HUNDEN A NARCISO AGUNDEZ

 

Inhabilitan y multan a ex gobernador

Hay más de 15 testimonios que obran en la averiguación previa LPZ/079/SPB/2011 y la causa penal 261/2011, donde la mayoría de los presuntos implicados en la venta irregular de siete bienes inmuebles en el exclusivo fraccionamiento El Pedregal, desesperados y presionados por la investigación judicial, señalan directamente al ex gobernador como principal responsable de haber dado la orden, fraguado y simulado la operación de compraventa en Cabo San Lucas.

Gerardo Zúñiga Pacheco /Alejandro Acuña Rivera

La Paz, Baja California Sur. “Se me instruyó por parte del ingeniero Narciso Agúndez Montaño para acudir a la Notaría Pública Número 15, a cargo del licenciado Juan Raúl Mendoza Unzon, a recibir diversos cheques, motivo de una operación de compraventa, desconociendo en ese momento sobre qué inmuebles se refería y el monto de las operaciones de cada uno, comentándome el notario que los cheques que me hacía entrega, en su totalidad, sumaban 23 millones 983 mil pesos y que debía entregarlos a la Secretaría de Finanzas, mediante escrito, haciéndome del conocimiento el titular de la Notaría, a la entrega de los mismos que la operación que se había realizado era sobre siete bienes inmuebles ubicados en el fraccionamiento El Pedregal de Cabo San Lucas, Baja California Sur”, expuso Ramón Alejo Parra Ojeda, ex director de Asuntos Jurídicos y Estudios Legislativos del pasado sexenio, en su declaración preparatoria en la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común Investigador Especializado en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

El ex funcionario aseguró que de hecho entre septiembre y octubre de 2010 recibió órdenes del ex gobernador para realizar el cobro a la empresa Las Veredas de San José, S. de R.L. de C.V., ya que únicamente había pagado la cantidad de 3 millones 810 mil pesos como garantía de seguridad, correspondiente al 5 por ciento del valor total de la operación de compraventa,  la cual había ascendido a 76 millones 200 mil pesos y estaban pendientes de liquidarse 72 millones 390 mil pesos.

Al momento de rendir su declaración, Parra Ojeda no recordó la fecha exacta, únicamente que cuando habló con los representantes de la compañía, quienes responden a los nombres de Óscar Armando Deccarett Casas, Barret Jonathan Masso McDonald y Luis Roberto Gorostiza Nelson, reconocieron el adeudo y prometieron liberar el dinero a más tardar en un mes.

“No obstante y para efecto de cumplir con la instrucción de recuperar los inmuebles, procedimos a interponer demanda civil contra la empresa Las Veredas de San José, S. de R.L. de C.V., pero a inicios de 2011 se me instruye para efectos de participar en la celebración de un convenio, mediante el cual la empresa regresaría los bienes inmuebles a favor del gobierno del estado con sus mejoras y accesorios, porque el argumento de la empresa era que no había podido cubrir el adeudo por cuestiones de índole económico, estableciéndose que la cantidad que había sido depositada como garantía de seriedad, quedaría a favor del gobierno por daños y perjuicios”, relató.

El ex servidor público comentó que el 11 de enero de 2011 se firmó el convenio para que los bienes inmuebles pasaran otra vez a manos del gobierno del estado, sin embargo, luego de esa operación y casi de forma inmediata, tuvo conocimiento de que el ex gobernador Narciso Agúndez Montaño había girado la instrucción para que fueran escrituradas las propiedades de El Pedregal en Cabo San Lucas, mismas que debían ser expedidas en la Notaría Pública Número 15, a cargo de Juan Raúl Mendoza Unzon.

El testigo se refería a la operación de compraventa -por segunda ocasión- de los siete bienes inmuebles de esa zona residencial a favor del empresario Hassan Mansur González, representante legal de las compañías Inmobiliaria Fakhir, S.A. de C.V.; Inmuebles Sonia Torreón, S.A. de C.V. e Inmuebles Samar Torreón, S.A. de C.V., quien supuestamente pagó 55 millones 947 mil 600 pesos menos del valor real de las propiedades, generando un quebranto en las arcas estatales.

“Yo no tuve ninguna participación en ese proceso, únicamente recibí y recogí diversos cheques, motivos de la operación de compraventa, y hasta que los tuve en mis manos, supe que era por lo de los bienes inmuebles de El Pedregal de Cabo San Lucas”, dijo.

Después de rendir su declaración, el agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador Especializado en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, planteó once preguntas a Ramón Alejo Parra Ojeda, mismas que tuvo que responder. Destacan las siguientes:

1. ¿Conoce o tiene conocimiento de quiénes fueron las personas que se encargaron de hacer los trámites ante la Notaría con motivo de la compraventa de los referidos inmuebles?

“No conozco a las personas, el día que me entregaron los pagos, el titular de la Notaría Pública Número 15 me comentó que eran los compradores”.

2. Diga en qué Juzgado y bajo qué número de expediente fue radicada la demanda civil que dice haber promovido en contra de Las Veredas de San José, S. de R.L de C.V. por la falta de pago…

“No sé el número de expediente ni Juzgado, no obstante para mejor proveer de la presente indagatoria, sugiero a esta autoridad requerir la información a la Dirección de Asuntos Jurídicos y Legislativos”.

Éste es sólo un extracto de uno de los más de 15 testimonios que obran en la averiguación previa LPZ/079/SPB/2011 y la causa penal 261/2011, donde la mayoría de los presuntos implicados en la venta irregular de siete bienes inmuebles en el exclusivo fraccionamiento El Pedregal, desesperados y presionados por la investigación judicial, señalan directamente a Narciso Agúndez Montaño como principal responsable de haber dado la orden, fraguado y simulado la operación de compraventa en Cabo San Lucas.

La primera venta

El 10 de junio de 2011, José Refugio Carrillo Sánchez, director de Patrimonio Inmobiliario y Regularización de la Tenencia de la Tierra del gobierno del estado, presentó una denuncia penal tras descubrir en la revisión de expedientes una serie de irregularidades e inconsistencias en la venta de siete predios del citado fraccionamiento de Cabo San Lucas.

Relató que después de tomar protesta en el cargo, el 6 de abril, comenzó un inventario de los bienes inmuebles patrimonio del gobierno estatal, por lo que encontró un expediente archivado a su cargo, relacionado a la enajenación de siete bienes inmuebles, los cuales fueron adquiridos por medio de contratos de donación y vendidos al parecer de manera ilícita, y de los cuales entregó una relación con los antecedentes, extensiones, ubicaciones y claves catastrales, así como escrituras.

En su querella, Carrillo explica que el 15 de febrero de 2008, Narciso Agúndez Montaño, solicitó al Congreso su autorización para enajenar a título oneroso los citados bienes inmuebles, enviado un escrito al presidente de la Comisión Permanente, José Carlos López Cisneros, acompañado de los respectivos avalúos catastrales autorizados por la Dirección de Catastro del Ayuntamiento de Los Cabos, los cuales fueron elaborados en base a la tabla de valores unitarios de suelo y la construcción, así como la zona donde estaban localizados.

Hasta el 7 de diciembre de 2007, los siete bienes inmuebles costaban 64 millones 673 mil 161 pesos, según avalúo firmado por el entonces director de ese organismo municipal, Abel David Green.

El funcionario expone que el 4 de marzo de 2008, la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos del Congreso local, integrada por los diputados Óscar Leggs Castro, Blanca Guadalupe Guluarte Guluarte y Georgina Nohemí Hernández Beltrán, dictaminaron y aprobaron la iniciativa con proyecto de decreto del entonces gobernador, Narciso Agúndez Montaño,  cuya solicitud llevaba la firma del secretario de Finanzas, Nabor García Aguirre (ya fallecido) y del secretario de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología, Guillermo Jáuregui Moreno.

Los legisladores aprobaron la venta de los siete bienes inmuebles con una extensión de 71 mil 939 metros cuadrados, cuyos fondos se destinarían a obras de infraestructura urbana y social.

En el Artículo Tres del decreto, los diputados establecieron un candado: “Se obliga al titular del Poder Ejecutivo a enterar oportunamente al Congreso del Estado, en cualquier tiempo que éste se lo requiera, de la promoción y enajenación a título oneroso en su caso, así como el destino de los recursos económicos, revirados de la presente autorización”.

Por tal motivo, el 16 de mayo de 2008, Guillermo Jáuregui Moreno, siendo secretario de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología, expidió la convocatoria para la Licitación Pública Nacional PI-01/2008, e invitó a todos aquellos que tuvieran interés en participar en la compra de las propiedades, estipulando como precio base de la venta 76 millones 151 mil 160 pesos, y fijando como condición el pago del 100 por ciento a la propuesta ganadora al momento de formalizar el contrato de compraventa, a través de cheque certificado a favor de la Secretaría de Finanzas, y a más tardar diez días después de la emisión del fallo.

En la denuncia penal, José Refugio Carrillo Sánchez afirma que, en base al expediente en su poder, el dictamen se emitió el 2 de junio de 2008 y favoreció a la compañía Las Veredas de San José, S. de R.L. de C.V., representada por Luis Roberto Gorostiza Nelson, quien ofertó la cantidad de 76 millones 200 mil pesos. Una vez transcurrido el proceso, el 12 de junio del 2008, se celebró el contrato de compraventa entre gobierno del estado y los ganadores de la licitación, en el cual firmaron las siguientes personas:

Por parte del gobierno, Narciso Agúndez Montaño, Luis Armando Díaz, Héctor Ibarra Espinoza y Guillermo Jáuregui Moreno en su calidad de gobernador, secretario general, oficial mayor y secretario de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología, respectivamente.

Mientras que del licitante ganador figuró Luis Roberto Gorostiza Nelson, representante de Las Veredas de San José, S. de R.L. de C.V.

Cabe destacar que en ese contrato nunca apareció el nombre de Óscar Armando Deccarett Casas, hijo del principal prestanombres de Narciso Agúndez Montaño, ni de Barret Jonathan Masso McDonald, extranjero que durante mucho tiempo invadió propiedades para el malogrado Grupo de Los Cabos, como el caso de la discoteca Pink Kitty de Cabo San Lucas.

En la denuncia penal, el funcionario entregó una copia del contrato donde se establece que en el acto de la firma se entregaron 72 millones 390 mil pesos, equivalentes al 95 por ciento de la operación y 3 millones 810 mil pesos, que representan el 5 por ciento de la operación.

En total, 76 millones 200 mil pesos, cantidad notificada oficialmente como ingreso al Congreso del Estado, dentro de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2008; sin embargo nadie sabe dónde quedó el dinero.

La segunda venta

 Pese a que en el primer contrato de compraventa y en la cuenta pública de 2008, el dinero aparece como ingresado a las arcas estatales, el ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, una vez que perdió las elecciones del 6 de febrero de 2011 y en vísperas de dejar el poder, el 17 de febrero pasado, o sea, 11 días después de la derrota del candidato a gobernador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Luis Armando Díaz y adelantándose a que pudiera descubrirse esta operación fraudulenta, ordenó la elaboración de una minuta en la que se hace constar una supuesta reunión entre él, Alfredo Porras Domínguez y Juan Garibaldo Romero, así como los diputados Natividad Osuna Aguilar y Arturo Flores González, en la cual se explica acordaron volver a vender los siete bienes inmuebles, en virtud de la anulación del contrato de compraventa con Las Veredas de San José, S. de R.L. de C.V. y, por consiguiente, se declaraba desierta la Licitación Pública Nacional número PI-01/2008.

En la minuta que obra en el expediente judicial, Narciso Agúndez Montaño, dijo que tenía dos interesados en comprar los bienes inmuebles del exclusivo fraccionamiento El Pedregal.

El primer interesado era Mónico Javier Soto López, administrador único de la compañía Alja Inmobiliaria, S. de R.L. de C.V., quien ofreció pagar 20 millones de pesos por las propiedades.

El segundo interesado fue Hassan Mansur González, representante legal de Inmobiliaria Fakhir, S.A de C.V., Inmuebles Sonia Torreón, S.A. de C.V. e Inmuebles Samar Torreón, S.A de C.V., quien dijo que presentó una propuesta de pago de 23 millones 980 mil pesos.

En el expediente que obra en manos de ZETA, se describe que en virtud de que la Licitación Pública Nacional finalmente quedó desierta y que los diputados habían autorizado en el cláusula número tres de que en caso de que la convocatoria se declarara desierta, el gobierno del estado podría vender los bienes inmuebles separada o conjuntamente de manera directa a la persona física o moral que presentara la propuesta económica más viable, sin importar que dicha autorización se encontrara apegada o no a la legalidad.

Así, después de analizar las dos propuestas y los supuestos avalúos catastrales y comerciales incorporados a la minuta, firmados por el perito valuador Luis Pedro Cervantes Santamaría, Narciso Agúndez Montaño, Alfredo Porras Domínguez y Juan Garibaldo Romero Aguilar, en su calidad de gobernador, secretario general y oficial mayor, de manera respectiva, concluyeron vender los terrenos al empresario Hassan Mansur González, ordenando entonces el ex gobernador al comprador que fuera a la Notaría Pública Número 15, a cargo de Juan Raúl Mendoza Unzon, para que formalizara el contrato de compraventa en un plazo no mayor a cinco días hábiles, el cual pagaría todos los impuestos, derechos y honorarios notariales de los siete bienes inmuebles.

En la minuta de esa reunión, iniciada a las 12:30 y terminada a las 15:15 del 17 de febrero, se refiere que Narciso Agúndez Montaño instruyó a Hassan Mansur González para que entregara el pago en cheques al momento de escriturar las propiedades y destinar dichos recursos para infraestructura urbana y social.

Cabe destacar que los dos avalúos que existen en el expediente sobre las dos operaciones de compraventa de los siete bienes inmuebles del fraccionamiento El Pedregal de Cabo San Lucas, fueron elaborados por la misma persona, es decir, Luis Pedro Cervantes Santamaría, y evidentemente difieren del precio y del tiempo, aunque se trata de los mismos terrenos.

El primero registra una avalúo de 76 millones 151 mil 160 pesos elaborado en febrero de 2008, y el segundo un avalúo de 21 millones 183 mil pesos, elaborado en enero de 2011.

Las irregularidades

En el expediente de más de tres mil hojas, tanto la PGJE como del Tribunal Superior de Justicia del Estado encontraron una serie de irregularidades. Algunas de ellas son:

1. La primera propuesta económica presentada por Las Veredas de San José, S. de R.L. de C.V. no apareció en el expediente de la operación de compraventa archivado en la Dirección del Patrimonio Inmobiliario y Regularización de la Tenencia de la Tierra.

2. El primer contrato de compraventa es simple, y no quedó registrado ni formalizado bajo ningún notario público.

3. Los avalúos oficiales de la Dirección de Catastro del Ayuntamiento de Los Cabos, elaborados el 7 de diciembre de 2007 -según la constancia expedida-, registran una firma y cuentan con los sellos de la Tesorería Municipal y Catastro, pero carecen del nombre de los firmantes. En esa fecha los predios fueron valuados en su conjunto en 64 millones 673 mil 161 pesos.

4. Los avalúos elaborados por Luis Pedro Cervantes Santamaría son diametralmente opuestos y tienen una diferencia de 55 millones 947 mil 600 pesos entre el primero de 2008 y el segundo de 2011.

5. La segunda operación de compraventa no registra una Licitación Pública Nacional, contraviniendo la Ley, aun cuando los diputados de la pasada legislatura hayan autorizado al ex gobernador del PRD para poder celebrar la operación de manera directa y sin entrar a concurso. La licitación sólo salió publicada en una sola ocasión y fue de carácter nacional, cuando en la autorización de los diputados, se preveía una de carácter internacional, por lo que aprovechándose del poder y de la investidura, se evitó la participación de extranjeros en el concurso, por tratarse de un destino turístico y de una zona de alta plusvalía comercial.

6. El ex gobernador y sus ex colaboradores recurrieron a una sesión secreta para poder vender de manera directa los bienes inmuebles, omitiendo la realización de una nueva Licitación Pública Nacional e Internacional.

7. Las dos propuestas económicas de la segunda operación de compraventa no están en la minuta o el expediente en la Dirección del Patrimonio Inmobiliario y Regularización de la Tenencia de la Tierra.

8. Los contratos de compraventa de la primera y segunda operación tienen una gran similitud en su redacción, palabras, expresiones léxicas, así como sorprendente semejanza en faltas de ortografía.

9. En la revisión de la documentación, según las conclusiones del agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador Especializado en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, se advierte un claro contubernio entre autoridades de gobierno y supuestos compradores, ya que por testigos, se descubrió un acuerdo previo entre los involucrados para perpetrar actos dolosos en perjuicio de la administración pública estatal.

10. Asimismo, el agente investigador explica que el contubernio es evidente, cuando dichos ex funcionarios permitieron que los supuestos compradores tardaran hasta tres años en pagar las propiedades, los cuales, posteriormente, dejaron sin efecto la operación, cuando la regla de pago era liquidar al 100 por ciento los predios en el momento de la firma del contrato, quedando en evidencia la simulación para tratar de apoderarse ilícitamente de esas tierras.

11. Finalmente, la PGJE determinó que los ex funcionarios contravinieron los lineamientos establecidos en las reglas de la convocatoria, porque al formalizar el primer contrato de compraventa quedó claro que habían cubierto el pago de las propiedades; sin embargo, para su propia sorpresa tres años después los supuestos compradores, convinieron rescindir el contrato, porque “no habían pagado”, exponiendo con dicha actuación un daño en los intereses del negocio en la licitación pública, acreditándose a todas luces un favoritismo hacia la empresa y los supuestos compradores, satisfaciendo indebidamente el interés de la misma, máxime que como exponen testigos, Óscar Armando Deccarett Casas es hijo de Óscar Deccarett Habbif, comisionado de Pesca Deportiva en el sexenio de Narciso Agúndez Montaño y compadre suyo.

Los implicados

Nombre	Cargo
Narciso Agúndez Montaño	Gobernador
Luis Armando Díaz	Secretario general
Alfredo Porras Domínguez	Secretario general
Guillermo Jáuregui Moreno	Secretario de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología
Juan Garibaldo Romero Aguilar	Oficial mayor
Héctor Ibarra Espinoza	Oficial mayor
Ramón Alejo Parra Ojeda	Director de Asuntos Jurídicos y Legislativos
Oscar Armando Deccarett Casas	Socio de Las Veredas de San José, S. de R.L. de C.V.
Barret Jonathan Masso McDonald	Socio de Las Veredas de San José, S. de R.L. de C.V.
Luis Roberto Gorostiza Nelson	Socio de Las Veredas de San José, S. de R.L. de C.V.
Luis Pedro Cervantes Santamaría	Perito valuador
Juan Raúl Mendoza Unzon	Notario público Número 15
Elsa Lorena Domínguez Molina	Directora de Patrimonio Inmobiliario y Regularización de la Tenencia de la Tierra
Judith Díaz Espindola	Notaría Pública Número 14
Hassan Mansur González	Representante legal de Inmobiliaria Fakhir, S.A. de C.V.; Inmuebles Sonia Torreón, S.A. de C.V. e Inmuebles Samar Torreón, S.A. de C.V.

Fuente: Investigaciones ZETA