LA ESPERANZA DE VICENTE ZAMBADA

Si Estados Unidos continúa negándose a dar información, el Vicentillo podría quedar libre Miguel Angel Vega En febrero del 2010, cuando México extraditó a Vicente Zambada Niebla, las autoridades estadounidenses “visualizaron” un caso fácil que habrían de resolver rápido y con una sentencia digna, lo cual habría de enviar una advertencia definitiva a los narcotraficantes mexicanos. Nunca se imaginaron que algo “tan fácil” se les fuera a complicar, incluso el mismo procurador del distrito norte de Illinois, Patrick Fitzgerald, declaró entonces que tenían pruebas “irrefutables” para castigar a Zambada Niebla, a quien acusaban de introducir cientos de toneladas de droga a Estados Unidos. Hasta que el Vicentillo reveló a su equipo de abogados, integrado por Alvin Michaelson, Edward Panzer, George Santangelo y Fernando Gaxiola, que él era informante de la DEA, y que fue precisamente esa agencia quien aparentemente le habría prometido inmunidad y “carta blanca” para traficar con droga de México a los Estados Unidos. Entonces todo cambió. A partir de ese momento la defensa señaló que existían pruebas por escrito en poder del Gobierno de Estados Unidos que confirmaban los señalamientos de su defendido, y exigían a la fiscalía a presentar esas pruebas para que el Vicentillo “recibiera un juicio justo”. Por toda respuesta, el Gobierno estadounidense sometió una moción la semana pasada ante el Juzgado indicando al juez Rubén Castillo que no era buena idea presentar tales pruebas por las “implicaciones” que ello pudiera tener. El último de enfatizar esa postura fue precisamente el mismo procurador Fitzgerald, quien tuvo que dar la cara para decir que presentar las pruebas existentes “podrían amenazar la seguridad nacional de Estados Unidos”. “Hay legítimos e imperiosos intereses en materia de seguridad nacional que superan cualquier argumento de los abogados para participar en la discusión sobre el tratamiento de las pruebas, expuso Fitzgerald, al presentar los fiscales una moción por escrito. Previamente, la fiscalía había presentado otra moción oponiéndose a la presentación de pruebas, aduciendo que no era lo más óptimo presentar información clasificada. “Buscar toda esa evidencia tomaría años, además de tratarse de información confidencial”, señala la moción, en poder de Ríodoce. Sin embargo, la última palabra la tendrá el juez Rubén Castillo, quien tiene la autoridad para exigir a los fiscales que presenten las pruebas que la defensa asegura que existen. Bomba de tiempo Para Bruce Zagaris, abogado de la firma de abogados Berliner Corcoran & Rowe, con sede en Washington, DC, y miembro de la Sociedad Americana de Leyes Internacionales (ASIL), en este tipo de casos es común que el Gobierno no quiera revelar información clasificada por las consecuencias que ello pudiera tener. “En ocasiones se hace para proteger a agentes encubiertos, incluso a otros informantes que hay dentro de una organización, pero la realidad de las cosas es que el juez puede determinar que se presente la información para que el acusado tenga un juicio justo”, observó el abogado, experto en temas de seguridad nacional y profesor de la Universidad de Montana. Entonces, lo que pasa es que los fiscales, efectivamente, se oponen a dar información e incluso apelan si el juez decide que revelen información. Pero qué pasaría entonces, que la Defensa nuevamente presenta otra moción exigiendo el desahogo de pruebas, y si el Gobierno se sigue negando, el juez puede omitir el caso y dejar en libertad al acusado, bajo el principio fundamental de de que no estaría recibiendo un juicio justo. “Es muy difícil que eso pase, y Estados Unidos no lo permitiría, pero de que es factible, definitivamente lo es”, dijo Zagaris, en entrevista telefónica con Ríodoce. Sellar el caso; la otra opción Otro posible desenlace, que ocurre en ese tipo de casos, es que el juez revise la información y concluya que hay detalles que no se deben ventilar, y entonces determine sellar el caso, como ocurrió con Osiel Cárdenas Guillen, y entonces todo el proceso se realice a puertas cerradas. “Pero es muy raro, porque se supone que todos los procesos judiciales son públicos y realizar un juicio a puertas cerradas en donde se excluya a los medios de comunicación, se presta para malas interpretaciones y dan una muy mala imagen a Estados Unidos”, opinó Zagaris. Y sin embargo, se sabe de casos en donde se sella el proceso y eso lo hacen para proteger la confidencialidad de la información que se revela, como puede ser este caso. “Es difícil saber qué es lo que puede afectar la seguridad nacional de este país y sería muy aventurado opinar al respecto”, observó el abogado. —¿Es común que Estados Unidos rehúse a revelar información? —Es común, sobre todo en casos en donde se involucra a informantes y agentes encubiertos, por todo el aparato de investigación que hay detrás de un caso que se investiga, o por los mismos agentes que pueden estar involucrados. De acuerdo con el abogado, no existe un plazo para que el juez determine anular el caso y dar la libertad al Vicentillo, si los fiscales se siguen negando a proveer la información que demanda la defensa, pero conforme pasa el tiempo es más posible que eso ocurra. Abogados familiarizados con el caso señalaron que, incluso, el proceso pudiera terminar antes de que empiece si el juez determina que Zambada Niebla no recibirá un juicio justo. Ningún vocero del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) estuvo disponible para emitir una reacción, aunque previamente Randall Samborn dijo que no opinarían al respecto por tratarse de un proceso que se estaba desarrollando en la Corte. Entre las peticiones que ha hecho la fiscalía al juez Castillo se han planteado procesos previos en donde solamente estén el juez y los fiscales, sin presencia de los abogados defensores, como se contempla en el Acta de Procedimientos sobra Información Clasificada. Dicha acta refiere que el juez debe ser avisado con anticipación si el caso contara con alguna prueba o evidencia secreta para que, en ese caso, resuelva si admite la prueba u ordena reemplazarla por otra que garantice un juicio justo al acusado. No obstante, los abogados del Vicentillo han argumentado que debe participar en la presentación de pruebas porque “la intención del Gobierno es mantener en secreto información relacionada con Humberto Loya Castro, abogado del cártel de Sinaloa”, y quien se dice es un informante de la DEA. Castillo fijó como fecha límite para el desahogo de pruebas entre la fiscalía y la defensa el próximo 17 de enero de 2012, mientras que el juicio sigue programado para el 13 de febrero. Actualmente, Zambada Niebla se encuentra recluido en una cárcel de mediana seguridad en Milan, en el estado de Michigan, a donde fue trasladado para que pudiera ejercitarse.