Un
fraude en el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), que viene
desde el sexenio anterior, tiene en la incertidumbre económica,
patrimonial y jurídica a unos 5 mil burócratas, quienes sufren hoy el
acoso del nuevo Gobierno.
El FOVISSSTE
–ahora encabezado por José Reyes Baeza, exgobernador de Chihuahua–
persiste en el encubrimiento de los responsables del fraude, deja
abiertas las averiguaciones previas, radicaliza el acoso a los afectados
para que sean ellos quienes paguen el desastre financiero y hasta envía
informes falsos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
para que cierre el expediente de una recomendación por lo ocurrido.
El desfalco –de 570 millones de pesos–
benefició a grupos empresariales propietarios de constructoras,
sociedades financieras e inmobiliarias con las cuales accedieron a la
millonaria bolsa de la vivienda de interés social con la complicidad de
servidores públicos.
Lejos de investigar la larga cadena de
beneficiarios, el Gobierno de Felipe Calderón acusó a los burócratas –de
diferentes dependencias y ciudades y cuyo único punto en común es haber
resultado elegidos en los sorteos de crédito para vivienda– de haber
elaborado documentación falsa y prácticamente haber hackeado –cada uno
de ellos– la base de datos del FOVISSSTE para obtener recursos
superiores a los que les correspondían.
La CNDH documentó el caso y emitió la
recomendación 60/2012 el 31 de octubre de 2012; en ella se hace notar
que el FOVISSSTE violó los derechos humanos de los trabajadores al
achacarles las fallas y omisiones de los funcionarios del organismo.
La recomendación fue aceptada por el
FOVISSSTE, institución que hasta el momento nada ha hecho al respecto.
Por el contrario, en los meses recientes ha abundado en las
irregularidades cometidas por la administración pasada a fin de
presionar a los trabajadores y obligarlos a pagar.
Y los favorecidos en este negocio permanecen intocados.
En su número 1882 (del 25 de noviembre
de 2012) Proceso dio a conocer que entre las constructoras implicadas en
el fraude estaba el Grupo Módulo Progresivo, cuyos accionistas eran el
entonces secretario federal de Salud, Salomón Chertorivski Woldenberg
(ahora secretario de Desarrollo Económico del gobierno capitalino) y
Gerardo Ruiz Maza, socio a su vez de Paul Davis Carstens, pariente de
Agustín Carstens, gobernador del Banco de México.
Otra implicada es Constructora Syser, filial de TV Azteca.
También se publicó entonces que varias
de las sociedades financieras de objeto limitado (sofoles) involucradas
en el fraude tenían vínculos estrechos con el Gobierno de Calderón.
Es el caso de las hipotecarias Bajío, Su
Casita y Patrimonio, implicadas en otro escándalo de corrupción por la
compra ilícita, vía Grupo Ixe, de certificados bursátiles en el IMSS
cuando dirigía el Instituto Juan Molinar Horcasitas (Proceso 1759, 1753 y
1842).
Además el director de Grupo Ixe era
Javier Molinar Horcasitas (hermano del entonces director del IMSS) y en
la estructura de esa institución figuraban al menos otros dos familiares
de Carstens.
A ocho años de cometido el fraude varias
de las empresas beneficiadas desaparecieron, ningún funcionario del
FOVISSSTE fue investigado y según los trabajadores afectados, pruebas
documentales de su inocencia han “desaparecido”.
ACOSO PEÑISTA
A los trabajadores adquirientes de
viviendas de interés social los acusan de falsificar recibos de nómina y
comprobantes de ingresos para ser merecedores y acreditarse más
recursos de los que les correspondían y también de manipular el sistema
electrónico del FOVISSSTE para obtener los recursos.
Y las medidas punitivas que se les pretenden aplicar son, además de injustas, excesivas.
Un ejemplo: Si un trabajador tenía
derecho a 280 mil pesos de crédito pero obtuvo 430 mil, se le exigía
pagar los 150 mil excedentes en una sola exhibición, más intereses, que
elevan la deuda aproximadamente 50%. Se pretendía cobrarle 225 mil pesos
a un trabajador que gana unos 6 mil mensuales.
Los créditos fueron otorgados entre 2005
y 2008 y durante ese tiempo los trabajadores suscribieron contratos y
escrituras, habitaron las casas y pagaban 30% de sus ingresos mensuales
al FOVISSSTE. De pronto el organismo interpuso contra ellos demandas
penales y empezó a descontar vía nómina hasta 50% de los salarios de los
afectados, lo cual es ilegal.
En octubre de 2011 unos 500 afectados
presentaron una queja ante la CNDH, la cual resolvió que la autorización
y deficiente integración de esos financiamientos “devino de la propia
autoridad”.
El ombudsman consideró que se violaron
los derechos de los trabajadores y, entre otras medidas, recomendó al
FOVISSSTE presentar alternativas viables de solución al problema.
La CNDH también observó que para
resolver el problema financiero el Fovissste aplicó acciones ilegales,
como los arbitrarios descuentos salariales. Según la CNDH no se
presentaron alternativas viables de solución pues el organismo planteó
que se liquidara en una sola exhibición el adeudo, algo imposible de
cumplir por parte de los trabajadores.
El FOVISSSTE planteó después un convenio
modificatorio que exigía amortizaciones semestrales que, por su monto,
tampoco podían cubrir los trabajadores, como constató el ombudsman.
Otro de los aspectos destacados en la
recomendación de la CNDH fue que el FOVISSSTE presionó a los
trabajadores para que pagaran los excedentes y lo hizo mediante avisos
ajenos a los establecidos en los contratos.
La recomendación fue aceptada, pero no
cumplida. Según los trabajadores entrevistados por este semanario, la
nueva administración del FOVISSSTE ha dado informes falsos a la CNDH.
“El FOVISSSTE respondió que ya tenían
una solución que los trabajadores estábamos aceptando para llegar a
negociaciones con ellos. Oficialmente le dijimos a la CNDH que no es
cierto, no vamos a llegar a ningún convenio modificatorio porque lo que
ellos nos están ofreciendo no está dentro de nuestras posibilidades y
seguimos insistiendo en el respeto a nuestra escritura”, dice Patricia
Flores, una de las afectadas.
Flores, junto con los trabajadores Mario López y María Teresa Pérez, exponen lo que no dice el FOVISSSTE a la CNDH:
Los avisos que la CNDH consideró una
forma de presión para liquidar el adeudo ahora se han agravado y son una
advertencia permanente. Al intentar conocer sus estados de cuenta del
FOVISSSTE vía internet, antes de ver las cifras y condiciones de su
crédito encuentran un aviso electrónico. Ya no sólo se los envían sino
están ahí permanentemente.
Otro. La CNDH consideró que las
alternativas de solución planteadas durante la pasada administración,
cuando se emitió la recomendación, eran inviables por la dificultad de
que los trabajadores pudieran exhibir las cantidades reclamadas.
La actual administración además de
plantear el pago en una sola exhibición, ofrece una serie de pagos
mensuales o un pago anual, pero las cantidades exigidas son las mismas
–o mayores– que la CNDH ya había considerado inaccesibles para los
trabajadores.
La única diferencia es que se propone
dividir el estado de cuenta en dos porciones. La “A”, con las cantidades
del crédito al que tenían derecho, y la “B”, con las condiciones de la
llamada “demasía”.
Flores recuerda que al momento de
emitirse la recomendación, lo que el FOVISSSTE pretendía era descontar
hasta 50% del salario de los trabajadores, una medida cuya ilegalidad
fue detectada también por la CNDH pues por ley los descuentos vía nómina
no pueden exceder 30%.
Lo que en la actual administración les
proponen es peor: Descontar el 30% que por ley deben pagar vía nómina y
que el resto del adeudo de la porción “B” se pague “por fuera”, con
depósitos bancarios.
Los trabajadores mostraron a este
reportero copias de varios estados de cuenta, pero pidieron no revelar
sus nombres pues el acoso se ha radicalizado contra quienes declaran a
los medios.
(DIARIO DEL YAQUI/ Proceso/ Domingo, 08 Diciembre 2013 22:35)
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