A través del proyecto de Ley de Periodismo de Alto Riesgo, el Gobierno de Mario López Valdez pretende instrumentar la obligatoriedad de registro y bitácoras de investigaciones periodísticas
A través del proyecto de decreto de Ley de Periodismo de Alto Riesgo, el Gobierno de Mario López Valdez pretende instrumentar la obligatoriedad de que periodistas y medios de comunicación se registren en una unidad gubernamental como condición para acceder a los beneficios de dicha legislación y que se lleve una bitácora con la información de investigaciones periodísticas.
De acuerdo con un análisis de Noroeste, con apoyo de expertos de organismos independientes como Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras, dicho borrador invade la esfera de la autorregulación de los medios de comunicación, práctica histórica con la que cada empresa periodística define sus propias reglas frente al público en completa independencia del poder oficial, con el objetivo de realizar un periodismo libre y crítico lejos de los controles oficiales.
De acuerdo con un análisis de Noroeste, con apoyo de expertos de organismos independientes como Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras, dicho borrador invade la esfera de la autorregulación de los medios de comunicación, práctica histórica con la que cada empresa periodística define sus propias reglas frente al público en completa independencia del poder oficial, con el objetivo de realizar un periodismo libre y crítico lejos de los controles oficiales.
El proyecto malovista, incluso, define Libertad de Expresión como una prerrogativa y no como un derecho humano.
"(Libertad de Expresión) es la prerrogativa que tiene toda persona para difundir y publicar ideas u opiniones a través de cualquier medio", asienta en el Artículo 7, Fracción V.
Sin embargo, la libre expresión es un derecho humano consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo cual significa que no es una prerrogativa, es decir, no es una gracia que se concede a alguien.
En lo que va de este mes, a través de la Universidad de Occidente, el Gobierno de López Valdez ha organizado foros con periodistas y académicos en Los Mochis, Mazatlán y Culiacán, cuyas conclusiones han coincidido en el rechazo de este proyecto de ley por sus omisiones.
El Artículo 10 del proyecto de la Ley de Periodismo de Alto Riesgo establece una de las obligaciones a medios de comunicación y periodistas con actividad de alto riesgo que transgrede, de acuerdo al análisis de Noroeste, la independencia periodística.
"Los medios de comunicación y periodistas con actividad de alto riesgo deberán contar", asienta dicho artículo, "(con ) un registro ante la Unidad Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas; Una bitácora personal en la cual deberán de llevar el seguimiento de las investigaciones de alto riesgo, y un protocolo de seguridad para periodistas y medios de comunicación", dicen lasfracciones I, V y VI. En opinión de Artículo 19, organismo independiente que defiende la Libertad de Expresión y que cuenta con presencia en 50 países, este apartado establece como deberes jurídicos aspectos que deberán entenderse como recomendaciones, pues pertenecen al ámbito de la autorregulación de los medios de comunicación y periodistas.
El proyecto malovista omite establecer con detalle las sanciones para aquellos que incumplan con esta ley ni tampoco establece objetivos, obligaciones claras, requisitos ni procedimientos para los sujetos obligados, como son la Secretaría General de Gobierno, la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública; tampoco los define para las estructuras que pretende crear, como son la Unidad Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas de la PGJE y la Comisión de Seguimiento y Atención de Delitos en contra de Periodistas y Medios de Comunicación del Congreso del Estado, Dichas "lagunas", son para Noroeste una puerta abierta para interpretaciones discrecionales y arbitrarias. En esta misma edición, Noroeste publica un posicionamiento público en el que detalla los puntos preocupantes de este proyecto de ley y en el que llama a los 40 diputados a impedir su aprobación.
"Hacemos un enérgico llamado a los 40 diputados del Congreso del Estado de Sinaloa para que eviten que esta herramienta de control de la libertad de expresión sea aprobada. De no ser así, será difícil detener futuras tentaciones de mayor injerencia en las empresas periodísticas", advierte Grupo Editorial Noroeste.PUNTOS DE PELIGRO
"(Libertad de Expresión) es la prerrogativa que tiene toda persona para difundir y publicar ideas u opiniones a través de cualquier medio", asienta en el Artículo 7, Fracción V.
Sin embargo, la libre expresión es un derecho humano consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo cual significa que no es una prerrogativa, es decir, no es una gracia que se concede a alguien.
En lo que va de este mes, a través de la Universidad de Occidente, el Gobierno de López Valdez ha organizado foros con periodistas y académicos en Los Mochis, Mazatlán y Culiacán, cuyas conclusiones han coincidido en el rechazo de este proyecto de ley por sus omisiones.
El Artículo 10 del proyecto de la Ley de Periodismo de Alto Riesgo establece una de las obligaciones a medios de comunicación y periodistas con actividad de alto riesgo que transgrede, de acuerdo al análisis de Noroeste, la independencia periodística.
"Los medios de comunicación y periodistas con actividad de alto riesgo deberán contar", asienta dicho artículo, "(con ) un registro ante la Unidad Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas; Una bitácora personal en la cual deberán de llevar el seguimiento de las investigaciones de alto riesgo, y un protocolo de seguridad para periodistas y medios de comunicación", dicen lasfracciones I, V y VI. En opinión de Artículo 19, organismo independiente que defiende la Libertad de Expresión y que cuenta con presencia en 50 países, este apartado establece como deberes jurídicos aspectos que deberán entenderse como recomendaciones, pues pertenecen al ámbito de la autorregulación de los medios de comunicación y periodistas.
El proyecto malovista omite establecer con detalle las sanciones para aquellos que incumplan con esta ley ni tampoco establece objetivos, obligaciones claras, requisitos ni procedimientos para los sujetos obligados, como son la Secretaría General de Gobierno, la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública; tampoco los define para las estructuras que pretende crear, como son la Unidad Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas de la PGJE y la Comisión de Seguimiento y Atención de Delitos en contra de Periodistas y Medios de Comunicación del Congreso del Estado, Dichas "lagunas", son para Noroeste una puerta abierta para interpretaciones discrecionales y arbitrarias. En esta misma edición, Noroeste publica un posicionamiento público en el que detalla los puntos preocupantes de este proyecto de ley y en el que llama a los 40 diputados a impedir su aprobación.
"Hacemos un enérgico llamado a los 40 diputados del Congreso del Estado de Sinaloa para que eviten que esta herramienta de control de la libertad de expresión sea aprobada. De no ser así, será difícil detener futuras tentaciones de mayor injerencia en las empresas periodísticas", advierte Grupo Editorial Noroeste.PUNTOS DE PELIGRO
De aprobarse el proyecto
de decreto de Ley de
Periodismo de Alto Riesgo,
el Gobierno del Estado
tendría un registro en el
que periodistas y medios
de comunicación estarían
obligados a inscribirse, así
como forzosamente llevar
una bitácora de sus investigaciones
periodísticas.
OBSERVACIONES
1. Invade la esfera de autorregulación
de los medios de
comunicación.
de decreto de Ley de
Periodismo de Alto Riesgo,
el Gobierno del Estado
tendría un registro en el
que periodistas y medios
de comunicación estarían
obligados a inscribirse, así
como forzosamente llevar
una bitácora de sus investigaciones
periodísticas.
OBSERVACIONES
1. Invade la esfera de autorregulación
de los medios de
comunicación.
2. Carece de obligaciones para
el Estado.
3. Es omisa en el establecimiento
de sanciones.
de sanciones.
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