*En
la vivienda antes se había decomisado un arsenal, y ayer la PGR encuentra
también vehículos particulares con impactos de bala
*Podrían
estar relacionados con la investigación del ataque y la desaparición de los 43
estudiantes de Ayotzinapa
*Peritos,
MP y ministeriales mandan escrito al gobernador y al Congreso; denuncian
corrupción y desvíos en la Fiscalía General
*Toman
federales la comandancia de la municipal de iguala y una casa con patrullas de
posibles nexos con los desaparecidos
*En
la vivienda antes se había decomisado un arsenal, y ayer la PGR encuentra
también vehículos particulares con impactos de bala, que podrían estar
relacionados con el ataque y la desaparición de los 43 estudiantes de
Ayotzinapa
Alejandro Guerrero
Iguala.-
Agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Agencia del
Ministerio Público Federal (AMPF) resguardados por policías federales de la
Gendarmería, tomaron la comandancia de la Policía Municipal, donde se dice que
la noche del 26 de septiembre algunos de los 43 estudiantes de Ayotzinapa
desaparecidos estuvieron detenidos.
También
ocuparon una casa en la zona Industrial, al norte de la ciudad, en donde
estaban ocultas al menos cinco patrullas de la Policía Municipal y vehículos
particulares con balazos, que podrían estar relacionados al ataque y la
desaparición de los 43 normalistas.
Con
hermetismo y un fuerte dispositivo de seguridad, a las 9:50 de la mañana de ayer al menos 40
agentes federales vestidos de civil en unos ocho vehículos compactos y
camionetas cerradas sin rótulos, llegaron a la comandancia de la Policía
Municipal, que está abandonada desde hace unas dos semanas, según vecinos.
El
aseguramiento se hace también a un día de que se cumplan nueve meses del ataque
y la detención-desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa a manos de
policías.
La
comandancia en la que operaba el director operativo de la corporación, Jesús
Bruno Corrales, hoy detenido y preso en Nayarit y en el que está un área de
barandillas, está ubicada atrás de las instalaciones del IMSS, en la esquina de
las calles Isancanac, Guillermo Santana y Rayón, que las tres topan con las
instalaciones de la comandancia.
En
este sitio, la Procuraduría General de la República dijo que la noche del 26 de
septiembre, después del ataque a normalistas de Ayotzinapa por los policías
municipales con el apoyo de sicarios de Guerreros Unidos, un grupo de
normalistas fueron encarcelados aquí antes de ser desaparecidos.
Se
dijo que a esta cárcel municipal llegaron entre 17 y 18 de los 43 normalistas
detenidos-desaparecidos por la policía y el crimen organizado. Sin embargo el
juez que estuvo en barandilla esa noche, Ulises Bernabé García, afirmó que los
jóvenes nunca llegaron a ese lugar, que acudió un capitán del Ejército que se
identificó como Crespo junto a un grupo de soldados, preguntó por los
normalistas y se fue, según revela una investigación del semanario Proceso.
La
actividad se da después de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)
dijo que uno de los desaparecidos era un militar en activo, lo que fue negado
por los padres de los normalistas, e incluso uno de ellos recordó que tras la
desaparición de los estudiantes, el celular de su hijo fue localizado en la 27
Zona Militar de Iguala y no hay investigación al respecto.
Ayer
en tres diferentes puntos a unos 30 metros antes de la comandancia, gendarmes
armados impidieron el paso a reporteros, vehículos y vecinos de la zona.
La
inspección duró cerca de 30 minutos y los agentes federales se retiraron del
lugar a las 10:15 de la mañana, después de colocar el sello de “Asegurado”.
Desde
lejos se observó que agentes tomaban video y fotografías dentro de la
comandancia, en el área de celdas.
Después
del retiro de los vehículos y los agentes federales, sin que se diera ninguna
información a la prensa, se colocó un sello de la PGR y de la AMPF en el portón
de entrada con número A-003022.
En
este se lee; “El AMPF ha determinado que este bien está ASEGURADO, con
fundamento y cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 40 del CPF y 182 del
CFPR, cualquier uso, disposición o violación de la situación jurídica de este
bien constituye un ilícito que será objeto de investigación y en su caso,
consignación ante la autoridad correspondiente”.
Desde
el exterior se observó que en el área de celdas y la oficina del juez
calificador fueron colocadas cintas amarillas con la leyenda “precaución”, que
cruzan en forma de cruz las puertas, el estacionamiento del lugar luce
abandonado y con una gran cantidad de basura de los árboles que hay en el
lugar.
Minutos
después de las 10:15 de la mañana, los agentes de la PGR y la AMPF también
“aseguraron” una casa o bodega ubicada en la avenida Industria Petrolera de la
zona Industrial al norte de la ciudad, frente al salón El Dorado, donde el
gobernador electo Héctor Astudillo Flores tenía un desayuno con las estructuras
priistas de la zona Norte.
El
3 de noviembre después de los ataques a los normalistas de Ayotzinapa, en esta
propiedad fueron decomisados 15 rifles de alto poder, miles de municiones,
aditamentos y uniformes de la Policía Municipal.
Entre
el arsenal estaba una ametralladora 50 milímetros marca Brownin, conocida como
Barret 50 o tumba aviones, dos ametralladoras AK-47 calibre 7.62 conocidas como
cuerno de chivo, una subametralladora marca Pietro Beretta calibre 9 milímetros
y una ametralladora marca Uzi calibre 9 milímetros.
También
se hallaron tres rifles 30 milímetros que según la fuente son utilizados por
francotiradores, una ametralladora calibre 308, un rifle AR-15 recortado
calibre 9 milímetros, tres subametralladoras de asalto calibre 2.23 y dos
aditamentos lanza granadas calibre 40.
Se
encontraron miles de cartuchos útiles calibres 7.62, 50, 2.23, 9, 30, 380 y 308
milímetros, cartuchos de trazadoras, y otros antiblindaje Shark, almacenados en
10 costales.
Se
hallaron en esa ocasión fornituras, uniformes de la Policía Municipal y
chamarras de la misma corporación, camisas camufladas marca Army, cintas para cartuchos 7.62 y eslabones, y
cientos de cargadores para AR-15, G-3 y cuerno de chivo.
Después
de ese decomiso el lugar no quedó bajo resguardo policiaco y ayer en este sitio
fueron halladas al menos cinco patrullas de la Policía Municipal que se
alcanzan a ver desde afuera, así como una camioneta blanca de redilas, una
Urvan y un automóvil Jetta rojo, a los dos últimos se les observan balazos en
el parabrisas y la carrocería.
Según
versiones extraoficiales las patrullas y los vehículos podrían estar
relacionados con el ataque y la desaparición de los 43 normalistas de
Ayotzinapa, y se cree que este sitio siguió siendo usado después de noviembre,
ya que en el primer cateo no se dio a conocer que estuvieran los vehículos y
las patrullas.
La
casa está a 500 metros del periférico Norte y en la esquina de la calle Juan
Álvarez, donde fue el ataque de los normalistas la noche del 26 de septiembre,
y a una cuadra del C-4 que el día del ataque operaba la Policía del Estado, y a
unos 600 metros de donde fue hallado la mañana del 27 de septiembre el joven
normalista desollado, Julio César Mondragón Fontes.
Después
de la colocación de un sello, el sitio quedó a resguardo de la Gendarmería.
DENUNCIAN PERITOS, MP Y MINISTERIALES
CORRUPCIÓN Y DESVÍOS EN LA FISCALÍA
*En
un escrito dirigido al gobernador y al Congreso 80 agentes ministeriales y 179
peritos y policías firmantes revelan que se dan nombramientos en cargos de
dirección sin controles de confianza, que hay abogados aviadores y que les
venden vales de gasolina e insumos para realizar su trabajo
Lourdes
Chávez
Chilpancingo.-
Mientras a los trabajadores operativos les niegan el pago de viáticos y gastos,
en la Fiscalía General del Estado se desvían recursos, se hacen nombramientos
en cargos de dirección sin controles de confianza, hay abogados aviadores, y se
venden los vales de gasolina, tinta de impresoras y paquetes de hojas,
señalaron agentes del Ministerio Público, peritos y policías ministeriales, en
una denuncia dirigida a distintas autoridades de gobierno.
Aseguraron
que los agentes del Ministerio Público de todo el estado son obligados a pagar
cuotas, a través de un trabajador adscrito a la Dirección General de
Averiguaciones Previas, que encabeza Fernando Fernández Peláez.
En
un escrito entregado el pasado viernes 19 de junio en el Congreso local y la
Secretaría particular del gobernador, que tiene el sello de recibido en ambas
instancias, aseguraron que existe una lista de raya, con las categorías de la
nómina de la Fiscalía, de personas que no tienen el perfil, y otra lista de
aviadores, con plazas de jefes de departamento, agentes de MP, peritos y
policías.
Entre
los que cobran en esas listas mencionaron al presidente de la Barra de Abogados,
Salomé Gutiérrez Aguirre; a José Sánchez Sánchez, conocido por la defensa de
las viudas de la masacre de Aguas Blancas, y Amado Cortés Guevara, de quien
dicen que cobra 12 mil pesos a la quincena.
Asimismo,
denunciaron que los hermanos Salvador y Cristina Fuentes Soriano, adscritos a
la Dirección General de Averiguaciones Previas, cada viernes sacan papelería e
insumos del área de Recursos Materiales para venderlos a los agentes del
Ministerio Público. Los toners los vbenden a 300 y 400 pesos, según el horario;
el paquetes de hojas tamaño carta a cincuenta pesos, el tamaño oficio a 80, y
los vales de gasolina de 30, 40 y 50 litros, a 300, 400 y 500 pesos,
respectivamente.
Exigieron
una explicación sobre la entrega de un block de vales cada quincena: “quién se
los otorga, a quién le dan cuenta de ese dinero”.
También
señalaron que Humberto Figueroa Sánchez, adscrito a la Dirección de
Averiguaciones Previas, con una plaza de policía ministerial, se encarga de
“cobrar las cuotas a los agentes del MP en todo el estado”.
Indicaron
que cuando los agentes le dicen que lo van a denunciar , responde que “no hay
problema, que a él no le pueden hacer nada porque está incapacitado y no firma
documento alguno, además de que el mismo director de averiguaciones previas,
con la anuencia del fiscal, tiene una lista para realizar cambios, previa
negociación económica”.
Solicitaron
una intervención urgente porque saben que en unos días habrá despidos de
servidores públicos, principalmente directivos, con el pretexto de que
reprobaron los exámenes de permanencia, pero en el fondo, aseguraron que con
este procedimiento, quieren regularizar los pagos de las listas de raya, que
entraron en la actual administración sin cubrir ningún requisito legal.
Aclararon
que en la lista de raya no solo hay allegados a los funcionarios, también
personas que sin ningún requisito legal compraron plazas de auxiliares de MP,
peritos y policías ministeriales de los 30 mil a los 50 pesos, y que aún no
tienen adscripción.
Los
80 agentes ministeriales firmantes y 179 peritos y policías que incluyen como
identificación su clave de trabajo, aclararon que no van a permitir la remoción
del personal, van a presentar denuncias penales por desvíos de recursos, y
exigieron el pago de gastos a comprobar y de adeudos de viáticos, a la
brevedad posible.
Si
no atienden estas demandas, denunciarán al Secretariado del Sistema Nacional de
Seguridad Pública que da seguimiento al presupuesto para la procuración de
justicia, y que se ha desviado en esta administración.
(EL
SUR DE ACAPULCO/ jun 26, 2015)
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