México amanece sin Fiscal General –una figura clave
del Sistema Nacional Anticorrupción- y sin Procurador General de la República.
Mientras, se mantiene como el país más corrupto de América Latina, según el
indicador Latinobarómetro. Raúl Cervantes Andrade decidió renunciar a la
Procuraduría General de la República después de un año de gestión durante el
cual, cinco Gobernadores de su partido, el PRI, emprendieron la huida, mientras
que se iniciaron averiguaciones en contra de miembros del Gabinete federal.
Su trayectoria fue marcada por la opacidad tanto de su
fortuna como de su desempeño, así como un embrollo político por esa aspiración
suya que no pudo cumplir de convertirse en Fiscal General. En los 12 meses en
la PGR, ganó casi dos millones y medio de pesos; pero en su declaración
patrimonial dejó claro que no deseaba hacer públicos sus bienes como tampoco
sus posibles conflictos de intereses. Él, quien en su semblanza en el Senado
escribió que era miembro del Consejo de Administración de varias empresas que
ha asesorado.
Ciudad de México, 17 de
octubre (SinEmbargo).– Hace un año, pese a todo, Raúl Cervantes Andrade tenía
más que ganar que perder. Frente a sí estaba la oportunidad para despejar la
nube de desconfianza que cubría a la Procuraduría General de la República
después de la endeble “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43
estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero.
Pero un año después, prefirió
dimitir. Y esos 12 meses, en los que fue Procurador, bastaron para dejar una
trayectoria en la que se impuso la opacidad tanto de su gestión como de su
fortuna, así como un embrollo político por esa aspiración suya de convertirse
en Fiscal General que desembocó en un Sistema Nacional Anticorrupción
incompleto, sin el pilar fundamental.
Hoy, México, que en días
recientes apareció hundido en el Índice de Transparencia Internacional como el
más corrupto de América Latina, amanece sin Fiscal porque los partidos
políticos no aceptaron a Cervantes Andrade; pero también sin Procurador.
En las manos de quien ayer
renunció cayó la crisis detonada por la corrupción de los ex Gobernadores y
otras figuras de alto cargo de su partido, el Revolucionario Institucional
(PRI). Y él, como fumarolas, los dejó escapar.
Durante cuatro años, varias
Organizaciones no Gubernamentales pugnaron por la construcción de un Sistema
Nacional Anticorrupción, un edificio legal que tenía como pilares a siete
instituciones –entre ellas la Secretaría de la Función Pública y la
Procuraduría General de la República- destinado a combatir una lacra que le
cuesta a México casi el 10 por ciento del Producto Interno Bruto, según el
Consejo Coordinador Empresarial.
Cervantes Andrade, Doctor en
Derecho por la Universidad Panamericana –la misma donde estudió Enrique Peña
Nieto– y quien fungió como abogado nacional del PRI con cinco de sus
dirigentes, fue propuesto para el principal cargo de la Procuraduría por el
Presidente de la República. El 26 de octubre, el pleno del Senado ratificó su
nombramiento, así como su licencia para dejar la curul en esa cámara, con 81
votos a favor, tres en contra y una abstención.
Llegó para sustituir a Arely
Gómez, quien siempre mostró un perfil más técnico que político. Gómez se fue a
la Secretaría de la Función Pública, un cargo que permaneció vacante desde que
Virgilio Andrade Martínez lo dejara el 18 de julio de 2016. El encargo que
había tenido Andrade Martínez fue investigar si el Presidente y el entonces
Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, habían incurrido en conflicto de
intereses al adquirir mansiones con un crédito otorgado por el Grupo Higa, de
Juan Armando Hinojosa Cantú, contratista millonario del Gobierno. Su
resolución, muy cuestionada, fue que no hubo práctica anómala.
En el movimiento de fichas, a
Andrade Cervantes le tocó el trabajo más arduo: la PGR, el eje por el que han
pasado todos los conflictos de justicia ocurridos desde que en diciembre de
2012 arrancó el peñanietismo. Las tragedias de Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato y
Nochixtlán se encuentran en gruesos expedientes en esta instancia. La fuga del
ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte –ya detenido- también es una carpeta
ahí. Los presuntos sobornos a Emilio Lozoya Austin, ex Director de Petróleos
Mexicanos por la empresa brasileña Oderbrecht, integran una averiguación
previa. El socavón de diez metros que se abrió en el paso exprés de Morelos y
que implicó a Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes,
también.
De la posición ya había caído
Jesús Murillo Karam, al presentar una “verdad histórica” endeble sobre la
desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, un episodio que
convirtió a la PGR en una de las instituciones con menor credibilidad, según
todas las encuestas de percepción, en casi un sepulcro político, mientras que
el grito de “Nos faltan 43” reventaba en las calles.
Ahí llegó Raúl Cervantes, el
hombre que había sido diputado en dos ocasiones y hasta el día de su
nombramiento fue Senador. El que había contendido para integrarse como Ministro
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero que tuvo que declinar
luego de que ciudadanos recabaran firmas para evitar que personas ligadas a
partidos políticos ocuparan una silla en la Corte.
Y, como en otros
nombramientos, en la propuesta del Presidente no pesó que Cervantes Andrade
fuera primo de Humberto Castillejos, ex asesor jurídico de la Presidencia y
quien también asesoró al ex Procurador Eduardo Medina Mora, quien desde 2014 es
Ministro de la SCJN. Tampoco su lazo parental con Alfredo Castillo Cervantes,
quien fue comisionado para la paz en Michoacán después de haber ocupado varios
cargos, y ahora es Director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
(Conade).
Raúl Cervantes en una imagen de julio de
2012, cuando fungía como defensor jurídico de la campaña de Enrique Peña Nieto.
En esa ocasión asistió a la PGR para presentar una demanda contra las
imputaciones del PAN y PRD sobre un presunto lavado de dinero utilizado en esa
campaña presidencial del PRI. Foto: Cuartoscuro
¿QUÉ GANÓ CERVANTES ANDRADE?
En su año de gestión, el ex
Procurador asentó en su declaración patrimonial que no estaba de acuerdo en
hacer públicos sus bienes patrimoniales ni sus posibles conflictos de
intereses. La publicidad de la declaración patrimonial era una de las
propuestas para cimentar al Sistema Nacional Anticorrupción, pero el Presidente
Enrique Peña Nieto vetó la Ley respectiva.
Después de una campaña de
difusión de meses, organizaciones de la sociedad civil recabaron 634 mil firmas
para que la bautizada “Ley 3de3” fuera aprobada. Pero no pasó. La madrugada del
15 de junio de 2016, la discusión en el Senado se centró en si las tres
declaraciones debían ser públicas. Luego, el PRI y el Partido Verde Ecologista
de México (PVEM) colocaron en el dictamen aprobado la acotación de que las
declaraciones patrimonial y de intereses debían ser públicas sólo cuando no
afectaran “la vida privada”.
Y al final, sólo se le hizo
una adenda al artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, y no sólo quedó a voluntad de los funcionarios si publican o
no sus fortunas, la de impuestos quedó fuera.
De modo que, en este
escenario, Raúl Cervantes puede irse sin decirle a los ciudadanos si su fortuna
creció o se achicó mientras fue servidor público. El Portal de Obligaciones y
Transparencia informa que el Procurador mexicano tiene al mes como salario
bruto, 205 mil 122 pesos. Así que este año, Cervantes Andrade percibió dos
millones 461 mil 464 pesos.
En cuanto a sus posibles
conflictos de interés, por la semblanza que aceptó publicar en la página
institucional del Senado de la República, es posible saber que fue abogado de
empresas en los sectores de autotransporte, aviación, telecomunicaciones,
energía, satélites, ferrocarriles y medio ambiente. Él mismo lo dice en dicho
documento. En algunas empresas de esos sectores es miembro del Consejo de
Administración.
El 18 de julio, el Presidente
promulgó el marco normativo del SNA. La Secretaría de la Función Pública (SFP)
y la PGR adquirieron mayores atribuciones para desmantelar redes de cómplices y
castigar el peculado, el abuso de autoridad, los llamados “moches” y la
colusión de intereses, entre otros delitos de daño a la Nación.
Si bien estaba llamado a
esclarecer escándalos de corrupción, él mismo protagonizó uno. Una
investigación periodística de Claudio González Caraza, de Mexicanos contra la
Corrupción reveló que adueñaba un auto Ferrari 458 Coupé de 8 cilindros, modelo
2011, que fue facturado en 3 millones 890 mil 932 pesos en Morelos, entidad
donde no se paga el impuesto de la tenencia.
Juan Silva Meza, entonces presidente de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Ricardo Anaya, presidente de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados; Raúl Cervantes Andrade, Senador del PRI en
funciones, y Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, en el Primer
Informe de Gobierno de EPN. Foto: Cuartoscuro
***
Cuando asumió como Procurador
tenía 53 años de edad y el peso de la acusación de su ex esposa, Angélica
Fuentes Téllez quien en un programa de radio había declarado: “Duré un año de
casada. Me divorcié porque me golpeó. Por ahí alguien me dijo un día: “Te
pegó”. Y le dije: “No, no me pegó, me golpeó”. Los golpes se quedan marcados en
el físico” –reveló la empresaria de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Pero nada parecía perturbarlo
con gravedad.
Aquel día de su nombramiento,
en el Senado, Cervantes Ahumada escuchó de la Senadora por el Partido de la
Revolución Democrática, Angélica de la Peña: “¿El nombramiento suyo es como
Procurador General de la República o ya camina usted hacia ser el nuevo Fiscal
General de la República?”
No negó su pretensión. “Sí,
vengo, y lo dice ese comunicado, y se los digo abiertamente, y lo he
verbalizado todo el tiempo: en breve generar una ley que tenga la potencia, la
credibilidad y funcionalidad de lo que necesita México para ejercer la acción
penal, y que el transitorio habilitaría que fuera yo Procurador que pasaría a
la Fiscalía”.
Luego, quien duraría sólo un
año en el cargo, señaló la urgencia de aprobar las leyes faltantes para
convertir a la PGR en la Fiscalía General, así como el artículo transitorio que
lo convertiría a él en titular de la Fiscalía.
Pero pronto, lo bautizaron
“Fiscal carnal” por su cercanía con el Presidente. Y ya no pudo deshacerse del
epíteto. El PRD, PAN y el mismo PRI votaron en contra del pase automático para
que el Procurador se convirtiera en Fiscal general y permaneciera nueve años
más en el cargo.
El tiempo corría en contra.
El Sistema Nacional Anticorrupción, cuyas leyes había promulgado un año antes
el Jefe del Ejecutivo, debía estar listo el 19 de julio. Y su avance se
entrampaba por el pendiente del Fiscal. No iba a ser Cervantes Andrade, pero
entonces, ¿quién? La fecha llegó y el sistema tuvo que nacer sin fiscal.
El cáncer avanzó, se
reprodujo y sus metástasis brotaron en los tres niveles de Gobierno; pero
también en los empresarios y los ciudadanos. En 2016, a la pregunta si respecto
a hace un sexenio, el país era menos, más o igual de corrupto, las respuestas
de más pasaron de 36 a 50 por ciento entre diciembre y marzo, según la encuesta
GEA-ISA. Por su parte, la segunda edición del estudio México: Anatomía de la
Corrupción, presentado en octubre 2016 por el Instituto Mexicano de la
Competitividad y la organización Mexicanos contra la Corrupción, indicó que la
mexicana era en su conjunto una sociedad que estaba dispuesta a incurrir en
corrupción “si de ella obtiene un beneficio personal”.
En octubre de este año, México
se convirtió en el país más corrupto de América Latina según encuestas
ordenadas por Transparencia Internacional.
El diseño del SNA tomó cuatro
años. En un proceso sin precedentes, Gobierno y organizaciones civiles
debatieron para agrupar y alinear a siete instancias gubernamentales en el
combate a la corrupción bajo una sola política. Pero se entramparon en el
nombramiento del Fiscal.
La figura es tan fuerte que
está dotada de facultades para no sólo ir en contra de personajes; sino para
desarticular redes. ¿Quién y cuándo se decidirá? No hay fecha para ello. El
Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dijo ayer en el Foro
“Impulsando a México”, organizado por el diario El Financiero que la dimisión
de Cervantes Andrade dificultará que el Senado nombre Fiscal General. Planteó
que quizá, “el tema se tenga que dejar hasta pasada la elección de 2018”.
“Creo que la definición de un
Fiscal o un Procurador idóneo, con credenciales para desempeñar esa
responsabilidad no puede estar secuestrada por la efervescencia política. Creo
que difícilmente estaríamos en condiciones, creo yo que el Senado, a quien le corresponde
el nombramiento, no tendrá condiciones para definir a un Fiscal y a lo mejor
tendríamos que esperar a que ocurra la elección de julio del próximo año para
que entonces se decante un poco la efervescencia”, dijo Peña Nieto.
Será entonces, quizá, cuando
se pueda ver a los ojos al monstruo de la corrupción. Por lo pronto, México
amanece sin Procurador ni Fiscal que procure justicia.
Octubre de 2016. Entre abrazos, Raúl
Cervantes se despide de su coordinador Emilio Gamboa Patrón tras solicitar licencia
para para poder ser candidato a Procurador General de la República. Foto:
Cuartoscuro
(SIN EMBARGO/ LINALOE R. FLORES/ OCTUBRE 17, 2017,
12:05 AM)
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