Mientras autoridades civiles, militares, forenses y hasta de primeros
auxilios, se movilizan entre las prisas, la urgencia y la confusión que
genera un cateo domiciliario, una ejecución o un accidente, personal
que forma parte de esas fuerzas del orden y de ayuda peinan el lugar,
no solo en busca de droga o del apoyo que necesitan personas heridas o
desplazadas, también inicia la oportunidad de encontrar algo de valor
que se llevarán a casa muchas veces con la anuencia de sus jefes. En el
caso de los cateos tiene un nombre: botín de guerra.
El caso de Gleida
El accidente fue tan fuerte que Gleida Espinoza pensó que se trataba de
una explosión que estaba sacando al camión de la carretera.
Simultáneamente al estruendo, todo comenzó a dar vueltas mientras el
equipaje y pasajeros volaban en todas direcciones, hasta que, 10 o 15
segundos después, todo se detuvo.
Entre los vidrios rotos y los rayos del sol que como navajas entraban
por las ventanas rotas del camión, Gleida trató de incorporarse.
Escuchaba apenas el motor del vehículo que seguía encendido, pero sobre
todo escuchaba gritos y lamentos de otros pasajeros que apenas se movían
mientras otros más permanecían inmóviles envueltos en sangre.
Gleida nuevamente volvió la vista al exterior y miró la luz brillante
que entraba por las ventanas, y fue entonces que se descubrió sangre en
ropa y rostro, aunque al revisarse y no descubrirse heridas comprendió
que era la sangre salpicada de otros pasajeros.
Un frío de muerte le recorrió la espalda.
Temiendo que en aquel justo instante moriría, Gleida empezó a
arrastrarse entre equipaje regado, los vidrios rotos, pasajeros heridos e
inertes, hasta alcanzar una ventana rota que, como pudo, empujó. Una
vez abierta trepó por ella al exterior.
Fue entonces que descubrió la escena dantesca: el camión hecho pedazos
casi encimado en una camioneta. Automovilistas alarmados se detenían en
la carretera para auxiliar a los heridos.
“Yo tenía mucho miedo y no sabía qué hacer, y toda temblorosa caminé a
la orilla de la carretera, y en el acotamiento, me senté y ahí me quedé
confundida… hasta que llegó la ayuda: un grupo de soldados que acudieron
a auxiliarnos”, recordó la joven, mientras se acomodaba el collarín en
su cuello.
El accidente en que estuvo involucrada Gleida Espinoza ocurrió el pasado
viernes 26, cuando un camión foráneo de la ruta Unidos de Sinaloa que
viajaba de norte a sur se estrelló contra una camioneta Trail Blaizer a
la altura de Angostura, dejando un saldo de cuatro personas muertas y 17
heridos.
Aves de rapiña
Cuando los soldados llegaron, le ofrecieron agua y le dijeron que se
recostara en la carretera. Todavía uno de los elementos le dio una
pastilla para el dolor mientras otro se acercó “para revisarla, en lo
que llegaba la Cruz Roja”.
Un tercer soldado la revisó en la ropa para “checar” que no estuviera
herida ni tuviera huesos rotos, y es precisamente en esa parte que
Gleida considera “le quitaron 4 mil pesos que traía en la bolsa de su
pantalón”.
“Sí, porque de pronto miré que un soldado tenía mi celular que se lo
estaba guardando entre su ropa, y yo le pedí que me lo regresara ya que
esperaba una llamada de mi familia, y el soldado me lo regresó, pero
porque yo se lo pedí, y en ese momento no me acordé del dinero…”,
observó la mujer, quien dijo venir de Guasave, a dónde había ido a
realizar unos trabajos de corte y peinados.
Agrega: “Ellos (los soldados) tuvieron que ser, porque al poco rato
llegó la ambulancia, y cuando ya estaba arriba me acordé del dinero y me
revisé pero ya no traía nada”.
Gleida Espinoza concluye emitiendo un llamado al Ejército mexicano para
que le regrese su dinero, ya que “lo ganó con mucho sacrificio y por
ello, la denuncia formal, para que le regresen su dinero, pero también
para exponer ese tipo de abusos y evitar que en el futuro se sigan
dando”.
Lo más común: CDDH
Para Leonel Aguirre Meza, presidente de la Comisión de Defensa de los
Derechos Humanos, el que soldados y otros elementos de primeros
auxilios, del Servicio Forense o de la Policía Federal saqueen a
víctimas de un accidente, delito, o incluso a los mismos ejecutados, es
común, sin embargo muchas veces es imposible probarlo y por el mismo
dolor de los familiares de las víctimas no se hace la denuncia.
“Lo que siempre hemos visto es que se denuncia al Ejército, pero sí han
habido quejas contra la Policía Federal y otras corporaciones, y en
cuanto a los ejecutados, pues ahí la gente lo que desea es recuperar el
cuerpo, ya lo que quieren es descansar y se olvida si las víctimas
tenían algo de valor”, observó Aguirre Meza.
“Nos han matado un primo y un tío a balazos, y cuando hemos ido a
recuperar los cuerpo nunca tienen dinero, ni cadenas ni anillos, y nos
parece extraño eso, pero en esas condiciones qué se va a acordar una de
reclamar si se está padeciendo un duelo”, dijo Leticia, una joven vecina
de Tierra Blanca que pidió no se publicara su apellido.
No obstante los casos de rapiña más frecuentes son aquellos en los que
participan militares, ya sea en la ciudad o en la zona serrana de
Sinaloa, a donde llegan, allanan moradas, golpean a sus residentes,
roban, según denuncias hechas ante las comisiones de derechos humanos, y
hasta “han abusado de las personas”.
Rapiña en accidentes: el colmo
Para Salomón Monárrez Meza, dirigente del grupo Oficina del Pueblo, la
queja de la joven estilista expone al Ejército de una manera muy
lamentable, porque ya no solo se muestra practicando la rapiña en
situaciones de cateos domiciliarios, como históricamente se han
expuesto, sino que entran a un nuevo nivel al aprovecharse de gente
“accidentada”.
“Es una situación que se debe investigar por las autoridades civiles, y
fincarse responsabilidades contra quien resulte responsable, porque si
es verdad que esos militares robaron a esa joven, es una situación muy
grave”, observó Monárrez Meza.
La PGJE de Sinaloa sostuvo por su parte que, hasta el viernes de la
semana pasada, no se había presentado ninguna denuncia formal en contra
de los militares, aunque aclaró que un día antes había estado en
Guamúchil con las fuerzas castrenses, para identificar a los elementos
militares que tuvieron contacto con la joven para que ella misma los
identifique.
“Es una investigación que se está haciendo, y como digo, lo que buscamos
es que se aclaren las cosas, y que se finquen responsabilidades contra
quien sea”, insistió Monárrez Meza.
De acuerdo con Monárrez Meza, varias personas fueron afectadas por el
saqueo de los militares, por lo que ellos ya han iniciado una
investigación.
Huellas de buitre
Las denuncias por saqueos cometidos durante los operativos militares han
sido el sello de la casa desde que el presidente Felipe Calderón
Hinojosa declaró la guerra al narcotráfico. Desde 2007 en las comisiones
de derechos humanos de Sinaloa han proliferado los expedientes por
denuncias de rapiña castrense.
Lo escandaloso de los atracos obligó a que el 21 de agosto de 2008
Calderón Hinojosa diera la orden al secretario de la Defensa Nacional,
Guillermo Galván, de detener los cateos en Sinaloa, dos días después de
que los soldados allanaran la casa de Leticia Carrillo, la viuda de
Manuel Clouthier del Rincón.
Pero la rapiña continuó con un botín inestimable. El primero de
septiembre del mismo año, soldados del Operativo Culiacán-Navolato
fueron acusados de saquear una residencia en Las Quintas, luego de que
el 17 de agosto vecinos de la calle Francisco Ledesma en la colonia
Miguel Hidalgo, también presenciaron atónitos cómo los militares se
llevaban hasta los cubiertos y tanques de gas.
Los llamados “defensores de la patria” se sirvieron con la cuchara
grande y en total impunidad. A inicios de septiembre de 2008 la tropa
llegó a la sindicatura Villa Adolfo López Mateos, El Tamarindo y
desvalijó cuanta casa encontró sola, según denuncia que los afectados
interpusieron ante la CEDH.
Puertas derribadas, dinero despojado, joyas hurtadas y aparatos
domésticos desaparecidos hicieron que los habitantes se organizaran para
exigir el cese a los robos perpetrados por la milicia.
El pillaje verde oliva caracterizó aquella etapa de la guerra antinarco.
Aunque el presidente Calderón ordenó que el Ejército se concentrara en
el patrullaje urbano y rural y entrara solamente a las casas donde se
tuviera evidencia de la existencia de armas y drogas, las denuncias
siguieron.
El botín de guerra obtenido en Culiacán, Guamúchil, Guasave y Navolato
se consideró incalculable. De enero a septiembre de 2008 la Comisión
Estatal de Derechos Humanos recibió 30 denuncias de actos de rapiña
cometidos por militares, pero se estima que de cada diez afectados solo
dos acusan, por temor al Ejército mexicano.
De acuerdo con la información proporcionada por la CEDH, 19 de los
expedientes integrados derivan de acciones efectuadas por el Operativo
Culiacán-Navolato. A estas se agregan 21 denuncias por supuestas
violaciones a las garantías individuales, presentadas en 2007 contra
miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Los rastros de la rapiña quedaron por todos lados: A la medianoche del
17 de agosto de 2008 los vecinos de la calle Francisco Ledezma, de la
colonia Hidalgo, presenciaron cómo la casa con el número 1505 era
vaciada a un camión con matrícula militar 0894276.
Fotógrafos del diario El Debate de Culiacán documentaron la noche del
primero de septiembre, la manera en que soldados extraían objetos de una
casa ubicada entre las calles Presa del Salto y Presa de Azúcar, que
subían a vehículos militares cuya matrícula fue cubierta con tela
adhesiva.
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