Raymundo Riva
Palacio
La desaparición de
los 43 normalistas de Ayotzinapa es un caso jurídicamente cerrado, pero
penalmente abierto.
El procurador general Jesús Murillo Karam aclaró el móvil,
tiene a los autores intelectuales, a los materiales, espera pronto las pruebas
científicas que demuestren que entre las cenizas que se encontraron en un
basurero, están algunos de sus restos, y concluir el expediente para juzgar a
todos los involucrados.
Se cerrará un capítulo doloroso y costoso para todos, y
el Gobierno se tragará que 17 de los jóvenes que desaparecieron el 26 de
septiembre en Iguala, pertenecían a una célula del grupo criminal de “Los
Rojos”, que tenían como misión “calentar” la plaza en poder de sus rivales
criminales “Guerreros Unidos”.
El misterio de
Iguala, está resuelto. Las claves las aportó Sidronio Casarrubias, jefe de
Guerreros Unidos, capturado en la autopista México-Toluca el 16 de octubre, y
que se convirtió en el principal testigo de la PGR para entender la vinculación
de esa banda con las autoridades en Iguala y Cocula, y lo que sucedió con los
normalistas de Ayotzinapa.
Lograr que Casarrubias hablara no fue fácil, según
investigadores federales. Murillo Karam, dijeron, fue quien logró su
colaboración. Un diálogo que sostuvo el procurador en la cárcel del Altiplano
(antes Almoloya), narrado por los funcionarios, revelan el momento del quiebre.
–Si colabora, le
dijo Murillo Karam, de acuerdo con esta reconstrucción no verbatim del diálogo
que sostuvieron, habrá dinero de recompensas.
–Tengo más dinero
del que me pueda dar, respondió.
–Podemos reducir los
cargos, replicó el procurador.
–Mis abogados me
dicen que el caso va por buen camino, desafió.
–Con usted en la
cárcel, “El Pez” va a atacar a su familia, le dijo Murillo Karam. Nosotros
podemos protegerla, ofreció.
En ese momento, de
acuerdo con los investigadores, Casarrubias aceptó hablar. “El Pez” es Johnny
Hurtado Olascuaga, y es el jefe de “La Familia Michoacana” en la región
guerrerense de Tierra Caliente –donde operan “Guerreros Unidos”–, y el Estado
de México. Las bandas que aterrorizaron por meses Valle de Bravo con
secuestros, respondían a “El Pez”.
Casarrubias empezó
por proporcionar al procurador general nombres de funcionarios involucrados con
las bandas criminales. Cinco días después de su detención, por ejemplo, como
resultado de sus declaraciones, fueron capturados el alcalde de Ixtapan de la
Sal, estado de México, Ignacio Ávila, y del secretario de Seguridad Pública,
Efraín Mendoza, por presuntos nexos con el crimen organizado. Involucró también
al gobernador de Guerrero con licencia, Ángel Heladio Aguirre, al vincularlo
con Guerreros Unidos. Aguirre, a quien previamente señaló el Cártel del
Pacífico de recibir dinero del crimen para su campaña política, ha rechazado
todas las imputaciones en ese sentido.
Pero el caso sobre
el cual Murillo Karam presionaba más, era sobre la suerte de los normalistas de
Ayotzinapa. Casarrubias es quien aportó el modus operandi y reveló la
estructura criminal dentro de las instituciones en Iguala y Cocula, así como la
razón por la cual dio la orden de matar a los jóvenes. En una parte de su
declaración publicada ya por la prensa, dijo que dentro del grupo había una
célula de 17 jóvenes que pertenecían a “Los Rojos”, la banda criminal
enfrentada con “Guerreros Unidos”, que recibían órdenes de Santiago Mazari
Hernández, sobrino de Alfonso Miranda, diputado del PT en el Congreso de
Morelos, y jefe de plaza en Amacuzac.
“Los Rojos”, que
controlan Chilpancingo, llevan como una de sus misiones asesinar a Víctor Hugo
Benítez, apodado “El Tilo”, quien era el jefe de plaza de “Guerreros Unidos”,
según Casarrubias.
El propósito era “calentar” la plaza, y dejar en el
municipio dos cadáveres que llevaban escondidos los normalistas en los autobuses
que habían secuestrado para dirigirse a ese municipio, dijo.
Según los
investigadores, dentro de los más de 50 normalistas que llegaron a Iguala,
había un halcón de Guerreros Unidos, quien delató las intenciones de la célula
del bando enemigo.
Cuando se dio la
orden de frenar sus intenciones, el objetivo eran sólo 17 normalistas,
encabezados por el jefe de la célula, contra quien se ensañaron sus asesinos y
lo desollaron.
No se sabe la suerte del “halcón”, aunque durante semanas los
teléfonos celulares de cuatro de los desaparecidos se activaban durante algunos
momentos y se volvían a apagar.
En algunos casos en la PGR interceptaron
mensajes de texto donde daban la apariencia de estar perdidos en la sierra.
Nunca se utilizaron los sistemas georerefenciales para ubicar los celulares, ni
se sabe si aún siguen ocasionalmente activos.
Lo que ocurrió la
noche del 26 de septiembre en Iguala dejó de ser un misterio, pero la verdad es
impronunciable para el gobierno.
Desde un principio, cuando se sugirió que había
vinculaciones con el crimen organizado en el caso de las desapariciones,
llovieron las denuncias de diversos frentes para acusar la criminalización de
los jóvenes.
El Gobierno se paralizó, y se aceptó implícitamente que la verdad
histórica y jurídica en toda su extensión, no será conocida a través de la
versión oficial.
Es demasiado fuerte y colocaría a la Normal de Ayotzinapa en
una nueva tesitura de actividades extralegales, tras ser considerada hace
tiempo una cuna guerrillera. Al gobierno no le interesa revelar todos los
detalles del porqué se dio la matanza, sino resolver este caso por el que
sangra inconteniblemente la nación.
(ZOCALO/
COLUMNA ESTRICTAMENTE PERSONAL DE RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 20 DE NOVIEMBRE 2014)
