NARCOS Y SU DOMINGO SIETE

Jorge Zepeda Patterson

Los cárteles ofrecen la mejor constatación de la frase aquella de que lo que está mal siempre puede empeorar. Nos habíamos acostumbrado a que los narcos hicieran peligrosas nuestras carreteras o las salidas nocturnas en nuestras ciudades algún viernes por la noche. Pero asumíamos que las elecciones se encontraban en una zona intocada por el crimen organizado. No obstante, los comicios en 14 entidades que culminan este domingo revelan que por vez primera los intereses de los cárteles han intervenido de manera sensible en el proceso electoral.

No documentaré aquí las estadísticas a lo largo de estas últimas semanas en las que han proliferado asesinatos, violencia, amenazas y suspensiones de campañas. Hace un año, durante las elecciones presidenciales el país se sacudió con el asesinato del candidato panista a la presidencia municipal de La Piedad. Y desde luego en varios sitios de Tierra Caliente, Michoacán, desde hace años que los narcos condicionan la política de los alcaldes; en los peores casos participan en su designación misma. Pero de alguna forma se asumía que eran focos puntuales, circunscritos a regiones periféricas en las que La Familia tiene una presencia conspicua.

Algunos pensarán que “los incidentes” todavía son poco significativos frente a los cientos de alcaldías que están en juego este domingo. Pero el asesinato o amedrentamiento de candidatos no sigue una lógica cuantitativa para ser efectiva. Ya hemos visto que basta asesinar a varias docenas de periodistas para silenciar la prensa crítica en buena parte del territorio nacional; no se requiere más que quemar un restaurante para que todo los de la cuadra se sometan a la extorsión. ¿A cuántos jueces locales tiene que atacar el crimen organizado, antes de que el resto de los magistrados se la piense mil veces para emitir un fallo severo o desfavorable a los que golpean?

Periódicamente llega la noticia de que algún alcalde de un pequeño municipio fue asesinado luego de desafiar a los narcos locales (curiosamente en muchos casos han sido mujeres). Recuerdo una charla de sobremesa sobre María Santos Gorrostieta, ex alcalde de Tiquicheo, Michoacán, quien desafío abiertamente a los cárteles y sobrevivió a un ataque en el que perdió la vida su marido y le dejó a ella un cuerpo cosido a balazos. Lejos de arredrarse, la valiente mujer mantuvo una posición firme que varios años después provocaría su tortura y ejecución. Más allá del respeto que inspiraba el valor de María Santos, la mayoría de los comensales consideraban que su comportamiento había sido poco menos que suicida. En otras palabras, según mis amigos, el sentido común obligaba a abandonar la lucha luego de las primeras amenazas.

El problema es que con ese “sentido común” los narcos acabarán dueños del país. O, para no ir más lejos, dueños de las posiciones políticas de todos los comicios en los que intervengan. Y queda claro, luego de este domingo, que están interesados en participar en todos ellos.

Hace tiempo sospechamos que en varias entidades del país los narcos han amenazado a candidatos a gobernador, y en más de uno hay más que sospechas de que han participado en el financiamiento a sus campañas. El asesinato del candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas no deja ninguna especulación sobre el involucramiento del crimen organizado en los temas electorales.

Pero lo que vivimos ahora es distinto por su escala y difusión territorial. Estas elecciones revelan que un nuevo actor inesperado e ilegítimo ha llegado ya, con intención de quedarse, en los procesos que definen a quiénes elegimos para gobernarnos.

Suficientes problemas padece nuestra precaria democracia electoral para encima echarle la violencia criminal. Parece el destino manifiesto de países como el nuestro que han puesto un pie en la modernidad pero aún no logran sacar el otro de la zanja del subdesarrollo. En nuestro país conviven en falso maridaje anacronismos absurdos propios del atraso con vicios del desarrollo: no hemos salido del flagelo de la desnutrición cuando nos ha caído la epidemia de la obesidad; no somos un país industrial pero contaminamos como si lo fuéramos.

Y ahora esto. Como cualquier sociedad aspirante a la democracia seguimos bregando con problemas no resueltos como el financiamiento a las campañas o la credibilidad del voto. Pero ahora resulta que tendremos que batallar con algo mucho más primario: evitar que los poderes de facto de carácter violento e ilegítimo hagan de las elecciones una farsa. Me temo que la violencia electoral de origen criminal que ahora vimos pueda generalizarse en el futuro. Espero equivocarme.