Mario Luna, defensor de derechos humanos
y vocero de la Tribu Yaqui fue encarcelado en el Centro de Readaptación Social
2 en Hermosillo por más de un año. El también Secretario de las autoridades
tradicionales del Pueblo Vicam enfrentó cargos por secuestro.
Las acciones estatales se presentaron en
respuesta a la oposición de la tribu a la construcción del Acueducto Independencia,
una enorme obra hidráulica que despoja de 75 millones de metros cúbicos (m3) de
agua a la tribu indígena para solucionar problemas de suministro en la ciudad
de Hermosillo.
Para Mario Luna la respuesta a los
ataques contra su tribu se encuentra en la ausencia del Estado de Derecho, una
condición que permite que se continué con la violación de derechos humanos o
con la omisión de los mismos, como en el caso de las consultas simuladas de las
deberían gozar todos los pueblos indígenas.
Ciudad de México, 19 de
noviembre (SinEmbargo).– La mañana del 11 de septiembre de 2014, un grupo de
personas vestidas de civiles detuvieron a Mario Luna, defensor de derechos
humanos y del agua en Sonora, y vocero de la Tribu Yaqui. El arresto, realizado
por integrantes de la Policía estatal –que en ese momento no se identificaron
como tal–, concluyó en la oficina de Ciudad Obregón de la Procuraduría General
de Justicia del Estado de Sonora donde fue incomunicado hasta media tarde. Más
adelante, luego de su trasladado al Centro de Readaptación Social 2 en
Hermosillo, el también Secretario de las Autoridades Tradicionales del Pueblo
Vicam enfrentaría cargos por secuestro que lo privarían de su libertad durante
un año.
Las acciones estatales se
presentaron en respuesta a la oposición de la tribu a la construcción del
Acueducto Independencia, una enorme obra hidráulica que despoja de 75 millones
de metros cúbicos (m3) de agua a la tribu indígena para solucionar problemas de
suministro en la ciudad de Hermosillo.
Desde el anunció del
proyecto, en 2010, el Pueblo Vicam demandó su derecho a la consulta, el cuál le
había sido negado a pesar de que el Marco Internacional de Derechos de Pueblas
Indígenas establece el proceso como un derecho adscrito a los ordenamientos de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Enterados por los medios de
comunicación, los integrantes de la Tribu Yaqui comenzarían un trayecto en el
que la criminalización y la injusticia marcaría su andar.
La protesta se convirtió en
el recurso de un pueblo combativo que quiere acabar con un ciclo de
invisibilización y hostigamiento dirigido a las comunidades indígenas, una
característica de la construcción de las grandes obras de infraestructura de
nuestro país.
DEFENDER EL AGUA Y EL RÍO
Los yaquis han utilizado
históricamente el río del mismo nombre para su supervivencias cultural y
económica. En 1940, el ex Presidente Lázaro Cárdenas del Río aprobó la
publicación en el Diario Oficial de la Federación de un Decreto que otorga el
50 por ciento del agua en el caudal del dicho río a la comunidad, lo que en la
actualidad representa un aproximado de 80 millones de m3, más lo
correspondiente a los escurrimientos, lo que daría un total de 600 millones de
m3 anuales, distantes a los 250 millones de m3 que la Comisión Nacional del
Agua (Conagua) les entrega de manera arbitraria.
El rechazo de la obra fue la
reacción natural frente a una regla que no se ha cumplido en los últimos 78
años y por lo que los habitantes de la zona semidesértica enfrentan problemas
de suministro, que se agravan con la falta de recarga de los mantos acuíferos y
el Acueducto llevando el agua en otras direcciones.
“Nosotros vemos la escasez de
agua, la poca disponibilidad y la gran cantidad de usuarios por lo que agregar
a una ciudad como Hermosillo a una cuenca deficitaria acabaría por completo con
la aspiración del Pueblo Yaqui de rescatar lo que en decreto tenemos como
propiedad a favor del propio Pueblo Yaqui”, dice Mario Luna en entrevista con
SinEmbargo.
A los yaquis se les señala
como “retractores” del progreso o por falta de “empatía” con los pobladores de
Hermosillo, quienes también han enfrentado la escasez de agua. Sin embargo, los
pobladores del río sostienen que el problema es mucho más complejo: el ajuste
en el caudal ha incrementado el deterioro del área de la costa del Mar de
Cortés, misma que han habitado de manera ancestral y en donde ya se han perdido
unas 700 hectáreas dedicadas a la agricultura y la ganadería.
La lucha del grupo es por la
autodeterminación, por sus derechos y contra la imposición de las empresas
extranjeras que han sido beneficiadas con el acueducto.
“Ellos argumentan que la
intención de crear ese Acueducto es darle agua a la ciudad de Hermosillo, pero
no especifican que sea a la red de agua potable, ellos lo que quieren es
fomentar el consumo de la industria. El Acueducto Independencia termina en las
inmediaciones del Parque Industria de Hermosillo en donde, en una ciudad sin
agua, están instaladas las plantas Ford, Coca Cola y Heineken, y muchas otras
empresas que son altas consumidoras de agua, como refresqueras y un desarrollo
inmobiliario que se esta promoviendo. Todo eso implica agua (…) ellos ya le
pusieron precio al agua y la están viendo como una mercancía”, agrega Luna.
Es la confrontación entre lo
que entendemos por progreso con tradición, y es lo que ha puesto en riesgo a
los personajes de la tribu, entre ellos a su vocero y representante en la
defensa del río.
Durante años, Luna ha
representado a su pueblo como Secretario y ha tenido un rol de traductor y
escribano de las decisiones de la asamblea. Fue esa posición lo convirtió en el
personaje idóneo para representar la oposición de la tribu. Asumir su rol como defensor
lo dejó al frente de grandes responsabilidades y riesgos, provocados por la
constante exposición frente a los medios de comunicación. Como defensor del
agua ha sido víctima de diferentes ataques que han tenido impacto en lo
comunitario, lo familiar y lo personal.
Primero llegó la detención
arbitraria, unos meses después el ataque a su hijo –quién fue golpeado y a
quien solicitaron que exigiera a su padre dejar el movimiento–. A pesar de que
las amenazas y hechos, como los ya mencionados, eran constantes fue hasta junio
del 2017 cuando el Gobierno de Sonora y el Gobierno del Ayuntamiento de Guaymas
implementaron medidas de protección para Mario; fue poco después de que unos
atacantes quemarán el automóvil de su esposa Anahí Ochoa y el Mecanismo de Protección
de personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no ofreciera ningún
tipo de apoyo.
UN SEXENIO LLENO DE VIOLENCIA
Para Mario la parte más dura
del movimiento se vivió durante el Gobierno del panista Guillermo Padrés Elías,
quién permaneció al frente del estado de 2009 a 2015, periodo en el que los
yaquis fueron hostigados y criminalizados, mientras se desarrollaba una campaña
de desprestigio por la que fueron objeto de burlas y agresiones por parte de la
sociedad civil.
Como él mismo explica, el
marco de impunidad construido por Felipe Calderón Hinojosa, abrió espacio para
que las circunstancias de violencia contra los defensores se incrementaran y se
manifestarán con teléfonos intervenidos, persecuciones en sus hogares y
hostigamiento por parte de personas encapuchadas.
El entorno de violencia
continuaría hasta el sexenio siguiente, ya con la gubernatura de la priista
Claudia Pavlovich Arellano y en el centro del sexenio de Enrique Peña Nieto,
cuando las amenazas no cesaron. Con la inserción del crimen organizado en el
panorama la situación se torno más difícil: comenzaron los discursos que
quisieron vincularlos con el mismo, se retiraron apoyos de vivienda, apoyos de
becas estudiantiles y se percibieron aún más agresiones provenientes de
personas no identificadas.
“Las cosas siguen siendo iguales” argumenta,
mientras especifica que la complicidad entre políticos y la impunidad,
invariable en cada gobierno, son las causantes del despojo continuo de sus
derechos.
“Otra cosa que hemos apuntado
es la complicidad que existe entre los políticos, ya sea de un partido u otro.
Al salir Guillermo Padrés, al tener una caída estrepitosa, entró el PRI
[Partido Revolucionario Institucional] con Alejandra Pavlovich, con ella se vio
un cambio en el trato a la comunidad pero el despojo continuó, el despojo
siguió, y la violación de nuestros derechos continúa al seguir operando una
obra como el Acueducto Independencia que todos los días roba agua del
territorio yaqui sin tener manifiesto de impacto ambiental. El Estado de
Derecho sigue siendo violentado”, dice
Mario Luna.
La respuesta se encuentra en la ausencia del
Estado de Derecho, destaca Mario, una condición que permite que se continué con
la violación de derechos humanos o con la omisión de los mismos, como en el
caso de las consultas simuladas de las deberían gozar todos los pueblos
indígenas.
LA URGENCIA DE LAS CONSULTAS
En 2013, la Suprema corte de
Justicia de la Nación (SCJN) reconoció la violación del derecho humano a la
consulta de la Tribu en la emisión de la Autorización de Impacto Ambiental del
Acueducto Independencia y ordenó la realización de la misma. La orden no se
cumplió de manera inmediata, la comunidad yaqui protesto y como resultado
vinieron las detenciones arbitrarias.
La consulta debió ser libre,
bien informada y de buena fe. Sin embargo, no tuvo ninguna de esas
características. Se realizó cuando la obra tenía un 30 por ciento de avance,
bajo un contexto de hostigamiento que se traducía en presiones que retiraban
apoyos gubernamentales y ordenes de aprensión por delitos que no se habían
cometido.
A quiénes habían organizado y
exigido la consulta los metieron a la cárcel, entre ellos Mario Luna, para
poder seguir avanzando con la obra. Se les ligo con ideas del crimen organizado
y de manera sorpresiva personas pertenecientes a estos grupos comenzaron a
intervenir en las comunidad “creando estados de psicosis y terrorismos
psicológico”.
Luna asevera que ese fue el
aprendizaje que les dejo su fallida consulta es que las mismas deben de ser
vinculantes, ya que, al no contemplan obligatoriedad la opinión de los
comuneros se vuelve un simple requisito.
“Las consultas dejan mucho
que desear. En el caso de la Tribu Yaqui no sirvió de mucho: únicamente para
exhibir todas las intencionalidades subyacentes en estos procesos y la decisión
final queda en un grupo reducido de
supuestos expertos (…) pero lo que opina la tribu queda en un segundo termino.
Las consultas si no son vinculantes y no contemplan la obligatoriedad, son una
vacilada”.
“No es consultar por
consultar”, asegura Luna, “deben realizarse en los sitios adecuados, dice al
manifestar que no se les puede considerar justas si se hacen en espacios ajenos
a las comunidades, ya que éstas generalmente acostumbran discutir de manera
conjunta en sus propios foros.
Las comunidades indígenas,
como la Tribu Yaqui de Sonora, exigen consultas que respeten su autonomía y
autodeterminación, un derecho que les otorga el Artículo 2 de la Constitución
Mexicana.
(SIN EMBARGO/ KAREN CASTILLO/21 DE NOVIEMBRE 2018)
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