Después de más de cinco años
de silencio, Genaro García Luna, finalmente habló públicamente. El
controvertido Secretario de Seguridad Pública Federal en el Gobierno de Felipe
Calderón reapareció en una entrevista transmitida este domingo en El Financiero/Bloomberg,
a propósito de un nuevo libro que será distribuido a partir de hoy a través de
las diversas plataformas del diario. Salió de México fuertemente criticado por
el alto costo de vidas en la lucha contra el crimen organizado, que en 2013, en
el comparativo de aprobación presidencial, tenía a Calderón con 80 por ciento
de rechazo, contra 20 por ciento que del entrante Enrique Peña Nieto. Cincuenta
meses después, los porcentajes se invirtieron por una razón objetiva: la tasa
de homicidios dolosos en ese periodo, superó en 23 por ciento la alcanzada en
los 72 meses del sexenio de Calderón. En su libro, García Luna explica que fue
resultado de la involución en la política de seguridad pública, eufemismo del
desastre que se sigue viviendo en la administración peñista.
García Luna detalla los
porqués del colapso de la seguridad pública en el Gobierno. “No se pueden
entender las dimensiones, la naturaleza y el poder de fuego del crimen
organizado en México, si no se examina el raquitismo de las instituciones del
Estado”, escribió en el prólogo Tony Payán, director del Centro México del
Instituto Baker de Política Pública de la Universidad de Rice. “Es la
desnutrición institucional del Estado mexicano lo que justamente abre espacios
al quebrantamiento de la ley, habilita a los delincuentes con impunidad, crea
las condiciones para su crecimiento y alienta así la evolución del crimen
organizado hasta alcanzar la potencia que tiene hoy. Los delincuentes olfatean
la debilidad del Estado, como un tiburón percibe un tiño de sangre en el agua”.
No fue un proceso de
generación espontánea del Gobierno de Peña Nieto. Fue peor. Durante los últimos
40 años, recuerda García Luna, las instituciones de policía de los estados y
municipios sufrieron un abandono estructural y de inversión, que “deterioró su
operación, su infraestructura básica y tecnológica, así como sus recursos
humanos”. El Estado Mexicano empezó su transición hacia un combate al crimen
organizado en 1989, y tras casi 25 años de una política de Estado con altibajos
y deficiencias, conflictos y contradicciones, derivó en 2008 en el Acuerdo
Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, que firmaron los tres
órdenes de gobierno, empresarios, ONG’s y representantes sociales. Entre los
signatarios estaban los gobernadores del estado de México y de Hidalgo, Peña
Nieto y Miguel Ángel Osorio Chong.
Al llegar al poder en 2012,
tiraron todo a la basura, a partir de un diagnóstico primitivo: hay un
conflicto en el gabinete de Calderón que no permite la coordinación; la
violencia es porque se combate al crimen organizado. Por tanto, la clave era la
coordinación y dejar de combatir al narcotráfico durante ocho meses. Sucedió no
sólo lo contrario, sino que se metieron al peor de los mundos. Desde el primer
momento, describe García Luna, comenzó la involución. El 2 de enero de 2013, se
suprimió la Secretaría de Seguridad Pública y la absorbió Gobernación. Cuatro
sexenios de esfuerzo institucional se borraron mediante un decreto. Ese paso,
escribe García Luna, “implicó un retroceso de más de 40 años en el modelo
institucional para la atención a la seguridad”. El diseño de Peña Nieto y
Osorio Chong “corresponde al modelo de los años 70s, cuando el esquema de
seguridad obedecía a un patrón de control social más que de combate al delito y
protección de la sociedad”.
Se desmantelaron los sistemas
de interconexión de telecomunicaciones de Plataforma México, con todos sus
bancos de datos e inteligencia para combatir criminales. Se dejó de invertir en
mejorar las estructuras y capacidades de la Policía Federal, y en tecnología
–la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán es el mejor ejemplo del daño al Estado
que provocó esa negligencia-, y de evaluar a las policías municipales y los
controles de confianza se aplazaron durante dos años. “En el marco de esta
involución de la seguridad y del abandono de la conducción institucional del
gobierno en las tareas de seguridad pública”, argumenta García Luna, se
institucionalizaron las autodefensas. “En un esquema sin precedentes, el Gobierno
mexicano renunció a su obligación constitucional de garantizar la seguridad a
los mexicanos”, afirma.
El colapso de la seguridad
pública contribuyó de manera importante al colapso del Gobierno peñista. Las
estrategias implementadas por García Luna, se habían utilizado con éxito en el
mundo, y varias de ellas son sujetas de un análisis comparativo en el libro,
titulado “Seguridad con Bienestar”. Esto llevó a que el máximo de violencia
previsto en México fuera en mayo de 2011, a partir de lo cual comenzó a bajar
la incidencia delictiva ante la superioridad del Estado. La inercia, no la
estrategia como decía Osorio Chong, redujo los niveles de violencia y los
homicidios dolosos, señala García Luna. De haberse mantenido la estrategia y el
esfuerzo institucional de cuatro gobiernos, la tasa de homicidio doloso en 2016
casi habría empatado la de 2008 –sin control territorial del narcotráfico como
entonces-, con tendencia a la baja.
El diseño peñista provocó un
rebote en 2015 que cada mes, en el acumulado de homicidios dolosos, alcanza
máximos históricos que no se ve cómo puedan controlarse. Lo pomposo de la
declaración de los responsables de la seguridad al principio de sexenio de
terminar la violencia en 90 días, se convirtieron en la pesadilla que acompañará
para siempre el recuerdo de Peña Nieto.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA
PALACIO/ 16/04/2018 | 03:02 AM)
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