Desde hace varios años se viene impulsando la tendencia de aplicar en las distintas instancias de gobierno (federal, estatal y municipal), los principios y modelos de gestión de las organizaciones y empresas privadas, procurando establecer una nueva manera de gobernar y de gestionar lo público.
Ejemplo de ello lo es la denominada Ley de Asociación Público Privado, que en su esencia sólo pretende justificar la participación del sector privado, en áreas de inversión de responsabilidad pública para el Estado -con excepción de la industria petrolera pues los demás sectores, incluida la electricidad, ya se privatizan-, financiados además con recursos públicos en la construcción de carreteras, escuelas, hospitales, etc., e incluso con un poder para administrarlos, con contratos leoninos de hasta por cuarenta años (en Empalme ya se intenta esto con el proyecto de la recicladora en terrenos del actual basurero municipal, aunque aquí, en este asunto, se está como el Monje Loco, nadie sabe, nadie supo).
Sin embargo, estos enfoques de la administración privada en el terreno de lo público ya han fracasado, pero se insiste en ellos, en algunos casos por el desconocimiento y la confusión entre administrar y gobernar, aunque en mayor parte con un claro objetivo: financiar los negocios particulares de quienes administran al gobierno.
Desde este ángulo, el concepto de administración involucra un criterio inercial, rutinario, que mantiene su ritmo sin cambiar de rumbo y que se reduce a asignar recursos financieros y humanos en la administración del gobierno con una visión de corto plazo pero con un propósito muy manifiesto: generar ganancias que al reinvertirlas hagan crecer aquellos negocios particulares que de forma ilegal se involucran en la actividad gubernamental de preferencia en la inversión en el rubro de la obra pública. Así, el gobierno es reemplazado por un reducido grupo de personas que administrarán de forma gerencial las políticas públicas.
Contrario a la administración gerencial, la naturaleza de la política no está definida por verdades fundamentales, pues en la verdadera política pública, el campo de acción es la dinámica de la relación Estado-sociedad y sus conflictos, donde su naturaleza tiene que ser cambiante, para atender sin demora, los cambios y exigencias permanentes de la comunidad y sus organizaciones, así como, dar respuesta a los ajustes que se requieren para acomodar el Estado a esas transformaciones estructurales que la misma sociedad demanda.
La política pues, busca que el sentido y el contenido de las decisiones públicas, marquen el rumbo de las acciones del Estado y del gobierno. Esto requiere necesariamente de: sensibilidad, tacto, conocimiento, intuición, audacia, habilidad y paciencia, todas juntas.
Quien pretenda creer, tal y como lo hacen los simples administradores de la política, que se puede llegar a gobernar con un libreto escrito donde se encuentren las respuestas a todos los problemas de la sociedad o simplemente basados en ciertas prácticas del pasado, sin duda alguna, están equivocados.
En este sentido, no se trata entonces solamente de administrar el gobierno y sus recursos, algo que es parte de las responsabilidades de un buen gobernante. La sana y eficaz administración del gobierno define con claridad que el papel del gobernante es la direccionalidad y el énfasis de la acción pública, por lo que no debe estar enfrascada la acción del gobernante y de sus colaboradores en el día a día de la gestión, sino en la orientación estratégica del proyecto de desarrollo que presente el gobierno en turno. El arte de gobernar implica entre cosas, rectificar a tiempo, saber escuchar, valorar el esfuerzo realizado con distancia y sin subestimar o sobrevalorar los aciertos y desaciertos. El liderazgo del gobernante se ejerce sobre propios y extraños, pero a partir de la razón, la negociación y de una visión estratégica que incluya la activa participación ciudadana en la toma de decisiones.
En contrasentido, para los tecnócratas de la administración del gobierno, la mejor estrategia siempre será desacreditar a sus antecesores, cuestionando la forma cómo tomaban las decisiones y el tipo de proyectos que emprendieron, para que así y de manera soberbia justificar la duplicidad del gasto en la obra pública (volver a trabajar sobre lo mismo), observando una baja sinergia (cada uno por su lado) e ineficiencia en el gasto público (obviamente, no analizan dónde es más efectivo poder invertir un peso que ni siquiera les pertenece).
Asimismo, basta con que el gobernante en turno se entusiasme en un “viaje de trabajo” para que inmediatamente ordene a algún tecnócrata de su administración el replicar alguna iniciativa que le parezca atractiva (para este tipo de gobernantes, los viajes son ilustrativos, por eso viajan demasiado).
De esta forma, abren la oportunidad de poner en la mesa algún proyecto impulsado por el gobierno, con resonancia mediática, buscando dejar impregnada la huella de aquellos que llegan al poder con ganas de hacer algo, cualquier cosa, al costo que sea.
Desde esta lógica, que difícil debe ser para un tecnócrata de la administración pública o privada llegar a gobernar y poder balancear las aristas políticas que cada decisión conlleva. Dificultad que crece cuando se gobierna desde el elitismo del poder -unos pocos tomando las decisiones trascendentales, como pasa en nuestro Empalme-, dejando sin fundamento pero justificando muchas decisiones que al final harán la diferencia al momento de evaluar las buenas políticas públicas de aquellas que simplemente pasarán a la historia como grandes gastos mal invertidos.
Bajo esta perspectiva, es evidente que en Empalme no se gobierna el municipio, sino que simplemente se administra -principalmente el recurso financiero- con criterios casi exclusivamente de recaudación bajo cualquier costo y recurso. Lo más grave de todo es que esta práctica se basa en el error de pensar que los grandes problemas de la comunidad se resolverán con base a la administración de los programas de los gobiernos federal y estatal dirigidos a los municipios, de ahí que se dependa casi totalmente de la gestión de recursos financieros de dichos programas, o bien, del endeudamiento público.
Desafortunadamente, los empalmenses eligieron en el 2009 un gobierno que sólo se dedica a “administrar” la problemática social que se presenta en la comunidad, y que seguramente dejará un municipio plagado de incertidumbre con evidentes problemas sociales, demostrándose incapaz de resolver como gobierno, tareas de mucha mayor envergadura.
Empalme ha estado carente en estos últimos dos años de un gobierno visionario, falto de un fuerte liderazgo democrático, con colaboradores carentes de una capacidad a toda prueba para poder gestionar, decidir y hacer, con base a un rumbo bien definido, pero sobre todo, con base a una lectura realista de los retos del presente, y una disposición abierta y creativa hacia los imponderables del porvenir.
Ejemplo de ello lo es la denominada Ley de Asociación Público Privado, que en su esencia sólo pretende justificar la participación del sector privado, en áreas de inversión de responsabilidad pública para el Estado -con excepción de la industria petrolera pues los demás sectores, incluida la electricidad, ya se privatizan-, financiados además con recursos públicos en la construcción de carreteras, escuelas, hospitales, etc., e incluso con un poder para administrarlos, con contratos leoninos de hasta por cuarenta años (en Empalme ya se intenta esto con el proyecto de la recicladora en terrenos del actual basurero municipal, aunque aquí, en este asunto, se está como el Monje Loco, nadie sabe, nadie supo).
Sin embargo, estos enfoques de la administración privada en el terreno de lo público ya han fracasado, pero se insiste en ellos, en algunos casos por el desconocimiento y la confusión entre administrar y gobernar, aunque en mayor parte con un claro objetivo: financiar los negocios particulares de quienes administran al gobierno.
Desde este ángulo, el concepto de administración involucra un criterio inercial, rutinario, que mantiene su ritmo sin cambiar de rumbo y que se reduce a asignar recursos financieros y humanos en la administración del gobierno con una visión de corto plazo pero con un propósito muy manifiesto: generar ganancias que al reinvertirlas hagan crecer aquellos negocios particulares que de forma ilegal se involucran en la actividad gubernamental de preferencia en la inversión en el rubro de la obra pública. Así, el gobierno es reemplazado por un reducido grupo de personas que administrarán de forma gerencial las políticas públicas.
Contrario a la administración gerencial, la naturaleza de la política no está definida por verdades fundamentales, pues en la verdadera política pública, el campo de acción es la dinámica de la relación Estado-sociedad y sus conflictos, donde su naturaleza tiene que ser cambiante, para atender sin demora, los cambios y exigencias permanentes de la comunidad y sus organizaciones, así como, dar respuesta a los ajustes que se requieren para acomodar el Estado a esas transformaciones estructurales que la misma sociedad demanda.
La política pues, busca que el sentido y el contenido de las decisiones públicas, marquen el rumbo de las acciones del Estado y del gobierno. Esto requiere necesariamente de: sensibilidad, tacto, conocimiento, intuición, audacia, habilidad y paciencia, todas juntas.
Quien pretenda creer, tal y como lo hacen los simples administradores de la política, que se puede llegar a gobernar con un libreto escrito donde se encuentren las respuestas a todos los problemas de la sociedad o simplemente basados en ciertas prácticas del pasado, sin duda alguna, están equivocados.
En este sentido, no se trata entonces solamente de administrar el gobierno y sus recursos, algo que es parte de las responsabilidades de un buen gobernante. La sana y eficaz administración del gobierno define con claridad que el papel del gobernante es la direccionalidad y el énfasis de la acción pública, por lo que no debe estar enfrascada la acción del gobernante y de sus colaboradores en el día a día de la gestión, sino en la orientación estratégica del proyecto de desarrollo que presente el gobierno en turno. El arte de gobernar implica entre cosas, rectificar a tiempo, saber escuchar, valorar el esfuerzo realizado con distancia y sin subestimar o sobrevalorar los aciertos y desaciertos. El liderazgo del gobernante se ejerce sobre propios y extraños, pero a partir de la razón, la negociación y de una visión estratégica que incluya la activa participación ciudadana en la toma de decisiones.
En contrasentido, para los tecnócratas de la administración del gobierno, la mejor estrategia siempre será desacreditar a sus antecesores, cuestionando la forma cómo tomaban las decisiones y el tipo de proyectos que emprendieron, para que así y de manera soberbia justificar la duplicidad del gasto en la obra pública (volver a trabajar sobre lo mismo), observando una baja sinergia (cada uno por su lado) e ineficiencia en el gasto público (obviamente, no analizan dónde es más efectivo poder invertir un peso que ni siquiera les pertenece).
Asimismo, basta con que el gobernante en turno se entusiasme en un “viaje de trabajo” para que inmediatamente ordene a algún tecnócrata de su administración el replicar alguna iniciativa que le parezca atractiva (para este tipo de gobernantes, los viajes son ilustrativos, por eso viajan demasiado).
De esta forma, abren la oportunidad de poner en la mesa algún proyecto impulsado por el gobierno, con resonancia mediática, buscando dejar impregnada la huella de aquellos que llegan al poder con ganas de hacer algo, cualquier cosa, al costo que sea.
Desde esta lógica, que difícil debe ser para un tecnócrata de la administración pública o privada llegar a gobernar y poder balancear las aristas políticas que cada decisión conlleva. Dificultad que crece cuando se gobierna desde el elitismo del poder -unos pocos tomando las decisiones trascendentales, como pasa en nuestro Empalme-, dejando sin fundamento pero justificando muchas decisiones que al final harán la diferencia al momento de evaluar las buenas políticas públicas de aquellas que simplemente pasarán a la historia como grandes gastos mal invertidos.
Bajo esta perspectiva, es evidente que en Empalme no se gobierna el municipio, sino que simplemente se administra -principalmente el recurso financiero- con criterios casi exclusivamente de recaudación bajo cualquier costo y recurso. Lo más grave de todo es que esta práctica se basa en el error de pensar que los grandes problemas de la comunidad se resolverán con base a la administración de los programas de los gobiernos federal y estatal dirigidos a los municipios, de ahí que se dependa casi totalmente de la gestión de recursos financieros de dichos programas, o bien, del endeudamiento público.
Desafortunadamente, los empalmenses eligieron en el 2009 un gobierno que sólo se dedica a “administrar” la problemática social que se presenta en la comunidad, y que seguramente dejará un municipio plagado de incertidumbre con evidentes problemas sociales, demostrándose incapaz de resolver como gobierno, tareas de mucha mayor envergadura.
Empalme ha estado carente en estos últimos dos años de un gobierno visionario, falto de un fuerte liderazgo democrático, con colaboradores carentes de una capacidad a toda prueba para poder gestionar, decidir y hacer, con base a un rumbo bien definido, pero sobre todo, con base a una lectura realista de los retos del presente, y una disposición abierta y creativa hacia los imponderables del porvenir.
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