De 2008 a 2014 se tiene registro de 103
quejas por tortura en Sinaloa, de
acuerdo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entre éstas se encuentra
el caso de Yesenia Armenta Graciano, una mujer que lleva casi cuatro años en
prisión acusada de asesinar a su esposo. La única prueba en su contra, sin
embargo, es un documento que ella firmó con los ojos vendados, después de haber
sido torturada y violada durante horas por policías locales. A su historia se
suma la de dos jóvenes señalados recientemente por el homicidio de dos turistas
australianos; uno de ellos denunció bajo tortura y luego de la siembra de
evidencia.
Yesenia en la prisión, en mayo de 2015.
Foto: Amnistía Internacional.
Ciudad de México, 14 de mayo
(SinEmbargo).– Yesenia Armenta Graciano creía que estaba secuestrada. Con los
ojos vendados y las manos esposadas hacia atrás, colgaba boca abajo atada de
los tobillos. Escuchaba amenazas. Creía que no saldría viva de aquella bodega a
la que fue llevada el 10 de julio de 2012 por policías vestidos de civil, luego
de obligarla a salir de su automóvil. Después de ser golpeada, asfixiada y
violada la obligaron a firmar una confesión que no pudo leer. A raíz de esa
evidencia sustraída por medio de tortura, lleva casi cuatro años encarcelada en
el penal de Aguaruto, en Culiacán, Sinaloa, acusada de haber asesinado a su
esposo.
A pesar de todos los abusos a
los que fue sometida, afirma Amnistía Internacional, la Procuraduría General de
Justicia (PGJ) de la entidad gobernada por Mario López Valdez, mejor conocido
como “Malova”, no ha presentado ninguna prueba legítima y concreta. De aquella
pesadilla sí hay huellas y, además, recomendaciones de las comisiones de
derechos humanos estatal y nacional para investigar y castigar la tortura, así
como reparar el daño físico y psicológico.
El próximo julio se cumplen
cuatro años de que ella vive en prisión lejos de sus hijos y, en contraste, los
policías ministeriales que la torturaron brutalmente continúan en libertad.
“En el estado de Sinaloa la
tortura se tolera sin ninguna consecuencia […]. Nos lleva a cuestionar
muchísimo la independencia de procuración de justicia en ese estado y nos lleva
a preguntarnos sobre qué intereses pueden estar implicados en este caso”,
declaró a SinEmbargo Madeleine Penman, investigadora sobre tortura en México de
Amnistía Internacional.
El 9 de mayo pasado, la Procuraduría
local formuló al juez conclusiones acusatorias. “A pesar de que cuatro peritos
de gran calidad han verificado la tortura que Yesenia vivió, la han seguido
acusando de un delito fabricado”, aseguró Penman.
Ahora el juez es quien tiene
que determinar si será liberada o condenada por delito de homicidio agravado.
No tiene un plazo definido, pero es probable que tarde un par de meses para
tener un fallo.
“DE TODAS LAS FORMAS ME AGREDIERON”
“Señora, conteste todo lo que
le pregunten porque si no la va a pasar muy mal”, escuchó aquel 10 de julio sin
poder ver nada. “Me hablaba de una persona que le gustaba cortar lenguas y
orejas. Que estaba afilando el cuchillo. Que iban a traer a mis hijos y los
iban a violar y hacer pedazos”, narró Yesenia para Amnistía Internacional. “De
todas las formas me agredieron”, recordó.
“No quiero pasar otro día más
aquí. Necesito su ayuda: las autoridades deben saber que el mundo las está
viendo. Sin esta presión, las autoridades se olvidarán de mí”, escribió en una
carta.
Su esposo Jesús Alfredo Cuén
Ojeda, médico en la Dirección de Deportes de la Universidad Autónoma de
Sinaloa, fue asesinado a disparos al salir de un restaurante la mañana del 2 de
julio de 2012, un día después del proceso electoral en el que su hermano Héctor
Melesio participó como candidato al Senado por el Partido Nueva Alianza
(Panal).
El cuerpo quedó boca arriba
cerca de la camioneta en la que se subiría. Los peritos ubicaron a su alrededor
nueve casquillos de arma de fuego calibre nueve milímetros. El Procurador de
Justicia estatal, Marco Antonio Higuera Gómez, declaró que las primeras
investigaciones revelaron “que fue un solo sujeto” quien lo asesinó, reportó la
prensa local. El sospechoso, agregó, viajaba en un vehículo color blanco.
Luego que Yesenia, bajo
tortura, firmó un documento que nunca leyó, la versión se amplió.
La PGJ de Sinaloa informó, de
acuerdo con una nota del 12 de julio de 2012 del diario Noroeste, que Yesenia
“confesó haber pagado 85 mil pesos a una célula delictiva para que asesinara a
su esposo, y fue la encargada de ‘ponerlo’ el día del crimen”.
También fue detenido Luis
Enrique Hernández Maldonado, quien vigiló si había policías en las cercanías
donde ocurrió el homicidio.
El Procurador Higuera Gómez
añadió que Yesenia declaró quiénes colaboraron con ella, quién fue el contacto
con las personas que cometieron el asesinato y también que ella corroboró que
la víctima se encontraba en el restaurante.
Según la confesión, la pareja
estaba en trámites de divorcio y ella, “víctima de maltrato”, buscaba cobrar un
seguro de vida. El Procurador descartó que el móvil del homicidio tuviera
relación con el ex candidato al Senado.
“La Procuraduría de Justicia
de Sinaloa está jugando el papel de juez y parte, es decir, son los
torturadores de Yesenia y también los que llevan la acusación en su contra. Eso
es un grave atento a la justicia”, consideró Madeleine Penman, investigadora de
Amnistía Internacional.
CNDH PIDE CASTIGAR SU TORTURA
En febrero de 2013, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Sinaloa determinó que aplicaron tortura en contra de Yesenia y lo notificó a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). En septiembre de 2012, médicos independientes ya habían detectado señales físicas y psicológicas.
El Ombudsman sinaloense, Juan José Ríos Estavillo, informó que encontraron violaciones a su derecho a la libertad, integridad, seguridad personal, legalidad y salud. Ante ello, recomendó iniciar una investigación contra los servidores públicos identificados como responsables.
La PGJE no aceptó la recomendación por no estar acreditada la existencia de una “situación de coacción” contra la mujer.
Dos años después, en enero de 2015, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió al Gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, acatar las disposiciones emitidas por la CEDH por la tortura a Yesenia Armenta. Coincidió en que se violaron los derechos humanos a la integridad y seguridad personal, así como al trato digno, y demandó a López Valdez que se repare el daño.
“Después de la recomendación de la CNDH en 2015, el estado de Sinaloa abrió una averiguación previa por tortura en el caso de Yesenia. Nosotros tenemos contacto con la Procuraduría estatal, pero no hemos visto resultados completos. Peor aún, después de tantas evidencias y a cuatro años de su tortura, la Procuraduría tuvo la audacia de mandar peritos para retraumatizarla y levantar otra pericia para fallar que ella no fue torturada”, dijo Madeleine Penman, de Amnistía Internacional.
AMNISTÍA INTERNACIONAL EXIGE JUSTICIA
Yesenia firmó, luego de ser
torturada por policías de Sinaloa y con los ojos vendados, una confesión que la
retiene en la cárcel. Foto: Amnistía Internacional.
Más de siete mil firmas
exigen que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial
sobre la tortura sufrida por Yesenia Armenta y que se retiren los cargos en su
contra.
Amnistía Internacional
implementa esta petición en su plataforma Alza tu Voz. En una carta emitida al
Procurador estatal Marco Antonio Higuera Gómez, denuncia que médicos forenses
de la Procuraduría General de la República la examinaron. Sin embargo, no
mencionaron indicio alguno de tortura u otras formas de malos tratos.
“Le pido que implemente las
recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de revisar la
aplicación de los exámenes médicos forenses a víctimas de tortura, para que
cumplan plenamente las normas internacionales de derechos humanos, como el
Protocolo de Estambul, que México ha prometido respetar y defender desde hace
muchos años. Las víctimas de tortura merecen un examen inmediato y adecuado a
cargo de expertos independientes a la Procuraduría General de la República”,
dice la misiva.
De acuerdo con Erika
Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, Yesenia
es una de las miles de víctimas “del malvado sistema de justicia mexicano” que
muy a menudo se basa en evidencia extraída bajo tortura u otros malos tratos
para sentenciar a personas.
“Yesenia debe ser liberada
inmediata e incondicionalmente y se debe lanzar una investigación urgente para
asegurar que aquellos que abusaron de ella enfrenten la justicia. Si esto no se
hace, se perpetuará el temible mensaje que la policía y los militares pueden
torturar a cualquiera para que confiese sin que hayan consecuencias”, pidió
este mayo en un comunicado de la organización.
Mañana, en la Plaza de
España, de Santa Cruz de La Palma, en España, Amnistía Internacional llevará a
cabo una manifestación con el objetivo de “despertar” al Procurador del Estado
de Sinaloa, Marco Antonio Higuera, que lleva más de tres años “dormido” sin
revisar la situación de Yesenia.
Los activistas escenificarán
una “guerra de almohadas” entre dos bandos: uno, el de quienes lucirán máscaras
del Procurador, y el otro, el de quienes exigen la liberación de la mujer
torturada.
TORTURA EN SINALOA
De 2008 a 2014 se tiene el
registro de 103 quejas por tortura en Sinaloa, revelan cifras de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos en Sinaloa. Pero de acuerdo con el Consejo de la
Judicatura Federal (CJF) no ha habido ninguna sentencia.
“A nivel estatal, la regla es
la impunidad casi absoluta”, concluyó el Centro Prodh en su Informe sobre
Patrones de Violaciones a Derechos Humanos. La ausencia de justicia “repercute
en el reconocimiento legal del carácter de víctimas a las personas
sobrevivientes de tortura a efecto de recibir una reparación integral del
daño”.
A nivel federal, la
Procuraduría General de la República (PGR) documentó que el número de denuncias
de tortura presentadas aumentó más del doble entre 2013 y 2014 de mil 165 a 2
mil 403 casos, de acuerdo con el informe de Amnistía Internacional “La epidemia
de la tortura en México continúa”. De los 2 mil 403 casos, mil 622 se
encontraban bajo investigación.
“La falta de seguimiento y
control respecto a las denuncias de tortura suscita serias dudas sobre la
capacidad de las autoridades para reunir pruebas suficientes con las que lograr
una condena”, acusó Amnistía.
Los médicos oficiales,
añadió, a menudo no documentan adecuadamente las señales de tortura y malos
tratos, tanto físicos como psicológicos, tras el arresto de un detenido.
El 29 de abril de este año la
Ley General contra la Tortura fue aprobada por el Senado y actualmente se
encuentra una minuta en la Cámara de Diputados.
“La actual minuta tiene
puntos que pueden ser positivos, pero de ninguna manera estamos fuera de la
zona de peligro sin un dictamen que cumpla con los estándares internacionales
de derechos humanos que asegure que cualquier prueba obtenida bajo tortura sea
excluida del proceso y sin una buena entrada en vigor del nuevo Sistema Penal
Acusatorio”, opinó Penman.
De acuerdo con el documento,
todo “delito cometido por cualquier servidor público que cause dolor o
sufrimiento físico o psíquico a una persona” es un acto de tortura, mismo que
se sanciona con una pena de 10 a 20 años de prisión y de 500 a mil días de
multa.
Si los tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes se presentan cuando un servidor público veje,
maltrate, degrade, insulte o humille a una persona, se castigará con una
sanción que va de 3 meses a 3 años de prisión y hasta 200 días de multa.
CASO DE AUSTRALIANOS
Los jóvenes australianos asesinados en
Sinaloa. Foto: Noroeste
Julio César González Muñiz,
Martín Ponce Rogelio Muñiz (primos) y Sergio Simón Benítez fueron señalados por
las autoridades sinaloenses como los culpables del asesinato de los dos
australianos Dean Lucas y Adam Russell Coleman, quienes desaparecieron en noviembre
durante sus vacaciones en la costa del Pacífico.
Sin embargo, de acuerdo con
una queja levantada por sus familiares en la Comisión Estatal de Derechos
Humanos (CEDH), los hombres presos confesaron bajo golpes y amenazas.
“Ellos estaban echando agua
en mi nariz y boca”, contó Martín Ponce a Men’s Journal desde prisión. Él
estaba dormido en casa de su hermana cuando los policías arribaron. “Ellos
estaban hiriendo a mi hermana, lastimándome, queriendo que les dijera dónde
vivía Julio [su primo]”, añadió.
El 4 de diciembre, el
Procurador de Sinaloa Marco Antonio Higuera informó que los tres detenidos
pertenecían a un grupo de robo de vehículos que utilizaban uniformes falsos de
corporaciones policiacas para atacar a sus víctimas.
Ellos sembraron los uniformes
y armas, acusó Martín. Nosotros no estuvimos envueltos, dijo.
El abogado de los primos,
Francisco Fierro Verdugo, declaró al medio que las autoridades de Sinaloa
estaban bajo mucha presión nacional e internacional para encontrar a los
culpables del homicidio. “Los arrestos aliviaron esa presión”, sugirió.
La medianoche del 20 al 21 de
noviembre fue la última vez en que los turistas fueron vistos. El empleado de
una tienda les indicó la ruta hacia Mazatlán. Al no poder comunicarse con
ellos, sus novias, familiares y amigos comenzaron a solicitar ayuda.
Los cuerpos de los surfistas
fueron localizados ya calcinados en el interior de una camioneta el sábado 21
de noviembre, en unas tierras de cultivo ubicadas entre los poblados Juan
Aldama, “El Tigre” y San Blas, en Navolato, Sinaloa.
(SIN EMBARGO.MX/ DULCE OLVERA/ MAYO 14, 2016 - 12:05 AM)
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