Legislativo
detiene discusión de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
“Tú y tus hijos se van a ir al
infierno”… Ese fue uno de cientos de
mensajes que recibieron en sus teléfonos y correos electrónicos, las diputadas
y diputados del Congreso de Sinaloa tras intentar aprobar el dictamen para
crear la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
Sinaloa.
A
pesar de que la ley es una homologación de la ley general, aprobada a finales
del 2014 en el Congreso de la Unión, los temas relacionados con la salud
sexual, educación, intimidad y obligaciones de los padres o tutores,
enfurecieron a ciudadanos autonombrados padres de familia, quienes estarían
impulsados por un grupo ultraconservador de la Iglesia Católica.
A
través de un mensaje enviado vía celular, entre miembros de la congregación
católica, se exhortó a llamar a los diputados, enviarles mensajes, manifestarse
en el Congreso y a través de redes sociales, para evitar que se apruebe la ley.
El
llamado se hizo a nombre del padre Miguel Ángel Soto Gaxiola, un clérigo de la
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, ubicado entre los religiosos como
integrante del grupo Opus Dei.
Al
final del mensaje se colocaron los nombres, números de teléfonos celulares y
correos electrónicos de seis legisladores de diversos partidos, integrantes de
las comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, Derechos Humanos,
Equidad, Genero y Familia y Salud, quienes fueron los responsables de
dictaminar la iniciativa, pero sólo a dos de estos diputados se les calificó
como “principales promotores” de la “aberrante” iniciativa.
“Me
pide el padre Miguel Soto Gaxiola, encargado de la Dimensión de Familia y Vida,
que hagamos circular la información abajo añadida, respecto a la de la
iniciativa de ley de derechos del menor. Terriblemente aberrante. Papás,
háblenles a sus diputados. Vayan al Congreso. Pongan mensajes en los medios de
comunicación, en las redes sociales ¡Movilícense ya, antes que sea tarde!”,
exhorta el mensaje difundido.
La
embestida fue inmediata. La legisladora priista Sandra Lara Díaz, una de las
acusadas de “promover” la iniciativa, relató que las llamadas y mensajes a su
teléfono personal comenzaron el domingo por la tarde. Y aunque al principio
daba respuesta a cada uno, conforme pasaron las horas, las llamadas se
multiplicaron y las exigencias subieron de tono hasta llegar a agresiones
verbales. El lunes 15 de junio, la diputada decidió dejar de responder su
celular.
Ese
mismo lunes por la noche, el Congreso del Estado emitió un comunicado de prensa
en el que anunciaba que suspendería la discusión del dictamen para abrir el
espacio al análisis por parte de cualquier grupo social interesado.
Se
explicaba que la iniciativa de decreto no era promovida por ningún diputado o
grupo parlamentario en particular, sino que se trataba de una ley general
vinculante con todas las autoridades y entidades del país.
Según
se detalló, la iniciativa de decreto se conformó con la aportación de las
iniciativas de ley presentadas por los grupos parlamentarios del PRI, PRD, PAN,
PAS y la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Una
semana antes de que estallara la polémica, el jueves 11 de junio, la iniciativa
sería discutida en el pleno pero fue detenida por diputados de diversas
fracciones que votaron una moción suspensiva, argumentando que había artículos
de la iniciativa que requerían atención especial y un análisis profundo.
Algunas
voces aseguraron que ese día en el Congreso hubo llamadas insistentes desde el
Obispado para frenar la votación.
¿QUÉ DICE LA LEY?
“¿Qué
ustedes no tienen hijos o nietos en los que fomentar los valores en lugar de
promover el libertinaje?”, cuestiona un ciudadano a través de un correo
electrónico enviado a los 40 diputados.
Y
es que los ciudadanos exigen que se modifiquen siete artículos de la ley y se
agregue uno en el que se establezcan los derechos de los padres. La propuesta
para modificar el dictamen fue entregada el pasado miércoles en una reunión con
los diputados integrantes de las comisiones unidas.
Ahí,
los padres de familia argumentaron su preocupación ante una ley que pudiera
interferir con la forma de educar a sus hijos.
El
dictamen de iniciativa de Ley está estructurado en seis títulos, 32 capítulos,
cinco secciones y 128 artículos. Su objetivo, según se explica en la exposición
de motivos, es reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de
derechos, garantizarles su pleno ejercicio, respeto, protección y promoción.
La
ley también creará el Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, la Procuraduría de Protección de los derechos, así
como el Registro Estatal de Centros de Asistencia Social.
“¿Cómo
creen que dejaremos en manos del Estado que a través de una ley los menores aún
inmaduros por su edad, tengan el derecho a decidir sobre el tema de la
sexualidad, yo creo que no se debería de promover este libertinaje”, cuestiona
otro correo electrónico recibido por legisladores locales.
En
la propuesta de modificación presentada por los padres de familia, se toman
párrafos de artículos, se eliminan palabras o frases y se crean nuevos
artículos.
Por
ejemplo, del artículo 45 de la iniciativa de ley se toma el párrafo quinto, el
cual originalmente plantea lo siguiente: “Desarrollar la atención sanitaria
preventiva, la orientación a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o
guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, y la educación y servicios en
materia de salud sexual y reproductiva”.
Pero
los padres de familia proponen eliminar la frase “en materia de salud sexual” y
cambiarla por “en materia de salud reproductiva”.
Otro
ejemplo: en el párrafo séptimo del mismo artículo 45, la iniciativa original
señala: “Asegurar la prestación de servicios de atención médica respetuosa,
efectiva e integral durante el embarazo, parto y puerperio, así como para sus
hijas e hijos, y promover la lactancia materna exclusiva dentro de los primeros
seis meses y complementaria hasta los dos años, así como garantizar el acceso a
métodos anticonceptivos”.
La
propuesta de los padres de familia modifica la frase “garantizar el acceso a
métodos anticonceptivos” y la cambia por “garantizar el acceso a la información
sobre métodos anticonceptivos”.
Además,
a partir de esa última oración se agrega un párrafo nuevo que dice: “conforme a
su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, fomentando la
participación de quienes detenten la patria potestad, tutela o guarda para el
desarrollo de una maternidad y paternidad responsable”.
El
artículo que más molestia ha provocado entre los opositores a la iniciativa de
ley, es el artículo 83 que se refiere a las obligaciones de quienes tengan la
patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como las obligaciones de las
instituciones o personas que tengan bajo su cuidado a niños, niñas y
adolescentes.
El
párrafo quinto en el artículo 83 dice: “Son obligaciones de quienes ejercen la
patria potestad, tutela o guarda y custodia… impartir en consonancia con la
evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiada, sin que ello
pueda justificar limitación, vulneración o restricción alguna en el ejercicio
de sus derechos”.
La
propuesta de los padres elimina por completo la oración “sin que ello pueda
justificar limitación, vulneración o restricción alguna en el ejercicio de sus
derechos” y a cambio crea un nuevo párrafo en sentido contrario que dice:
“…impartir en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y
orientación apropiada y en su caso, restringir sus conductas y hábitos, siempre
y cuando atiendan el interés superior de la niñez”.
Un
día después de presentar la propuesta de modificación a la ley, otro mensaje se
comenzó a difundir en redes sociales y vía telefónica. En este mensaje se
explicaban los resultados de la reunión con los legisladores y se informaba de
la conformación de una comisión de padres de familia que darían seguimiento a
la ley, y que se le nombraría “Comisión de Padres de Familia en Oración”.
El
mensaje pide a sus lectores rezar un misterio del Rosario junto a sus hijos y
pedir en oración por los legisladores y la iniciativa de ley.
“La
idea es sencilla: un misterio del Rosario al terminar de comer con todos los
niños en la mesa, pues finalmente a ellos se les escucha más fácil y es para
ellos, no cabe duda que todo es una oportunidad, y pues amigas, ‘a ahogar el
mal en abundancia del bien’, explica el mensaje.
EXHORTO DE LA CEDH
Al
respecto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió un comunicado en el
que exhorta a la ciudadanía a informarse sobre el marco jurídico existente en
el ámbito internacional, nacional, local y especializado en materia de derechos
humanos.
Y
es que los padres de familia también buscan que se elimine un párrafo del
artículo 1 de la ley, el cual exige que se reconozcan los derechos de los
niños, niñas y adolescentes en conformidad con lo establecido en el artículo 1
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En
su comunicado, la CEDH rechaza que con la propuesta de los padres se pretenda
desvincular los derechos humanos.
“Los
derechos humanos no se excluyen entre sí; por el contrario, los derechos
humanos se encuentran interrelacionados, de modo que se complementan unos a
otros”, explica.
“La
Comisión Estatal de los Derechos Humanos extiende una invitación para que en el
ejercicio del proceso legislativo que nos ocupa, éste continúe y se concluya en
los términos previstos en la norma jurídica, en la que se faculta y dispone la
intervención de diversos poderes públicos que tienen el deber de garantizar el
respeto a la legalidad, por lo que también se exhorta a no generar contra
legisladoras/es condenas públicas y/o sociales y se atienda el mandato
constitucional para el ejercicio de los derechos”, señala.
La
diputada perredista Imelda Castro Castro, integrante de la Junta de
Coordinación Política, señaló que los padres de familia han hecho una
interpretación equivocada de la ley, influenciados por sus propias ideologías
religiosas.
Enfatizó
que las modificaciones al dictamen no pueden ir en contra de lo que ya
establece la Ley General, la Constitución Política de México o los convenios
internacionales en materia de Derechos Humanos de los niños, las niñas y
adolescentes.
“Es
una interpretación sesgada que tiene que ver con ciertas ideologías que no
tiene nada que ver con la legislación de un estado laico. Hay muchas
debilidades en la comprensión de este dictamen; ninguna frase, ningún artículo,
ninguna capítulo, se puede leer de manera aislada, ese es el gran error que
están cometiendo con sus lecturas”, indicó.
La
legisladora aseguró que la discusión del dictamen no se detendrá y cualquier
modificación tendrá que ser apegada a las leyes.
“El
congreso está obligado a escuchar a todos los sectores y pues, en este caso
hasta la insensatez tiene derecho a ser escuchada”, concluyó.
(RIODOCE/
Miriam Ramírez / 21 junio, 2015)
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