Una
hace 47 años, otra apenas hace uno, Tlatelolco y Ayotzinapa descarrilaron al
Estado. La impunidad es un paralelo entre las dos tragedias. La irresolución,
otro.
2
de octubre de 2002. Unas 15 mil personas de diversas organizaciones civiles en
la conmemoración. Foto: Cuartoscuro
Ciudad
de México, 2 de octubre (SinEmbargo).– Las movilizaciones en solidaridad con
los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, suelen
concluir con la frase en letras blancas: “Fue el Estado”. El letrero queda
colocado en alguna esquina del Zócalo hasta que el personal de limpia la borra
a fuerza de barrido o bajo chorros de agua. Pero también aparece pintada en
negro, sobre el Hemiciclo a Juárez o el suelo relumbrante de la Alameda
Central. O reaparece en pancartas de cartulina pisoteadas que van a dar a los
amarillos botes de las empresas que levantan la basura en el Centro Histórico
bajo contrato del Gobierno del Distrito Federal.
Es
la denuncia más indeleble en contra del Presidente Enrique Peña Nieto y las
instituciones de Gobierno, así como de los partidos mayoritarios –PRI, PAN,
PRD– que integraron el Pacto por México
y no han mostrado disposición para esclarecer qué ocurrió esa noche maldita del
26 de septiembre de 2014, cuando 43 normalistas de la normal rural de Ayotzinapa,
Guerrero, desaparecieron en un camino de Iguala.
Hace
47 años, hubo otra noche negra: la de Tlatelolco. Miles de estudiantes fueron
puestos bajo fuego aéreo y terrestre y sin que todavía haya cifras oficiales,
los cálculos de observadores internacionales y nacionales han alcanzado hasta
500 muertos. Y entonces, aquella masacre ayudó por primera vez a desmontar la
ilusión del sistema. El régimen del Partido Revolucionario Institucional selló
su destino: un orden político que asesinaba a su crítica intelectual –la que se
formaba en las universidades y preparatorias públicas y privadas– era una
dictadura. A partir de ese oscurecer del 2 de octubre tenía el tiempo contado.
Histórica
una, presente la otra, Tlatelolco y Ayotzinapa son rompecabezas con muchas
piezas que no embonan; otras que fueron fabricadas con el aparente afán de
originar confusión y algunas más que corresponden a tramas diferentes. Jaime
Tamayo, investigador de la Universidad de Guadalajara y experto en Movimientos
Sociales, expone: “Las dos tragedias guardan similitudes, paralelismos y una
lección clara de una democracia mínima que representa la libertad en México.
Ayotzinapa es el recuerdo tortuoso de que los años no sirvieron en términos de
lección. Es un fiel recordatorio que de haber puesto atención a las consignas
del 68, muchos aciagos y violentos acontecimientos se hubieran ahorrado”.
El
antropólogo Abel Barrera, quien busca a los normalistas a través del Centro de
Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, piensa que los ejes paralelos
entre Tlatelolco y Ayotzinapa cuestionan una sola cosa, pero que es bastante
grande: la transición de la democracia en México. La impunidad ante la
desaparición forzada es la avenida por la que corren los dos eventos, según
este defensor de los derechos humanos.
Sobre
el Movimiento estudiantil de 1968, casi cinco décadas después, el cúmulo de
información disponible pone en el centro de las operaciones la mano de tres
personajes que integraban el Gobierno Federal: Luis Echeverría Álvarez, secretario
de Gobernación; el General Luis Gutiérrez Oropeza, presunto creador del
Batallón Olimpia de francotiradores y Gustavo Díaz Ordaz, el Presidente de la
República. Pero ni estos personajes políticos ni otros recibieron castigo penal
ni moral por lo ocurrido en la plaza de las tres culturas de Tlatelolco.
Tampoco dieron testimonio de lo que ocurrió. Sus dichos, a través de los años,
se han enredado entre culpas veladas.
2
de octubre de 2000. Cientos acuden a poner veladoras en el lugar donde cayeron
los muertos. Foto: Cuartoscuro
Quién
ordenó y por qué el asesinato de los estudiantes está en el aire todavía. El 27
de noviembre de 2001, el entonces Gobierno de Vicente Fox Quesada creó por
decreto la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado.
Para 2007, el órgano se había extinguido sin conseguir una sola sentencia
condenatoria por delitos cometidos durante las matanzas del 2 de octubre ni la
del 10 de junio de 1971 ni la llamada “Guerra Sucia” que vino después y como
consecuencia de las masacres. Los funcionarios octogenarios que fueron llamados
a declarar se negaron a dar testimonios detallados sobre lo ocurrido en los
sesenta y setenta. Daban discursos crípticos que al final, no responsabilizaron
a nadie, mucho menos a ellos mismos.
¿Ocurrirá
lo mismo con la desaparición de los 43 que se preparaban para ser maestros
rurales? Por lo pronto, la tragedia fue colmada por el desempeño de Jesús
Murillo Karam, quien fue Procurador General de la República de diciembre de
2012 hasta febrero de 2015. Como encargado del caso de Ayotzinapa informó que
las indagatorias condujeron a que los 43 habrían sido quemados en un gigantesco
basurero en Cocula, Guerrero. A su expediente lo llamó “verdad histórica”.
No
sólo generó un torrente de dudas; sino que concluyó su informe con la frase “ya
me cansé” lo que ocasionó críticas en las redes sociales y en los medios
informativos. En febrero de 2015, se fue de la PGR para ocupar la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Luego, en la víspera del Tercer
Informe de Gobierno, dejó el Gabinete presidencial sin recibir sanción ni
ofrecer disculpa alguna, ni ninguna palabra más.
Para
Eduardo Murueta Reyes, experto en Poder y director de la Asociación Mexicana de
Alternativas en Psicología [AMAP], las dos tragedias son un ejemplo del
autoritarismo en México que está muy lejos del deseo de verdad de los
gobernados. Y en ese sentido, es muy probable que los dos eventos tengan el
mismo proceso: un largo camino para llegar un día a algunos parajes luminosos
pero también a muchas zonas oscuras.
“En
México hay un pseudo poder. Es pseudo porque es autoritario. Muy lejos de eso,
el verdadero poder es el que convoca y organiza. La base de todo debe ser la
organización. A mayor organización, mayor poder. El hecho de que muchas
personas en la sociedad en México no estén organizadas y vivan supeditadas a
unos cuantos, genera que estos tiendan al abuso”, dice.
Tlatelolco,
con sus muertos aún no contados de manera oficial, y la triste y profunda noche de Iguala,
cuando no quedó rastro de 43 estudiantes normalistas, dan cuenta de la lejanía
entre el Estado y los ciudadanos. Murueta pone un símil: se trata de un padre
de familia que jamás ha comprendido a su hijo y prefiere taparle la boca a como
de lugar.
2015.
Marcha del aniversario de la desaparición de los normalistas.Foto: SinEmbargo
ENTRE
DÍAZ ORDAZ Y PEÑA NIETO: EL SILENCIO
La
razón que condujo a la matanza del 2 de octubre es un vericueto que aún no ha
llegado a ninguna parte. Era una época en que el viento no se movía si no lo
aprobaba el Presidente de la República y no había ser humano en México mejor
informado que él. Pero hay un testimonio, el de las memorias de Luis Marcelino
Farías, en el libro Así lo recuerdo, editado por el Fondo de Cultura Económica
en 1992, que brinda el indicio que dos personajes actuaron sin que Gustavo Díaz
Ordaz lo supiera: Alfonso Martínez Domínguez, supuesto corresponsable de la
formación de grupos de choque, y el General José Luis Gutiérrez Oropeza, quien
fue Jefe del Estado Mayor Presidencial.
Palabras
de Farías:
“Se
vanagloriaban ambos de haber tomado medidas sin que lo supiera el Presidente,
tales como tener a la mano gente dispuesta a balacear una escuela politécnica,
gente comprada para golpear a algunos muchachos en la noche y cosas así,
medidas que tomaban ellos para tranquilidad del Presidente”.
Ninguno
de estos tres políticos priistas está vivo este 2 de octubre, cuando una nueva
tragedia, la de Ayotzinapa, evoca a la de Tlatelolco. Ya es imposible que
brinden más testimonios sobre la actuación del Presidente en 1968, una pieza
ausente en el rompecabezas que es la masacre del 2 de octubre.
El
general José Luis Gutiérrez Oropeza falleció en 2007. Y en una entrevista con
La Jornada, su hijo Luis Gutiérrez Zepeda, dijo: “Murió con la certeza de que
siempre fue leal a México y sus instituciones”. Alfonso Martínez Domínguez
–quien también fue regente de la Ciudad de México en 1971– dejó este mundo
cinco años antes. Y Luis Marcelino Farías, quien en 1968 era diputado federal y
defendía en el Congreso de la Unión a Gustavo Díaz Ordaz respecto a los hechos,
murió en 1999.
Para
Jaime Tamayo, el investigador de la UdeG, la posibilidad de que el entonces
Presidente Díaz Ordaz no supiera del movimiento estudiantil que se gestaba
resulta muy lejana. “El Gobierno Mexicano aplastó lo que quiso manejar como un
movimiento manipulado por los comunistas del extranjero. Pero ahí había gente
de todas las corrientes incluso del Partido Comunista que hoy podríamos ver
como un movimiento a favor de los derechos cívicos y humanos. Estamos hablando
de un país en el que el autoritarismo era la marca distintiva. En ese sentido,
se daba el discurso de Díaz Ordaz. Él
manejaba el temor a un movimiento desde el exterior y que se podía salir de
control”.
2015.
Los padres de los 43 estudiantes víctimas de desaparición forzada encabezaron
la marcha del 26 de septiembre. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo
“Él
sabía que eso era falso. Tenía información de dos fuentes con diversos canales
de información, uno por parte de la Secretaría de Gobernación, de la Dirección
Federal de Seguridad y otras instancias de vigilancia y represión política.
Incluso, desde el Estado Mayor Presidencial se había penetrado entre los
estudiantes. Había espionaje en las instituciones educativas a donde acudían”,
añade en entrevista el estudioso de los movimientos sociales de México.
Luis
Echeverría Álvarez –Secretario de Gobernación en el 68– ha dicho muchas veces
que él no influyó en las decisiones del Presidente. “Quizá pensó que no tenía
yo la suficiente experiencia y él lo manejó todo, lo político y lo militar”,
dijo en una entrevista con el periódico El Universal, publicada el 21 de
Septiembre de 1998.
Si
el hombre que tenía la investidura presidencial, era el mejor informado,
también era el más callado. Y ese silencio fraguado en la residencia oficial de
Los Pinos fue de época en época sin darle tregua al cambio. Desde Gustavo Díaz
Ordaz (1964-1970) hasta Ernesto Zedillo (1994-2000), el Gobierno permaneció
callado frente a los hechos de 1968. Y así, muchos grupos, al ver cerrado el
camino del diálogo, formaron en los 70, algunos grupos guerrilleros tanto en el
campo como en la ciudad.
“La
masacre generó la impresión que de no había más salida que la vía armada, algo
que se vino a ratificar con el Halconazo (matanza en San Cosme en junio de
1971) y grupos radicales con la lucha armada como la Liga 23 de Septiembre, así
como la guerrilla rural con Lucio Cabañas en Guerrero. Todo esto vino a mandar
el mensaje de que la única posibilidad de cambio era el movimiento armado”,
dice Tamayo.
Aunque
la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa puso una sombra deforme
sobre el Gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando no completaba dos años en el
poder, el Primer Mandatario apenas dedicó cuatro discursos entre septiembre y
diciembre del año pasado. El 6 de octubre de 2014, llamó “afectados” a los 43
estudiantes. Habían pasado diez días de la noche de Iguala y Peña Nieto apenas
utilizó treinta y tres palabras para decir: “Lamento de manera muy particular
la violencia que se ha dado y, sobre todo, que sean jóvenes estudiantes los que
hayan resultado afectados y violentados en sus derechos en el municipio de
Iguala”.
Ocho
días después, con un tono de lejanía dijo que el asunto lo resolvería la PGR.
Luego, se hizo de parquedad cuando recibió en Los Pinos a los padres de los
normalistas. Después se fue a una gira por China y Australia. Al regresar,
subió un poco la voz para decir que no permitiría que le reclamaran justicia a
través de la violencia. El 27 de noviembre anunció un plan de diez puntos para
cimentar el Estado de Derecho.
Después,
silencio, mucho silencio. Ayotzinapa, con los meses, parecía ya no tener
sentido. El grito de “¡Nos faltan 43!” de repente ya no fue tan fuerte en las
calles. Por ejemplo, la quinta, la sexta, la séptima marcha para conmemorar
meses de la desaparición, ya no fueron tan multitudinarias.
Pero
Ayotzinapa es mucho más que la protesta callejera. Y logra verse en esos
números de las encuestas que reflejan el desplome de la aceptación del
Presidente. Después de que se supo de la ausencia de esos 43, el Primer
Mandatario llegó al 39 por ciento en aprobación, según promedian encuestadoras
como GEA-ISA, Reforma y El Universal. Un nivel histórico muy bajo del cual, no
se ha recuperado.
Con
esos números como lastre, en el mensaje correspondiente a su Tercer Informe de
Gobierno, el 2 de septiembre, el Presidente incluyó a Ayotzinapa en una lista
de hechos que han lastimado a los mexicanos. “El último año ha sido difícil
para México. Nuestro país se vio profundamente lastimado por una serie de casos
y sucesos lamentables. Los hechos ocurridos en Iguala o la fuga de un penal de
alta seguridad nos recuerdan situaciones de violencia, crimen o debilidad del
Estado de Derecho”, dijo.
El
24 de septiembre, cuando faltaban dos días para el primer aniversario de los
hechos de Iguala, el Presidente se reunió con algunos de los padres de los
normalistas. Mientras, otros más realizaban una huelga de hambre en el Zócalo
capitalino. Cuando la reunión concluyó, un padre dijo: “Ya sabíamos que el
Presidente no se iba a comprometer”. Uno más habló: “Si fuimos, fue por
trámite”.
Enrique
Toussaint, politólogo formado en la Universidad de Guadalajara, piensa que hoy
como ayer, el silencio presidencial no es conveniente y jamás será bueno.
“Ayotzinapa
requiere de un Presidente. De un líder que por lo menos, muestre energía en la
resolución del problema. México no resistirá otra herida abierta”, afirma.
Para
conmemorar un año de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa miles
de personas volvieron a la calle para exigir justicia. Colmaron el Zócalo y las
calles cercanas.
2015.
Otra vez, buscando justicia en las calles. Foto: Cuartoscuro
CRISIS
DE PARTIDOS
Otro
paralelismo: por Ayotzinapa, el Partido de la Revolución Democrática está
encarado con la misma crisis que tuvo el PRI en 1968. Se trata del partido más
representativo de la izquierda mexicana en el mapa electoral y el mismo que
llevó al poder al alcalde Iguala, José Luis Abarca quien –según la PGR – tenía
nexos estrechos con el cártel Guerreros Unidos, uno de los presuntos
responsables de la desaparición de los 43 estudiantes.
En
el preámbulo de las elecciones del 7 de junio, el partido del Sol Azteca tenía
un mínimo histórico de intención de voto, de 13 a 16 por ciento. Una vez
efectuadas las elecciones, pudo verse que perdió de cuatro a cinco puntos.
Pero
Ayotzinapa es –como Tlatelolco- el punto de debates en los que los políticos
intercambian culpas sin que se asome la claridad. Y cada evento político parece
más desvinculado de los padres que no cesan en sus marchas ni su búsqueda. El
25 de septiembre pasado, el PRD se exculpó en el Senado de la República. “Este
no es un tema de partidos o personas, sino un asunto de Estado, porque de
acuerdo con el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes
de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en la agresión de
los normalistas estuvieron presentes las fuerzas federales”, dijo la senadora
por ese partido, Angélica de la Peña.
Un
día después, en sesión solemne dedicada a los estudiantes normalistas en la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hubo una guerra de carteles,
desaires y recriminaciones. No acudió ninguna representación de los familiares
de los desaparecidos aun cuando el acuerdo para llevarla a cabo dispuso
“realizar las gestiones necesarias” para invitarlos.
El diputado por el PRI, Adrián Rubalcava Suárez,
fijó la posición de su partido. Expuso que hay grupos que desde su curul,
buscan sembrar odio a partir de la desgracia y defendió al Presidente Enrique
Peña Nieto contra quienes dicen: “Fue el Estado”. Desde su silla, la diputada
por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Aleida Alavez Ruiz, le
corregía: “El Presidente no es el Estado”.
Este
2 de octubre, padres de los desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014
en Iguala, Guerrero, irán en la vanguardia de la manifestación por los hechos
del 2 de octubre de 1968. Se partirá de la Plaza de las Tres Culturas de
Tlatelolco al Zócalo capitalino. El comité organizador bautizó a la jornada
como “De Tlatelolco a Ayotzinapa: 47 años de lucha contra la impunidad”.
(SIN
EMBARGO.MX/ Linaloe R. Flores octubre 2, 2015 - 00:00h)
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