domingo, 7 de julio de 2013

ARRECIAN "LEVANTONES" EN BAJA CALIFORNIA

En Rosarito, Tijuana y Mexicali

Tres plagios fueron denunciados entre el 26 y 27 de junio en Baja California, un hombre de 60 años en Mexicali logró escapar en el proceso. 

Las autoridades desestiman la incidencia del delito, renombrándolo: “No hay secuestros, lo que estamos teniendo son privaciones y levantones”, asegura Abel Galván, subprocurador contra la Delincuencia Organizada

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6 de junio de 2013. Un hombre llega a un restaurante de Popotla, en Rosarito, y pide de comer. Coloca sus aparatos de comunicación sobre la mesa, afuera, de un comando de tres autos, bajan tres hombres sin pasamontañas apuntando con armas largas. Ingresan, se identifican como autoridad y se lo llevan.

Menos de 24 horas después, la mañana del jueves 27 de junio, el joven hijo de un yonkero fue privado de su libertad en Tijuana, y a las 10:30 am del mismo jueves, en Mexicali, un anciano escapaba de sus captores saltando de la cajuela de un auto, casi frente a la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Ambos días, ZETA preguntó en la PGJE qué ocurría con los secuestros. “No hay secuestros, lo que estamos teniendo son privaciones y levantones”, fue la respuesta de Abel Galván, subprocurador contra la Delincuencia Organizada. Sin embargo, al final esta área tomó los casos por el modus operandi de los victimarios.

Se llevan a zacatecano
Los primeros oficiales involucrados en la indagatoria del hombre raptado en Popotla, la tarde del miércoles, asumieron que se trataba de un posible criminal, porque en los aparatos electrónicos traía varios números identificados con apodos, además de que la mayoría de sus contactos en el celular tenían la clave Lada 667, que corresponde a Culiacán, Sinaloa.

Tras las primeras pesquisas, fue identificado como Mario Gordoa González, originario de Zacatecas, residente de Tijuana de entre 30 y 40 años de edad.

ZETA consultó respecto a la versión de que los captores eran policías federales, pero la Procuraduría General de la República no confirmó la realización de la mencionada detención. Hasta el jueves 27 de junio, la investigación estaba en manos de la PGJE, donde por oficio se abrió la averiguación previa 1391/13/2007, por la privación de la libertad.

Al cierre de esta edición, ZETA pudo conocer que la autoridad había contactado a una hermana de la víctima, quien no pudo dar informes, debido a que tenía más de dos años sin tener noticia de su fraterno.

En el estacionamiento de los Maricos Popotla quedó estacionado el auto BMW en el que circulaba la víctima, el cual no estaba a su nombre. Los investigadores encontraron que el vehículo era propiedad de otro hombre, que actualmente tiene 45 años.

Un día después del rapto, el restaurante operó de manera normal -el día del crimen se mantuvo cerrado por viarias horas-, como si nada hubiera pasado. La clientela comía tranquila sus mariscos y bebía cerveza para apaciguar el calor. Los rosaritenses preferían las mesas de adentro, y los turistas, la palapa exterior con vista al mar.

La cinta amarilla de precaución colocada por la Policía en la escena del crimen había sido retirada para no dar mal aspecto a los comensales.

Ninguno de los vecinos del establecimiento atestiguó el delito, y si lo hicieron, fingieron no haberlo hecho. Algunos dijeron solo haber visto las patrullas después de que se había perpetrado la privación de la libertad. A los responsables nadie los vio.

Éste es el segundo secuestro cometido durante 2013 en la zona de Popotla. El primero fue en contra del dueño de una taquería, en la última semana de enero, que permitió a la autoridad identificar por lo menos a una célula criminal dedicada a este delito en la zona.

Se trata del grupo encabezado por “El Pariente” y/o “El Primo”, apodos identificados en el organigrama del crimen organizado de Rosarito con Ismael Medina Ornelas y Merardo Soberanis (capturados cuatro años atrás, se desconoce su estatus legal), familiares de Héctor Hernández Guajardo “El Güicho”, cabecilla de célula del Cártel Arrellano Félix detenido en 2011, cuando se había separado del grupo de los Arellano. 

Ya se había aliado a Sinaloa y estaba a cargo de la actividad criminal en Rosarito, por lo que las policías presumen que se trata de un miembro de la familia Guajardo y de esta célula delictiva.

Secuestro de ocurrencia

También  se concretó el secuestro cometido en contra de un muchacho mientras trabajaba en el Yonke Mexican, la mañana del 27 de junio de 2013 en Tijuana.

El crimen inició como un pleito por dinero y servicios, según los primero reportes que recibió la autoridad preventiva. El conductor y los dos acompañantes de una camioneta Durango verde  llegaron al negocio a exigir la garantía de un motor que el encargado del yonke se negaba a devolver.

La discusión se recrudeció y, porque sintió que podía cometer el delito sin tener consecuencias, el cliente inconforme decidió tomar ventaja y ordenó a sus cómplices: “¿Ah, no? ¡Levánteme a ese!”, mientras señalaba al muchacho de apellidos García González, hijo del yardero, sin que el padre pudiera hacer nada.

Los esbirros -que según los primeros reportes estaban armados- cumplieron la instrucción y se lo llevaron. La Policía Municipal atendió la denuncia por secuestro que la familia hizo inmediatamente y capturó a un par de sujetos, pero “no había certeza que se tratara de los delincuentes”, por eso los entregaron a la PGJE, para que deslindara.

A pesar de que las víctimas tienen información del victimario, al cierre de esta edición, la PGJE no había reportado avance alguno.

El que escapó

El mismo jueves 27, antes de las 11:00 am en Mexicali, se reportó al número de Emergencias un hombre de 63 años que había saltado de la cajuela de un automóvil Accord blanco en movimiento, en la Calzada de los Presidentes, a unos metros de las oficinas de la PGJE.

Intervenido por los policías municipales, se presentó como Antonio Zamudio y denunció que cuatro hombres lo habían secuestrado mientras estaba en su negocio de polarizado, en la colonia Pueblo Nuevo. Los presuntos responsables fueron detenidos por los municipales y entregados a la Procuraduría estatal.

(SEMANARIO ZETA/  julio 1, 2013)

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