Distrito Federal— A
más de tres años y siete meses de su detención y de los cinco días posteriores
en los que fue víctima de tortura por parte de elementos de la Policía Federal,
Rogelio Amaya Martínez aún no puede contar lo sucedido sin que las palabras se
ahoguen y sus ojos se vuelvan cristalinos.
“Sobre los hechos…”,
alcanza a decir y se queda callado. No puede hablar nada más.
Los cinco exonerados
de haber participado en la explosión del coche-bomba en julio de 2010 en Ciudad
Juárez fueron sometidos a golpes, asfixia, choques eléctricos, inmovilización,
amenazados con violarlos a ellos y a sus familiares, así como a ejecuciones
simuladas, entre otros actos de tortura, según se pudo constatar en los
resultados del Protocolo de Estambul, los cuales permitieron que la
Procuraduría General de la República (PGR) retirara los cargos en su contra.
Ayer, en el
auditorio del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro en la Ciudad de
México, y rodeado por sus amigos –quienes también fueron acusados de delitos
relacionados con la delincuencia organizada y portación de armas de uso
exclusivo del Ejército–, así como por sus familiares y defensores, el juarense
se levanta para intentar relatar su vida antes, durante y después de la
detención.
Sin embargo, sus palabras
se entrecortan al recordar lo vivido en 2010, cuando fue implicado, aunque no
de manera judicial sino mediática, en la explosión de un coche-bomba en la
ciudad fronteriza.
Patricia Galarza,
del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, toma el micrófono y explica:
“son muy rudos los centros federales, es para desintegrar a una persona y
vienen saliendo de ese proceso. No es fácil. De hecho ellos están presentando
sintomatologías diversas. Por ello pido su comprensión”.
“Yo soy… voy a
hablar un poco de todos mis amigos. Antes de estos hechos nos dedicábamos a
nuestro trabajo, que fue una de las pruebas contundentes para que estemos
afuera, porque no era cualquier empresa, eran restaurantes, centros comerciales
donde trabajábamos y que hasta ahora nos siguen apoyando de que tenemos las
puertas abiertas”, inicia Amaya Martínez su participación ya con voz tranquila.
En conferencia de
prensa en la Ciudad de México, Javier Enríquez Sam, integrante del Colectivo
contra la Tortura y la Impunidad, organización responsable de aplicar el
Protocolo de Estambul, aseguró que fueron elementos de la Policía Federal
Preventiva (PFP) quienes torturaron a Noé Fuentes Chavira, Rogelio Amaya
Martínez, Víctor Manuel Martínez Rentería, Gustavo Martínez Rentería y Ricardo
Fernández Lomelí.
“Las torturas fueron
realizadas en las instalaciones de la PFP; unas en Ciudad Juárez, luego en el
traslado en el avión que los trajo a la Ciudad de México y luego fueron
llevados al hangar de la PFP, donde siguieron aplicando los métodos de tortura
y después trasladados a las instalaciones de Iztapalapa, donde siguieron con lo
mismo. Tuvieron cinco días con ellos para hacerles lo que no quieren
imaginarse”, dijo Enríquez Sam.
Al hacerles la
revisión y el estudio a cada uno de ellos, afirmó el derechohumanista, “lo que
les podemos decir es que ellos fueron sometidos a múltiples golpes en cara,
cuerpo, miembros superiores, inferiores, provocados con puños, patadas,
derribados, se les subieron encima, les dificultaron la respiración, les generaron
dolores intensos en las costillas, les taparon la cara, les echaron agua para
asfixiarlos en varias ocasiones, les aplicaron toques eléctricos.
Además, “simularon
ejecuciones con pistola, los amenazaron de violarlos a ellos y a sus
familiares, les hicieron ver violaciones a compañeros, los desnudaron
completamente, tuvieron que escuchar las torturas de sus otros compañeros,
fueron grabados para autoinculparse, así como a tomar armas con las manos para
mostrarlos como los grandes delincuentes”.
Aunado a ello, dijo,
recibieron humillaciones, burlas, fueron exhibidos en los medios de
comunicación como terroristas, les colocaron las esposas apretadas en manos y
tobillos, los tuvieron inmovilizados, todo ello con el objeto de asumir los
cargos, su participación en delincuencia organizada, en tráfico de armas y
drogas.
“Estos fueron los
cinco días terribles que vivieron y después fueron trasladados a un arraigo”,
comentó.
Fue a partir de
estos resultados que la PGR se desistió de continuar con las acusaciones.
El caso del
coche-bomba, consideró Enríquez Sam, significaba una afrenta.
“Lo que hemos
registrado nosotros como colectivo todo el tiempo es la fabricación de
delincuentes. En este país se fabrican delincuentes por parte de los
presidentes, así sean panistas o priístas y recurren a un elemento muy común
que es la tortura. Este país ha firmado convenios y tratados donde dice que no
debe de torturar y hace todo lo contrario”, dijo.
En este caso,
advirtió, “Calderón se jugaba su prestigio y tenía que detener a alguien y
dentro de estos detenidos fueron los muchachos, a ellos les tocó ser parte de
la justificación de este gobierno de Calderón para decir ahí está, ya detuve a
quienes hicieron actos de terrorismo”, agregó.
Los defensores
aseguraron que se interpuso una denuncia en busca la reparación del daño por
estos hechos.
(Martha Elba
Figueroa/El Diario)
(EL DIARIO/
MARTHA ELBA FIGUEROA/ 2014-03-12 | 00:01)
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