México.- Por denuncia que BANAMEX presentó ante la
Procuraduría General de la República (PGR) en contra de Oceanografía,
empresa dedicada a prestar servicios navieros a Pemex, se hizo público
que esta empresa defraudó al banco por la cantidad 585 millones de
dólares garantizados con las facturas de cuentas por cobrar a Pemex,
práctica conocida como factoraje, de esta cantidad 400 millones de
dólares fueron otorgados con base en facturas falsificadas. Fuente: yahoo
La PGR intervino a Oceanografía para garantizar los intereses de BANAMEX. El procurador Jesús Murillo Karam no descartó la posibilidad de que esta empresa haya incurrido en lavado de dinero, delito grave en la legislación mexicana.
La naviera Oceanografía es propiedad de Amado Yañez Osuna quién controla más del 75% de acciones de la empresa y además es dueño de los equipos de futbol Gallos Blancos de Querétaro, de la primera división y Delfines de Ciudad de Carmen, de la liga de ascenso.
El tema se politizó cuando se comentó en algunos medios de comunicación que en el ascenso financiero de Oceanografía, observado en las dos administraciones federales de los gobiernos del PAN, había intervenido la recomendación de Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún, hijos de Marta Sahagún, esposa de Vicente Fox, para que le fueran otorgados contratos en Pemex a esta empresa.
En el proceso de la investigación periodística se filtraron versiones de favores de otros personajes políticos de militancia panista que favorecieron durante el sexenio de Felipe Calderón a la empresa Oceanografía, lo que incluye a algunos integrantes de los grupos que hoy se disputan la dirigencia del PAN.
Ante este escándalo de fraude y corrupción la Cámara de Diputados citó ante comisiones al procurador, Jesús Murillo Karam, y al director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quienes explicaron el proceso penal que se sigue a Oceanografía, así como la forma en que se le entregaron los contratos en los dos sexenios pasados.
Hoy queda al descubierto este fraude entre particulares, no obstante como parte colateral en el conflicto queda Pemex cuya actuación y peso específico en este asunto deja ver el tema de la discrecionalidad con la que ha sido manejada la empresa pública más importante de México que con el hecho de otorgar contratos a una empresa como Oceanografía, puede hacer realidad el “milagro” de que una corporación pase de la desgracia a la bonanza financiera en el corto plazo lo que indica, cuando menos, tráfico de influencias y corrupción.
Para desgracia de México la corrupción significa un enorme lastre para la economía, el desarrollo y la competitividad en el concierto de la globalización a la que aspiran llevar al país el gobierno y los empresarios.
Al final del sexenio anterior el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, en voz de Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, informó que “el costo de la corrupción en México es de 1.5 billones de pesos al año. Es decir, que la economía mexicana destina a la corrupción un monto igual al 10% de su Producto Interno Bruto (PIB). Las empresas gastan en mordidas 10% de sus ingresos.”
En esa ocasión Gutiérrez Candiani señaló que, a la larga el costo es mayor: “aumentan las posibilidades de que las empresas no cumplan con las normas de seguridad, sube la incertidumbre y el riesgo de operar, y se genera una barrera de entrada a la participación de empresarios honestos, lo que disminuye la competencia y el beneficio para los consumidores.”
El caso de Oceanografía demuestra que la corrupción continúa a pesar de que desde hace más de 30 años instituciones como la Secretaria de la Función Pública y la Auditoria Superior de la Federación la han combatido, aunque las evidencias indican que de manera insuficiente. El legislativo no las ha facultado para que emitan sanciones que disuadan esta práctica.
El actual escándalo de fraude a Banamex y posible corrupción en Pemex solo refrenda que en México los grandes “negocios” se hacen entre políticos y empresarios, que las determinaciones de algunos administradores de las instituciones públicas tienen un precio y que siempre hay alguien dispuesto a pagar para obtener un beneficio. El tráfico de influencias es un “juego en el que todos ganan” y lo practica un corrupto y un corruptor que en todos los casos dependen de la impunidad que les da el poder, sin esta protección no habría juego. Usted de quién sospecha. Lo dicho: El que no transa no avanza. Hasta cuándo.
La PGR intervino a Oceanografía para garantizar los intereses de BANAMEX. El procurador Jesús Murillo Karam no descartó la posibilidad de que esta empresa haya incurrido en lavado de dinero, delito grave en la legislación mexicana.
La naviera Oceanografía es propiedad de Amado Yañez Osuna quién controla más del 75% de acciones de la empresa y además es dueño de los equipos de futbol Gallos Blancos de Querétaro, de la primera división y Delfines de Ciudad de Carmen, de la liga de ascenso.
El tema se politizó cuando se comentó en algunos medios de comunicación que en el ascenso financiero de Oceanografía, observado en las dos administraciones federales de los gobiernos del PAN, había intervenido la recomendación de Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún, hijos de Marta Sahagún, esposa de Vicente Fox, para que le fueran otorgados contratos en Pemex a esta empresa.
En el proceso de la investigación periodística se filtraron versiones de favores de otros personajes políticos de militancia panista que favorecieron durante el sexenio de Felipe Calderón a la empresa Oceanografía, lo que incluye a algunos integrantes de los grupos que hoy se disputan la dirigencia del PAN.
Ante este escándalo de fraude y corrupción la Cámara de Diputados citó ante comisiones al procurador, Jesús Murillo Karam, y al director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quienes explicaron el proceso penal que se sigue a Oceanografía, así como la forma en que se le entregaron los contratos en los dos sexenios pasados.
Hoy queda al descubierto este fraude entre particulares, no obstante como parte colateral en el conflicto queda Pemex cuya actuación y peso específico en este asunto deja ver el tema de la discrecionalidad con la que ha sido manejada la empresa pública más importante de México que con el hecho de otorgar contratos a una empresa como Oceanografía, puede hacer realidad el “milagro” de que una corporación pase de la desgracia a la bonanza financiera en el corto plazo lo que indica, cuando menos, tráfico de influencias y corrupción.
Para desgracia de México la corrupción significa un enorme lastre para la economía, el desarrollo y la competitividad en el concierto de la globalización a la que aspiran llevar al país el gobierno y los empresarios.
Al final del sexenio anterior el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, en voz de Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, informó que “el costo de la corrupción en México es de 1.5 billones de pesos al año. Es decir, que la economía mexicana destina a la corrupción un monto igual al 10% de su Producto Interno Bruto (PIB). Las empresas gastan en mordidas 10% de sus ingresos.”
En esa ocasión Gutiérrez Candiani señaló que, a la larga el costo es mayor: “aumentan las posibilidades de que las empresas no cumplan con las normas de seguridad, sube la incertidumbre y el riesgo de operar, y se genera una barrera de entrada a la participación de empresarios honestos, lo que disminuye la competencia y el beneficio para los consumidores.”
El caso de Oceanografía demuestra que la corrupción continúa a pesar de que desde hace más de 30 años instituciones como la Secretaria de la Función Pública y la Auditoria Superior de la Federación la han combatido, aunque las evidencias indican que de manera insuficiente. El legislativo no las ha facultado para que emitan sanciones que disuadan esta práctica.
El actual escándalo de fraude a Banamex y posible corrupción en Pemex solo refrenda que en México los grandes “negocios” se hacen entre políticos y empresarios, que las determinaciones de algunos administradores de las instituciones públicas tienen un precio y que siempre hay alguien dispuesto a pagar para obtener un beneficio. El tráfico de influencias es un “juego en el que todos ganan” y lo practica un corrupto y un corruptor que en todos los casos dependen de la impunidad que les da el poder, sin esta protección no habría juego. Usted de quién sospecha. Lo dicho: El que no transa no avanza. Hasta cuándo.
(ZOCALO/ Agencias /19/03/2014 - 12:28 PM)
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