verdadera justicia”, dijo.
(EL DIARIO/ STAFF/
31 DE MAYO 2014 | 23:08 PM)
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