Es la élite de la iniciativa privada que
domina los distintos sectores económicos del país y que durante décadas ha
salvaguardado sus intereses financiando campañas presidenciales, recurriendo al
chantaje e impulsando cercos publicitarios a medios de información. Se trata
del Consejo Mexicano de Negocios, del que Proceso presenta un perfil e
identifica a varios de sus miembros. Esta exclusiva cúpula empresarial,
beneficiada (en parte) de las privatizaciones que han operado diversos
presidentes, tiene su origen en 1962, cuando respondió al interés de frenar el
desarrollo de la izquierda en México.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).-
Como “cúpula de cúpulas” está regida por algunas reglas básicas que cimentan la
confianza entre sus miembros: el ingreso de un nuevo integrante debe ser
aceptado por unanimidad, la membresía se hereda, las reuniones y su contenido
se llevan a cabo a puerta cerrada.
Y quizás la principal, aunque
no haya una postura partidista, todos comparten el mismo objetivo: concretar el
proyecto neoliberal en México mediante pactos con el presidente de la
República.
Sus refrescos, panes,
tortillas, latas, medicamentos, cervezas y licores surten todas las tiendas del
país. Controlan los principales espacios de distribución (Soriana, Chedraui, La
Comer y Oxxo, entre otros), tienen bancos y aseguradoras, manejan las telecomunicaciones
y parte del contenido mediático, detentan las concesiones mineras más
redituables, operan las principales empresas de transporte y producen la mayor
parte del cemento, del acero y de la pintura.
Aunque sus integrantes se
dejan ver cada vez más, aún no hay un registro público de su membresía.
Mediante solicitudes de información a la Presidencia de la República y de
búsquedas en terceras fuentes, Proceso identificó a por lo menos 52 miembros,
entre ellos apenas tres mujeres.
A excepción de Blanca Treviño
de Vega, la primera mujer en ingresar al entonces llamado Consejo Mexicano de
Hombres de Negocios –su nombre perdió la palabra “hombres” tras la integración
de la regiomontana–, todos heredaron sus grupos o se beneficiaron de las
privatizaciones, que el propio organismo –ahora llamado Consejo Mexicano de
Negocios (CMN)– promovió durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
Entre ellos destacan siete
mexicanos que Forbes incluyó en su lista de multimillonarios globales de 2018:
Carlos Slim Helú, Alberto Bailleres González, Emilio Azcárraga Jean, Germán
Larrea Mota Velasco, María Asunción Aramburuzabala Larreguí, Roberto Hernández
Ramírez y Juan Beckmann Vidal.
También lo forman nueve
integrantes del “Grupo de los Diez” de Nuevo León: Armando Garza Sada, Rogelio
Zambrano Lozano, Tomás González Sada, Sergio Gutiérrez Muguerza, José Antonio
Fernández Carbajal, Eduardo Garza, Enrique Zambrano Benítez, Adrián Sada González
y Eugenio Garza Herrera.
Acostumbrado a la discreción,
el CMN suele expresarse mediante un único canal de comunicación: su presidente
en turno, puesto ocupado actualmente por Alejandro Ramírez Magaña, dueño de
Cinépolis.
De manera poco habitual, el
jueves 3, el CMN publicó en varios periódicos un desplegado titulado “Así no”,
en el que calificó de “injuriosas y calumniosas” las expresiones que empleó
Andrés Manuel López Obrador, el candidato presidencial de la coalición Juntos
Haremos Historia, cuando se refirió a la élite empresarial como “minoría
rapaz”.
PROYECTO NEOLIBERAL
La creación del CMN como
grupo informal, en 1962, respondió a un interés urgente: impedir el desarrollo
de la izquierda en México, apenas tres años después del triunfo de la Revolución
Cubana, a la que el PRI de Adolfo López Mateos enviaba señales de solidaridad.
Para garantizar sus
intereses, el CMN se valió de todo: varios de sus miembros financiaron las
campañas de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo o Vicente Fox –aunque
otros, como Juan Sánchez Navarro, denunciaron estas prácticas–, recurrieron al
chantaje, fomentaron el boicot publicitario contra el periódico Excélsior de
Julio Scherer, aplaudieron la represión de 1968 y orquestaron campañas sucias
contra los candidatos de izquierda, ya fuera Cuauhtémoc Cárdenas o López
Obrador.
El CMN impulsó la
privatización de las empresas paraestatales y la disminución del gasto público,
logró reducir los derechos laborales y contener los salarios y obtuvo la
apertura de la economía a la inversión extranjera, como lo mostró la politóloga
Marcela Briz Garizurieta en su tesis de doctorado El Consejo Mexicano de
Hombres de Negocios en la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo,
presentada en mayo de 2006.
En los tiempos más decisivos
para la élite del sector privado, el CMN colocó a uno de sus integrantes al
frente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) –un órgano en el que el CMN
tiene voz y voto, y del que Juan Sánchez Navarro, miembro del club, fue el
primer presidente– y de la Asociación Mexicana de Banqueros, a las que utilizó
para presionar al gobierno.
En 1986, por ejemplo, el
empresario priista Claudio X. González, presidente del consejo de
administración de Kimberly-Clark, utilizó su doble condición, como miembro del
CMN y presidente del CCE, para presentar al entonces presidente Miguel de la
Madrid una “propuesta” de política económica en diez puntos para contener la
inflación.
Fue precisamente durante el
sexenio de De la Madrid que el CMN tomó fuerza –que culminó en el sexenio de su
sucesor, Carlos Salinas de Gortari–: a raíz de la expropiación bancaria de 1982
“el (CMN) figuró como intermediario clave para recomponer las relaciones entre
la administración de Miguel de la Madrid y el sector privado”, sostuvo la académica.
El entonces presidente
necesitaba contener la inflación, pero no quería negociar con el CCE, demasiado
afín al PAN. Al frente de sus grupos, los miembros del CMN tenían el control
sobre los precios de los productos y una mayor disposición a negociar, como
refirió el exmandatario en sus memorias.
Empresarios y gobierno
acordaron en 1987 el Pacto de Solidaridad Económica, en el que la élite del
sector privado consiguió, a cambio de controlar sus precios, que el gobierno
federal iniciara la privatización de las empresas paraestatales y abriera las
puertas a los capitales extranjeros.
El CMN tenía entonces por
interlocutor a Carlos Salinas de Gortari, el secretario de Programación y
Presupuesto, afecto al proyecto neoliberal. Ya instalado en Los Pinos –con la
ayuda financiera de varios integrantes del Consejo–, Salinas reprivatizó la
banca y aceleró la venta de paraestatales.
Cada año desde 1996, el
presidente en turno del CMN protagoniza un ritual público: tras realizar un
breve análisis de la situación económica del país, anuncia el monto –en
dólares– de las inversiones que los integrantes del exclusivo club realizarán
el año siguiente. El presidente, en respuesta, agradece a los empresarios sus
esfuerzos y presume el monto de la inversión como un logro de su
administración. En diciembre pasado, por ejemplo, Enrique Peña Nieto dio las
gracias a la cúpula por invertir “más de 150 mil millones de dólares” durante
su sexenio.
Las reuniones que el CMN
celebraba cada año con el titular del Ejecutivo solían llevarse a cabo a puerta
cerrada, hasta que en enero de 2016 Peña decidió abrir en parte a la prensa una
reunión en el exclusivo Club de Empresarios Bosques. Ello generó molestia en la
cúpula empresarial y desde esa fecha las reuniones están marcadas por un
protocolo rígido.
EN CADA ESQUINA
La herencia de los negocios
familiares, así como la adquisición de bancos y empresas durante el periodo de
privatización, instalaron a los integrantes actuales del CMN al frente de
grupos que dominan los distintos sectores económicos del país.
Slim es dueño de las
telecomunicaciones, Azcárraga controla la televisión abierta, Bailleres y
Larrea la minería –el segundo, con Grupo México, controla además el transporte
ferroviario–, Ramírez Magaña posee la mayoría de las salas de cine y Zambrano
produce más de la mitad del cemento que se utiliza en el sector de la
construcción del país.
José Antonio Fernández
Carbajal y Juan Gallardo, presidentes de los consejos de administración de
FEMSA y de la organización Cultiba, respectivamente, dominan el mercado mexicano
de refrescos.
Eduardo Tricio Haro
–presidente de Grupo Lala y Aeroméxico–, junto con Aramburuzabala y Valentín
Díez Morodo, lideran los mercados de la leche y de la cerveza, mientras que el
sector alimenticio del CMN también cuenta con los gigantes Bimbo y Herdez
–dirigidos por las familias Servitje y Hernández-Pons Torres, respectivamente–,
así como con Bachoco, el principal productor de pollo del país.
En el comercio minorista
están Ricardo Martín Bringas, Antonio Chedraui Obeso o Carlos González Zabalegui,
presidentes de los consejos de administración de Grupo Soriana, Chedraui y La
Comer, respectivamente. Esos consorcios operan las cadenas de tiendas de
autoservicio Soriana, Chedraui, La Comer, City Market y Mega, entre otras.
Por parte del sector bancario
destacan Roberto Hernández Ramírez, el presidente de Grupo Financiero Banamex,
quien se enriqueció vertiginosamente cuando se privatizó de la banca, así como
Antonio del Valle Ruiz, quien vendió su grupo Bital a HSBC en 2002 y dirige
actualmente la química Mexichem.
Si bien el Grupo Financiero
BBVA Bancomer no está presidido por un integrante del CMN, en su consejo de
administración se mezclan los intereses de algunos grupos del exclusivo club de
empresarios: en él se encuentran Bailleres y Ramírez Magaña, así como Carlos
Vicente Salazar Lomelín, quien hasta diciembre de 2017 fue director general de
FEMSA.
Aunque la mayor parte de los
grupos no tienen negocios al amparo directo del poder, algunos de ellos
destacaron entre los grandes beneficiarios de contratos gubernamentales durante
la administración de Peña Nieto.
Grupo Carso, de Carlos Slim,
obtuvo contratos por más de 123 mil millones de pesos durante el sexenio;
encabezó el consorcio que obtuvo el principal del Nuevo Aeropuerto
Internacional de México para la construcción del edificio de la terminal, por
84 mil millones de pesos.
Y no es el único:
Aramburuzabala (Sixsigma Networks), Azcárraga (Televisa), Bailleres (Grupo
Nacional Provincial), Agustín Franco Macías (Grupo Infra), Bernardo Quintana
Isaac (ICA) y Luis Orvañanos Lascuráin (Corporación GEO), entre otros, también
obtuvieron jugosos contratos durante la administración de Peña Nieto (Proceso
2160).
EL OPERADOR
Con el paso de las décadas
creció la membresía del CMN: de seis fundadores llegó a 37 empresarios en 1989
y ahora lo integran por lo menos 52 personas. Veinte de los miembros –o sus
herederos– de 1989 permanecen en el grupo y 32 se incorporaron después, lo que
diluyó la cohesión y diversificó sus posturas, observó Briz en su tesis
doctoral.
En el Consejo de
Administración de Banamex, por ejemplo, ocho de los 15 consejeros pertenecen al
CMN; en Grupo México se encuentran seis de sus miembros; en el de Grupo
Televisa son cinco y el mismo número se encuentra en el grupo regiomontano
Alfa.
El financiero Valentín Díez
Morodo, presidente el Consejo de Administración de Grupo Modelo –comprado en
2015 por el gigante transnacional de origen holandés AB Inbev– es socio
consejero de Kimberly- Clark, Banamex, Grupo KUO, Grupo DINE, Mexichem, todas
presididas por miembros del CMN.
Claudio X. González Laporte,
presidente de Kimberly-Clark de México y miembro de mayor antigüedad en el CMN,
junto con Antonio del Valle Ruiz y Alberto Bailleres, se encuentra en los
consejos de administración de los grupos de Slim –Carso, Inbursa y Sanborns–,
de Armando Garza Sada –Grupo Alfa—y de Germán Larrea –Grupo México.
Desde su ingreso al club, en
1978, su estrategia no cambió: presente en los consejos de administración de
los principales grupos, en las organizaciones empresariales –presidió el CMN y
el CCE en tres ocasiones– y en las más altas esferas de la política, asumió el
papel más protagónico en la defensa de los intereses de la élite.
En noviembre de 1997 el
empresario regiomontano Juan Sánchez Navarro dijo a este semanario: “Claudio
era del gobierno, asesor (de Salinas en materia de inversión extranjera). Su
situación era equívoca. Es excelente empresario, pero como tal no podía
pertenecer al Estado. Era casi una simbiosis que no es aceptable”.
En abril de 2002, al terminar
su presidencia al frente del CCE, Claudio X. González denunció los “retrocesos
en materia fiscal” de Vicente Fox y sostuvo que “siguen pendientes cambios que
permitan la inversión privada en generación de electricidad y gas e, incluso,
en la petroquímica”.
Con la doble batuta CMN-CCE,
el empresario chantajeó al entonces presidente Fox, al advertirle que el sector
empresarial no firmaría el acuerdo político sin el compromiso del gobierno
federal de reformar el marco jurídico para abrir parte del sector energético a
la inversión privada, a ablandar la ley laboral para eliminar las “excesivas prestaciones”
o desregular la educación privada.
Vicente Fox, Valentín Diez Morodo y
Claudio X. González en 2005. Foto: Octavio Gómez
Se convirtió en una de las
voces más críticas contra López Obrador en las últimas dos décadas: en 2005
resultó el más firme promotor del desafuero al candidato y en octubre pasado
apoyó abiertamente a José Antonio Meade Kuribreña, el candidato presidencial de
la coalición encabezada por el PRI.
(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ ARTURO RODRÍGUEZ,
MATHIEU TOURLIERE Y ARELI VILLALOBOS/ 12 MAYO, 2018)
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