El órgano encargado de defender los
derechos humanos en Baja California ha servido para colocar familiares y
desviar recursos en beneficio de cuotas políticas. El caso del ex procurador
Arnulfo de León Lavenant marca un precedente en la vergüenza del cargo: antes
de irse cobró cheques a su favor por más de 508 mil pesos. Además de comprobar
miles de pesos con facturas apócrifas, entre muchas más irregularidades. El
sello del PRI se estampa de nuevo en actos de corrupción
En marzo de 2012 a nadie le
quedó duda. El entonces designado Procurador de Derechos Humanos en Baja
California fue votado por los diputados locales pero elegido de facto por
Fernando Castro Trenti, en aquel tiempo, senador de la República y seguro
candidato a la gubernatura por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Bajo el sello partidista,
Arnulfo de León Lavenant, un vendedor de carros usados de 61 años de edad y
militante del PRI, fue un claro mensaje. Se trataba del proyecto de Estado del
candidato que finalmente fracasó.
Actualmente la Procuraduría
se convirtió en la Comisión Estatal de Derechos Humanos aún con los colores de
su antecesor, el PRI. La nueva comisionada se ha enfrentado a los turbios
manejos heredados. Aun así guarda silencio.
Esta investigación realizada
por ZETA detectó que días antes de irse en 2015, el ex procurador de derechos
humanos se finiquitó de manera ilegal un monto superior a los 500 mil pesos.
Además, de León Lavenant
finiquitó a otras personas, entre ellos, su hijo. Asimismo entre mayo y agosto
del 2015 se pagó finiquitos e indemnización a personal de alto nivel como el ex
contador de la PDH, Rubén Quintero Soberanes, quien fue señalado incriminado
por autorizar transferencias bancarias de miles de pesos a la cuenta personal
en los tiempos del ex procurador.
Ante el desorden financiero,
actos de nepotismo e indicios de innumerables delitos la estrenada comisionada
–también identificada por el aval del PRI– Melba Adriana Olvera Rodríguez opta
por el silencio.
A pesar de la insistencia de
quien redacta, la titular solo mandó decir por medio de su personal de
comunicación que no es quién para opinar sobre las finanzas y los problemas que
heredó y que tendrá que resolver.
Melba Olvera tampoco quiso
hablar sobre la cuenta pública negada del 2013 y las irregularidades hechas por
el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California, las mismas
que su contraloría tendrá que resolver.
LA ÚLTIMA DE ARNULFO
En base a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública se realizó una solicitud de
información a la actual Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja
California.
Una de las primeras
peticiones fue informar el “monto total con el que se liquidó al anterior
titular de entonces Procuraduría de derechos Humanos y Protección Ciudadana”.
En la respuesta oficial,
expedida por la actual jefa de recursos humanos, Ana María Ruiz Ruiz, se
desglosan las cantidades y los conceptos por los días en que de León Lavenant
fungió como Procurador.
Primero, la respuesta enlista
el sueldo mensual que Arnulfo cobró por 99 mil 536 pesos. Es decir solo 10 mil
pesos menos que el Gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, quien
devenga 110 mil pesos. Es más, el ex procurador de derechos humanos cobró por
salario 4 mil 536 pesos más, comparado con el sueldo de Daniel de la Rosa,
secretario de Seguridad Pública del Estado.
Arnulfo se autorizó además un
pago por 218 mil pesos por concepto por 66 días de “vacaciones” un aguinaldo de
82 mil 356 pesos e, incluso, retiró como si fuera un asalariado una cantidad de
149 mil 168 pesos de “prima de antigüedad”. Solo uno de los impuestos por estos
pago, (el ISPT) fue de 41 mil 641 pesos.
El monto total a pagar a
Arnulfo asciende a 550 mil 41 pesos. Lo cual es irregular, a decir del titular
del Órgano de Fiscalización Manuel Montenegro, debido a que la conclusión del
cargo designado, no amerita antigüedad ni otras liquidaciones.
Fuentes internas en la
extinta procuraduría revelaron a ZETA que junto con el contador y el
administrador, Ferrer Guillén Armenta, el ex procurador ordenó juntar los
saldos de más de una cuenta bancaria para alcanzar la cantidad personal.
Los saldos de las cuentas
bancarias a nombre de la antes Procuraduría, hoy Comisión Estatal de los
Derechos Humanos –cuentan de manera extraoficial– no superaron los 50 mil pesos
un día después de abandonar el cargo el priista arropado por Castro Trenti.
OTROS FINIQUITOS
Además de Arnulfo, días antes
de concluir su mandato, pagó otras cantidades a diferentes personas, por
ejemplo al subprocurador, Carlos Manuel Luna Herrera.
Otro de los beneficiados de
las liquidaciones fue el propio contador, Rubén Quintero Soberanes, a quien se
le otorgó el 24 de junio el término de su puesto y un monto a pagar por 270 mil
pesos, contado su mes de sueldo, indemnización y otras prestaciones.
El hijo del ex procurador,
Juan de Jesús De León Montoya fue incluido a la nómina en 2014 antes de que su
padre dejara la titularidad. A él se le indemnizó por 44 mil 885 pesos,
contando su mes de salario.
Un acto más de nepotismo
realizó el entonces procurador, quien empleó a Israel Lozoya, hijo de la pareja
sentimental de Arnulfo de León y quien aparece en la nómina como “canalizador”.
Otros funcionarios de primer
nivel fueron finiquitados o indemnizados como el Director Administrativo Víctor
González Verduzco por 332 mil 258 pesos el 24 de julio del 2015. O bien, a la
entonces jefa de recursos humanos, Martha Olivia Palma Gálvez por un monto de
240 mil 005 pesos, más su sueldo del último mes de 33 mil 874 pesos.
En la lista sigue García
Robles María de Carmen, ex auxiliar contable por más de 125 mil pesos por la
indemnización y sueldo, así como vacaciones y aguinaldo.
CUENTAS SUCIAS
Hace un par de semanas, en
diciembre del 2015, el Pleno del Congreso del Estado negó las cuentas públicas
del 2013 de la extinta Procuraduría.
Entre las varias
observaciones al manejo de gastos (cuenta de egresos), la auditoría del ORFIS
reveló que en marzo del 2013, la Entidad firmó convenio de colaboración con la
asociación de “Profesionales Docentes en Legalidad de Derechos Humanos, A.C.”
por un monto de 300 mil pesos “para la impartición de cursos de capacitación a
462 elementos de las fuerzas de seguridad pública”, dice el dictamen.
Posteriormente, en fecha 15
de noviembre de 2013, se modificó el convenio a un importe de 450 mil pesos por
la capacitación” de 750 policías. El contrato fue irregular de inicio, ya que
se adjudicó directamente.
Por si fuera poco la
Procuraduría comprobó con dos facturas el pago; “dichas facturas –describe la
auditoría– fueron revisadas en el servicio de verificación de Comprobantes
Fiscales Impresos” de la Secretaría de Hacienda y arrojaron la leyenda “El
comprobante que verificó es presumiblemente apócrifo”.
El dictamen votado por los
Diputados agrega que personal del Órgano de Fiscalización se apersonó “en el
domicilio establecido en la factura del proveedor con la finalidad de compulsar
los hechos aquí descritos, encontrando vacío el lugar”.
En 2013, la PDH realizó
ampliaciones presupuestales por un monto de 10 millones 66 mil pesos de manera
ilegal, pues las hizo sin autorización del Congreso del Estado.
En total Arnulfo manejó un
presupuesto de 39 millones 573 mil 422 pesos, es decir, que se determinó “un
sobregiro del presupuesto por 4 millones 722 mil 406 pesos “Observándose la
falta de realización de las acciones necesarias para mantener el equilibrio
presupuestal”, remata la auditoría.
Además se detectó cobros
irregulares a diferentes dependencias de gobierno por “cursos”. El ORFIS
determinaría que “no es válido que realice el cobro por la impartición de
dichos cursos…toda vez que no existe una partida presupuestal que lo
contemple”.
EVADIÓ IMPUESTOS Y VIOLÓ DERECHOS LABORALES
Tampoco la cuenta pública
patrimonial de 2013 fue aprobada el pasado diciembre. Pues de entrada la PDH no
pagó lo que retuvo por Impuesto Sobre la Renta de un millón 387 mil pesos, los
cuales generó por pago de sueldos.
En 2013, también se
detectaron transferencias a la cuenta bancaria de Arnulfo de León (“por préstamos”)
“y emitió cheques a favor de funcionarios como anticipos para gastos, de lo
cual se observa que la comprobación de los mismos por un monto de $1, 190, 835,
no cuentan con la evidencia que requieren”, informó la auditoría.
El ORFIS reveló que los cientos
de miles de pesos que otorgaron para viáticos, por ejemplo “no cuentan con
documentación que especifique qué tipo de diligencia se realizó y que los
comprobantes reúnan los requisitos fiscales en forma correcta, ya que los pagos
relativos a esta observación se realizaron en efectivo”, incumpliendo con la
Ley.
Los beneficiados de ese
dinero, apunta el dictamen fueron Ferrer Guillermo Armenta, administrador
general, Carlos Villavelázquez Gastélum y el propio ex procurador,
principalmente.
Sobre el dictamen y sus
irregularidades, los diputados concluyen deberán notificarse a la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos “con el propósito de que se dicten las medidas
correctivas conducentes y en su caso, se finquen las responsabilidades”.
Sin embargo, por “falta de
recurso” la actual Comisionada no ha podido activar la contraloría, quien en
todo caso, se encargaría de fincar responsabilidades. Frente a esta ausencia,
se le pidió a la nueva Comisionada emitir una opinión la cual fue omisa.
Es el pequeño ejemplo, cuando
los gobiernos y dependencias se reparten en base a cuotas de partidos,
intereses partidistas y proyectos electorales.
(SEMANARIO ZETA/ ZOOM POLÍTICO/ Isaí
Lara Bermúdez / Fotos. Cesar Rene Blanco V / Ramon T Blanco V/ 11 de Enero del 2016 a las 12:00:26)
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