Datos entregados a ZETA refieren que pocos
conocen el manejo y destino que ha tenido el dinero de más de 300 ex
trabajadores sindicalizados, quienes durante años han pagado esta cuota y, ahora
que debieron cobrarla, simplemente se esfumó.
Líderes van y vienen, y el Seguro de Mutualidad no ha sido pagado
a decenas de trabajadores desde el año 2008, por lo que debería estar disponible
en una cuenta bancaria y listo para ser entregado a cada comité seccional, que a
su vez, tendría que haber liberado tal recurso económico.
Sin embargo, como el dinero es manejado a discreción por los
líderes del sindicato, ningún trabajador, mucho menos los ex trabajadores
burócratas, pueden verificar el destino de ese patrimonio a través de los
estados financieros de ingresos y egresos.
El Artículo 3 del Reglamento del Seguro de Mutualidad Sindical
establece que el único facultado para verificar y revisar el estado de la cuenta
bancaria, e incluso para llevar el control de los movimientos bancarios, es el
Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato de los Trabajadores al Servicios del
Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Baja
California Sur.
Asimismo, el Artículo 5 del propio reglamento especifica
claramente que el dinero del fondo deberá ser pagado en una sola exhibición al
trabajador que se jubile, previa solicitud y trámite en el propio sindicato, de
las cuales actualmente hay 31 de 2008; 208 de 2009; 75 de 2010, y 24 en 2011.
Es
decir, 338 ex trabajadores han llenado y entregado los formatos de solicitud de
pago de ese seguro, y hasta la fecha no han recibido una respuesta.
Hoy se sabe, el dinero no pudo ser cobrado ni siquiera por 18 ex
trabajadores que han fallecido de 2008 a la fecha y que, según el Artículo 5 del
reglamento del Seguro de Mutualidad Sindical, sus familiares debieron haber
recibido el dinero en un lapso de 48 horas, por tratarse de una defunción.
El líder del sindicato estatal de burócratas, Maximino Iglesias
Caro, no quiso hablar de este hecho porque, de acuerdo a su secretaria, estaba
ocupado en una junta, y aunque quedó de llamar para ofrecer una explicación, no
lo hizo al cierre de esta edición.
Lo que sí hacía el Sindicato de Burócratas de La Paz, a cargo de
Francisco Javier Osunas Frías, era solicitar la destitución del director general
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de La Paz, Germán Ruiz Padilla, ya
que a decir de 40 trabajadores agremiados, no había pagado al Sindicato 1.2
millones de pesos que se habrían retenido por concepto del Seguro de Mutualidad
Sindical.
Iglesias dejó entrever la posibilidad que de no pagarse ese
dinero, interpondría una denuncia penal por peculado o fraude en contra del
director del organismo paramunicipal, ya que cada quincena y religiosamente, se
descontaban 250 pesos a cada uno de los 40 trabajadores para el citado
fondo.
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