jueves, 30 de enero de 2014

FORMALMENTE PRESOS POLICÍAS TORTURADOS DE LOS MOCHIS

Los Mochis, Sinaloa.- Archivo 

Los Mochis, Sinaloa.- El juez primero penal, José Luis Gálvez Cerecer dictó auto de formal prisión a dos policías preventivos de Ahome que le fueron consignados por el delito de tortura.

Por ello, Miguel Amador Rodríguez Rodríguez y Julio César Velázquez Cota, ambos adscritos al Grupo de Operaciones Tácticas Especiales (GOTE) comisionados en las sindicaturas, estarán presos y sujetos a proceso penal por cargos graves. No tienen derecho a fianza.

Altos funcionarios de la Subprocuraduría Regional de Justicia del Estado afirmaron que el auto de formal prisión se dictó luego de vencerse el plazo de 144 horas que solicitaron los inculpados para aportar mayores pruebas de su inocencia, aunque la dependencia no se ha notificado oficialmente.

Los policías preventivos procesados ahora son los primeros que pisan la cárcel por cometer delitos graves en funciones.

El grupo GOTE al que estaban adscritos los agentes fue acusado por innumerables familias de Ahome de privar de la libertad a civiles, torturarlos y hasta de asesinarlos. El GOTE fue creado por el entonces director de la policía, Jesús Carrasco Ruiz, a quien se le contabilizaron un sinfín de supuestas ejecuciones sumarias. Este alegó que las ejecuciones fueron perpetradas por falsos civiles que conducían patrullas clonadas, pero jamás mostró prueba de su dicho, ni en video ni en fotografías.

Las denuncias presentadas en contra de Carrasco Ruiz y sus grupos especiales ante la Procuraduría General de Justicia del Estado nunca prosperaron hasta expediente penal.

El caso de los policías preventivos Rodríguez Rodríguez y de Velázquez Cota fue denunciado por un juez de distrito, investigado por un agente del Ministerio Público Federal y enviado a la Procuraduría General de Justicia, con sede en Culiacán para su consignación ante juez penal correspondiente. Por ello, los policías preventivos que gozaban de impunidad por sus hechos ilegales y protección del Gobierno del Estado no pudieron librar la acusación.

El delito de tortura lo cometieron en perjuicio de Abraham Alberto López Yucupicio y de Claudia María Quiñónez Castro, el 8 de noviembre del 2012, cuando presuntamente los atraparon a bordo de una camioneta y en posesión de un rifle AK-47 y porciones de drogas.

La confesión de la paraje la obtuvieron torturándolos, por lo que el juez de distrito invalidó los cargos por narcomenudeo, dio vista de las lesiones y ordenó la investigación, la cual finalmente comprobó que se trataban de dos policías torturadores.


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