Justicia
para Arturo Hernández Cardona, Félix Bandera y Ángel Román, activistas
sociales cobardemente asesinados en Iguala,Guerrero.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El periódico británico The Guardian
ha revelado que el gobierno de Estados Unidos y sus empresas
contratistas intervienen de manera indiscriminada y masiva en las
comunicaciones telefónicas y electrónicas del mundo entero. Barack Obama
y sus socios también han desarrollado un agresivo aparato de
ciberguerra para hackear, infiltrar y destruir unilateralmente a
cualquiera que se oponga a sus “intereses nacionales”.
Esta situación no
solamente tiene que ver con China y el Medio Oriente, sino que también
implica directamente a México. El vergonzoso e indignante silencio del
gobierno y la clase política mexicanos con respecto a estas revelaciones
del exagente de la CIA Edward Snowden revela que la soberanía nacional
aparentemente no les importa a los políticos.
Miguel Hidalgo, José
María Morelos, Josefa Ortiz y Vicente Guerrero se revuelven en sus
tumbas. Frente a esta traición histórica, la sociedad tendría que actuar
de manera autónoma para defender su derecho a la privacidad y rescatar
la independencia nacional.
En Canadá, Inglaterra, Australia y
Estados Unidos, las autoridades y los representantes populares han
iniciado investigaciones para conocer hasta dónde el programa PRISM,
dado a conocer por Snowden, implica la vigilancia ilegal de
comunicaciones privadas de sus propios ciudadanos, y en qué medida sus
gobiernos respectivos serían cómplices de este programa o incluso
cuentan con programas propios similares.
Las organizaciones de la
sociedad civil también se han activado. La Unión de Libertades Civiles
de América (ACLU), por ejemplo, ha demandado al gobierno de Barack Obama
por violaciones a los derechos de la privacidad y al debido proceso de
los estadunidenses.
En México tendríamos que actuar de manera
similar. El artículo 16 de la Constitución indica claramente que “nadie
puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad
competente”.
El mismo artículo señala que “las comunicaciones privadas
son inviolables” y que “la ley sancionará penalmente cualquier acto que
atente contra la libertad y privacía de las mismas”. El Código Penal
Federal fija una pena de seis a 12 años de cárcel para quien intervenga
comunicaciones privadas sin mandamiento judicial.
Nuestra
privacidad y la presunción de inocencia también se encuentran en la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública gubernamental, y en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.
En su caso, la PGR o la Policía Federal tendrían la
facultad legal de vigilar a individuos específicos acusados de delitos
graves, pero siempre dentro del marco de una averiguación previa y con
autorización de un juez.
En suma, es absolutamente ilegal y
anticonstitucional que cualquier actor (nacional, internacional, privado
o gubernamental) intervenga las comunicaciones de los ciudadanos
mexicanos o tenga acceso a sus datos personales de manera indiscriminada
y generalizada.
La información con la cual contamos sobre la operación
del programa PRISM indica entonces la probable comisión masiva de
delitos en contra de los mexicanos por autoridades y empresas
estadunidenses.
Casi la totalidad de las comunicaciones
electrónicas que tienen lugar en México se hacen por medio de empresas
estadunidenses colaboradoras con PRISM, como Google, Apple, Facebook,
Twitter, YouTube, Skype, etcétera.
No hay duda alguna de que el programa
recoge todos los días y sin mandamiento judicial una enorme cantidad de
información sobre empresas, individuos, grupos sociales y políticos
mexicanos. El Senado de la República y la PGR tendrían que iniciar
inmediatamente investigaciones al respecto.
También tenemos que
preguntarnos sobre la probable complicidad del gobierno mexicano en la
comisión de estos delitos. Sería muy difícil creer que Enrique Peña
Nieto o Felipe Calderón se atreverían a rechazar un regalo del gobierno
vecino tan “valioso” como la información completa sobre las vidas
privadas y los negocios de sus colegas y adversarios.
Los sofisticados
aparatos multimillonarios que el gobierno mexicano ha recibido en años
recientes del gobierno estadunidense sin duda también cuentan con la
facultad de intervenir directamente y de manera indiscriminada en las
comunicaciones privadas.
Pero cualquier autoridad o empresa
mexicana que hoy recoja, maneje, reciba o utilice este tipo de
información privada de los ciudadanos mexicanos, independientemente de
su fuente, está cometiendo un delito grave si no cuenta con un
mandamiento judicial. El Congreso de la Unión también tendría que
iniciar inmediatamente una investigación al respecto.
Y más allá
de las investigaciones que en su momento podrían ordenar las autoridades
correspondientes, los ciudadanos también deberíamos actuar. En primer
lugar, urge desarrollar nuevos sistemas propiamente mexicanos y
ciudadanos para compartir información y navegar en internet lejos de la
persecución del Tío Sam.
Asimismo, sería conveniente moderar
nuestra dependencia de las redes sociales y el internet. Si bien el
mundo de la comunicación electrónica es sumamente valioso y ha permitido
una revolución en la conciencia ciudadana, también se ha convertido en
una poderosa arma de control social.
En su libro Cypherpunks, Julian
Assange incluso señala que el internet ahora es “una amenaza a la
civilización humana” por el enorme poder que allí ejercen las
autoridades gubernamentales y los poderes fácticos. Las revelaciones de
Snowden confirman que Assange tiene razón.
Todos haríamos bien en
administrar mejor nuestra vida para dedicar menos tiempo ante la
pantalla de la computadura y más tiempo a la construcción de pequeños
grupos de estudio, análisis y acción en nuestras comunidades, escuelas,
trabajos y barrios.
Así se fortalecería un amplio tejido social de
resistencia y acción ciudadana invulnerable a los designios de
Washington, Los Pinos y empresas privadas del ciberespacio que
legalmente no tienen ninguna responsabilidad cívica.
Twitter: @JohnMAckerman
19 de junio de 2013)
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