Política y tortura, la constante…
La denuncia
hecha llegar el domingo 6 de octubre a Dossier Político establece una serie de
supuestas irregularidades cometidas por agentes de la Policía Estatal
Investigadora, Base Operativa Guaymas, así como en el actuar del agente del
Ministerio Público que durante el arraigo negó el ingreso y entrevista al
abogado defensor de la joven madre, Lic. José María Hernández Aguirre...
Guaymas, Sonora
(DP).- Después de la “cacería de brujas” que se gestó al inicio de la
administración estatal y que se recrudeció al final del 2012, dos casos
cimbraron la conciencia colectiva en Sonora y trascendió a las esferas del
Gobierno de la República y a espacios informativos internacionales:
La muerte de “La
China” y la tortura a Gisela Peraza, la empleada doméstica del gobernador de
Sonora, Guillermo Padrés Elías, casos donde la constante son la política y la
tortura que lleva a ambas mujeres a convertirse en dos víctimas del poder en
Sonora.
CASO GISELA PERAZA
El caso de Gisela
Peraza Villa se convirtió en un asunto político y por eso fue trasladada a
Huatabampo, dijeron el 6 de junio del 2011 a Dossier Político Eloísa Villa
Luna, y Delma Peraza Villa, madre y hermana de Gisela, respectivamente.
“Un comandante del
Cereso de Hermosillo, me dijo que se hizo un caso político y por eso la habían
trasladado para Huatabampo el domingo.
"Nos mandaron a
la Dirección General de los Ceresos para que habláramos con un licenciado Walterio, un hombre que nunca nos quiso
recibir; luego fuimos a Huatabampo y ahí no nos dejaron que viéramos a Gisela,
para nosotros ella está secuestrada porque lo que están haciendo no está bien”,
manifestó Delma
Manifestó que su
hermana tiene derecho a hacer una llamada telefónica, de tener un abogado, de
que se le visite y todos estos derechos los están violando, recalcó.
Por su parte, la
señora Eloísa mostró a Dossier Político las fotos que, dice, son las pruebas
que tienen de que Gisela sí fue golpeada.
"Fueron tomadas
cuando mi hija se encontraba arraigada, las tomaron con un celular que logramos
meter al lugar en que la tenían y fueron tomadas en el interior del baño",
dijo la angustiada madre.
“A mi hija la
envolvieron en con una cobija para que no se le notaran los golpes por eso es
que únicamente se le ven en los pies y un poco de la pierna, pero además el
Primer Visitador Aldo Saracco le tomo unas fotos y el vio a mi hija golpeada”,
expuso.
“EN NINGÚN MOMENTO LA VI GOLPEADA NI TENGO FOTOS DE
ELLA”: SARACCO
Ante los
señalamientos directos por parte de los familiares de Gisela Peraza Villa,
Dossier Político buscó al Primer Visitador de la CEDH, Aldo Saracco Morales
para cuestionarlo al respecto.
“Cuando ella vino a
interponer la queja el 18 de marzo, nos manifestó que los hechos sucedieron el
13 de marzo y en ese momento yo no le vi
ninguna lesión, no tenía muestras del ahorcamiento que ella dice que ocurrió,
no me mostró ninguna lesión y yo no tengo fotografías de ella, el médico de
aquí (de la CEDH) Carlos Félix Durazo
y Diana Gastélum, la vieron el 18
de abril y le aplicaron el protocolo de Estambul, que es con el que se
establece si la víctima sufrió algún tipo de tortura y en ese momento ella no
mostró evidencias de haber sido torturada”, externó el funcionario.
Saracco Morales,
hizo hincapié en las fechas ya que, señaló, es la primera situación que no
concuerda con lo que señala Gisela.
"Ella se presentó el 18 de marzo a interponer la
queja de unos hechos que ocurrieron el 13 de marzo, o sea cinco días después,
pero dos semanas antes de que se le decretara el arraigo que fue el 5 de
abril", dijo.
Después de que
Gisela presentó la queja en la CEDH el
gobernador Guillermo Padres y su esposa Iveth Dagnino de Padrés interpusieron
la denuncia correspondiente, la Procuraduría General de Justicia en el Estado
realiza las investigaciones y días después la detuvieron para arraigarla.
En este sentido el
funcionario de la Comisión quiso dejar en claro que en caso de que se llegue a
acreditar que efectivamente hubo algún tipo de tortura sería por parte de
elementos de la Policía Estatal Investigadora.
“En forma mediática
han tratado de desvirtuar la participación del gobernador Guillermo Padrés y su
esposa y ellos en ningún momento participan, no son autoridades que estén
involucradas en el caso, ellos lo único que hicieron fue denunciar el hecho
ante las autoridades y en este caso la responsable sería la Procuraduría
General de Justicia del Estado o sus elementos de la Policía Estatal
Investigadora”, recalcó
Sin embargo apuntó
que no se trata de especular, en cuanto a si hubo tortura o no por parte de los
agentes, debe haber una evidencia y el artículo 43 es muy claro y lo restringe
a probar lo que se dice
“Muchas veces este
tipo de cuestiones se dan en lo oscurito, es decir la tortura se pueden
practicar y no dejar lesiones es por eso que nosotros nos apoyamos en el
Protocolo de Estambul, de esto se desprende que no estamos favoreciendo al
gobierno o a la procuraduría, sino que es un organismo completamente ajeno el que realiza los estudios de este
protocolo, en este caso la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya que son
ellos los que tienen la estructura para hacerlo y en el caso de Gisela,
reitero, no se acreditó que tuviera las condiciones de una persona que fue
torturada” apuntó.
Explicó que el
Protocolo de Estambul consta de tres etapas, una es la investigación jurídica,
otra la cuestión médica y la tercera son los estudios psiquiátricos.
"Se trata de un
programa hecho por la Organización de las Naciones Unidad y adoptado por
México", explicó.
“Con esto quiero
decir que no se trata de lo que diga Aldo Saracco, ni la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, que finalmente es sólo una tercera parte de todo lo que
representa el Protocolo, uno como autoridad tiene que respetar la legislación y
a suplencia de la ley local están los tratados internacionales. Repito, no es
Aldo Saracco el que lo está diciendo. Yo no lo decido. Es el protocolo en su
conjunto, el que no acreditó que Gisela fue torturada”, externó.
Al preguntarle al
Primer Visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos acerca de las
fotografías que presentó la madre de la afectada indicó que en ellas se ve que
trae los pies golpeados pero todavía se tiene que acreditar que éstas lesiones
fueron hechas como consecuencia de una tortura.
Al hablar del estado
actual del caso, indicó que se abrirá el abanico de la investigación para ver
la situación que se está dando en el Cereso de Huatabampo y se va a comisionar
a la Visitadora Adjunta para que investigue la incomunicación que existe y el por
qué fue trasladada a ese lugar.
“La CEDH no se ha
cerrado a la familia ni se encuentran en estado de indefensión”, finalizó.
Pero el 11 de
noviembre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitió la
Recomendación 54/2013, dirigida al Gobierno del Estado de Sonora por el caso de
Gisela Peraza, la trabajadora doméstica que fue acusada de robo en la Casa de
Gobierno y que fue torturada por agentes de la PEI y cabe resaltar por el mismo
hecho un agente de la Policía Estatal Investigadora también fue detenido y
torturado.
Mediante un
comunicado emitido por la CNDH se informó que “la mujer que laboraba como ama
de llaves en la Casa de Gobierno de Sonora sufrió tortura, detención y
retención arbitraria, por parte de elementos de ese gobierno y de la Policía
Estatal Investigadora.
El organismo asegura
que Gisela Peraza “fue acusada de haber robado una maleta con dinero, razón por
la cual elementos de la Policía Estatal Investigadora la esposaron y
trasladaron a sus instalaciones, donde fue interrogada, golpeada, insultada y
se le colocó una bolsa de plástico en la cabeza para asfixiarla”.
Asimismo, que fue
liberada el 18 de marzo del presente año y posteriormente el 5 de abril fuera
detenida nuevamente; se indicó que durante la segunda detención, elementos de
esa corporación policiaca.
“La llevaron a sus
instalaciones donde la golpearon, le vendaron la cara, la enrollaron en una
cobija, le amarraron las manos, la patearon y echaron agua en la cara para
ahogarla, mientras la interrogaban sobre el dinero robado; cabe resaltar por el
mismo hecho un agente de la Policía Estatal Investigadora también fue detenido
y torturado”, policía sobrino del secretario de Seguridad Pública del Estado de
Sonora, Ernesto Munro Palacio.
La CNDH expone que
una vez concluida está investigación, confirmó que con su conducta, los
servidores públicos mencionados violaron el derecho a la legalidad, seguridad
jurídica y derecho a la libertad personal de las víctimas.
“El Gobierno de
Sonora debe proceder a la reparación del daño ocasionado a las víctimas y se
les brinde la atención médica y psicológica necesaria, con el fin de que se
restablezcan su salud física y emocional”, aduce la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.
Finalmente el
organismo demandó al Gobierno del Estado capacitar a servidores públicos
adscritos al Poder Ejecutivo del Estado y de la Policía Estatal Investigadora,
para que toda actuación se practique con apego a la legalidad y respeto a los
derechos humanos, y se abstengan de realizar detenciones arbitrarias,
retenciones ilegales y actos consistentes en tortura física, mental o de
cualquier otro tipo.
CASO “LA CHINA”
A unas horas de la
muerte de “La China”, Dossier Político publicó que la familia de la señora
María Jesús Llamas Coronado quien según la PEI se suicidó durante su arraigo
luego de que se acusara de secuestrar al líder del PAN, Omar Núñez Caravantes,
denunció una serie de presuntas irregularidades, por lo que exigieron una
exhaustiva investigación a fin de esclarecer su muerte.
La denuncia hecha
llegar el domingo 6 de octubre a Dossier Político establece una serie de
supuestas irregularidades cometidas por agentes de la Policía Estatal
Investigadora, Base Operativa Guaymas, así como en el actuar del agente del
Ministerio Público que durante el arraigo negó el ingreso y entrevista al
abogado defensor de la joven madre, Lic. José María Hernández Aguirre.
En el documento se
expone que la familia de María de Jesús Llamas Coronado “La China” y su abogado
defensor Lic. José María Hernández, demandan
una profunda investigación sobre el hecho, donde se destacan los siguientes
elementos:
a).- Que se
determine cuál fue la causa real de su muerte.
b).- La intervención
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, debido a los abusos de autoridad
cometidos en su perjuicio por el agente del Ministerio Público del sector
adscrito a Guaymas, Sonora (lugar donde se realizaron los hechos).
c).- La violación de
sus Derechos Humanos dentro de la averiguación previa No. 306/2013, al detectar
un indebido arraigo en su persona y el coacusador, así como también por negar
el Ministerio Público al abogado defensor el acceso al expediente de la
averiguación previa y a las actuaciones en ella contenías.
d).- Se denuncia que
no obstante haber asignado María de Jesús Llamas Coronado un abogado defensor
particular, se le tomó declaración con el Defensor de Oficio, siempre en horas
de la madrugada, según se quejaba María de Jesús Llamas Coronado las tres veces
que pudo el abogado defensor, con muchas dificultades entrevistarse con ella, en las celdas de las
instalaciones de la Policía Estatal Investigadora.
e).- Se denuncia las
violaciones a las garantías de defensa sufrida por María de Jesús Llamas
Coronado, por parte del Ministerio Público del sector y del personal de la
Procuraduría de Justicia del Estado,
enviado desde Hermosillo a integrar la averiguación, a la que no se le ha permitido al abogado
defensor Lic. José María Hernández Aguirre, el tener acceso para su
conocimiento y revisión a la que tiene derecho.
f).- El sábado 05 de
octubre, nuevamente se le negó al abogado defensor el acceso al expediente de
la averiguación previa, violando el derecho constitucional, violando el amparo
concedido en el juicio 37/2013, otorgado el día viernes 04 de octubre (un día
anterior al “suicidio” de María de Jesús Llamas).
g).- El abogado
defensor Lic. José María Hernández, tuvo que recurrir a un juicio de amparo,
ante la negativa del Agente del Ministerio Público de permitirle la lectura del
expediente que contiene la averiguación previa y negarle el derecho de estar
presente en las diligencias que se practicaron, sobre todo en las que intervino
su cliente María de Jesús Llamas Coronado. Hoy fallecida.
h).- El abogado
defensor declara que al acudir el día viernes 04 de octubre en compañía del
actuario, a notificar el amparo para su ratificación, pudo constatar que María
de Jesús Llamas Coronado NO MOSTRABA EN LO MÁS MÍNIMO SÍNTOMAS ALGUNO DE
PRETENDER SUICIDARSE. AL CONTRARIO QUERÍA SOLUCIONAR SU PROBLEMA PARA ESTAR CON
SUS PEQUEÑOS HIJOS.
i).- Destaca el
abogado defensor que por voz de María de Jesús Llamas Coronado se enteró que el
Ministerio Público la obligaba a involucrar al secretario del Presidente
Municipal de Guaymas, como partícipe en los hechos, además de que a la hoy
fallecida NO SE LE PERMITIÓ LEER LO QUE FIRMÓ, destacando además el hecho de
que esas actuaciones se practicaron por la madrugada en diferentes días anteriores
a su muerte.
En octubre, el líder
del PAN Guaymas, Omar Núñez Caravantes, desmintió enfáticamente al procurador
Carlos Navarro Sugich quien aseguró que la víctima de secuestro político había
pasado horas en un motel del puesto con “La China” y reiteró que solamente le
dio un raite a su casa.
Núñez Caravantes
dijo en entrevista radial que él nunca estuvo en ese lugar, pues sólo atendió
una gestión de obras de pavimentación y posteriormente llevó a María de Jesús
Llamas Coronado a su casa, a la colonia Petrolera, pero jamás como lo afirma
Carlos Navarro Sugich.
El pasado domingo 6
de octubre, en conferencia de prensa, el procurador de Sonora dijo que en los
próximos días la Procuraduría General de Justicia del Estado consignará ante un
Juez del Ramo Penal a seis personas señaladas como probables responsables de la
privación ilegal de la libertad de Omar Núñez Cervantes, dirigente municipal
del Partido Acción Nacional.
Señaló que las
personas que se encuentran en calidad de arraigadas y que próximamente será
consignadas son: Francisco Javier López Lucero, de 42 años de edad, ex
dirigente municipal del PAN en Guaymas; Ernesto Guadalupe Trillas Lemus, de 33
años de edad, Agente de la Policía Municipal de Guaymas; Francisco Javier
Oceguera Sánchez, de 25 años de edad; Sergio Francisco Milanes Grijalva, de 49
años de edad; y José Rafael Covarrubias Johnson, de 22 años.
En el caso se
encuentra también involucrado y será consignado José Eduardo Gaxiola Márquez,
quien es secretario particular del Presidente Municipal de Guaymas, y el cual
no ha sido posible localizarlo. Además de María de Jesús Llamas Coronado, de 34
años de edad, quien el día de ayer lamentablemente se privó de la vida en el
lugar donde se encontraba en calidad de arraigada.
Navarro Sugich
manifestó que estas personas planearon y ejecutaron tomarle fotografías
comprometedoras al ofendido Omar Núñez Caravantes, a efecto de obtener de él
dinero y la promesa de ya no golpear políticamente al Ayuntamiento de Guaymas.
Para ello los señores Francisco Javier López Lucero y Oceguera Sánchez
solicitaron el apoyo a Eduardo Gaxiola Marquez, secretario particular del
Alcalde de Guaymas.
El señor Gaxiola
Márquez aceptó ayudarles y ordenó que se le facilitara a estas personas al
agente de la Policía Municipal Ernesto Guadalupe Trillas Lemus; dicha orden fue
ejecutada por conducto de la subdirectora de la Policía Municipal quien le giró
la instrucción al agente Trillas Lemus de que asistiera a las personas
indiciadas en esta averiguación.
El Procurador
General de Justicia dijo que la contraprestación que iba a recibir el
Ayuntamiento por esto, es que no se le golpeara políticamente por parte del
dirigente municipal del PAN en Guaymas.
El día 26 de
septiembre, narró Navarro Sugich, se reunió la señora María de Jesús Llamas
Coronado y el señor Omar Núñez, quienes estuvieron deambulando por el Puerto,
la idea era tomarle fotografías comprometedoras, pero no lograron su objetivo;
por lo que después se dirigieron al motel Las Playitas, donde se internaron y
una vez que estaban en el interior del hotel María de Jesús le habló al resto
de los inculpados, quienes intentaron meterse al hotel para tomar fotos
comprometedoras, pero los empleados de dicho lugar no se lo permitieron.
Los empleados del
hotel identifican y señalan a los inculpados como las personas que acudieron a
tomar las fotografías.
Después de salir del
hotel, agregó Navarro Sugich, Omar Núñez llevó a Llamas Coronado a su casa y al
ir llegando fue cuando lo privaron de la libertad, lo metieron a la casa de
María de Jesús, donde los desnudaron y les tomaron fotografías. Quienes
participaron directamente en este operativo fueron Oceguera Sánchez, Llamas
Coronado, Sergio Francisco Milanes Grijalva y Covarrubias Johnson, los cuales
además robaron sus pertenencias a la víctima.
Navarro señaló que
muy pronto estarán ejerciendo acción penal en contra de Francisco Javier López
Lucero, Ernesto Guadalupe Trillas Lemus, Francisco Oceguera Sánchez, Sergio
Francisco Milanes Grijalva y José Rafael Covarrubias Johnson por el delito de
extorsión, con el cual podrían alcanzar una penalidad de tres a diez años de
prisión y de 20 a 300 días de multa.
Y en el caso de
Trillas Lemus se vuelve extorsión agravada por ser elemento de la Policía
Municipal, con la cual podría alcanzar una sanción de cuatro a seis meses a 15
años de prisión, de 20 a 300 días multa, destitución o inhabilitación en su
caso de hasta diez años para desempeñar un cargo público.
Así mismo, se les
consignará por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, con lo
que podrían alcanzar una penalidad de cuatro a 12 años de prisión y de 25 a 300
días multa; de robo con violencia en las personas, ejecutado de noche, por dos
más personas y utilizando arma de fuego, con lo que podrían alcanzar una
sanción de tres a doce años de prisión; y de agravante de pandillerismo, con lo
que se aumenta la penalidad de todos los delitos cometidos en una mitad más.
El procurador señaló
que a José Eduardo Gaxiola Márquez, secretario particular del Alcalde, se le
consignará por los delitos de abuso de autoridad y chantaje, por el primero de
ellos podría alcanzar una sanción de uno a ocho años de prisión, de 20 a 250
días multa y destitución, en su caso, e inhabilitación de uno a cinco años para
desempeñar un empleo , cargo o comisión públicos; y por el segundo de los
delitos la sanción puede ser seis meses a diez años de prisión y de diez a 300
días multa.
“Aún no ha sido
posible localizar a Gaxiola Márquez, contra quien ya se giró una orden de
presentación, lo hemos citado y hemos además tratado, por la vía diplomática, a
que acuda a la agencia del Ministerio Público sin éxito”, manifestó Navarro Sugich.
Finalmente, el
Procurador del Estado lamentó la muerte de María de Jesús Llamas Coronado,
quien el día de ayer se privó de la vida en el lugar en el que estaba
cumpliendo la medida de arraigo mientras estaba siendo investigada sobre éstos
hechos.
Después de la
recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Brenda
Figueroa Coronado, hermana de María Jesús Llamas “La China”, aseguró que no
busca venganza y sí justicia “así como mi hermana estaba dispuesta a pagar por
lo que hizo, así que paguen por lo que ellos (culpables) hicieron”.
Brenda aseveró que
desde un principio dudaron de que “La China” haya determinado privarse de la
vida pues ella tenía muchas ganas de vivir, ahora sólo falta que las
autoridades castiguen con todo el peso de la ley a los responsables de su
muerte pues la CNDH determinó que su muerte fue provocada y no auto-infligida.
La hermana de “La
China” anunció que analizará el contenido de la recomendación emitida el pasado
domingo junto a su abogado para determinar las acciones legales que siguen,
pues el caso no debe quedar impune.
Dossier Político
documentó que los familiares y el representante legal de la víctima señalan que
“existieron violaciones de sus Derechos Humanos dentro de la averiguación
previa No. 306/2013, al detectar un indebido arraigo en su persona y el
coacusador, así como también por negar el Ministerio Público al abogado
defensor el acceso al expediente de la averiguación previa y a las actuaciones
en ella contenidas”.
El alcalde de
Guaymas viajó a la Ciudad de México para solicitar la intervención de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por una serie de
inconsistencias e irregularidades en la muerte de “La China”, pues nadie cree
el supuesto suicidio de la joven madre dentro de la celda en la Base Operativa
de la PEI-Guaymas, a fin de esclarecer los trágicos hechos.
Lanzó severa
acusación a la PGJE mediante un desplegado, “de ahí que nadie cree la versión
del suicidio en una celda de arraigo… María de Jesús Llamas poco antes de morir
promovió un amparo por la incomunicación de que era víctima, además de la
tortura de que fue objeto y por la forma en que impedían su defensa legal”.
“Ahora le tocó a
ciudadanos del Guaymas sufrir los abusos de la Autoridades del Estado con el
caso del secuestro del dirigente del PAN, Omar Núñez Caravantes, para ser usado
con fines políticos torciendo la Ley para fabricar culpables y luego promover
linchamientos mediáticos”, acusó el alcalde de Guaymas.
Amplió que “en este
caso, que desde un principio quedó claramente establecido quiénes participaron
y el objetivo del delito, ahora se recurre a la perversa práctica de crear
cortinas de humo para ocultar la verdad y aprovechar para golpear públicamente
a personas que militan en partidos opuestos al partido en el Gobierno”.
Entre otras
apreciaciones del munícipe expresa las prácticas que lleva a cabo la PGJE para
obtener información de personas inculpadas –tortura- en algún delito que “todos
saben cómo obtiene la Procuraduría de Justicia las declaraciones y cómo
distorsiona las investigaciones y actuaciones ministeriales”.
Expuso que la
familia de “La China” merece conocer la verdad en el conflicto entre panistas
de la comunidad que derivó en la trágica muerte de la líder social, “todos
quieren saber por qué la señora María Jesús Llamas atentó contra su vida y
porqué la Procuraduría se apresura a dar carpetazo al presunto suicidio sin
agotar con un mínimo rigor científico la investigación”.
Claussen Iberry
critica “porqué le negaron defensa legal a la señora… pido y exijo la
aclaración total de los hechos con la intervención de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, especialmente para que nos envíe un Visitador Especial
para que esclarezca lo sucedido a la señora, ¡ya basta de fabricar culpables,
ya basta de politizar la justicia!”.
Para el alcalde las
bandas al interior del PAN son las responsables del caso Guaymas donde Manuel
Villegas, director administrativo de la Secretaría de Gobierno, es el jefe de
una de ellas y Omar Núñez Caravantes, además acusó a la PGJE de involucrar a
terceros en un pleito entre panistas.
El presidente
municipal sostuvo que “todos sabemos que es un lucha de poder al interior del
PAN, entre el actual dirigente y un grupo de funcionarios estatales con
aspiraciones a cargos populares, se ha dicho que el jefe de una de las bandas
es Manuel Villegas, actual colaborador del Gobierno del Estado y la otra la
encabezada por Omar Núñez, las cuales se han enfrascado en esta lucha de
poder”.
Criticó que se
quiera involucrar a su secretario particular, Eduardo Gaxiola Márquez, en este
hecho, “es una cortina de humo, tratando de fabricar culpables”, quien no se ha
presentado ante las autoridades para declarar debido a que nadie le garantiza
seguridad, “¿cómo se puede acercar, cómo se puede presentar, si en la casa del
procurador, en la Agencia del Ministerio Público y la PEI, murió una mujer de
forma muy rara?”, cuestionó.
En la víspera,
Dossier Político publicó que el dirigente del Comité Municipal del PAN en
Guaymas, que el 26 de septiembre fue privado ilegalmente de su libertad, señaló
al alcalde de Guaymas, Otto Claussen Iberry, como culpable de las agresiones y
de la privación ilegal en hacia su persona por las críticas hacia su
administración.
En conferencia, Omar
Núñez Caravantes dirigente municipal porteño, acompañado de Juan Valencia
Durazo recordó que desde el 2012 recibía mensajes por varias personas que lo
amenazaban, además de un tiempo a la fecha sufría de persecución policíaca.
El dirigente agraviado
pidió al presidente municipal Otto Claussen Iberri que dé la cara, que asista a
declarar su secretario particular, Eduardo Gaxiola, –actualmente desaparecido-;
y esperó que la autoridad competente averigüe a fondo y consigne a los
culpables.
Núñez Caravantes
quien se mostró extrañado de las agresiones hacia su persona porque asegura que
no bebe, no fuma, tampoco usa drogas, e insistió que el Gobierno Municipal de
Otto Claussen está metido en las agresiones, porque su –secretario- particular
no actuó solo.
Sostuvo que como dirigente municipal porteño ha
reconocido las acciones que ha hecho bien el alcalde, como las que ha hecho mal
y que nunca se ha metido en asuntos personales, como tampoco hubo dolo; sólo
fueron declaraciones del desorden jurídico y administrativo de lo que pasa en
Guaymas.
En el caso del
panista Francisco López Lucero implicado en la privación ilegal de su persona
nunca tuvo alguna diferencia, y sobre la relación que mantenía con María Jesús
Llamas Coronado “La China” confesa en la participación de la detención ilegal y
hoy occisa, reconoció que en una sola ocasión asistió al Comité Municipal a
hacer gestiones y no quiso abundar más en el tema.
El pasado domingo DP
documentó que el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, emitió la
Recomendación 73/2013, dirigida al Gobierno de Sonora, por violaciones a los
derechos humanos a la legalidad, a la seguridad jurídica, a la debida
procuración de justicia, al derecho a la verdad, al honor y a la imagen, en
agravio de una mujer arraigada en instalaciones de la Policía Estatal
Investigadora en Guaymas, Sonora.
Mediante un
comunicado, el organismo expone que de la investigación realizada por esta
comisión nacional, se evidenció la práctica de diligencias de manera
negligente, así como la indebida preservación de indicios y omisiones de
cuidado en la investigación de los hechos por parte del agente del Ministerio
Público, personal pericial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Sonora, y elementos de la Policía Estatal Investigadora en Guaymas, Sonora.
De acuerdo con los
antecedentes del caso, la referida víctima fue detenida el 28 de septiembre de
2013 en cumplimento a una orden de investigación girada por el encargado de la
Agencia Investigadora del Ministerio Público del Sector I, en Guaymas, Sonora,
por su supuesta participación en los presuntos delitos, cometidos en agravio de
una persona y, trasladada a las instalaciones citadas.
El 5 de octubre de
2013, personal de la Policía Estatal Investigadora encontró en su celda a la
agraviada, sin vida, circunstancia que hicieron del conocimiento del agente del
Ministerio Público de esa localidad, quien inició la averiguación previa
respectiva, por el delito de probable suicidio-homicidio y lo que resulte, la
cual se encuentra en archivo, en virtud de que el 24 del mismo mes, se dictó
acuerdo de no ejercicio de la acción penal, al considerar que se había
acreditado que la víctima falleció a consecuencia de circunstancias propias de
su voluntad y no atribuibles a terceras personas.
No obstante, de las
diligencias de campo practicadas por personal pericial de esta comisión
nacional y del análisis de las constancias ministeriales y periciales que obran
en la averiguación previa relacionadas con el deceso de la víctima,
particularmente la inspección ocular y fe ministerial del cuerpo de la
agraviada y del lugar de hechos, así como del dictamen de criminalística de
campo, se contó con evidencias que acreditan transgresiones a los derechos
humanos a la legalidad, a la seguridad jurídica, a la debida procuración de
justicia, al derecho a la verdad y al honor, en agravio de la persona
fallecida.
Lo anterior, toda
vez que, el 5 de noviembre de 2013, peritos de este organismo nacional
realizaron inspección ocular en el lugar en que la agraviada permaneció
arraigada, en las instalaciones de la base operativa de la Policía Estatal
Investigadora en Guaymas, Sonora, de cuyas diligencias y análisis de las
constancias ministeriales y periciales que obran en la averiguación previa, se
advirtió que la autoridad ministerial y sus auxiliares omitieron acordonar,
para su protección y preservación, la zona donde fue encontrada sin vida la
víctima para la preservación y seguridad de los indicios, entre otros aspectos.
Irregularidades que,
en opinión de peritos de este organismo nacional, genera que no se cuente con
los elementos técnicos científicos que permitan establecer que la causa de
muerte de la persona derivó de maniobras observadas en personas que se han
privado se voluntariamente de la vida
Sobre este aspecto,
peritos de esta Comisión determinaron que personal pericial de la PGJ del
Estado, emitieron un juicio de valor que no les correspondía, al señalar que la
causa de muerte de la víctima fue “asfixia por ahorcamiento”, conclusión que
únicamente podía dictaminar el médico forense.
Por otra parte, el
personal pericial médico de esta comisión nacional, una vez practicada la
exhumación del cadáver de la víctima, llegó a la conclusión de que la causa que
le ocasionó la muerte, fue asfixia mecánica, derivada de obstrucción de vías
respiratorias superiores, en individuo que presentó infiltrado (lesión) a nivel
del cartílago cricoides por traumatismo o compresión directa, lesión a nivel de
cuello que indica que el deceso no fue producido de manera autoinfligida.
En la opinión
técnica médica, perito de esta comisión nacional precisó que no encontró
indicios objetivos que fundamenten y sustenten que la causa especifica de la
muerte haya sido consecuencia de asfixia por ahorcamiento.
Lo anterior, lejos
de contribuir al esclarecimiento de las circunstancias en que la persona perdió
la vida, denota falta de diligencia, para que la investigación contara con los
elementos necesarios y suficientes para establecer con exactitud cómo
ocurrieron los hechos y, en consecuencia, una seria limitación al derecho a
conocer la verdad que merece ser reparado a los familiares de la víctima.
Se considera
necesario que la Procuraduría de Sonora aclare enfáticamente que no existen
elementos suficientes que permitan establecer, en forma fehaciente, que la
agraviada se suicidó, pues al haber difundido el titular de la Procuraduría
ante la opinión pública esa circunstancia, se atentó contra la imagen y el
honor de la víctima y, consecuentemente, sus familiares fueron revictimizados
por parte de las autoridades.
En consecuencia, la
comisión nacional recomienda al Gobierno del Estado de Sonora, se proceda a la
reparación del daño ocasionado a los familiares de la víctima y se les brinde
la atención médica y psicológica necesaria, durante el tiempo que sea
necesario.
Se capacite al
personal médico y pericial de la Procuraduría del Estado en el manejo,
integración, perfeccionamiento legal, resguardo de evidencias y constancias,
para el adecuado uso y preservación de los indicios, que permitan determinar
las averiguaciones previas con prontitud e inmediatez y se colabore ampliamente
en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos y queja que este
organismo nacional formule, respectivamente, ante la Procuraduría del Estado y
su Visitaduría General, en contra de los servidores públicos involucrados.
Por su parte, la
Comisión Estatal de Derechos Humanos anunció que observará el cabal
cumplimiento de la Recomendación emitida por la CNDH en el caso de muerte de la
ciudadana María de Jesús Llamas Coronado, de parte de la Procuraduría General
de Justicia del Estado y de las autoridades correspondientes del Gobierno del
Estado.
Mediante un
comunicado, Raúl Ramírez Ramírez describió que desde el pasado 5 de octubre
este Organismo tomó de manera oficiosa el caso de la joven mujer del Municipio
de Guaymas quien perdiera la vida dentro de una celda de la Policía Estatal
Investigadora (PEI) a fin de esclarecer las causas del deceso.
El Ombudsman precisó
que desde ese día y hasta el 16 de octubre, la CEDH Sonora integró el Expediente
de Queja CEDH/III/33/01/1421/2013 donde además de visitar las instalaciones de
la PEI se allegó de la Averiguación Previa y los resultados de la autopsia
realizada por la PGJE mismos que fueron analizados por el personal de esta
Comisión y por el perito externo y Médico Forense, Manuel Bernal Durán.
Durante 11 días y
después de realizar un análisis a los resultados de la autopsia practicada por
peritos de la Procuraduría, el médico forense emitió un dictamen parcial sobre
las causas de la muerte de María de Jesús Llamas Coronado mismo que fue
remitido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el mismo día que se le
solicitó la intervención en este lamentable acontecimiento.
Indicó que la CEDH
Sonora no emitió resolución alguna sobre las causas de la muerte de María Jesús
Llamas Coronado y menos aún, una Recomendación y fue el 28 de octubre cuando la
CNDH informó a este Organismo que atrajo la investigación que derivó en la
Recomendación referida emitida el domingo 22 de diciembre.
Ramírez Ramírez
señaló que este Organismo solicitó a un familiar que contaba con poder notarial
para representar en los trámites a la familia de la víctima, la autorización
para exhumar el cuerpo de Llamas Coronado; sin embargo, no le fue concedida por
lo que el 16 de octubre se envió la queja a la CNDH que inició con sus propias
investigaciones.
Recordó que personal
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos realizó las indagatorias sobre las
causas de la muerte de la ciudadana a quien la comunidad de Guaymas, conocía
como “La China”, para posteriormente determinar si durante el proceso legal se
cometió algún tipo de abuso de autoridad.
Previo a dar a
conocer el resultado de la autopsia por parte del Médico Legista adscrito a
esta Comisión, los Visitadores Generales se entrevistaron en privado con los
familiares de la víctima con el fin de establecer comunicación personal y
directa sobre el resultado de la misma, manifestando satisfacción con el
estudio realizado por esta Comisión.
Sobre la
Recomendación emitida el domingo por la CNDH, Raúl Ramírez Ramírez enfatizó que
coadyuvará con el organismo nacional a fin de que las autoridades estatales
cumplan a cabalidad con ella y se abran otras líneas de investigación para
llegar al esclarecimiento de las causas de la lamentable muerte de María de
Jesús Llamas Coronado.
(DOSSIER
POLITICO/ Jesús Ortega / 2013-12-24)
No hay comentarios:
Publicar un comentario