Saltillo, Coah.-
Jorge tendría 28 años de edad. Mil 825 días después de su muerte, su madre lo
imagina como era: un muchacho responsable, que no tomaba alcohol, no fumaba y
que había logrado con un promedio de 95 estudiar becado una maestría en el
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).
Rosa Elvia Mercado
Alonso extraña a su hijo, como ayer, como hoy, como siempre lo hará. Piensa que
tal vez ya tuviera uno o dos nietos. A cinco años de la tragedia en la que
Jorge Mercado Alonso y su compañero, Javier Arredondo Verdugo, fueron
asesinados en las instalaciones del campus Monterrey, la herida sigue abierta.
El caso continúa
impune porque la Procuraduría General de la República (PGR) lo mantiene en
calidad de “carpetazo”, al no realizar ninguna diligencia legal desde julio del
año pasado, mientras que en el 2013 uno de los militares relacionados con la
muerte de los estudiantes, enjuiciados bajo el delito de “alteración de los
hechos” fue absuelto, tal como se lo confirmaron las autoridades castrenses a
la madre de Jorge.
“Se me notificó del
juicio militar en febrero de 2013, cuando me habló a mí el capitán de apellido
Ramírez; luego en abril me llamó para decirme que se había hecho el juicio, en
ese tiempo lo enjuiciaron por alteración de los hechos y lo liberaron”.
LETAL CONFUSIÓN
Rosy, como sus
cercanos la conocen, está sentada en la sala de su casa. Habla de Dios como su
única fortaleza para continuar después de que su único hijo, Jorge, fuera
señalado como sicario.
Los estudiantes
abandonaron la biblioteca del Tec a las 00:38 del sábado 20 de marzo, y siete
minutos más tarde fueron abatidos a balazos frente a la puerta de la
institución.
El hecho ocurrió
luego de que momentos antes de salir del campus, ubicado en avenida Eugenio
Garza Sada, en Monterrey, los soldados sostuvieran un enfrentamiento con
presuntos delincuentes que trataron de darse a la fuga y supuestamente se
habrían internado en el plantel.
De acuerdo al
expediente de la PGR, la noche del 19 de marzo, los soldados se enfrentaron con
sicarios, debido a que –como había ocurrido desde dos días antes–, grupos de
delincuentes cerraron vialidades de la capital neoleonesa y ello desembocó en
un choque armado.
Mientras, adentro
del campus, Mercado Alonso y Arredondo Verdugo estudiaban para los exámenes
trimestrales en su especialidad. Estaban a esa hora en la biblioteca porque en
época de pruebas ésta da servicio día y noche.
A las 00:40 horas,
la balacera se había desatado en el cruce de Eugenio Garza Sada y Luis
Elizondo. Los elementos castrenses seguían desde tres kilómetros atrás varias
camionetas sospechosas, desde las cuales fueron tiroteados y comenzó la
persecución.
Cinco minutos
después, Mercado Alonso y Arredondo Verdugo ya habían abandonado la biblioteca
y se dirigían a descansar a una de las casas de alojamiento para estudiantes.
En ese momento, una camioneta militar chocó con una de los criminales, lo que
provocó que los ocupantes dispararan contra los militares.
Tras una
investigación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la
recomendación 45/2010, en la que documenta que las municiones utilizadas para
cometer estos asesinatos eran de uso exclusivo del Ejército.
Concluyó que los
militares habían colocado armas a los estudiantes para inculparlos y destruido
pruebas en la zona para acusar falsamente a las víctimas de pertenecer a una
banda de delincuentes.
IGNOMINIA
“Yo sólo pido que
limpien el nombre de mi hijo, ya son cinco años de su muerte y él sigue siendo
un sicario ante el mundo. Es lo único que pido, ésa es la mejor justicia,
limpiar su imagen, él era estudioso, era un excelente estudiante, su memoria
debe estar limpia… era un buen muchacho”, puntualiza Rosy.
Jorge tenía 23 años
cuando murió. Practicaba gimnasia y era atleta, siempre que podía repartía
oraciones y el Libro de la Salvación, era cristiano comprometido con su
religión.
Participaba en el
grupo de desarrolladores de un proyecto de un auto híbrido solar del
Tecnológico de Monterrey; vivía en un departamento ubicado a unas cuadras del
campus.
“A finales de 2013
el expediente estaba plagado de irregularidades, pero estudiantes de la
Asamblea Tec estuvieron buscando la manera de cómo poder revisarlo y nos
preguntaron, a mi esposo y a mí si estábamos dispuestos a seguir con el
proceso. Yo les dije que sí, que si Dios lo disponía así”.
De las autoridades
militares no supo nada desde entonces. Luego de que a los encargados del caso
fueran removidos por el cambio de gobierno presidencial, el expediente quedó en
el olvido.
Antes, los
castrenses le ofrecieron el uso del seguro médico militar, con atención
psicológica. A lo que Rosy respondió que no. “Yo tengo el mejor psicólogo, que
es Dios. Él es el que me levanta, el que me cuida, el que me da la fortaleza
para seguir adelante”.
“A principios de
2014 seguimos con el proceso con los muchachos, ya tuvimos contacto con
Amnistía Internacional, pero necesitaban una organización legal y fue cuando
llegaron con Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC (CADHAC), y les
dijeron ‘necesitamos a las familias’”, explica Rosy.
LENTO AVANCE
La primera reunión
con autoridades de CADHAC y con integrantes de la organización Amnistía
Internacional se realizó el 3 de marzo de 2014. “Ahí nos aclararon que el
proceso iba a ser largo, difícil, la persona que fue de Amnistía nos pregunto
¿están seguros que quieren seguir? Porque se van a enfrentar con situaciones
muy difíciles”.
“Mi esposo lo
primero que dijo fue: ‘ya una situación más difícil de la que ya vivimos,
perder a Jorge, yo creo que ya no’”, cuenta la madre, y agrega “le dije, mire
yo se lo he estado pidiendo a Dios, y si ese es el camino que me está
mostrando, yo sé que Dios no me va a dejar a mi sola, sigamos adelante”.
Pero poco se ha
conseguido en esta lucha. A pesar de que el expediente conformado por 30 tomos
y del compromiso de las autoridades del Ministerio Público “para hacer la
investigación”, poco se ha avanzado. No existe ningún detenido ni consignado
por el doble homicidio.
A pesar de que se
envió una carta al presidente Enrique Peña Nieto en la que se solicita que se
giren instrucciones a la PGR para que concluya la integración de la
indagatoria, se sancione a los responsables, y se repare el daño a las
víctimas, la justicia no ha llegado.
“Que las autoridades
pidan una disculpa pública por manchar el nombre de mi hijo, por señalarlo como
parte de la delincuencia”, dice con un dejo de frustración y de una
inquebrantable necesidad de justicia.
Rosy respira y
asegura “Dios va delante de mí, yo por el honor de mi hijo hago lo que sea,
porque para mí no es justo que después de cinco años todavía esté como sicario,
no es justo”.
‘MUY CLARA’ SU INOCENCIA
“Las declaraciones
fueron transparentes, todos se expresaron de Jorge como un buen muchacho,
porque es verdad, él era un muchacho muy dedicado, lo decía en sus actos,
llevaba una vida tranquila”.
Fue el subdirector
de Averiguaciones Previas de la Región Noreste, que abarca Coahuila, Nuevo León
y Tamaulipas, de la PGR, Ricardo Báez, quien le aseguró a la familia Mercado
Alonso que estaba en la mejor disposición para apoyarlos y era necesario que
rindieran la declaración, cuatro años después del asesinato de los estudiantes.
El matrimonio
Mercado Alonso rindió la declaración en su casa. “Nos dieron la opción de que
fuera aquí o en la PGR, preferimos en la casa, Báez vino con el Ministerio
Público y nos tomaron la declaración, una declaración muy larga pero él nos
dijo que le quedaba muy clara la inocencia de los muchachos”.
BUSCARON ‘ENMENDAR’ ERROR
Tras una
investigación, la CNDH emitió la recomendación 45/2010, en la que documenta que
las municiones utilizadas para cometer estos asesinatos eran de uso exclusivo
del Ejército.
Concluyó que los
militares habían colocado armas a los estudiantes para inculparlos y destruido
pruebas en la zona, para acusar falsamente a las víctimas de pertenecer a una
banda delincuencial.
(ZOCALO/
PAOLA A. PRAGA/21/03/2015 - 12:59 PM)
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