Desde los primeros meses del año, José Iván Chao Llanes era vigilado
por elementos de inteligencia de las Fuerzas Armadas; seguían sus pasos
para obtener información sobre sus vínculos y operaciones a favor del
Cártel del Golfo, porque sabían que era un sicario en pleno ascenso.
Las semanas siguientes comprobarían que se trataba de un “líder integrante del primer nivel encargado de la plaza de Tampico”.
La información obtenida por este seguimiento y al que habían sometido
a otros capos, además de los datos proporcionados por la DEA, había
permitido al gobierno federal implementar en mayo en Tamaulipas la
llamada Estrategia de Seguridad, con la que pretendían retomar el
control territorial a partir de la vigilancia de la zona y con golpes
quirúrgicos para desactivar a los líderes regionales.
Tenía unos días esa operación en la entidad y algunos de los líderes,
como José Iván Chao se movilizaron a toda prisa de la zona y adoptaron
un bajo perfil, pero siguieron bajo vigilancia. Aunque inesperadamente
en el caso de Chao Llanes los agentes tuvieron que abortar la operación,
porque el 12 de mayo agentes federales de investigación de la PGR
adscritos al Aeropuerto de la Ciudad de México lo detuvieron.
Lo que primero pensaron era un error, después descubrirían los
agentes de inteligencia que se trataba de una extorsión, cometida por
los funcionarios federales.
Al bajar de un vuelo nacional, al presunto líder fue detenido por
tres elementos federales, uno de ellos exmilitar y los otros dos
abogados: el capitán Jaime Bautista Olea, Manuel Sagahon Dávila e Isidro
Martínez Encina. Le dijeron en ese momento que había una orden de
localización en su contra y lo llevarían a las instalaciones de la
agencia en Azcapotzalco, pero nunca llegó, su destino fue un cuarto de
hotel.
Ayer, en conferencia de prensa. Tomás Zerón de Lucio, jefe de la
Agencia de Investigación Criminal, dijo que el líder del Cártel del
Golfo declaró que “un grupo de policías, a quienes reconoció mediante
fotografías, lo amenazaron y lo llevaron a un cuarto de hotel, temiendo
que lo entregaran al grupo contrario, y para salvar su vida les ofreció 5
millones de pesos, dinero que pidió vía telefónica y que le fuera
llevado al mencionado hotel. Al amanecer del día siguiente y al entregar
el dinero, los elementos de la Procuraduría en un motel cercano, fue
dejado en libertad”.
Por esa razón, el capitán del Ejército y los abogados fueron ya
detenidos, separados de sus cargos y sometidos a arraigo mientras se
investiga más a fondo, para después ser consignados.
Además, todo el personal de la Agencia adscrito al aeropuerto fue
removido a otras áreas de la PGR, ante la pérdida de confianza.
Jaime Bautista Olea
Es Capitán Segundo del Arma Blindada del Ejército Mexicano. Estudió
en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. De 1986 a 1999,
se desempeñó como Oficial del Ejercito Mexicano en la Dirección del
Arma Blindada de la Secretaría de la Defensa Nacional.
De diciembre de 1998 a Agosto de 1999, fue Agente de Seguridad de
Comercial Mexicana y del 2000 al 2001 fue jefe de escolta de Employee
Outsourceing Group, y del 2001 al 2002 fungió como instructor del
Instituto Profesional en Informática.
Ingresó como policía Judicial adscrito a la Agencia Federal de
Investigación en el Distrito Federal el 16 de septiembre de 2002. En
2006 cambió su puesto a Agente Federal de Investigación en la Dirección
General de Despliegue Regional Policial en Guadalajara, Jalisco. Tenía
un ingreso anual de 166 mil 805 pesos.
Al año siguiente se incorporó a la Jefatura Regional en el Estado de
Jalisco, subsede en Ciudad Guzmán. Fue enviado a Tijuana en 2008 como
parte de la Jefatura Regional de Baja California. Para 2009 y hasta el
2012 formó parte de la Jefatura Regional en Guerrero, estando en sedes
como Iguala, Chilpancingo y Acapulco.
En 2013 ya era suboficial de la PGR, de la Dirección General de
Mandamientos Ministeriales y Judiciales, y se encargaba de la
investigación de delitos, llegó a ganar 321 mil 760 pesos anuales, de
acuerdo a la última declaración patrimonial.
Manuel Sagahon Dávila
Estudió Derecho en la Universidad del Golfo de México y de 2001 al
2003 fue asesor jurídico de la Cámara Nacional de Comercio. Ingresó a la
PGR el 1 de julio de 2003, como policía judicial adscrito a la Agencia
Federal de Investigación en el Distrito Federal, donde realizaba
funciones de inspección y vigilancia.
En 2005 trabajó como policía judicial en la Delegación de Ecatepec en
el Estado de México, con un ingreso anual de 144 mil 609 pesos. Al año
siguiente fue enviado al Distrito Federal.
Del 2008 al 2013 trabajó en Chilpancingo, Guerrero, como Agente
Federal de Investigación con un salario que fue desde los 198 mil 463
pesos hasta los 274 mil 923 pesos anuales. En 2008, informó la compra de
un vehículo marca Volkswagen modelo 2008.
En la declaración patrimonial del 30 de mayo de 2014, se señala que
es Suboficial de la PGR adscrito a la Dirección General de Mandamientos
Ministeriales y Judiciales y sus funciones principales son la
investigación de delitos y auxiliar del Ministerio Público.
Isidro Martínez Encina
Ingresó en 2001 a la Procuraduría General de la República, como
Policía Judicial adscrito a la Agencia Federal de Investigación en La
Piedad Michoacán. En 2003 fue enviado a Morelia como parte del
despliegue regional de la Agencia Federal de Investigación (AFI).
En 2004, Martínez Encina fue enviado a Delegación Miguel Hidalgo, en
el Distrito Federal. En 2005, fue designado a Nuevo Laredo Tamaulipas,
mientras cursaba la Licenciatura en Derecho en una Universidad Abierta
en San Luis Potosí. Sus ingresos anuales se incrementaron a 251 mil 673
pesos y reportó la adquisición, en 2002, de un vehículo Nissan, modelo
2001 por 50 mil pesos.
Del 2006 al 2008 fue Agente Federal de Investigación en el Distrito
Federal, terminó la licenciatura en Derecho en el Instituto
Universitario Valle de Santiago, en Saltillo, Coahuila. En ese último
año reportó un ingreso de 316 mil 63 pesos, vendió su vehículo y compró
un modelo 2007, de la marca Nissan.
En 2009 al 2011 fue adscrito a la Delegación Tamaulipas de la AFI, en
Nuevo Laredo. Sus ingresos siguieron en aumento hasta alcanzar un
salario anual de 475 mil 349 pesos anuales. En 2012 fue enviado a
Cuernavaca, Morelos.
De 2013 a la fecha trabajó como Agente Federal de Investigación en el
Distrito Federal, con un ingreso anual de 949 mil 80 pesos, de los
cuales 257 mil 880 eran por cargo público y 691 mil 200 por actividad
industrial o comercial, de acuerdo a su última declaración patrimonial.
Tomado de Eje Central.
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