El Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira
Valdez, ha insistido a lo largo de su mandato en que la prensa estatal no
publica nada sobre “los triunfos” que se tienen en contra de la delincuencia y
la inseguridad. Y ese es su lado de la moneda, pero en el primer trimestre de
este año, Artículo 19 ha documentado cuatro agresiones graves contra la prensa
en esa entidad.
Ciudad de México, 7 de mayo
(SinEmbargo).– Desde el 3 de mayo pasado, día en que se conmemoró el Día
Mundial de la Libertad de Prensa, el diario Vanguardia ha sido blanco de
agresiones directas e intimidaciones, además de blanco de una demanda del ex
Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdez, que incluye a la reportera
Roxana Romero, por supuesto daño moral tras la publicación de una nota sobre la
autorización de la pensión del priista por su labor como maestro en la entidad.
Grupo civiles nacionales e
internacionales a favor de la libertad de expresión han condenado esos ataques
y sus alarmas se encendieron el viernes pasado, cuando decenas de policías de
la entidad irrumpieron con violencia en casa de Armando Castillo Galindo,
director del periódico Vanguardia.
Decenas de Organizaciones No
Gubernamentales (ONGs) se han pronunciado al respecto y exigen al Gobierno de
Coahuila apegarse al Estado de Derecho, pues hay un aumento en las acciones
intimidatorias contra los medios de comunicación en la entidad: en el primer
trimestre de este año se han documentado cuatro agresiones contra la prensa
local, plantea un reciente informe de la organización internacional Artículo
19.
Ayer, además, el reportero de
la fuente policiaca Sergio Raúl Hernández Gijon, de la emisora “La Rancherita
del Aire”, fue detenido por elementos de la policía de Piedras Negras,
Coahuila, después de tomar fotografías de un choque entre dos patrullas. “Aquí
no puedes tomar fotos”, le dijo un elemento y lo esposó. Por la tarde, el
Secretario del Ayuntamiento, José Hermelo Castillón Martínez, informó que el
policía fue cesado.
EL CASO VANGUARDIA
“Desde hace unas semanas
Vanguardia y sus periodistas están sufriendo una serie de actos de difamación,
espionaje, acoso, vigilancia, intimidación y un ataque cibernético por motivos
desconocidos”, denunció el diario el jueves pasado.
El martes, la periodista
Roxana Romero fue objeto de actos de intimidación, denunció Artículo 19, ya que
dos sujetos siguieron el taxi donde ella se trasladó de la redacción a su casa.
Dado que la unidad pasó al menos dos veces más frente al domicilio, Romero y su
familia dejaron su hogar durante algunos días.
La reportera cubre temas de
educación y notas comunitarias y humanas. No maneja información de seguridad
pública desde hace más de un año.
El pasado 27 de enero
diversas páginas web fueron creadas para difamar, insultar e intimidar a
miembros de Vanguardia, al igual que a otros periodistas y comunicadores de
Coahuila. Asimismo, el 25 de abril los servidores del medio fueron atacados
desde un DDoS desde Puebla, Coahuila y Nuevo León, pero el equipo técnico logró
bloquear el ataque cibernético.
Durante la madrugada del
viernes, alrededor de 30 elementos de Fuerza Coahuila, el grupo de seguridad
estatal, desalojaron de su casa con exceso de violencia a Armando Castilla
Galindo, director del diario, y fue despojado de sus pertenencias.
“No podemos ignorar que este
presunto acto judicial coincide con las denuncias que hemos realizado en los
últimos días para dar a conocer actos de ‘vigilancia’ e intimidación que han
sufrido miembros dede nuestro personal y nuestro Director”, expuso Vanguardia.
Ante esto, la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó medidas cautelares al
Secretario General de Gobierno del Estado de Coahuila, Víctor Manuel Zamora
Rodríguez, “con objeto de evitar que se ponga en riesgo la integridad personal
y la seguridad física del personal del diario Vanguardia”.
Artículo 19 exigió al
Gobierno de Coahuila, encabezado por Rubén Moreira Valdez, se apegue al Estado
de Derecho en el seguimiento del proceso judicial iniciado por daño moral y
omita el desarrollo de prácticas desproporcionadas y arbitrarias para
amedrentar a los integrantes de Vanguardia.
El Comité para la Protección
de los Periodistas mostró su preocupación por la agresión al director del
diario, Armando Castilla.
“El CPJ está seriamente
preocupado por el allanamiento en la casa del director de Vanguardia y las
denuncias de intimidación efectuadas por el periódico”, afirmó.
Otros organismos
internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa, la Asociación
Mundial de Periódicos y Editores de Noticias, y el Comité para la Protección de
Periodistas expresaron su apoyo hacia la casa editorial. Además, al menos 21
diarios de otros estados también han mostrado su respaldo.
En marzo del 2011 un comando
armado secuestró a un editor de Vanguardia; el 29 de mayo de ese año las
instalaciones fueron atacadas con una granada y sitiadas por un comando armado
durante más de media hora; el 25 de abril del 2013 el fotógrafo de Sociales,
Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa, fue asesinado y su cuerpo desmembrado; en marzo
de 2014, otros dos editores fueron amenazados y acudieron ante la Fiscalía
Federal de Delitos para Periodistas, quienes les asignaron un botón de pánico
un año después.
El Gobernador de Coahuila,
Rubén Moreira Valdez, ha insistido a lo largo de su mandato en que la prensa
estatal no publica sobre “los triunfos” que se tienen en contra de la
delincuencia y la inseguridad.
MOREIRA Y SU PENSIÓN
El ex mandatario de Coahuila, Humberto Moreira, al
salir de prisión. Foto: EFE
Humberto Moreira Valdez fue
profesor de una secundaria técnica y el titular de la Secretaría de Educación
Pública de Coahuila (Sedu) antes de
gobernar la entidad y posteriormente ser el presidente del Partido
Revolucionario Institucional (PRI). Ahora recibe 37 mil 128 pesos mensuales de
pensión. De acuerdo con el texto de la periodista Roxana Romero, publicado el
18 de febrero, la obtuvo de manera irregular al no cumplir con los periodos
requeridos.
Moreira Valdés se pensionó
con el 100 por ciento de sus sueldo al –él dice– haber cumplido 30 años 15 días
de servicio. Sin embargo, el documento de la Sedu afirma que el ex mandatario
solamente estuvo activo durante 17 años y cinco meses en el ramo de la
educación, único periodo durante el que aportó al Servicio Médico y a la
Dirección de Pensiones.
El obtener un beneficio sin
haber reunido los requisitos que establece la Ley de Pensiones puede generar que se le cancele la pensión y además
ser sujeto de denuncia por la Comisión del Delito Equiparable al fraude, como
lo establece el artículo 110 de la Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales
de los Trabajadores de la Educación.
Vanguardia publicó esta nota
a raíz del escándalo por su detención en España.
“El Profe” Moreira llegaba al
aeropuerto de Madrid-Barajas el 15 de enero cuando fue detenido bajo cargos de
lavado de dinero, malversación de fondos durante su gobierno en Coahuila y
vínculos con el crimen organizado.
Sin embargo, aunque ese mismo
viernes fue encarcelado sin derecho a fianza para evitar que huyera del país,
días después fue puesto en libertad al no encontrar pruebas en su contra. A
pesar de que el político dijo que se quedaría en Barcelona para continuar con
sus estudios de maestría, el cuatro de febrero arribó a la Ciudad de México.
“Mancharon mi honor”, declaró sobre el proceso judicial bajo el que estuvo
durante semanas.
“SIN PRENSA NO HAY DEMOCRACIA”
En los primeros tres meses de
este año se documentaron 69 agresiones contra la prensa, de las cuales destacan
los asesinatos de tres periodistas, reportó Artículo 19 en su primer informe
trimestral de 2016 “Sin prensa no hay democracia”.
Con motivo del Día Mundial de
la Libertad de Prensa, la organización internacional informó que en este
periodo las entidades con mayor número de agresiones fueron Veracruz, con 17;
Guerrero, con 11; y Ciudad de México, con 9. Durante todo el año pasado también
registraron la mayoría de ataques a la prensa.
“Cuando se agrede a la prensa
se vulneran los derechos de los ciudadanos a la libre expresión y a la
información, y termina por desestimar la labor de los periodistas en la
sociedad. Sin embargo, el Estado es omiso y negligente en su obligación por
brindar justicia, verdad y reparación del daño en los casos de violencia contra
la prensa. La impunidad que prevalece en el país es un aliciente para la
repetición constante de estos actos. Las condiciones para que los periodistas y
comunicadores ejerzan su labor, no ha mejorado, al contrario cada vez son más
precarias”, acusó Artículo 19.
Lucía Vergara, de Artículo
19, dijo a SinEmbargo que la impunidad también es parte de una agresión.
“Cuando matan o amenazan a periodistas y no se investiga, se da un llamado a
los agresores a que sigan cometiendo acciones contra los periodistas”, expuso.
De las 69 agresiones, 33 de
los casos los responsables fueron funcionarios. De estos, 12 involucran a
elementos del Ejército o Fuerzas federales.
“Las autoridades niegan
responsabilidad y no existe iniciativa por abrir investigaciones en contra de
ningún servidor público. Esto impide el acceso a la justicia y verdad para las
víctimas”, denuncia el informe.
Vergara declaró en entrevista
que es preocupante que las autoridades, en vez de investigar, desprestigien o
desacrediten a los periodistas.
(SIN EMBARGO.MX/ Dulce Olvera / mayo 7,
2016 - 9:00 pm)
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