La
PGR ya integra una investigación por el delito de espionaje. Frente a las
evidencias que dan cuenta de la contratación millonaria de un sistema -no muy
efectivo- de intervención cibernética en manos de la Secretaría de Finanzas, el
Gobierno del Estado simplemente se sostiene en negativa. Las reacciones de la
oposición califican de “intolerable” la política de la administración
Las
reacciones y exigencias de la clase política en Baja California, luego de
develarse por medio de documentos, testimonios y relaciones, una red de
espionaje, son aplastantes en comparación a la postura oficial de simplemente
negarlo.
Francisco
Rueda, secretario general de Gobierno, descalificó los hechos que relacionan a
la actual administración estatal con el sistema de espionaje, como “una serie
de versiones que se han suscitado a partir de una serie de especulaciones que
derivan de supuestas filtraciones de documentos”.
El
lunes 13 de julio, el Partido Encuentro Social (PES) interpuso una denuncia de
hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que sea el
Ministerio Público quien investigue a los funcionarios del Estado.
En
el reportaje, publicado el viernes 10 de julio en la edición 2154 de ZETA,
titulado “Espía gobierno a funcionarios y candidatos”, incluye testimonios de
empleados de gobierno que fueron testigos o víctimas de la intervención desde
el Estado, particularmente a candidatos del Partido Acción Nacional.
Al
respecto, José Luis Ovando, dirigente del PAN en el Estado, admite que en
política, el espionaje es una práctica
que cada vez se da más a conocer. Y que a diferencia de otras ocasiones, en el
reciente proceso electoral no se enteró de ninguna intervención a
conversaciones privadas.
En
el Congreso del Estado el tema también retumbó. El diputado René Mendivil, del
PRI, solicitó al titular del Ejecutivo una investigación realizada por un órgano
independiente.
Ante
la simple negación por parte del Gobierno del Estado, las reacciones políticas
y empresariales no cesan: “Si lo va a negar que sea con toda certeza, que no
sea a la ligera. Y si lo niega, pues que aclare qué significan los correos, las
comunicaciones que están a la vista de todos”, asienta Gustavo Fernández de
León, de la COPARMEX.
EN LA PGR
Bajo
el número de expediente AP/PGR/BC/TI/1510/2015 M-XVI la delegación de la PGR en
Baja California abrió una averiguación previa por los hechos que relacionan al
gobierno con la práctica de espionaje.
Fue
el presidente del PES quien solicitó a la autoridad investigar y, en todo caso,
sancionar a los responsables.
El
documento que entregó el PES a la Procuraduría solicita “la urgencia de implementar
medidas cautelares en contra el Gobierno del Estado (…) con la finalidad de que
garantice el derecho a la privacidad en internet y que se siente un precedente
jurídico… que nos proteja contra la vigilancia, las interceptaciones y la
recopilación ilegal de datos en la red”.
La
vocera del Partido Encuentro Social, Mónica Vega, lamentó el uso de recursos
públicos y sus fines: “Me parece lamentable que ante la alza de la violencia y
una evidente falta de liderazgo, en los últimos días nos estemos enterando de
que el Gobierno del Estado realizó una compra de equipo de espionaje de
millones de pesos, lo cual significa –prosigue- que el derecho de los
bajacalifornianos a su privacidad está siendo vulnerado, y que más adelante
puede ser utilizado como chantaje hacia distintos actores de nuestro Estado”.
COPARMEX EXIGE TRANSPARENCIA
El
tema también levantó preocupación en el sector empresarial. Gustavo Fernández
de León, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(COPARMEX), califica como “temas delicados” la información que ha trascendido.
Por ello, dice, “nuestra insistencia por parte del sector empresarial es
insistir en la transparencia, si no transparentamos todas las acciones de
gobierno, finalmente van a estar sucediendo este tipo de situaciones donde se
está invirtiendo dinero en cosas que tal vez no son las adecuadas”.
El
dirigente empresarial sentencia: “Primero tiene que aclarar el gobierno, no
puede negar algo que esté haciendo. Si lo va a negar, que sea con toda certeza,
que no sea a la ligera. Y si lo niega, pues que aclare qué significan los
correos, las comunicaciones que están a la vista de todos”.
Fernández
se abstiene de emitir un juicio, “aunque tenemos a la vista la documentación”
pues prefiere “que un juzgador” determine si el Estado miente. “Yo voy a
insistir muchísimo que se transparenten todos los recursos que se invierten en
el Estado”, finalizó.
PRI LO CONSIDERA “INTOLERABLE”
“Yo
puedo entender que los gobiernos de los Estados pueden equiparse ante el
poderío y los alcances que tiene el crimen organizado, lo que no puedo entender
es por qué lo hacen a espaldas del Congreso, por qué lo niegan y lo niegan,
cuando las evidencias están tan claras”, asegura Nancy Sánchez, dirigente
estatal del PRI.
La
priista no tiene dudas, además de que informa que su cuenta de Facebook fue
hackeada: “De que es un hecho de que obtuvieron un equipo para espionaje es un
hecho, pero lo volvemos a ver una y otra vez, los instrumentos que deben de
utilizar para protegernos del crimen organizado, los usan para sus fines
políticos.
“Ojalá
que estuvieran espiando al crimen organizado, ya les estuviera dando
resultados, pero los utilizan con fines políticos. Es una práctica común del
gobierno estatal, esto ya roza lo intolerable”, concluye.
En
el mismo sentido, el diputado del Partido Revolucionario Institucional, René
Mendivil Acosta, exigió al Gobierno del Estado “una investigación transparente,
efectuada por un organismo independiente, que señale claramente acciones y
responsabilidades en la vinculación con la empresa Hacking Team”.
Mendivil
se cuestiona: “¿A quién deseaba espiar la Secretaría de Planeación y Finanzas y
por qué? Es la pregunta que hoy nos hacemos todos los bajacalifornianos,
cuestionamiento que no se responde con una conferencia de prensa llena de
ambigüedades, de lagunas”.
El
ex dirigente del PRI agregó que no es creíble la versión en negativa por parte
de los funcionarios del Estado: “Las evidencias son más que contundentes. Son
tan abundantes los detalles que lo que toca, en este momento, es realizar una
indagatoria clara, diáfana, que deberá, obligadamente, ser realizada por un
ente independiente”.
ESTÁ “SOBREDIMENSIONADO”: PAN
El
dirigente estatal del PAN, José Luis Ovando, considera que faltan normas más
claras para el uso de equipo con fines de intervenciones en telecomunicación.
Sin embargo, en el caso de Baja California,
“ya salió el Gobierno del Estado a aclarar el tema”.
Sin
embargo, el panista admite que “en política desafortunadamente es una práctica
que se ha dado a conocer cada vez más, debemos nosotros normarle mucho más. Por
lo menos para esta campaña no hay ningún
tipo de información que me hayan hecho llegar en materia de información de
conversaciones privadas. Sí ha habido otras campañas que de pronto nos mandaban
un sobrecito o lo dejaban por debajo de la puerta del partido, o cosas así.
Pero en esta ocasión no hubo”, explica.
Ovando
se dice incrédulo ante los documentos, archivos y conversaciones reveladas: “Se
me hace un tanto interesante pensar que un gobierno que quiera espiar deje una
huella como una contratación o algo, ese un asunto que también me parece que
está sobredimensionado”.
NEGACIÓN
El
lunes 13 de julio, parte del gabinete del Gobierno del Estado convocó a rueda
de prensa para negar la red de espionaje que fue exhibida como una de sus
adquisiciones. Loreto Quintero, oficial mayor; Antonio Valladolid, secretario
de Finanzas y Francisco Rueda, secretario general de Gobierno, se presentaron
con la negativa, pues, dijeron, “el señor gobernador nos ha instruido”.
“Todo
se ha venido señalando en el ámbito de la especulación, negamos rotundamente
que este gobierno realice prácticas de espionaje a los ciudadanos
bajacalifornianos. Ni a políticos, ni a periodistas, ni a empresarios y ni a
ningún ciudadano”, expuso Rueda.
Loreto
Quintero afirmó: “No existe contacto alguno o adquisición del Gobierno del
Estado” con la empresa de espionaje, únicamente con Elite By Carga pero en
“diversas adquisiciones, principalmente en equipo táctico y equipo
especializado”.
Por
su parte, Valladolid expresó que haría “un ejercicio de transparencia” con una
“presentación de las funciones de la secretaría, y los contratos que tenemos”.
(SEMANARIO
ZETA/ ZOOM POLITICO/ Isaí Lara Bermúdez /
20 de Julio del 2015 a las 12:00:21)
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