El último año de la administración del
exalcalde Jaime Rafael Díaz Ochoa, la Secretaría de Gobernación entregó un
monto de 106 millones de pesos para equipamiento en materia de seguridad,
mismos que, según indicó la dependencia federal, el ayuntamiento no comprobó el
pago de estos recursos provenientes entregados a través del programada
Fortalecimiento a la Seguridad (FORTASEG). La administración de Gustavo Sánchez
niega lo expresado en dicho documento y señala que solo tuvieron dos
observaciones que fueron solventadas
Más de 106 millones de pesos
que el Ayuntamiento de Mexicali percibió del Gobierno Federal a través del
programa Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), no fueron comprobados
por la administración de Jaime Rafael Díaz Ochoa, y coincidentemente, al año
siguiente se redujo el presupuesto en más de 30 millones de pesos.
En un documento facilitado
vía transparencia se dio a conocer que prácticamente todos los gastos
realizados en el último año del polémico exalcalde no tienen forma de ser
rastreados, además de no existir ningún documento que avale que se cumplió con
los programas para lo que fueron asignados, por lo que el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública turnó la documentación a la
Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Sorprendidos por la
información, tanto el Director de la Policía Municipal, Ulises Méndez
Manuell-Gómez, como el Oficial Mayor Óscar Ortega Vélez, comentaron que pudo
tratarse de un malentendido, aunque reconocieron que recibieron una auditoría
en el mes de febrero donde recibieron dos observaciones menores que fueron
solventadas y que les permitieron recibir el recurso del FORTASEG en el 2017.
Agregó que, de no comprobar
los gastos, no les habrían dado el recurso para el siguiente año que, cabe
señalar, fue 30 millones de pesos menos que el año anterior. Según los
funcionarios, esta reducción tiene que ver más con recortes federales que con
un castigo por parte del Ejecutivo Federal.
MEXICALI NO COMPROBÓ GASTOS POR 106 MDP: SEGOB
El recurso destinado al
mejoramiento de la seguridad entregado por el Gobierno Federal al Ayuntamiento
de Mexicali, no fue solventado ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, según consta en el
oficio SESNSP/UT/760/2018 y foliado con el número 2210300016918, con fecha del
04 de abril del 2018, en poder de esta casa editorial.
El documento es claro y
muestra las inconsistencias que se detectaron al cierre de este ejercicio que
concluyó, según el documento, el 31 de enero, cuando el alcalde Gustavo Sánchez
Vázquez ya se encontraba en el cargo, pero sin haber ejercido un solo peso de
este recurso.
Joel Abraham Blas Ramos,
titular en la entidad del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político (ICADEP)
del PRI, dio a conocer este documento cotejable en la Plataforma Nacional de
Transparencia, donde se precisa que de los 106 millones 722 mil 976.36 pesos,
la pasada administración tuvo 24 observaciones, en las que se indicaba que no
se comprobó prácticamente ningún gasto.
El recurso está dividido en
cinco subprogramas que cuentan con proyectos específicos que son los
siguientes:
– Fortalecimiento de Capacidades y Control de
Confianza. En este punto, el Ayuntamiento de Mexicali recibió un millón 731 mil
600 pesos, la mayoría para evaluación de permanencia y solo 162 mil pesos para
exámenes para elementos de nuevo ingreso. Sin embargo, el Secretariado
Ejecutivo indicó que no se presentaron convenios, evidencia que acredite los
procesos de evaluación ni facturas o comprobantes relacionadas con los
exámenes.
– Profesionalización e instituciones de seguridad
pública: se encuentra dividido en cinco cursos que son la “Formación Inicial” a
lo que se destinaron 950 mil pesos; “Técnicas de la función policial por 3
millones 656 mil pesos; un “Diplomado para mandos de la Policía Municipal”,
cuyo gasto alcanzó los 200 mil pesos; otro de “Evaluación de habilidades,
controles, destrezas y conocimientos para policías municipales” por 731 mil 200
pesos; y un curso de evaluación de desempeño por el que se gastó 45 mil 700
pesos.
En total son 5 millones 582 mil 900 pesos que no se
comprobó hayan sido comprometidos, devengados y pagados, ya que no se
presentaron convenios, fichas de verificación o algún documento que demuestre
la realización del curso.
– Implementación y desarrollo del Sistema de Justicia
Penal. El recurso se dividió en ocho programas relacionados con equipo y cursos
relacionados al sistema acusatorio, donde se invirtieron 21 millones 229 mil
511.36 pesos.
Fueron dos talleres de capacitación definidos como
“Curso de Primer Respondiente (40 horas)”, y “Otros programas del Sistema de
Justicia Penal”, por los cuales se pagó un millón 110 mil 005 y 2 millones 465
mil 276.93 pesos, además de la compra de dos lotes de Primer Respondiente para
patrulla y de tierra, por montos de un millón 965 mil 253.44 y 2 millones 388
mil 672 pesos. También se compraron –supuestamente– un gran número de cámaras
por montos de 7 millones 678 mil 654.80 pesos.
No existe información que
refiera hayan sido comprometidos, devengados y pagados, debido a que no se
presentaron convenios, ni evidencia que determine la recepción de bienes, la
realización de los cursos, facturas y transferencias bancarias.
También se destinaría recurso
para la compra de “material de procesamiento de indicios o elementos materiales
probatorios”, y kit de iluminación continua, por montos de 2 millones 845 mil
618 y 521 mil 431 pesos, los cuales se desconoce si fueron adquiridos o
pagados, pues nada los respalda. Ni siquiera existe evidencia de transferencias
bancarias, algo que, según Blas Ramos, es obligatorio para las autoridades
realizar compras por este medio desde 2014.
– Fortalecimiento tecnológico de equipo e
infraestructura de las instituciones de seguridad pública. Para este rubro se
destinaron 71 millones 561 mil 089 pesos, la mayor partida.
Se comprarían camisolas, pantalones, botas, chamarra
insignias, chalecos antibalas, además de pick ups doble cabina y patrullas tipo
sedán, estos dos últimos tendrían montos de 31 millones 537 mil 012.60 y 17
millones 041 mil 444 pesos, es decir, la mayoría del recurso.
El documento precisa que no
se presentaron contratos, transferencias bancarias, facturas ni actas de
entrega-recepción.
– Mantenimiento correctivo y preventivo para el equipo
de radiocomunicación. Este último rubro destinó recursos por 2 millones 617 mil
876 pesos, y aunque se permite omitir el proceso de licitación debido a que se
trata de un equipo especial de seguridad estatal, el Municipio no facilitó
documentos relacionados con la compra del mismo, mucho menos comprobantes.
Del análisis que realizó el
SNSP solo se comprobó la entrega de 26 millones de pesos de las aportaciones
que el Municipio debe realizar para hacerse acreedor al recurso federal, el
cual no tiene observaciones de ningún tipo, pues se destinó debidamente en las
mejoras de condiciones laborales a policías y la homologación salarial.
Cabe mencionar que la
respuesta de 11 páginas concluye que “no se presentó la documentación
comprobatoria que acredite el gasto reportado por el beneficiario… por lo que,
atendiendo a la normatividad aplicable, dichas observaciones se harán de
conocimiento de la Auditoría Superior de la Federación”.
Además, señala que el informe
final concluye es de “carácter definitivo”, por lo que cualquier aclaración
deberá hacerse a la ASF.
AYUNTAMIENTO RECHAZA IRREGULARIDADES
Tanto el Director de la
Policía como el Oficial Mayor, se dijeron sorprendidos por la documentación,
pero rechazaron que tuvieran irregularidades o que la Secretaría de Gobernación
exigiera cuentas sobre el tema.
Ulises Méndez Manuell-Gómez
aseveró que de haberse dado un hecho de esta naturaleza no se les habría
entregado el FORTASEG del siguiente año, donde hasta el momento no tienen
ningún problema.
Comentó que ellos solo
recibieron dos observaciones por el retraso en la entrega de chalecos antibalas
por parte de la empresa y por un pago realizado a través de cheques cuando
obligatoriamente deben realizarse por medio de transferencia bancaria, pero que
fueron solventadas sin problema alguno.
El oficial Mayor Óscar Ortega
Vélez fue más allá, afirmando que en febrero o marzo del 2017 hubo una
auditoría por parte del Gobierno Federal, donde solo tuvieron dichas
observaciones que fueron solventadas sin problema.
Comentó que observó el
dictamen final y que los absolvía de cualquier irregularidad, por lo que no
comprende los motivos por los que la Secretaría de Gobernación diera a conocer
que existe incumplimiento.
Referente a la reducción de
106 a 75 millones de pesos que recibieron al año siguiente, el funcionario
municipal comentó que se debió más bien a una reducción de la bolsa FORTASEG y
no por un castigo o sanción por algún incumplimiento. En 2018 también hubo una
reducción de 4 millones de pesos.
Aunque dijo no recordar a
cuánto ascendían las observaciones referidas por el Gobierno Federal que
solventaron, indicó que todo estaba sustentado en contratos, aunque reconoció
que por el tiempo no podría tener total certeza de dónde estaban ubicados.
“Todo fue documentado, hasta
donde sabemos, debidamente comprobado, y entregado en tiempo y forma, en los
límites de tiempo, pero entregados”.
Méndez Manuell-Gómez afirmó
que todo lo que se compró fue entregado y se cuenta con ello para la
operatividad policíaca.
LOS CONTRATOS
Tras una revisión en la
página del Ayuntamiento de Mexicali donde se encuentran todos los contratos
celebrados desde el 2014 a la fecha, se pueden confirmar algunas compras, pero
no existe evidencia del gasto de por lo menos 53 millones de pesos, además de
no tener la certeza de que fuera entregado todo el equipo.
Se trata de cuatro contratos
con los que se adquirieron 30 vehículos tipo sedán, para patrulla, por los que
se devengó un monto de 16 millones 941 mil 720 pesos, los cuales fueron
comprados a Automotriz del Valle, propiedad del exgobernador Eugenio Elorduy, a
través de una licitación nacional.
Oficialmente, no existe
registro documental del proceso de compra de vehículos tipo pick up de doble
cabina, por el monto de 31 millones de pesos que tenían presupuestado; sin
embargo, ZETA tuvo acceso al video de una televisora local que evidenció la
noticia de la entrega de las mencionadas unidades marca Ford, pocos días antes
de culminar la anterior administración municipal.
Los otros contratos fueron la
compra de uniformes por 21 millones 128 mil 250 pesos, en favor de Baja Equipos
y Textiles S. de R.L., propiedad de Óscar Rodríguez Hermosillo y Abel Sosa
Zuno, el primero de ellos además tiene una empresa llamada Colchonera Monarca,
que comparte propiedad con el panista Alejandro Caso Niebla; de esta empresa
también fue propietario el ex secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Luis
Javier Algorri Franco, quien inyectó capital en 2014, pero renunció de sus
beneficios como socio al año siguiente.
En su lugar entró Salvador
Lombroso Levi, quien también fue socio del hijo del exalcalde Carlos Bustamante
Anchondo, en un casino.
El Ayuntamiento de Mexicali
compró 4 mil 100 botas, camisolas, pantalones, además de 2 mil 50 chamarras e
insignias metálicas. La misma empresa surtió al Municipio de mil 338 cámaras
fotográficas, además de 960 kit de primer respondiente de agentes y otros 438
para patrulla, por los que pagaría poco más de 12 millones de pesos, en total.
Es decir, todos los contratos fueron para la misma empresa.
Por otro lado, el
Ayuntamiento de Mexicali también contrató a la empresa FINUTIL, S.A. de C.V.
para otorgar vales de apoyo educativo para la Policía Municipal, por lo que
devengó 3 millones 780 mil pesos. Sin embargo, no existe información sobre
específicamente de qué rubro se obtuvo se extrajo este recurso.
(SEMANARIO
ZETA/ EDICIÓN IMPRESO/ EDUARDO VILLA LUGO/ LUNES, 16 ABRIL, 2018 12:00 PM)
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