El ingeniero Gervasio Osuna Contreras, secretario de minería de la
Confederación Nacional Campesina (CNC) y hombre cercano al diputado
federal, Heriberto Galindo Quiñónes fue aprehendido por la Policía
Ministerial del Estado la tarde de este martes como presunto incitador
del bloqueo a la mina Paradox, que opera en el ejido Potrero de Cancio,
Choix.
La detención se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión
por el delito de despojo agravado que el Juzgado Mixto de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Choix dictó en el expediente 32/2013,
iniciada por denuncia de hechos de la minera Paradox y su representante
legal, María Hermila Márquez Rodríguez.
A Osuna, el agente del Ministerio Público del Fuero Común de Choix le
imputó cargos de incitar al bloqueo mediante el aleccionamiento de los
campesinos a tomar el camino, bloquearlo con troncones, cercarlo con
alambre de púas y financiar la movilización.
Del caso de Paradox contra los ejidatarios de el Potrero de Cancio
falta por detener al presidente del comisariado ejidal, Ramón Corrales
Vega, que enfrentará cargos iguales a los de Gervasio Osuna, por
declaraciones manipuladas.
Corrales Vega nunca estuvo en el bloqueo y cuenta con pruebas
documentales que asentó en actas de que rechazaba la movilización, pero
estas no le fueron incluidas en el expediente para convertirlo en
culpable de un delito que no cometió. El gobierno de Mario López Valdez
pretende encarcelarlo como advertencia a futuras movilizaciones
sociales, dijo en su momento.
Los cargos contra Osuna y Corrales vega fueron producto de
declaraciones manipuladas de los 32 campesinos detenidos en la víspera
del bloqueo que pretendía recuperar la mina de mineral de hierro que
explota Paradox, sin pagar regalías.
Los campesinos dijeron que las declaraciones fueron asentadas por el
fiscal actuante, pues nunca declararon lo que aparece en las diligencias
y que las firmaron por ignorancia y temor a ser asesinados por los
agentes ministeriales que los custodiaban.
Del caso 32/2013, la Policía Ministerial del Estado aprehendió a 32
campesinos, pero la Procuraduría General de Justicia del Estado ejercitó
acción penal contra 28. De estos, una de las detenciones fue calificada
como ilegal y se decretó auto de libertad contra 13 personas por falta
de elementos para ser procesarlos, en tanto que 14 fueron recluidos en
la cárcel sin derecho a fianza.
Este es el primer caso en que se castiga penalmente y con prisión una
movilización social. Y es que los actuales diputado locales
consideraron como delito grave todo bloqueo cometido por dos o más
personas contra particulares. Y aunque es delito grave, el delito no es
oficioso y se persigue por denuncia de parte, la cual puede otorgar
perdón.
El gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez y su secretario de
gobierno, Gerardo Vargas Landeros, así como el alcalde de Choix, Juan
Carlos Estrada Vega ofrecieron gestiones en favor de los presos, pero
todos mintieron.
No hay comentarios:
Publicar un comentario