Las tierras dominadas por la
delincuencia en Guerrero son: Tierra Caliente, colonias periféricas de
Acapulco, corredor Chilapa-Chilpancingo, la Costa grande e Iguala, donde
desaparecieron los 43 normalistas. En 2017, el año más violento en la historia
reciente en el país, hubo 2 mil 318 homicidios dolosos en la entidad.
Abel Barrera, del Centro Tlachinollan,
documentó que en la década de los 90 surgió el proyecto de la policía
comunitaria en los pueblos indígenas de Guerrero, lo cual está muy arraigado en
su forma de vivir y es un modelo legal. Pero ante el crecimiento de la
delincuencia en diferentes regiones donde no se rigen por estos usos y
costumbres, emergieron las autodefensas como una respuesta directa de las
comunidades que decidieron contener la delincuencia que atenta contra su
seguridad y patrimonio..
El activista dijo que la reforma al
artículo 14 de la Constitución local relacionada con la Policía Comunitaria que
aprobó este viernes el Congreso local, “es un golpe a la lucha de los pueblos
indígenas de Guerrero porque les niegan el estatus que a nivel internacional
tienen”.
Rosalba Ramírez y Zacarias
Cervantes
Chilpancingo, Guerrero/Ciudad
de México, 27 de julio (ElSur/SinEmbargo).– Con 41 votos a favor y uno en
contra, el pleno del Congreso local aprobó la reforma que envió el Gobernador
Héctor Astudillo Flores al artículo 14 constitucional en material de
reconocimiento de los pueblos originarios.
En el texto aprobado por el
Congreso local, con 41 votos a favor y uno en contra, se eliminan las palabras
“policías comunitarias y rurales” del artículo constitucional, que rige a la
ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena.
La reforma aprobada establece
que las resoluciones que emitan estos sistemas comunitarios las van a conocer
los jueces del Poder Judicial estatal; así como que aunque los pueblos y
comunidades tienen su libre determinación, las autoridades comunitarias no
tiene la autorización de realizar actuaciones arbitrarias con el pretexto de
investigar un hecho presuntamente delictuoso.
También indica que no se
deberá argumentar que siguen los usos y costumbres para justificar sus actos,
ya que su autonomía en la Administración debe ser acorde con el orden jurídico
vigente.
La Comisión de Estudios
Constitucionales y Jurídicos presentó al pleno un dictamen en el que se
establece que los jueces del Poder Judicial del estado tendrían que validar las
resoluciones de los sistemas de justicia comunitarios, y después de esta
propuesta varios diputados, de PRD y MC, afirmaron en tribuna que era menos
violatoria a los derechos indígenas la propuesta del Gobernador, que fue la que
finalmente se aprobó.
Solamente la diputada local
por Morena, María de Jesús Cisneros Martínez votó en contra de dicha
aprobación.
GOLPE A LA LUCHA INDÍGENA
El director del Centro de
Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan), Abel Barrera Hernández, declaró
que la reforma al artículo 14 de la Constitución local relacionada con la
Policía Comunitaria que aprobó este viernes el Congreso local, “es un golpe a
la lucha de los pueblos indígenas de Guerrero porque les niegan el estatus que
a nivel internacional tienen”.
Consultado vía telefónica
advirtió que en los hechos, los pueblos originarios van a desconocer esa
reforma y se van a regir con lo que ya está establecido en la Constitución
federal y en las leyes internacionales como el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).
“Es un golpe a la lucha de
los pueblos indígenas de Guerrero en cuanto a que se les niega el estatus que a
nivel internacional ya se les reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de
derecho, el derecho a su autonomía, a su libre determinación, y, sobre todo, a
ejercer sus propios sistemas normativos y en la aplicación de su sistema de
justicia y seguridad”, declaró Barrera Hernández.
El 29 de junio del año
pasado, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y
organismos como Tlachinollan entregaron a la fracción del PRD, Movimiento
Ciudadano y a la Diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez, su
propuesta de reformas a la Constitución local en la que propusieron el
reconocimiento de la CRAC y de su Policía Comunitaria en la carta magna, el
derecho a la consulta, al uso y disfrute colectivo de sus tierras, la
revocación de mandato y que se garantice el derecho a la salud y a la
educación.
Sin embargo ayer, los
diputados locales aprobaron la iniciativa que envió el Gobernador Héctor
Astudillo Flores y no la de la CRAC con el respaldo de organizaciones
Para el director de
Tlachinollan la iniciativa que se aprobó “es un golpe al mismo Estado de
Derecho que queremos que impere en la entidad, precisamente por esa debilidad
de las instituciones de seguridad y justicia que están colapsadas, corroídas
por la corrupción y que lamentablemente los mismos diputados por consignas
políticas y por visiones cortas, miopes y mezquinas, siguen decidiendo a
contrapelo de las conquistas históricas”, dijo.
De acuerdo con un informe oficial del
Gobierno de Astudillo Flores, hasta el pasado 27 de junio al menos 19 “grupos
civiles armados” y una organización denominada “policía comunitaria” operan en
el 50 por ciento del territorio guerrerense. Foto: cuartoscuro
De acuerdo con un informe oficial del
Gobierno de Astudillo Flores, hasta el pasado 27 de junio al menos 19 “grupos
civiles armados” y una organización denominada “policía comunitaria” operan en
el 50 por ciento del territorio guerrerense. Foto: cuartoscuro
Añadió que esas iniciativas
van en contra de los pueblos que a pulso han estado escribiendo una historia
marcada por la pluralidad jurídica y política y que el Gobierno trata de un
ponerles un dique “para cortarles las alas sobre todo al espíritu combativo de
los pueblos indígenas queriendo desconocer sus derechos con leyes retrógradas”.
Criticó que el poder
legislativo haya restringido los derechos de los pueblos indígenas ya
reconocidos en el ámbito internacional, y que haya vulnerado las conquistas
logradas a pulso por los pueblos originarios.
Dijo que esta es una “triste
legislatura, acotada y enana, que no alcanza a dimensionar lo que representa el
proyecto y el sistema de justicia comunitaria en nuestro estado”. Añadió que es
una lástima que los diputados no hayan reconocido este sistema que “es un
ejemplo latinoamericano”.
Recordó que la misma
Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de su relatoría especial de
los pueblos indígenas ha reconocido el aporte de la Policía Comunitaria y ha
hecho recomendaciones al Gobierno mexicano en el sentido de que se tiene que
reconocer este sistema de la Policía Comunitaria.
Añadió que por eso no crece
el país, “porque estamos ante legisladores que no tienen el pulso, mucho menos
la voluntad y la sensibilidad de lo que va avanzando la sociedad y en este caso
los pueblos originarios”.
Reprochó que a casi 24 años
de la Policía Comunitaria, se pretenda dar un golpe al sistema comunitario pero
añadió que los pueblos van a seguir exigiendo sus derechos, “no van a pedir
permiso como nunca lo pidieron desde hace 24 años para levantarse como pueblos
para decir un ya basta de un sistema de simulación de un sistema de justicia y
seguridad absoluto, corrupto y coludido con el crimen organizado”.
Declaró que los pueblos
indígenas demostraron que su sistema comunitario, fincado en el derecho
consuetudinario, en el derecho histórico de los pueblos y en la dignidad humana
es más eficaz al decidir en asambleas para constituir en un sistema válido,
legítimo y eficaz para garantizar seguridad y justicia en el estado.
Reprochó que es triste el
papel que jugaron los diputados porque en lugar de salir airosos por lo menos
con algo que se pueda contar para la historia, actuaron con mezquindad, “y
fueron analfabetas en cuanto al reconocimiento del derecho internacional que
tienen los pueblos indígenas y sucumbieron ante un interés político de acotar
esos derechos”.
Sin embargo añadió que los
pueblos indígenas van a seguir ejerciendo sus derechos en el marco de la
Constitución Mexicana en su artículo primero que reconoce todos los derechos
internacionales firmados por México.
Advirtió que como pueblos y
organismos van a hacer valer este marco constitucional y con base al Convenio
169 que también es ley en México, “es ese derecho el que se va a aplicar y
obviamente no le va a hacer mella esa ley obsoleta que están aprobando los
legisladores locales porque ya existe una ley federal y será con esa ley que se
van a regir los pueblos originarios”, insistió.
En días pasados. integrantes
de la autodefensa Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC) y de la Policía
Comunitaria Tecampanera de Teloloapan cerraron la carretera federal
Iguala-Ciudad Altamirano en el retén de Teloloapan en la salida hacia Iguala,
para exigir al gobernador Héctor Astudillo Flores el reforzamiento de la
seguridad en esa zona con mayor presencia de militares y policías estatales, y
la detención de los líderes del grupo criminal La Familia Michoacana, luego de
los secuestros de al menos tres vecinos en dos días.
De acuerdo con un informe
oficial del Gobierno de Astudillo Flores, hasta el pasado 27 de junio al menos
19 “grupos civiles armados” y una organización denominada “policía comunitaria”
operan en el 50 por ciento del territorio guerrerense -40 de los 81 municipios-
donde 18 bandas crimínales controlan y mantienen una brutal disputa por el
control de las zonas de producción, trasiego y venta de droga en las siete
regiones de la entidad, indica un informe oficial del gobierno de Héctor
Astudillo Flores.
La Policía Comunitaria de la
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (PC-CRAC), surgida en los
pueblos originarios en 1995, tiene presencia en los 15 municipios de la región
Costa Chica y 19 de la Montaña guerrerense, según un mapa compartido por el
Gobierno estatal.
EMERGENCIA DE AUTODEFENSAS
Abel Barrera, del Centro
Tlachinollan, documentó que en la década de los 90 surgió el proyecto de la
policía comunitaria en los pueblos indígenas de Guerrero, lo cual está muy
arraigado en su forma de vivir y es un modelo legal. Pero ante el crecimiento de
la delincuencia en diferentes regiones donde no se rigen por estos usos y
costumbres, emergieron las autodefensas como una respuesta directa de las
comunidades que decidieron contener la delincuencia que atenta contra su
seguridad y patrimonio.
“La falta de seguridad de los
cuerpos policiales del estado o la misma desconfianza da pie a que se
multipliquen las autodefensas. Esta situación se explica por el vacío del
Estado en garantizar seguridad, la gente llena esa mala gobernabilidad que
persiste”, explicó el activista de Tlapa.
Crescencio Pacheco,
coordinador de la Policía Ciudadana de la Sierra en Guerrero, contó que en 2013
–cuando gobernaba el perredista Ángel Aguirre Rivero– se conformaron como una
organización de Unión de Comisarios por 18 pueblos contra el azote de violencia
en el municipio céntrico de Leonardo Bravo. Ya en junio de este año se
conformaron como autodefensas en coordinación y respaldo a las fuerzas
militares y estatales gubernamentales.
“Por la inseguridad que
surgió fue grande la necesidad de organizarnos como pueblo”, dijo vía Whatsapp,
y agregó que “en 2017-2018 rebasó todas las circunstancias de los grupos
criminales que operan en el área”.
-CON INFORMACIÓN DE EL SUR
(SIN EMBARGO/ REDACCIÓN / JULIO 28, 2018, 10:40AM)
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