Santiago Nieto, quizás
involuntariamente, es un genio de la distracción. Habló pública, aunque
indirectamente, de la investigación en la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales contra Emilio Lozoya, el ex director de Pemex,
a quien denunció el PRD de haber recibido dinero de Odebrecht para la campaña
presidencial de Enrique Peña Nieto, por lo que lo cesaron. Este detonó un
escándalo, y al unísono fuerzas políticas y sociales gritaron que el Gobierno,
para impedir que profundizara en sus pesquisas, lo defenestró. Abusados. Lo que
hizo Nieto es mucho más grave de lo que ven, pero al mismo tiempo, no están
viendo.
Su destitución se debió a que
violó el debido proceso, por lo cual, aún si fuera repuesto en el cargo, muy
probablemente la defensa de Lozoya podría alegar ante el juez que violaron sus
derechos humanos, por lo cual se violentó el debido proceso. Como sucedió con
Florence Cassez, el delito de secuestro y delincuencia organizada quedó de lado
ante la Suprema Corte de Justicia, frente al hecho que violaron sus derechos.
El garantismo se aplica a tabla rasa. Lo que fue para Cassez, también tiene que
ser para Lozoya, por lo cual, Nieto habría rescatado a Lozoya de una eventual
cárcel por un delito electoral, al haber prostituido el caso.
El garantismo de la Corte
tendría que ser aplicado por cualquier juez, no como prueba de inocencia, sino
porque la posibilidad de que fuera juzgado de manera justa, fue socavada por el
ex fiscal. En este caso, como deslizó el periodista Rafael Cardona en Foro TV,
Lozoya tendrá que comprarle al ex fiscal electoral un Pétrus, ese vino de
Burdeos que se encuentra entre los más finos del mundo, en agradecimiento por
sus buenos oficios, cualesquiera que hubiera sido la razón de ello. Con su
acción ilegal, lo blindó, y Lozoya tendría que ser exonerado -si se le
confirmaran una ilegalidad-, si se aplica la Doctrina Zaldívar del efecto
corruptor que liberó automáticamente a Cassez.
Eso es la primera parte. La
segunda tiene que ver con los senadores, convertidos en maestros en la
simulación. Juegan con las sombras de la Cueva de Platón al salir a la defensa
airada de Nieto, y exigir su restitución. Para efectos prácticos de esta
investigación, que regrese o no a la Fiscalía es irrelevante. Lozoya, como ya
lo anunció, lo demandará por haber violado sus derechos humanos y vulnerado el
debido proceso, por lo que en el eventual caso de que fuera llevado a
tribunales, un juez podría determinar si al violar el principio de secrecía en
la investigación, se perdió la posibilidad de un juicio justo. De esta manera,
lo que hizo Nieto fue extenderle inmunidad e impunidad a Lozoya, en caso de que
fuera culpable del uso de dinero de procedencia ilícita en la campaña
presidencial.
En este sentido, toda la
agitación y movilización en defensa de Nieto se está dando para la protección
de un ex funcionario que actuó exactamente en contra del postulado que dicen
respaldar: la imparcialidad de las investigaciones de delitos electorales. El
apoyo es para quien, si se analiza el escenario más ominoso para el ex
candidato y su partido, sería la protección del ex director de Pemex.
Si uno revisa la gestión de
Nieto en la fiscalía, difícilmente se le podría adjudicar el papel de títere
del gobierno o del PRI. Su exceso de protagonismo e ingenuidad al desbocarse
ante un micrófono, es lo que podría alegar como algunas de sus mayores
debilidades. Pero aún así, para efectos de argumentación, en el peor de los
escenarios, el efecto para Peña Nieto y el PRI sería marginal. Peña Nieto no
sería destituido, ni habría acción legal. El PRI tampoco perdería el registro,
como afirmó la dirigente del PRD, Alejandra Barrales. En el mejor de los casos,
para quienes buscan una sanción por ese delito, sería una multa.
El caso al que se podría
asemejar este delito, de probarse, sería el del llamado Pemexgate, cuando en
2001 se demostró que el sindicato petrolero desvió mil 500 millones de pesos
para la campaña presidencial del Francisco Labastida en 2000. En aquél
entonces, el desenlace del primer asunto de corrupción electoral fue una multa
al PRI por mil millones de pesos. Y en 2011, un juez federal declaró prescrito
el caso, por lo que tampoco procedió el delito de peculado electoral que le
imputaron al líder del sindicato, Carlos Romero Deschamps. El dirigente
petrolero, para que no se olvide lo que sucede, es actualmente senador del PRI.
La energía de los senadores
de oposición esta muy mal canalizada. Nieto no tendría que ser el objeto de la
defensa, sino el procedimiento mediante el cual se realizó su destitución. No
es la persona, sino el cargo al que hay que proteger. Pero no es lo único. En
toda esta discusión se ha desviado el foco entre tanta politiquería y
banalidades, la corrupción de Odebrecht a funcionarios y ex funcionarios de
Pemex. Testigos de la fiscalía de Brasil han acusado a Lozoya de haberle dado
sobornos millonarios por ayudarles para ganar concursos. Adicionalmente, pagó
más de 10 millones de dólares a funcionarios de Pemex durante tres
administraciones, entre 2011 y 2014, para asegurar que les dieran obra pública,
con lo cual obtuvo un beneficio de 300 por ciento.
Este es el tema de fondo,
oculto por participar los senadores en ruidosos juegos pirotécnicos que sólo
distraen y aplazan que esta corrupción tenga nombre y apellido.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
(NOROESTE/Estrictamente Personal/ Raymundo Riva
Palacio/ 26/10/2017 | 04:07 AM)
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