El caso de los normalistas de Ayotzinapa
es pieza clave en el juicio que se sigue en Alemania contra Heckler & Koch,
indicó una abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; se
está juzgando por presunta corrupción a cinco funcionarios de esa fábrica.
El pasado 26 de septiembre,
mientras el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reunía con
familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa que fueron detenidos y
desaparecidos hace cuatro años, al otro lado del mundo, en Alemania, Aldo
Gutiérrez, uno de los sobrevivientes del ataque, hizo presencia simbólica en el
juicio que se sigue en ese país contra la empresa Heckler & Koch, la cual
ilegalmente proveyó parte del armamento que se usó contra los normalistas.
Aldo Gutiérrez Solano es el
joven que, desde la noche del 26 de septiembre de 2014, permanece en coma tras
recibir un disparo de arma en la cabeza, durante el ataque que las autoridades
perpetraron contra normalistas en la esquina de Juan N. Álvarez y Periférico,
en Iguala, Guerrero.
“Cuando los normalistas
comenzaron a ser tiroteados por la policía en Iguala, ellos intentaron huir a
bordo de los autobuses que acababan de sacar de la terminal, a través de la
calle Juan N. Álvarez; sin embargo, casi a punto de salir de esa calle, la
policía interpuso una patrulla en su camino, para impedirles escapar”, narró la
abogada Sofía de Robina, integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro Juárez, que da acompañamiento legal a las víctimas de Ayotzinapa.
“Como los policías seguían
disparándoles por detrás, lo que hicieron algunos normalistas que venían en el
primer autobús fue descender, para intentar retirar la patrulla que les impedía
el paso, Aldo fue uno de los jóvenes que bajó para mover esa patrulla y en ese
momento recibió un disparo en la cabeza, que lo mantiene en coma hasta la
fecha”, detalló.
Aunque luego del ataque, los
policías agresores limpiaron la escena del crimen (retirando todos los
casquillos que pudieron encontrar), y a pesar de que la Fiscalía de Guerrero no
realizó ninguna acción posterior para preservar las evidencias en la zona, se
pudo comprobar que los uniformados usaron en contra de los normalistas, entre
otras armas, al menos siete fusiles de asalto alemanes Heckler & Coch, y de
hecho, en la zona de Juan N. Álvarez se pudieron rescatar casquillos de tres de
estas ametralladoras.
Desde 2010, esta empresa
fabricante de armamento de guerra comenzó a ser investigada en Alemania, luego
de que el gobierno de ese país le prohibiera vender armas cuyo destino final
fueran los estados de Chihuahua, Jalisco, Chiapas y Guerrero, debido a la
situación de violencia y violación de derechos humanos en esas entidades.
Con el paso de los años, sin
embargo, se pudo comprobar que el veto a la venta de armas alemanas a esos
estados no fue cumplido, y de hecho, de los 10 mil fusiles de guerra que esta
empresa vendió a México, 49% terminaron precisamente en esas cuatro entidades
vetadas.
Tal como consta en
documentación oficial, de esos 4 mil 900 fusiles que se entregaron a estados
mexicanos vetados por las normas alemanas, 2 mil llegaron a Guerrero, y de
ellas un centenar terminó en manos de las policías de Cocula, Iguala y
Huitzuco, controladas por el crimen organizado.
Entre ellas iban los fusiles
de guerra disparados contra los normalistas el 26 de septiembre de 2014.
Por ello, explicó la abogada
del Centro Pro, “el caso de los normalistas de Ayotzinapa es pieza clave en el
juicio que se sigue en Alemania contra la empresa Heckler & Koch, porque
prueba fehacientemente que estas armas no sólo terminaron en estados mexicanos
vetados por la ley alemana, sino que fueron usadas para violar los derechos
humanos de personas indefensas”.
Por el momento, detalló la
abogada, “en Alemania se está juzgando a cinco funcionarios de la fábrica de
armas, así como a la empresa misma Heckler & Koch, por presunta corrupción,
al haber establecido, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (del
gobierno mexicano), un método para burlar la prohibición de venta de armas cuyo
destino final fueran los estados de Guerrero, Jalisco, Chihuahua y Chiapas”.
La venta de armas, subrayó la
abogada, se realizó directamente con la Secretaría de la Defensa Nacional, y
este órgano del gobierno mexicano fue el encargado de repartir el armamento.
Así, por un lado, la empresa
alemana no hizo nada para evitar que esas armas terminaran en las entidades
prohibidas previamente, y el Ejército mexicano no hizo nada para respetar las
normas alemanas que enmarcaban la compra de ese armamento.
“Los testimonios que se han
vertido en el juicio –señaló la abogada– apuntan a que cada vez que un arma
alemana era entregada a una entidad vetada, un general del Ejército mexicano
que recibía una cantidad de dinero”. De acuerdo con la información obtenida por
Animal Político, este personaje ocupaba el cargo de Director de Comercialización
de Armamento y Municiones del Ejército.
El amplio número de armas que
terminaron en dichos estados vetados (casi 5 mil fusiles de asalto) “demuestra
que Guerrero, Jalisco, Chihuahua y Chiapas eran un mercado importante para la
empresa Heckler & Koch, entonces, en conjunto con funcionarios de la
Sedena, idearon un mecanismo para ocultar que las armas eran destinadas a
dichas entidades”.
El juicio que se inició en
Alemania en mayo pasado, detalló la abogada, está previsto para concluirse en octubre.
Y mientras eso pasa allá, en México las autoridades no han realizado
investigación alguna en torno a este presunto caso de tráfico ilegal de armas.
Por el contrario, en junio de
2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció que al menos 16
fusiles de guerra Heckler & Koch entregados a la Policía de Iguala, fueron
destruidos por el mismo Ejército Mexicano luego del ataque a los normalistas,
impidiendo así analizarlas para determinar si esas armas se emplearon en el
atentado contra los estudiantes.
El pretexto usado por el
Ejército para justificar esta destrucción de evidencia fue que ese es el trato
habitual para el armamento viejo.
Esta destrucción deliberada
de “evidencia balística” fue calificada por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos como una “grave falta” por parte de las autoridades mexicanas.
LA FUERZA
De las cien armas Heckler
& Koch con las que contaban las policías de Cocula, Iguala y Huitzuco en
2014, al menos siete fueron disparadas contra los normalistas la noche del 26
de septiembre de ese año.
Debido a que los mismos
policías agresores limpiaron la escena del crimen, y a que la Fiscalía de
Guerrero no realizó ninguna acción encaminada a preservar las evidencias, “es
muy probable que no sólo se hayan usado siete de las armas alemanas contra los
estudiantes normalistas, sino muchas más –afirma la abogada Sofía de Robina–.
Pero, lamentablemente, las
pocas evidencias que sobrevivieron a la mala labor de las autoridades
judiciales sólo permiten identificar el uso de siete armas alemanas, de las
cuales tres fueron disparadas en Juan N. Álvarez, donde Aldo cayó gravemente
herido”.
Una de esas tres armas
disparadas en Juan N. Álvarez es el fusil de asalto Heckler & Koch asignado
al policía José Vicencio Flores.
Las declaraciones de este
policía, luego de ser capturado, ilustran bajo qué criterios eran empleadas
esas armas, y cómo asumían los integrantes de esta corporación de seguridad
pública sus responsabilidades ante la población.
La noche del 26 de septiembre
de 2014, el policía José Vicencio Flores reconoce haber estado en servicio
activo en la ciudad de Iguala, sin embargo, en su declaración negó haberse
percatado de la presencia de normalistas de Ayotzinapa en la zona, ni de que
éstos hayan sido tiroteados por sus compañeros de corporación en al menos seis
puntos distintos de la ciudad, para luego ser raptados en patrullas y
desaparecidos.
Aunque casquillos disparados
esa noche por su rifle de asalto alemán fueron descubiertos en la calle Juan N.
Álvarez, este policía negó haber participado en la agresión a los normalistas
y, de hecho, el único recuerdo que admitió guardar de esos hechos fue cuando
(en la mañana del 27 de septiembre de 2014, horas después de los ataques) él y
todos sus compañeros policías fueron puestos bajo arresto por cuerpos de
seguridad federales.
Cuando a este policía de
Iguala se le preguntó qué entendía él por el concepto “uso de la fuerza
pública”, el uniformado respondió: “Sé que se emplea el uso de la fuerza cuando
hay una manifestación”.
Cuando se le preguntó cuándo
podía él hacer uso legítimo de la fuerza, la respuesta fue “no me acuerdo”.
Esa misma fue la frase que
repitió cuando se le preguntó cuáles protocolos aplicaba en su trabajo
policial; qué significa “uso de la fuerza necesaria”; cuáles son los casos en
los que puede hacer uso legítimo de la fuerza letal; o cuáles son las
limitaciones al uso de la fuerza. Para todo, la respuesta fue “no me acuerdo”,
“no me acuerdo”, “no me acuerdo”.
ALDO
Aunque Aldo no fue reconocido
por la Corte de Stuttgart, Alemania, como “víctima” en el juicio que se sigue
en ese país contra la empresa Heckler & Koch, los funcionarios judiciales
que participan en el juicio, e incluso los cinco ejecutivos de la fábrica de
armas que están acusados de corrupción, pudieron conocer al joven normalista
este 26 de septiembre de 2018, tal como era antes del ataque, y cómo vive hoy.
“Aldo se encuentra en estado
vegetativo, conectado a tres sondas: una para respirar, otra para comer, y una
más para evacuar –narra la abogada Sofía de Robina–, él no pudo estar
físicamente en la audiencia que se celebró en la Corte de Stuttgart, y quien
acudió en su representación fue su hermano, Leonel, que desde entonces está
pendiente de sus cuidados, junto con sus otros 13 hermanos.”
Leonel acudió a la sala de
audiencias con dos fotos: una de Aldo antes del ataque, y una de él, en su
estado actual de salud, y “tanto los ministros como los inculpados pudieron no
sólo ver las consecuencias que generó este tráfico ilegal de armamento, sino
que pudieron escuchar del sufrimiento de Aldo, en voz de su hermano Leonel, y
eso fue muy importante”.
Aldo no fue reconocido como
víctima en este juicio, aclaró la abogada, no por desdén de las autoridades
alemanas, sino porque se concluyó que en este momento sólo deben analizarse las
violaciones cometidas por Heckler & Koch en materia de derecho comercial, y
al concluir ese juicio puede iniciarse uno nuevo, por las consecuencias
concretas que esa venta ilegal de armas generó en los estados en los que estaba
prohibida su distribución.
“El juicio inició en mayo y
está programada su conclusión en este mes de octubre –señaló la abogada–, por
lo que en breve podrá saberse cuál es la conclusión a la que llegan los jueces
alemanes.”
–¿Cuáles son sus expectativas en relación con este
juicio?- se preguntó a la abogada del Centro Pro.
–Sabemos que Stuttgart es una
zona con una importante actividad económica, en donde las empresas tienen mucha
influencia, y sabemos que la Corte de Stuttgart ha mostrado posturas
conservadoras y favorables a los intereses empresariales en el pasado, así que
no podemos asegurar que el veredicto será adverso para la fábrica de armas.
Sin embargo, está claramente
demostrado el mecanismo empleado para traficar armas hacia zonas de México a
donde dichas armas no podían llegar. Por eso, aún si la Corte de Stuttgart
emite un fallo favorable a Heckler & Koch, será posible impugnar ese fallo.
–¿Cuál es la situación que enfrentan Aldo y su familia
en la actualidad? –
–Aldo está en estado
vegetativo, y eso quizás no vaya a cambiar. El disparo que recibió destruyó
alrededor de 70% de su cerebro. Durante los primeros momentos y días
posteriores a la lesión, Aldo no recibió una atención médica adecuada: al día
siguiente de los hechos, cuando su familia llegó al Hospital General de Iguala
para saber su estado de salud, se encontraron con que los médicos de ese
hospital no habían hecho nada, sólo le habían puesto una bolsa de plástico en
la cabeza, y de hecho le dijeron a la familia que estaba por morir, que mejor
se lo llevaran a morir a su casa.
Luego de permanecer 12 días
bajo prácticamente nula atención médica en el Hospital General de Iguala, Aldo
fue trasladado al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la
Secretaría de Salud federal, en la Ciudad de México, donde recibió atención
durante los dos años siguientes, y finalmente fue transferido al Instituto
Nacional de Rehabilitación, también en la capital del país, donde permanece
hasta la fecha.
“Estos cuatro años que Aldo
ha estado en diferentes hospitales, la familia se ha tenido que hacer cargo de
él las 24 horas del día, los siete días de la semana –explicó la abogada–. La
verdad es que se trata de una familia, como todas las familias de Ayotzinapa,
con una dignidad impresionante y una fuerza y una moral impresionantes: Lo que
hacen lo hacen con mucho amor, es muy tierno verlos platicarle cosas, cómo
intentan bromear con él, cómo le ponen los partidos de futbol que tanto le
gustaba ver, es un cuidado muy lindo por parte de personas que no pueden hacer
mucho más que estar ahí, junto a Aldo”.
Pero el costo para la familia
ha sido inconmensurable: no sólo vieron truncado el proyecto de vida del menor
de la familia, hoy postrado en estado de coma; sino que, para poder permanecer
a su lado, muchos de ellos han tenido que abandonar sus trabajos, total o
parcialmente, y dejar en Guerrero a sus hijos y cónyuges, para poder estar en
la Ciudad de México.
Para atenuar esta crisis
económica y afectiva en la que se encuentra la familia de Aldo, pero sobre todo
para cumplir la recomendación médica de acercarlo a su hogar, en la actualidad
se construye en Ayutla, el municipio de procedencia de esta familia, una casa
para Aldo, que contará con una habitación acondicionada y técnicamente equipada
con todos los instrumentos que requiere la terapia de rehabilitación de Aldo.
Esta casa contará también con
espacios para que los familiares encargados de su cuidado puedan habitar con él
dignamente, y tendrá un patio donde la familia, campesina, pueda mantener a sus
animales.
El compromiso de las
autoridades, además, es proveer de capacitación tanto a las enfermeras que
deberán estar al cuidado de Aldo de forma permanente, como a los familiares que
lo asistan, así como mantener una ambulancia a su disposición, y un área
especial para su atención médica en el hospital de Ayutla, para que pueda
recibir auxilios médicos adecuados en caso de emergencia.
“No hay en realidad muchas
posibilidades de que la situación de Aldo cambie para mejor, entonces, el
trabajo es mantenerlo estable –señaló la abogada–. La mejoría, sin embargo, es
evidente. Sus hermanos cuentan que Aldo sigue siendo berrinchudo, como siempre lo
fue, y que cuando le toca bañarse notan cómo se tensa, porque no le gusta. Y
cuentan también que cuando comienzan a hablar de la noche de Iguala, perciben
cómo Aldo se tensa, y es ahora algo evidente porque Aldo es muy grande, y muy
fuerte. En los dos primeros años, perdió mucha masa muscular, pero luego de
eso, con las terapias, ha recuperado fuerza muscular, y eso habla de la buena
reacción ante el cuidado que su familia le está dando”.
(ANIMAL POLITICO/ PARIS MARTÍNA/ OCTUBRE 5 2018 07:47)
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