viernes, 28 de junio de 2019

LOS DESMEMBRADOS DE LOS ÁLAMOS


Cuando intentan instalarse en una zona, los vendedores de droga locales que operan con el CJNG asesinan y desmiembran a algunos narcomenudistas del Cártel de Sinaloa que no aceptan cambiarse de grupo criminal para obligar al resto, a reclutarse con Jalisco. Al apodado “El Chamuco” le aventaron la cabeza de su compañero sobre las piernas. Está sucediendo en las colonias Sánchez Taboada y Zona Norte de Tijuana. En poco más de cinco meses, Semefo ha levantado 43 desmembrados 

Del total de 959  homicidios violentos contabilizados en Tijuana entre el 1 de enero y el 12 de junio del año en curso, 49 corresponden al hallazgo de cuerpos desmembrados. Solo entre el 7 y el 10 de junio los cadáveres descuartizados de tres hombres y una mujer fueron localizados en Tijuana, dos en la Zona Norte y dos en la Zona Este.

Las víctimas en general eran delincuentes menores, vendedores y consumidores de droga, asesinados por otros criminales ubicados también en la parte baja del organigrama del tráfico. Narcomenudistas que intentan tomar control de las calles y despedazan a quienes no aceptan unirse a su grupo y cambiar de cártel, con la finalidad de generar terror y presionar al resto de los maleantes de la zona a unirse o rendirse a su célula. En el menor de los casos, se trata de ajustes de cuentas, asesinatos usualmente por robo de drogas.

En cuanto a los hechos violentos de la casa del fraccionamiento Los Álamos, donde el 8 de junio fueron encontradas bolsas y maletas con restos humanos, las primeras versiones indican que se trató de un reclutamiento criminal que salió mal y un robo.

Encerrado, maniatado y sentado en el piso de un baño, Isaí Ebenezer “El Chamuco” escuchó cómo torturaron, mataron y desmembraron al apodado  “El Guacho” y/o “El Pedrito”. Después de unos minutos de silencio, “El Chiquitín”, criminal que lo había privado de la libertad, abrió la puerta  y le aventó sobre sus piernas la cabeza de Pedro Tovar y lo amenazó que iba a terminar igual si no le decía dónde estaba “El Genzer” y “lo que se robaron”.

Los asesinatos y desmembramientos se cometieron el 8 de junio en la casa ubicada en el número 542 de Calle Rampa esquina con Circunvalación de Los Álamos en Tijuana. Fue el tercer domicilio al que fueron llevadas las víctimas tras haber sido privados de la libertad.

En la escena del crimen, las autoridades encontraron dentro de un lavabo, cuchillos, dos serruchos -uno de lima- y un machete ensangrentados, dos vasos y dos platos de plástico.

Divididos entre una maleta negra y en algunas bolsas plásticas también negras, los restos de dos hombres, muslos y piernas separadas, lo mismo que manos y brazos, cabezas por un lado, troncos en otro. Uno de los torsos tenía la camisa puesta, y dos de los pies aún calzaban medias y tenis oscuros.

Al momento de los asesinatos, junto a Isaí estaba Cruz Enrique “El Caballo”. De acuerdo a la información de las áreas de inteligencia y de familiares de las víctimas, estos dos hombres y los dos desmembrados se dedicaban a vender droga en Los Álamos, El Pípila y “Las Villas” (Villas del Sol-Villas del Real-Villa Fontana), además de robar autos en Tijuana y Ensenada con y sin violencia. Delinquen para narcomenudistas del Cártel de Sinaloa.

Alrededor de quince o diez días antes, habían sido interceptados por delincuentes a los que conocen, pero ahora sirven a operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con la consigna de que se les unían, o dejaban de vender. Cercanos a los hombres victimados explicaron que llevaban varios días asustados y habían conseguido armas.

De la forma en que fueron privados de la libertad existen dos versiones, ambas indican que sucedió el sábado 8 de junio, la familia de uno de los afectados asegura que los cuatro hombres antes mencionados y uno más al que solo identifican como “Julio”, se encontraban en una casa en “Las Villas” y varias personas desconocidas llegaron por ellos y se los llevaron.

En voz de una de las víctimas, “El Gefry” los invitó a la casa de “La Güera” en Villas del Sol a drogarse, todos decidieron acompañarlo, cuando llegaron había dos mujeres jóvenes afuera y otra en el interior del domicilio. Entraron y se sentaron en la sala, fue cuando la mujer salió y cerró la puerta, entonces del piso de arriba descendieron dos hombres armados.

“El Chiquitín” llevaba un arma larga y “El Poncho” una corta, los desarmaron y sometieron. En la casa de Villas del Sol, los narcomenudistas del CJNG dejaron ir a “El Julio” y a los otros cuatro los maniataron, los subieron a una camioneta y los trasladaron a la colonia El Pípila, donde no estuvieron mucho tiempo. De acuerdo a esta versión, ahí los subieron a una calafia del servicio público, los obligaron a acostarse en el piso y los llevaron a la casa en Los Álamos.

Atados de pies y manos, ahí los golpearon e interrogaron, primero a los cuatro juntos y después encerraron a “El Caballo” y “El Chamuco” en el baño, desde ahí escucharon gritos y después persistió el silencio, previo a que “El Chiquitín” entrara y les aventara la cabeza. Minutos más tarde los narcomenudistas del CJNG  desamarraron a “El Caballo” para que los ayudara a limpiar y meter en bolsas los restos de sus compañeros.

Conforme a estos dichos aún no corroborados por las autoridades, los criminales se fueron de la casa y dejaron a un hombre mayor cuidándolos, al cual “El Caballo” logró desarmar; cuando lo hizo desató a “El Chamuco” y salieron huyendo, a los pocos minutos fueron interceptados y detenidos por elementos de la Policía Municipal.

A Isaí Ebenezer, a quien se le apreciaban varios golpes contundentes y una herida abierta similar a un hachazo en la cabeza, lo trasladaron al Hospital General, y a Cruz Enrique, quien portaba un arma larga, lo detuvieron para posteriormente presentarlo en la delegación de la Fiscalía General de la República. El Ministerio Público lo llevó ante un juez federal, quien lo dejó en libertad.

La hermana de una de las víctimas, Isaí, estuvo casada con un policía estatal preventivo de Ensenada, de nombre Jesús Manuel Sais Rojas, quien murió de un infarto el año pasado. En varias ocasiones se le acusó de abuso policíaco, uso de drogas y de extorsionar a criminales, sin que haya derivado en una remoción y pese a que en un operativo en su casa, sus compañeros encontraron dinero y drogas.

LOS VICTIMARIOS

En lo que respecta a los presuntos responsables, las autoridades indican que tienen avanzado el proceso de identificación de los presuntos autores materiales de los homicidios, “El Poncho y “El Chiquitín”, pero los mantienen en reserva.

También identificaron al hombre que los recogió y los llevó con su consentimiento, a la casa donde fueron privados de la libertad, Gefry Gaviño, quien tiene como antecedentes dos capturas en 2018, ambas por narcomenudeo.

Asimismo, pudieron dar con  dos integrantes de la célula de “El Chiquitín”, Alán D. Flores, quien tiene  orden de aprehensión pendiente por narcomenudeo y Julio D. Avilés, detenido en 2017 por narcomenudeo y en dos ocasiones en 2018 por robo de vehículo.

El 12 de junio de 2019, a Julio le hicieron efectiva una orden de aprehensión pendiente por robo de auto y corroboró los hechos. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, ninguno de los indicios recabados indica la participación activa de estos hombres en los homicidios y las lesiones.

LOS OTROS CERCENADOS

En cuanto las investigaciones en los casos de los otros dos cuerpos cercenados localizados por las autoridades esta semana en Tijuana, los avances son limitados.

El jueves 7 de junio a las 9:00 am, el C4 recibió el reporte policiaco; dos agentes localizaron el torso de un hombre sin piernas ni brazos, en el cuello tenia atada una especie de cordón color beige y presentaba golpes en todo el rostro.

Los restos estaban atrapados en una compuerta de desagüe, en el interior de la Planta de Bombeo Número 1 de la Comisión Estatal de servicios Públicos de Tijuana en Avenida Internacional de la colonia Castillo.

La víctima: un hombre de tez morena, complexión delgada, cabello castaño oscuro, frente, nariz y boca mediana, labios regulares, ceja curva semipoblada  y barba descuidada. Vestía una camisa tipo polo color gris.

El segundo hallazgo se reportó el lunes 10 de junio en la misma planta de bombeo, restos humanos dentro en una bolsa negra para basura que quedó atorada en la rejilla de la bomba de desagüe.

Dentro encontraron el torso-sin cabeza-  de una mujer, a unos metros en la rampa de limpieza había otras dos bolsas: en una, un brazo derecho y, en la otra, dos blusas de mujer colores verde y rosa. Como señas particulares, en la víctima se apreciaron un lunar y una cicatriz -tipo cesárea- en el abdomen. Además de un tatuaje de estrella en la muñeca.

En el transcurso de 2019, la Zona Norte,  la colonia Sánchez Taboada y Natura, han sido las áreas de Tijuana donde se han concentrado los hallazgos de cadáveres cercenados. Sin embargo, otros espacios como la protegida Zona del Río no han quedado excluidas, como sucedió la noche del 15 de abril, cuando frente al complejo residencial New City fue abandonada una mochila con una cabeza y manos cercenadas, acompañada de una cartulina con letras negras en la que se leía  “Saludos New City”.

De las áreas afectadas, en fechas recientes Natura mostró una reducción a partir de marzo, cuando cuatro de cinco integrantes de una célula de narcomenudistas fueron detenidos y judicializados por los asesinatos y desmembramientos: Luis Ángel Gurrola Carranza “El Mudo”, de 22 años de edad y capturado en enero; Luis Fabíán Segura Ortiz “El Bolillo”, de 21, y Luis Manuel Orozco Alaniz “El Tatuado”, de 25, ambos aprehendidos el 29 de marzo; y Cristian Alexis Valenzuela Cota “El Fido”, de 24 años y cabecilla, detenido el 2 de junio. De este grupo de criminales, Alexis Silva “El Cholo” continúa prófugo y con orden de aprehensión en su contra.

CAE “EL DEMER”, SICARIO DEL CJNG EN LA SÁNCHEZ TABOADA

Adrián Astorga Flores “El Demer”, quien de acuerdo al organigrama del Cártel Jalisco Nueva Generación es presunto operador de Edgar Alejandro Herrera “El Zame” o “El Caimán” en la delegación Sánchez Taboada, fue capturado junto con dos hombres más por agentes de la Policía Estatal Preventiva, Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Municipal de Tijuana, en posesión de un arsenal de armas y droga.

Información revelada a ZETA da cuenta que parte de las funciones delictivas del “Demer”, eran el abastecimiento y cobro de puntos de venta de droga en la citada demarcación junto a sus principales socios criminales conocidos como “El Veloz”, “El Pochas” y “El Tony”.

Durante la semana, tras un operativo efectuado por las corporaciones mencionadas, sobre la calle Venus de la colonia Sánchez Taboada, Astorga Flores fue asegurado junto con Cristian Gallegos Ramos y José Antonio Pérez Villa en posesión de:

Un arma de fuego tipo pistola calibre 25; arma de fuego tipo pistola calibre 5.7; arma de fuego tipo pistola calibre 45; arma de fuego tipo pistola calibre 25; arma de fuego tipo revólver con seis cartuchos útiles; seis cargadores abastecidos con 91 cartuchos útiles; una bolsa de plástico transparente conteniendo sustancia blanca y granulada -al parecer metanfetamina-  y 396 dosis de metanfetamina.

Tras ingresar los generales en la base de datos del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), arrojó como resultado una orden de aprehensión en contra de Adrián Astorga Flores por homicidio calificado girada en 2018, además de antecedentes por portación de arma de fuego.

Los sujetos fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / INVESTIGACIONES ZETA /LUNES, 17 JUNIO, 2019 01:00 PM)

“EL MENCHO”, 20 AÑOS EN TIJUANA


Rosalinda González Valencia, esposa del líder del CJNG, ha adquirido propiedades en Tijuana desde 1998. Su hija, Jessica Johanna, también tiene un inmueble a su nombre desde 2009. Por eso Nemesio Oseguera Cervantes buscó un amparo en 2013, señalando domicilio en esta frontera. Los inmuebles de ambas mujeres se encuentran asegurados por la FGR desde 2017, y están ubicados en Playas de Tijuana. A la hija del “Mencho” le concedieron en Guadalajara un amparo que la libra de una orden de aprehensión

La presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) no es nueva en Baja California. Se ha gestado a lo largo de las últimas dos décadas. Primero con la presencia de miembros del llamado Cártel del Milenio o Los Valencia, quienes trasegaban metanfetaminas; y segundo, con el arraigo e inversiones de familiares de quien desde 2012 es señalado como líder de la organización criminal: Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”.

Estas circunstancias fomentaron el crecimiento del CJNG en la frontera en los años más recientes, inicialmente tejiendo alianzas y después controlando los principales territorios de Tijuana en una lucha contra el Cártel de Sinaloa y una parte del Cártel Arellano Félix, al grado que ya se le ha atribuido por lo menos la construcción de un narcotúnel y varios narcolaboratorios que surten de droga a California.

Investigaciones de ZETA comprueban que familiares directos y políticos del “Mencho” se fueron asentando desde 1998 en Tijuana. Al menos así figuran en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio (RPPC) su esposa, Rosalinda González Valencia, y las hijas de ambos, Jessica Johanna y Laisha Michelle Oseguera González.

Las mujeres de la familia Oseguera adquirieron varios inmuebles en Playas de Tijuana entre 1998 y 2009, algunos de los cuales se encuentran asegurados por la Fiscalía General de la República (FGR) desde julio y agosto de 2017 con motivo de las indagatorias iniciadas dos años antes contra Abigael González Valencia “El Cuini” y el propio Nemesio Oseguera Cervantes, quien también se hace llamar Nemesio Oseguera Ramos y/o Rubén Oseguera Cervantes, entre otros nombres.

Los mandos que lideran al CJNG identificado como Cártel Tijuana Nueva Generación (CTNG) son designados desde Guadalajara, aunque con alguna experiencia en esta franja del país, lo que ha desencadenado una batalla que libran sus miembros tanto en Baja California como en Jalisco, según se ha advertido en crímenes ocurridos en los tres años más recientes.

DE “LOS CUINIS”

Rosalinda González Valencia, hermana de los operadores financieros de la organización criminal identificados como “Los Cuinis” y esposa del “Mencho”, amplió sus propiedades y territorios luego que a finales de 1998 adquirió en compraventa un inmueble a la empresa Perseo Constructora, SA de CV, representada por su administrador Avelino “N” en la cantidad de 576 mil pesos.

Según la escritura 51156, pasada ente la fe del Notario Público Número 6 de Tijuana, de fecha 19 de octubre de 1998, la propiedad se ubica en el lote 24-A, manzana 176, del fraccionamiento Jardines del Sol en Playas de Tijuana. Se trata de un predio de 250 metros cuadrados con construcción que limita al Oeste con la calle Crestón.

Otro inmueble que compró la señora González Valencia en septiembre de 1999, es el ubicado en el lote 8, manzana 93, Sección Jardines en Playas de Tijuana. Es un predio urbano con 250 metros cuadrados de superficie con construcciones y que limita al Este con la calle Pedernal.

De acuerdo con la escritura pública 46689, suscrita por el Notario Público Número 5 de Tijuana, la señora María Asunción “N”, con el consentimiento de su esposo Jesús “N”, ambos representados por su apoderado Miguel Tovar, vendieron el predio a la esposa de Oseguera Cervantes en 802 mil 352 pesos.

También se destaca como propiedad de Rosalinda y de su hija Laisha Michelle Oseguera González, el lote 27, manzana 11, en el fraccionamiento Jardines de Chapultepec, en Tijuana. El terreno tiene 225 metros cuadrados y limita al sur con la calle Encino. Se desconocen mayores datos de la operación de compraventa.

Los últimos dos inmuebles mencionados, fueron asegurados por la antes llamada Procuraduría General de la República tras una orden de cateo llevada a cabo por personal adscrito a la Unidad Especializada en Análisis Financiero, dentro de la averiguación previa AP/PGR/UEAF/039/2015.

Con el oficio número PGR/UEAF/DGALF/2208/2017 de fecha 13 de julio de 2017, firmado por la agente del Ministerio Público de la Federación, Verónica Lara San Vicente, la dependencia federal ordenó al RPCC en esta ciudad que se asentara en los libros el aseguramiento de los inmuebles antes descritos. Lo anterior se anotó en la partida 6071048, el 11 de agosto de 2017.

CEREBRO FINANCIERO

Jessica Johanna Oseguera Cervantes, nacida el 23 de julio de 1986 en San Francisco, California, es considerada por autoridades federales como la principal operadora financiera del CJNG. Cuenta con doble nacionalidad, pues también fue registrada en Morelia, Michoacán. Es licenciada en Mercadotecnia, egresada de una universidad jesuita de Guadalajara.

La hija mayor de Nemesio Oseguera y Rosalinda González, tenía 22 años de edad cuando a mediados de 2009 se convirtió en flamante propietaria de un inmueble localizado donde a su madre le gustaba: Playas de Tijuana. Hoy es accionista de varias empresas señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como “fachada” de lavado de dinero presuntamente proveniente del tráfico ilícito de drogas.

Los señores Alejandro “N” y Elvia “N” vendieron a la chica el lote 14 de la manzana 108, Sección Jardines de Playas de Tijuana, con una superficie de 300 metros cuadrados. Según la clave catastral PT-108-014, el inmueble cuya operación de compraventa fue de 2 millones 25 mil pesos, limita al Este con la calle Del Volcán. Esta vez la escritura, la número 64343, fue elaborada en la Notaría Pública Número 64 de Guadalajara.

Sin embargo, la propiedad de Oseguera González también fue asegurada en la misma averiguación previa iniciada tras la detención de su tío Abigael González Valencia el último día de febrero de 2015 en Puerto Vallarta. El oficio número PGR/UEAF/DGALF/2207, de fecha 13 de julio de 2017, dio instrucciones al RRPC de Baja California para que inscribiera el registro correspondiente a la situación jurídica del bien.

Aduciendo que apenas tuvo conocimiento de manera reciente, el 21 de noviembre de 2018, Jessica Johanna, a través de sus abogados en Tijuana, presentó una demanda de garantías ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales con la intención de probar que fue víctima de una “orden ilegal de aseguramiento y limitación de dominio respecto en un bien inmueble, y su ejecución”. El 7 de diciembre siguiente se aceptó la promoción y se convirtió en el juicio de amparo 1556/2018.

A la fecha el asunto se encuentra sin resolver y la audiencia constitucional ha sido diferida en ocho ocasiones por la falta de los informes justificados de diversas autoridades responsables. Sin embargo, una suspensión definitiva del acto reclamado protege a la quejosa para que las cosas guarden el mismo estado en que actualmente se encuentran, sin que se pueda disponer del inmueble para su enajenación o venta.

El abogado Víctor Francisco “N”, quien acompaña a la familia del “Mencho” y miembros del CJNG en la defensa de sus procesos penales, condiciones de encarcelamiento, órdenes de aprehensión o aseguramientos, independientemente de la entidad federativa donde se atienda jurisdiccionalmente el asunto, es quien representa a Jessica en el juicio de amparo en Tijuana.

Trascendió que entre los que no han respondido con su informe ante el juzgador federal se encuentra el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la FGR con sede en Ciudad de México, por lo que la audiencia constitucional fue diferida para la segunda semana de julio próximo.

“EL MENCHO” EN TJ

Solo con los anteriores antecedentes se entiende por qué el único juicio de amparo que ha promovido Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” lo hizo en esta ciudad de Tijuana en los primeros días de marzo de 2012 ante el desaparecido Juzgado Séptimo de Distrito. El ya señalado como líder del CJNG, bajo el nombre de Rubén Oseguera, reclamó una orden de aprehensión girada por un juez federal de procesos penales del Estado de Jalisco.

Como efectivamente existía la orden de aprehensión, se formó una polémica en cuanto a la competencia para resolver el juicio de garantías, pues se estimaba que al haberse dictado el mandamiento judicial en un tribunal de Jalisco, en esa entidad debía resolverse la pretensión del quejoso.

Sin embargo, cuando el asunto fue enviado como controversia competencial ante el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con residencia en Mexicali, los magistrados resolvieron por unanimidad que el juicio de amparo debía resolverse en Tijuana, puesto que “El Mencho” había expresado domicilio en esta ciudad, del cual se guardó hermetismo, pero ahora se sabe, se ubicaba en Playas de Tijuana.

En su escrito, Oseguera Cervantes manifestó bajo protesta de decir verdad -en esa fecha- que vivía en esta frontera y que afuera de su domicilio se encontraban elementos de la Procuraduría General de la República tratando de detenerlo, motivo suficiente para que finalmente el Juez Séptimo de Distrito de Baja California resolviera el amparo.

A Rubén o Nemesio le fue concedida la protección de la justicia federal para que quedara sin efecto una orden de captura dictada en Guadalajara por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos contra la salud, mandamiento que fue dictado el 12 de agosto de 2011.

Los motivos que tuvo el entonces Juez Séptimo de Distrito en Tijuana para amparar al “Mencho” fueron que el juez de la causa “no expuso las razones particulares o circunstancias especiales que arribó a determinar que el hoy quejoso hacía las funciones de administración y dirección del “Nuevo Cártel de Jalisco”.

De entonces a la fecha, se ha dictado otra media docena de órdenes de aprehensión contra Oseguera Cervantes, quien nunca más ha promovido otro juicio de amparo.

OTRO AMPARO

Hace un par de semanas, ZETA informó del amparo y protección de la justicia federal concedida por un Tribunal Colegiado de Jalisco para Rubén Oseguera González “El Menchito” que deja sin efectos una formal prisión dictada por el delito de delincuencia organizada. Otro Tribunal Colegiado del mismo circuito judicial confirmó otro amparo para Jessica Johanna Oseguera contra una orden de aprehensión por el mismo delito que su hermano.

Un Tribunal Unitario ya había beneficiado a Jessica en enero, pero al inconformarse la FGR el asunto pasó al Colegiado, donde los magistrados estiman que el amparo fue bien otorgado debido a pifias del Ministerio Público federal, al ejercitar acción penal contra la hija del “Mencho” y una mala valoración de datos de prueba de un juez del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Se trata de la misma orden de captura por la que fue detenida su madre en junio de 2018 en Zapopan,  quien después fue liberada para enfrentar el proceso en libertad. Ambas fueron acusadas por delincuencia organizada con la finalidad de cometer el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, señalándose que realizaban funciones de administración y supervisión en la organización criminal.

Los datos de prueba aportados por la FGR derivan de una diligencia de cateo en una de las empresas de Guadalajara, boletinadas por el gobierno norteamericano, sitio donde se logró el aseguramiento de 74 carpetas con archivos contables de la persona moral, además de escrituras de otras compañías. También se aportaron escuchas obtenidas de la intervención de teléfonos de Jessica Johanna y de su madre.

Sin embargo, el Ministerio Público federal ocultó que ya con anterioridad se había ejercitado acción penal contra ambas mujeres, negándose la orden de aprehensión por parte de otro juzgador, situación que el juez de amparo y los magistrados del Colegiado consideraron como falta al principio de lealtad por parte de la autoridad ministerial.

El amparo ordena dejar sin efecto la orden de captura y que la carpeta de investigación regrese al fiscal de la Unidad Especializada en Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITA) de la FGR, que conoció del caso, para que recomponga la indagatoria y, de considerarlo, vuelva a ejercitar la acción penal, purgando los vicios que fueron informados por los impartidores de justicia.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA  /INVESTIGACIONES ZETA/ LUNES, 17 JUNIO, 2019 01:00 PM)

CÁRTEL DE SINALOA ATACA MILITARES


Ever Lara, hijo del hombre dedicado al trasiego de drogas y de Viviana Rivas “La Señora Acero”, habría escapado del enfrentamiento suscitado el 11 de junio en la delegación Punta Colonet, que dejó muerto a otro joven de 23 años de edad

Gente de Ramón “El Mon”, identificado como narcotraficante en una facción del Cártel de Sinaloa en el sur de Ensenada, participó en el enfrentamiento con soldados que se suscitó el martes 11 de junio en la delegación Punta Colonet, donde un joven de 23 años de edad, identificado como Óscar Elías Arce Lara, perdió la vida.

Ever Lara, hijo de “El Mon” y Viviana Janeth Rivas Hurtado “La Señora Acero”, habría escapado de la balacera registrada alrededor de las 11:25 am, a la altura de la gasolinera ubicada en el Ejido Gustavo Díaz Ordaz, confiaron a ZETA fuentes extraoficiales.

Fuerzas policíacas indicaron que la camioneta Ford Explorer en que viajaban los agresores pertenece al “Mon”, pero al momento del ataque era conducida por su hijo Ever. Al occiso se le señala como integrante del grupo del “Mon” y del “Mely”, conocidos como “Macarios”, del Cártel de Sinaloa.

Ese día, aproximadamente a las 11:25 am, soldados marcaron el alto al conductor de la camioneta Explorer, presuntamente Ever Lara, quien hizo caso omiso e inició una persecución sobre la Carretera Transpeninsular.

El subprocurador de Justicia en Ensenada, Cristian Colosio Lule, explicó que los ocupantes de la Explorer dispararon contra la patrulla militar y los elementos castrenses respondieron igual, matando al copiloto, Óscar Elías Arce Lara, hijo de un trabajador del Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir.

En el vehículo de los agresores, a orilla de carretera se localizó un arma de fuego tipo fusil, calibre .223, con doble cargador y portafusil abastecidos, uno con 30 cartuchos útiles, otro con 29 y un cartucho en la recámara.

De acuerdo a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), no se reportó que llevaran drogas.

Sobre el enfrentamiento, el subprocurador indicó que se aseguraron dos armas de los militares para comparar su versión con los resultados de balística, ver las trayectorias de los disparos, los balazos en el vehículo y en el cadáver.

Por como aconteció el evento, adelantó que “es evidente no se dedicaban a algo legal”, aunque se trabaja en el historial del occiso y lo que aporte la Secretaría de la Defensa Nacional.

Derivado del fallecimiento de Óscar Elías Arce, la PGJE inició una carpeta de investigación.

La zona de Punta Colonet es identificada por las autoridades como punto de destino de avionetas cargadas con drogas; en la misma delegación se ubica la carretera para subir a San Pedro Mártir.

“La Señora Acero” fue asesinada el 25 de junio de 2017 tras ser atacada a balazos en el mismo ejido que su hijo; su cuerpo quedó dentro de un pick-up Ford Lobo. Dos meses antes, Viviana había sido detenida por elementos de la Policía Estatal Preventiva en posesión de un fusil calibre .223, 43 cartuchos útiles y 48 dosis de la droga conocida como cristal.

En julio del mismo año, una línea de investigación sobre el asesinato de dos agentes municipales en Camalú, Antonio García y Nacoa Gutiérrez, vinculó a la occisa y al “Mon” con los presuntos responsables.

JÓVENES DE VILLAS DEL REY RECIBIERON 35 DISPAROS

La noche del sábado 8 de junio de 2019, por lo menos dos sujetos irrumpieron a balazos en el domicilio marcado con el número 157 de la calle Coruña, Villas del Rey I, impactando 35 proyectiles mortales contra Blas Zahid Arce de la O, de 21 años; José de Jesús Alatorre Olvera, de 20; y Manuel Aguilar Ruiz, de 22. Juan Carlos, de 21 años, resultó herido.

Blas Zahid estudiaba Criminología en la Universidad Autónoma de Durango Campus Ensenada, también jugaba futbol americano y de acuerdo con sus compañeros, “era un ser humano hermoso”.

Manuel Aguilar también era estudiante universitario, mientras que José de Jesús era empleado en un comercio. En el patio de la casa los investigadores hallaron siete balas deformadas, además de 20 casquillos calibre .40.

De Juan Carlos, el subprocurador señaló que por efectos de la investigación no se pueden proporcionar mayores datos y se encuentra resguardado por la autoridad. El joven ya declaró y aportó una versión muy general de los hechos, misma que no se puede revelar por el sigilo de la investigación.

La PGJE está tratando de construir la historia y verificar la relación entre los cuatro, sus ámbitos familiares, laborales y de amistad. “No podemos precisar aún si el objetivo principal era el lesionado” o uno de los muertos. Tampoco permite determinar una línea de investigación clara.

Los cuatro y otras personas se encontraban conviviendo en dicho domicilio cuando aproximadamente a las 8:36 pm, por lo menos un par de sujetos arribaron a bordo de un vehículo -presuntamente un Volkswagen Jetta blanco-, abriendo fuego desde la calle. Bajaron y acribillaron a los jóvenes.

El subprocurador Colosio Lule reveló que afuera de la casa quedaron tendidos los cuerpos de Blas Zahid y José de Jesús; Manuel Aguilar quedó dentro, en la sala, bocabajo.

El cuerpo de Blas Zahid Arce de la O presentaba 14 balazos en tórax, región pectoral, abdomen, brazos izquierdo y derecho. Como causas de muerte se establecieron hemorragia aguda, laceración pulmonar y hepática, balazos perforantes en tórax y abdomen.

José de Jesús Alatorre Olvera, originario de San Luis Potosí, recibió nueve heridas en tórax, región cigomática, región occipital derecha, brazo derecho, pierna y muslo derechos. Las causas de su muerte fueron hemorragia aguda, laceración cardiaca pulmonar, hepática y esplénica, heridas de bala perforantes de tórax y abdomen.

Manuel Aguilar Ruiz recibió cinco balazos en tórax y brazo izquierdo. Como causa de muerte, el Servicio Médico Forense determinó laceración pulmonar cardíaca y hepática, y balazos perforantes de tórax.

Hasta el momento, se puede revelar que los cuatro jóvenes radicaban eventualmente en el domicilio donde se perpetró el crimen. La noche del ataque había un convivio al que aparentemente acudió más gente, cuya identidad aún no se conoce y será parte de la investigación.

Se presume que, derivado de los hechos, participaron por lo menos dos personas que comenzaron a disparar desde afuera, descendieron del carro y continuaron con la agresión. Los resultados de balística aún no están listos.

En redes sociales, la Universidad Autónoma de Durango publicó la siguiente esquela: “La familia Lobos se une a la pena que embarga a la familia de nuestro alumno Blas Zahid Arce de la O. Nuestro más sentido pésame para todos aquellos que como nosotros lo estimaron en su paso por nuestra universidad. Descanse en paz”.

También en redes sociales, una de las últimas publicaciones de Blas Zahid lo muestra en una fotografía conviviendo con dos jóvenes más, afuera de la casa donde fueron agredidos.

MARCHA POR ASESINATO DE EMPLEADO DE FORTINO HEREDIA

Hoy viernes 14 de junio a partir de las 9:00 am, habrá una movilización pacífica para pedir justicia por el asesinato del ingeniero Mario Alberto Rivera Medina, empleado del agricultor Fortino Heredia, ocurrido la noche del 6 de junio en la delegación Vicente Guerrero.

La invitación se ha girado a través de redes sociales con la consigna “Ya basta de impunidad, ya basta de corrupción, ya basta de quedarse callados”. El punto de encuentro será frente al estadio de Freseros de San Quintín.

Mario Rivera Medina fue asesinado a balazos por una pugna familiar entre Fortino y su hermano Librado, conflicto que desde mediados de marzo se agravó por la agresión a balazos que sufrió el primero a manos de un agente de la Policía Municipal de Mexicali.

Desde esa fecha Fortino denunció públicamente que su hermano estaba tras el atentado a balazos, del cual salió ileso debido a que se resguardó en una camioneta blindada -aunque dos de sus trabajadores sí fueron heridos-, a razón que el 7 de marzo, un juez le restituyó el rancho El Olivo.

Pese a tratarse de un problema familiar, en su momento Fortino expresó que lo preocupante de la situación era que su hermano no ha recurrido a la Ley, sino a gente armada, la violencia y el soborno de autoridades y policías para despojarlo de su casa, ranchos, propiedades, dinero, vehículos y otros bienes en el Valle de San Quintín.

A la balacera ocurrida el martes 12 de marzo, anteceden dos agresiones más: una el 8 de febrero en el predio 58, dedicado al cultivo de fresa, donde entró con gente armada; y la otra el 19 de febrero, cuando lo despojó del predio 85, donde está instalada una planta desaladora y personas armadas lesionaron a doce trabajadores.

Los dichos de Faustino fueron respaldados por el presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública, Faisal Díaz, quien sostuvo que el empleado de Fortino estaba amenazado por agentes municipales.

Al igual que el empresario agrícola, denunció que policías municipales, estatales y ministeriales están cometiendo atropellos en la zona sur del municipio, por lo que exigió poner un alto a la impunidad.

OTRO TRIPLE HOMICIDIO

El viernes 24 de mayo se registró un triple homicidio en la delegación Maneadero, con lo que suman dos en el transcurso de un par de semanas. Los occisos fueron identificados como Teodoro Álvarez Pérez, de 49 años; Ismael Álvarez Pérez y Aurelio Martínez Ceseña, ambos de 47 años.

Aurelio era beisbolista del poblado y trabajador en los campos del ex comisariado ejidal Raymundo Carrillo Huerta. No hay personas detenidas por este hecho.

CRUZADA POR LA SEGURIDAD NO LOGRÓ NADA: CCSP

Ante un nuevo repunte de violencia en Ensenada, con 16 víctimas de homicidio en 13 días de junio (95 en lo que va del año), el presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública, Faisal Díaz, sostuvo que la “Cruzada por la Seguridad” implementada por el gobierno estatal “no logró nada”.

“En las mesas del Consejo Estatal de Seguridad Pública vemos que no hubo resultados, sobre todo en Ensenada, mientras que en Tijuana y Mexicali le pusieron un poco más de empeño con la contratación de policías y más presupuesto”, sentenció.

Hace dos semanas se reanudaron las reuniones de seguridad convocadas por el gobierno estatal, juntas que Díaz calificó de ineficientes porque se habla de los delitos cometidos, de detenidos, pero no de procesos ni sentencias.

Reprochó que del presupuesto anual que ejerce el gobierno estatal, alrededor de 40 mil millones de pesos, solo unos 2 mil millones se destinen al tema de seguridad y, en su opinión, la próxima administración estatal tendrá que hacer lo necesario para procurar justicia, asignar los recursos necesarios a la Procuraduría General de Justicia del Estado y las policías municipales, actualmente “encueradas”.

En el caso del gobierno municipal, el alcalde Marco Novelo deberá “proponer lo necesario para que la Dirección de Seguridad Pública Municipal funcione, lo básico es dotar a la corporación de combustible, patrullas y elementos, de lo contrario ningún director podrá hacer algo”, expresó Faisal Díaz.

RESGUARDAN LOCAL EN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS

Un predio de aproximadamente una cuadra se encuentra resguardado desde el martes 11 de junio por elementos del Ejército, Fiscalía General de la República y federales, en espera de una orden de cateo.

Se presume que dentro del inmueble hay un laboratorio para producir drogas o un invernadero de marihuana.

Hasta el cierre de esta edición, no se había otorgado orden de cateo.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / INVESTIGACIONES ZETA /LUNES, 17 JUNIO, 2019 01:00 PM)

MUJERES RECLAMAN BIENES DE NARCOS

En Tijuana, las parejas de presuntos narcotraficantes o damas independientes, reclaman la devolución de bienes asegurados por la FGR. Ruth Serrano Corona, esposa de Benjamín Arellano Félix, solicita le devuelvan una propiedad en la colonia Cacho Sur, asegurada desde 1993. A Socorro León Ojeda, indiciada desde 2004, le tienen congeladas ocho cuentas bancarias y ahora consigue un amparo para que la autoridad le resuelva. Una mujer pide que SEIDO le reintegre su residencia asegurada en investigaciones a célula de “Los Jabalíes” del Cártel de Sinaloa

Por lo menos tres mujeres, en representación de sus propios intereses o de algún tercero, luchan jurídicamente contra la Fiscalía General de la República (FGR) para recuperar bienes inmuebles asegurados de 26 años a la fecha, por presuntas actividades de tráfico de drogas ilícitas, delincuencia organizada o lavado de dinero en Tijuana.

Así lo confirmó ZETA en los tribunales federales de Baja California, donde estas damas han reclamado el aseguramiento que diversas agencias ministeriales realizaron de forma “precautoria”, pero al día de hoy no han resuelto las averiguaciones correspondientes ni el destino que habrán de tener los bienes en poder de  autoridades administrativas.

Entre quienes han interpuesto juicios de amparo para buscar la devolución de las que, aseguran, son sus propiedades, se encuentra Ruth Serrano Corona, esposa de Benjamín Alberto Arellano Félix “El Min”, actualmente recluido en una prisión federal de Estados Unidos, donde purga una condena de 25 años por cargos de crimen organizado y lavado de dinero.

Otra que se dice afectada por la actuación del Ministerio Público federal es Socorro León Ojeda, a quien fuentes periodísticas vinculan al viejo Cártel de Guadalajara, coaligado con el finado presunto narcotraficante José Contreras Subías en la década de los ochenta. Desde hace poco más de 15 años, la FGR y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) le tienen aseguradas ocho cuentas bancarias, sin siquiera haber ejercido acción penal en su contra, ni descongelado sus activos.

La más “nueva” de las quejosas es Deyanira Quinceno Córdoba, a quien la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), le aseguró una residencia a mediados de 2016, con el argumento de que el inmueble es producto o instrumento de delitos relacionados con la organización delictiva denominada “Los Jabalíes”, célula dependiente del Cártel de Sinaloa en esta frontera.

Hasta el momento ninguno de los reclamos ha tenido una resolución definitiva en Juzgados, siendo la señora Quinceno quien lleva la delantera, al haber obtenido un juicio de amparo para efectos de que el Ministerio Público federal deje sin efecto el aseguramiento de una casa en la Zona del Río Tijuana y se reponga el procedimiento para que se analicen debidamente las constancias de la indagatoria y se determine nuevamente sobre la procedencia o no de la medida cautelar.

LA MUJER DEL “MIN”

Pese a ser esposa de un capo, Ruth Lizeth Serrano Corona es una mujer alejada de los reflectores. Nada que ver con las consortes de diversos narcotraficantes. Siempre evitó a los medios de comunicación, pero tras la detención de su marido en marzo de 2002 en Puebla, y su posterior encarcelamiento en el penal de máxima seguridad Altiplano, en Almoloya de Juárez, tuvo que protestar con familiares de otros reclusos ante las restricciones de visita para Benjamín Arellano Félix.

Fue efímera su aparición en público para reclamar un horario más amplio de visitas, después desapareció del mapa. En 2004 señalaron al “Min” de mangonear la disciplina de la cárcel federal asociado con Osiel Cárdenas Guillén, preso líder del Cártel del Golfo, y en abril de 2011 fue extraditado a la Unión Americana. De la esposa ya no se supo más.

En mayo de 2019, Ruth Serrano se hizo presente en los tribunales para reclamar actos del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como de la FGR. Su demanda fue radicada en el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales de Tijuana.

El acto reclamado es “la inconstitucionalidad e ilegalidad del aseguramiento precautorio y disposición respecto del bien inmueble de mi propiedad identificado como Lote número 4, de la manzana 3, colonia Madero Sur (Cacho), Zona Centro de esta Ciudad”. Los hechos datan de 1993, semanas después de registradas las primeras investigaciones del homicidio del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, el 24 de mayo de ese año, en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

A Serrano Corona de Arellano le fue concedida primero la suspensión provisional y posteriormente la de carácter definitivo para que “las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no se ejecuten materialmente otros actos” en tanto se resuelve el juicio de garantías.

De acuerdo con la escritura pública número 101,034 de fecha 18 de septiembre de 1987, pasada ante la fe del Notario Público Número 2 de Tijuana, el inmueble asegurado fue adquirido por Ruth Serrano a la señora Gloria Macías Corona de Muriel.

En el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Baja California, destaca que el aseguramiento del inmueble deriva del expediente 1384/1993, emitido por un agente del Ministerio Público federal, adscrito a la Dirección de Control de Bienes Asegurados, de la entonces Procuraduría General de la República, relacionado con una investigación de un hecho presuntamente ilícito.

El juez de amparo ya solicitó de las autoridades señaladas como responsables, los respectivos informes justificados; en tanto, la quejosa autorizó para oír y recibir notificaciones en su nombre a dos personas de apellidos Durán y Peregrino.

LAS OCHO CUENTAS

A Socorro León Ojeda, las autoridades le investigan desde hace más de tres décadas y a la fecha parece que no le encuentran conducta ilícita, pues no le han ejercitado acción penal ni le resuelven la averiguación previa en la que la implican desde 2004, cuando aseguraron sus dineros disponibles en ocho cuentas bancarias en sucursales de esta frontera.

Por lo anterior, esta mujer, cuya supuesta vinculación delictiva solo se menciona en dos notas publicadas por la versión digital de la revista Proceso, acudió ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales, tras haberse cansado de solicitar a la FGR informes sobre su situación legal y la liberación de sus cuentas bancarias aseguradas.

La dama reclama de la FGR y sus fiscales, conductas omisas que le producen consecuencias jurídicas y violación de sus derechos humanos al dejar en permanente indefinición la averiguación previa desde hace 15 años, “esto es, la omisión de diligencias tendientes a resolver en lo sustancial y no de mero trámite administrativo, la determinación ministerial que resuelva lo conducente a dicha indagatoria”.

La peor parte para la quejosa, es el aseguramiento respecto de bienes de su propiedad, entre estos las referidas cuentas bancarias –tres de la institución Scotiabank Inverlat, dos de Banco Santander, una de BBVA Bancomer y otras dos de Banorte- a pesar que “he aportado los elementos de prueba que permiten acreditar la licitud de mi conducta”, relacionada con actividades financieras y los recursos monetarios hoy congelados, de los que no puede disponer.

Cuando presentó su primer juicio de amparo en 2004, la protección constitucional le fue negada porque se estimó que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de la PGR, estaba facultada para realizar el aseguramiento precautorio. Hoy, a tantos años de distancia, pareciera que la hoy Fiscalía olvidó el asunto.

Sin embargo, la unidad especializada dependiente de la SEIDO ha respondido que se ha pretendido obtener la declaración de León Ojeda en calidad de indiciada, dentro de la averiguación previa que se instruye por su probable responsabilidad en la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero no ha sido posible su comparecencia, pues al parecer vive en Estados Unidos, hasta donde se han efectuado actuaciones.

En vista de lo anterior, el juez de amparo concedió a Socorro la protección de la justicia de la unión para efecto de que la FGR realice las diligencias necesarias y desahogo de pruebas para que resuelva en un plazo inmediato lo que ha derecho proceda, respecto del ejercicio o inejercicio de la acción penal y se pronuncie respecto del destino al aseguramiento de las cuentas bancarias.

Ante el recurso de revisión interpuesto por el Ministerio Público de la Federación, un Tribunal Colegiado con residencia en Mexicali, resolvió confirmar el otorgamiento del amparo a la mujer respecto a los actos precisados.

DE “LOS JABALÍES”

En diversas acciones realizadas por la entonces Procuraduría General de la República durante 2016 en Baja California y Sinaloa, fueron aseguradas residencias y vehículos presuntamente relacionados con la organización criminal identificada como Cártel de Sinaloa, concretamente con la célula llamada “Los Jabalíes”, quienes operaban en esta ciudad en actividades de narcotráfico y tráfico de migrantes.

Uno de los inmuebles cateados, y a la postre asegurados, fue el ubicado sobre Calle Canadá número 27, interior 32 del condominio River House de la Tercera Etapa del Río Tijuana. En su fachada quedó el clásico sello en calcomanía de la FGR con la leyenda “Asegurado”, dentro de la averiguación previa PGR/SEIDO/UEITA/038/2012.

La persona que se ostenta como propietaria y ha presentado documentos que acreditan su dicho para reclamar la devolución del inmueble, es Deyanira Quinceno Córdoba, quien a la fecha realiza trámites administrativos y recursos judiciales para conseguir su objetivo. Lo que ha conseguido es la reposición del procedimiento de un juicio de amparo promovido ante el Juzgado Segundo especializado en la materia en Tijuana, demanda presentada desde 2017, pero que ahora pareciera comenzar de nuevo.

Deyanira reclama del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad  Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITA) de la SEIDO, FGR, la orden de cateo y el aseguramiento que se llevó a cabo el 8 de diciembre de  2016 en la referida casa, donde se localizó una bolsa negra de plástico con marihuana.

La mujer presentó como prueba de su calidad jurídica una escritura pública del 19 de julio de 2016, expedida por el Notario Público Número 3 de Tijuana, inmueble sujeto a un crédito hipotecario con la institución bancaria HSBC. Teme que sea desposeída de su propiedad y que las autoridades la enajenen, subasten, la den en comodato o se realice cualquier otro acto que le cause daños de imposible reparación.

La SEIDO confirmó la existencia del acto reclamado, pues la finca fue asegurada luego de ejecutarse la orden de cateo 354/2016 -actualmente 88/2017-III- del índice del Juzgado Segundo Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, con competencia en toda la República. Ahí, un fiscal señala que es cierto el aseguramiento de una investigación “(…) que se sigue en contra de integrantes de la cédula delictiva denominada ‘Los Jabalíes’, perteneciente a la organización denominada ‘Cartel de Sinaloa’, por el delito de Delincuencia Organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, acopio y tráfico de armas de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, cuya zona de operaciones son los estados de Sonora, Sinaloa y Baja California”.


(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / INVESTIGACIONES ZETA/ LUNES, 24 JUNIO, 2019 01:00 PM)

LIMPIAN CAMINO AL “NALGÓN”


Conceden amparo contra orden de aprehensión por delincuencia organizada y delitos contra la salud a Manuel Arturo Villarreal Heredia. Juez de Amparo le hace una serie de preguntas al juez de la causa, las cuales no tienen respuesta en la averiguación previa para establecer la pertenencia del “Nalgón” al CAF y cuál es su participación en los hechos imputados. El ex jefe de células de los Arellano Félix tramita otros juicios de garantías para no encontrar problemas legales al volver a México

Un juez federal de Guadalajara, Jalisco, concedió el amparo a Manuel Arturo Villarreal Heredia “El Nalgón”, uno de los jefes del narcotráfico en México en la década pasada, antes que fuera detenido en aguas internacionales en agosto de 2006, al lado del capo Javier Arellano Félix “El Tigrillo” y condenado a 30 años de prisión en Estados Unidos.

El amparo le protege de una orden de aprehensión dictada en su contra por un juzgador de Distrito de Toluca, Estado de México en 2006, por su probable responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud en la modalidad de fomento al narcotráfico y delincuencia organizada por su pertenencia a la organización que dirigían los hermanos Arellano Félix desde Tijuana.

Librarse de una de las tres órdenes de aprehensión que “El Nalgón” tiene en su contra en diversos tribunales del país, pareciera irrelevante tomando en cuenta que lleva preso casi 13 años y su condena en la Unión Americana es de 30 años; sin embargo, el propio criminal asegura tramitar este tipo de medio de defensa constitucional, pues está próximo “a obtener mi libertad”.

Según el Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, quien concede la protección de la justicia de la unión a Villarreal Heredia, el juez de la causa que dictó el mandamiento de captura no precisa en lo individual cómo concluyó y con qué pruebas se acredita que el quejoso integraba, pertenecía o estaba vinculado con el CAF. También se duda cuál fue su participación en los delitos que se le imputan y cuáles son las pruebas que lo justifican legalmente.

De acuerdo con las constancias que obran en la averiguación previa original, integrada en la causa penal 7/2006, Manuel Arturo Villarreal Heredia, “identificado como uno de los más sanguinarios ejecutores dentro de la organización de los Arellano Félix y ex líder de un grupo o célula delictiva, por lo que para su actuar ilícito trae como a cien personas trabajando para él, así como a sus subjefes”.

El Ministerio Público Federal integró como pruebas en la indagatoria: las declaraciones de diversos personajes rendidas ante un fiscal del fuero común del área de Homicidios Violentos en Mexicali, Baja California, los días 16 y 17 de noviembre de 2005 y el 26 de enero de 2006. También se anexaron documentales sobre la existencia de una agrupación de más de tres personas dedicadas a cometer delitos contra la salud y secuestros, que operaba dentro y fuera de la entidad.

Se anexaron las inspecciones ministeriales en las que se establece la existencia de armas de fuego, cartuchos, aparatos de comunicación (celulares y radios) y vehículos que fueron asegurados a miembros del CAF, así como actas de cateo practicadas en varios inmuebles (casas y negocios) los días 21 de diciembre de 2005 y 26 de enero de 2006. Se dio fe de documentos, armas de fuego, cartuchos y objetos que fueron localizados en las fincas cateadas.

De esa forma se acreditó que Villarreal y los miembros de su célula tenían la finalidad de colaborar al fomento en la comisión de delitos contra la salud perpetrados por la organización delictiva, teniendo como centro de operaciones la ciudad de Tijuana, en la que algunos de ellos, aprovechando su calidad de servidores públicos (policías), llevaban a cabo diversas acciones, consistentes en brindar seguridad y protección a los elementos del cártel para el traslado de drogas hacia Estados Unidos.

Sin embargo, como ya se adelantó, para el Juez de Amparo no se satisfacen los requisitos constitucionales para el dictado de una orden de aprehensión, y de esta forma expresó sus dudas al juez de la causa, a quien ordena la reposición de procedimiento para que conteste las siguientes preguntas con el análisis y razonamientos lógico-jurídicos que corresponden a su función:

“1. Cómo concluyó y con qué pruebas se acredita que Arturo Villarreal Heredia (ahora quejoso) pertenece a la delincuencia organizada y que éste sea líder de un grupo o célula delictiva.

“2. Qué datos incriminatorios se obtuvieron de cada una de las pruebas analizadas y valoradas, y cómo es que esos datos permiten la demostración de los elementos del cuerpo de los delitos estudiados.

“3. El estudio individualizado de cada uno de los elementos que integran los delitos imputados al quejoso y cuáles son las pruebas que resultan eficientes para acredita cada uno éstos.

“4. Cuál es la participación del accionante de amparo en los antijurídicos de mérito, esto es, qué conducta desplegó y se le reprocha que actualiza su intervención en la comisión de los mismos; de igual forma, cuáles son los datos incriminatorios que se desprenden de cada elemento de prueba y cuáles de ellos son eficientes para la comprobación de la probable responsabilidad del aquí quejoso, pues sólo se resumió parte de su contenido, pero no se le dio a conocer qué datos o señalamientos existen en el proceso y cómo es que son eficientes para relacionarlas con los delitos que se le atribuyen”.

De esa forma el amparo concedido a “El Nalgón” ordena dejar insubsistente la orden de aprehensión dictada el 15 de febrero de 2006 y obliga al Juez de Distrito de Procesos Penales Federales de Toluca, Estado de México, dictar una nueva resolución, contestando las interrogantes y analizando los puntos que el juez amparista formuló.

La concesión del amparo se extiende contra actos de ejecución que reclama el quejoso al procurador general de la República, subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, comisionado general de la Policía Federal y delegado estatal de la Procuraduría General de la República en el Estado de México.

Actualmente Manuel Arturo Villarreal se encuentra recluido en la prisión federal Sandstone en Minnesota, Estados Unidos, desde donde dirige su defensa en México a través de un despacho de abogados de Guadalajara, quienes han interpuesto demandas de amparo en Baja California, Estado de México y Jalisco en contra de diversas órdenes de captura que subyacen contra “El Nalgón”.

En su escrito genérico presentado en los Juzgados por sus defensores, el prisionero destaca: “Es el caso que el día 14 de agosto del año 2006, el suscrito ahora quejoso; fui interceptado por autoridades Norteamericanas en el Estado de Baja California Sur y trasladado a la Ciudad de San Diego, California, Estados Unidos de Norteamérica, en virtud de una aparente investigación llevada a cabo en aquel país, razón por la cual en la actualidad me encuentro retenido en aquél país, a disposición de autoridades federales”.

Asegura que se le ha informado que varios jueces de distrito en Guadalajara, Ciudad de México, Toluca, Mexicali y Ensenada lo reclaman con base en órdenes de captura dictadas en su contra, sin que conozca los delitos que presuntamente le atribuyen. Sus allegados le han dicho que en diversas fechas, policías ministeriales de investigación han rondado inmuebles de su parentela.

“Es el caso que el suscrito actualmente me encuentro recluido y próximo a obtener mi libertad y en una de las visitas de mis familiares (…) éstos me informaron que se han estado presentando al domicilio de mis padres, diversas personas armadas vestidas de civil, los cuales se identificaron como Agentes Federales de Investigación dependientes de la Procuraduría General de la República, los cuales manifestaron que andaban en mi búsqueda con el propósito de cumplimentar varias órdenes de aprehensión libradas en mi contra por Jueces de Distrito de Procesos Penales Federales”, aseguró “El Nalgón”.

En Estados Unidos, Villareal Heredia fue sentenciado en 2008 por una Corte Federal de San Diego, California, a una pena de 30 años de cárcel como culpable de traficar cientos de toneladas de drogas a Estados Unidos, ordenar algunos homicidios y pagar millones de dólares en sobornos a las autoridades. También fue condenado a pagar una multa de 5 millones de dólares. Previamente se declaró culpable de operar una sociedad destinada a hacer inversiones para lavar dinero proveniente de la venta de drogas. Su jefe, Javier Arellano Félix, con quien se le detuvo, también se declaró culpable y fue sentenciado a cadena perpetua.

Otros juicios de amparo promovidos en favor del “Nalgón” contra órdenes de captura están pendientes de resolución.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA/ INVESTIGACIONES ZETA/ LUNES, 24 JUNIO, 2019 01:00 PM)

SICARIOS DEL CJNG DESNUDAN, TORTURAN Y RAPAN A ESCORTS EN QUERÉTARO, Y DIFUNDEN VIDEO



En redes sociales circula un video en el que sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación desnudan, torturan y rapan a escorts en Querétaro. El CJNG es dirigido por Nemesio Oseguera Ramos, alias “El Mencho”. Por información que conduzca a su captura, Estados Unidos ofreció una recompensa de 10 millones de dólares, una de las sumas más cuantiosas que se hayan ofrecido. México, por su parte, ofreció una recompensa de 30 millones de pesos.

Ciudad de México, 28 de junio (SinEmbargo).- Escorts raptadas, desnudadas, humilladas, torturadas. En el video, los autores del abuso son identificados como sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Es en Querétaro, una entidad que había estado lejos del tipo de violencia que es común en entidades aledañas.

Según la información disponible, los integrantes del cártel difundieron las imágenes con el objetivo de infundir miedo y que las trabajadores sexuales “se cuadren”. Lo dicen en el video.

En la grabación se observa a sujetos encapuchados que tienen amarradas y amordazadas a las mujeres. Son escenas de tortura. Y mientras ocurren –parece que dentro de una casa de seguridad o en un hotel–, los sujetos aseguran que la “plaza de Querétaro ya está ocupada”.

A unas les dan choques eléctricos. Las amenazan. Les ponen armas en la cabeza. Las mujeres lloran, aterradas. El Cártel es identificado como uno de los más sanguinarios del mundo y, especialmente, de México.

“Ella era un contacto, yo trabaja en la noche con ella, (inaudible) se llama Karen, trabaja con otra chica que se llama Karina”, se escucha decir a uno de los agresores.

El CJNG es dirigido por Nemesio Oseguera Ramos, alias “El Mencho”. Por información que conduzca a su captura, Estados Unidos ofreció una recompensa de 10 millones de dólares, una de las sumas más cuantiosas que se hayan ofrecido. México, por su parte, ofreció una recompensa de 30 millones de pesos.

El grupo criminal se expandió con enorme velocidad durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. El cartel tendría contactos en Colombia, Perú, Bolivia, Centroamérica, Estados Unidos, Canadá, Australia y el sureste asiático, conexiones que usa para el tráfico de marihuana, cocaína y drogas sintéticas.

El CJNG es un grupo criminal que surge como resultado de una serie de muertes, capturas y luchas con carteles más antiguos. Es conocido por su agresivo uso de la violencia y su campaña de relaciones públicas. A pesar de la captura de sus principales cabecillas, el grupo parece continuar en expansión.

El CJNG surge luego de que el ex capo del Cartel de Sinaloa, Ignacio Coronel, alias “Nacho”, fuera abatido por las fuerzas de seguridad mexicanas en julio de 2010. Antes de su muerte, Coronel daba órdenes a Óscar Orlando Nava Valencia, alias “El Lobo”, líder del Cartel del Milenio. Este grupo criminal traficó cargamentos de droga, manejó las finanzas del Cartel de Sinaloa y operó principalmente en los estados de Jalisco y Colima, posteriormente extendiéndose a Michoacán y al Distrito Federal (Ciudad de México).

Al momento de la muerte de “Nacho” Coronel, “El Lobo” había sido capturado y el Cartel del Milenio había sufrido una serie de fracturas internas, dividiéndose en dos facciones: La Resistencia y Los Torcidos (La Resistencia acusaba a los últimos de haber entregado a El Lobo a las autoridades). En el vacío de poder que dejó la muerte de “Nacho”, ambos grupos se enfrentaron por el control del tráfico de drogas en Jalisco, y Los Torcidos se convirtieron en lo que ahora es conocido como el CJNG, surgiendo como los sucesores de la red del capo sinaloense en la región.

Nemesio es considerado el líder y fundador del CJNG, y sus socios originales fueron Erick Valencia, alias “El 85” y Martín Arzola Ortega, alias “El 53”, ambos antiguos miembros del Cartel del Milenio. Abigael González Valencia, otro antiguo miembro del Cartel del Milenio, cuñado de “El Mencho” y líder de la organización criminal Los Cuinis, presuntamente ayudó a financiar el ascenso del CJNG. Varios medios de comunicación se han referido a González Valencia como el “operador financiero” del CJNG o incluso han afirmado que es una de las personas a cargo del grupo.

(SEMANARIO ZETA/ NACIONAL/  REDACCIÓN ZETA/ VIERNES, 28 JUNIO, 2019 04:53 PM)

SE PURGAN CÁRTELES


José Pérez Vargas “El Piolín” murió entre sospechas y desinformación en el reclusorio de Puente Grande. En la misma semana, su sucesor en el organigrama criminal, Manuel Morales “El Gallero”, fue secuestrado y Edgar Herrera “El Caimán”, su escolta delictivo, baleado, todo en Jalisco. En el CAF atacan a “Los Chayannes”. Autoridades presumen violencia interna

En las últimas semanas, entre los crímenes que se han registrado en Tijuana, las autoridades de investigación han detectado que aparte de las ejecuciones entre narcomenudistas, los cárteles han emprendido una purga en sus células criminales. Están asesinando o privando de la libertad a cabecillas de las mismas, que delinquen para los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG)  y  Arellano Félix (CAF). A los primeros los están atacando en Jalisco y a los segundos en Tijuana.

El quinto mes de 2019 fue particularmente violento para los criminales que delinquen para el CJNG en Tijuana. Preso desde el 19 de enero de 2017, cuando fue capturado en la colonia La Chapalita de Guadalajara, el 15 de mayo de 2019 murió interno en Puente Grande, Jalisco, Juan José Pérez Vargas “El Piolín”. Agentes operativos del penal mencionaron a  ZETA que “lo suicidaron”, sin embargo, el reporte del Servicio Médico Forense (Semefo) indicó como causa de muerte “broncoaspiración alimenticia”.

Semanas antes, el 5 de mayo, este Semanario fue informado de un ataque a balazos en Jalisco. La versión inicial fue que Héctor Manuel Morales Guzmán “El Gallero”, sucesor del “Piolín”, había sido privado de la libertad en medio de una balacera y desde entonces está desaparecido; en el mismo ataque sería herido “El Caimán”, líder de sicarios en Tijuana.

De acuerdo a la poca información que facilitaron las autoridades jaliscienses, Edgar Alejandro Herrera Pardo “El Zame” y/o “El Caimán”, de 31 años de edad y protagonista de varios homicidios y narcomensajes en Tijuana, fue atendido por autoridades del sector salud, ante las cuales se identificó como Julio Alexander Franco Romo, de 30 años,  con una credencial de elector que le acreditaba como residente del número 79 de la calle Parota, Colonia Santa Fe de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Fue emitida en 2016 con vigencia hasta 2026.

En el caso del cabecilla Manuel Morales, por declaraciones proporcionadas por  operadores del CJNG detenidos, las autoridades presumen se trata de un ajuste interno, “existen versiones de que el hombre se drogaba”. Sus operadores señalaron que se “ondeaba” y “acostumbraba matar a su gente”, saliéndose de control.

Por lo anterior, consideran que con “El Gallero” pudo darse un proceso similar al ocurrido con Arturo Giovanni Gómez Herrera “El Gross”, primer cabecilla de sicarios identificado por las autoridades como operador del CJNG en Tijuana, quien fue acribillado en Guadalajara el 27 de octubre de 2016, después que algunos narcomenudistas de Jalisco advirtieran que “los jefes estaba enojados” porque estaba haciendo un matadero y “jalando marca”.

Acorde con las autoridades, los beneficiados primarios de este reacomodo fueron el resto de los jefes criminales de célula, incluido en el organigrama identificado desde 2015:

Jesús Alfonso Trapero “El Jeshu”. Ex policía municipal, ex integrante del CAF y ex operador de la célula de Alfonso Lira Sotelo “El Atlante” con Sinaloa. Actual cabecilla del CJNG. Tiene dos antecedentes delictivos por robo de auto en la modalidad de posesión.

“El Padrino”. Operador considerado en el organigrama del CJNG desde 2016, pero sigue sin ser identificado físicamente.

Alejandro Estrada “El Lic del  Diablo”. Sin antecedentes delictivos u órdenes en su contra. Responsable de la tramitología legal. Entre sus clientes figuran operadores del CJNG. Era operador delictivos de José Soto “El Tigre” y en algún momento los Lira Sotelo. El 29 de febrero de 2016, su hermano y su escolta fueron asesinados en un estacionamiento de Zona Río en Tijuana, en un atentado dirigido al abogado -versión de las autoridades-, el cual no se ha esclarecido.

Jesús Rafael Yocupicio  “El Cabezón”. Ubicado como cabecilla en los organigramas desde 2015. Un narcomensaje procesado en octubre de 2018 lo señaló como responsable de proporcionar la información que resultó en el asesinato del “Atlante”. Su nombre no ha sido mencionado en capturas recientes.

El homicidio de Alfonso Lira Sotelo -originalmente traficante del Cártel de Sinaloa en Tecate- redujo los problemas del CJNG y empoderó al grupo de cabecillas antes mencionados, ya que al salir de la cárcel en noviembre de 2017, “El Atlante” se enfrentó con el abogado Alejandro Estrada, quien se negó a regresarle algunas propiedades que le habían sido retiradas para evitar que fueran aseguradas por el gobierno. Después de su captura, el 16 de septiembre de 2014 en Zapopan, Jalisco, tampoco le permitieron regresar como líder de célula en el Estado.

“EL CHAYANNE” Y  “EL FLAQUITO”, AMENAZADOS

En el CAF, Gilberto Camacho Valle “El Chayanne” fue responsabilizado de manera extraoficial por los secuestros de comerciantes empresarios durante 2018. Por estos delitos, como parte de las investigaciones,  la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) detuvo y procesó a dos células criminales, y en los expedientes no se consignó la participación de Camacho.

Respecto a los plagios de 2018, una célula criminal fue detenida el 23 de mayo de ese año. Capturaron al ex agente ministerial Sirak Anwar Ramírez Ferrer, Zozy Abad Hernández Escalante, José Adrián Sánchez Nieblas, Leonel Guadalupe Sánchez Nieblas y el menor de edad Edwin Enrique “N”. La carpeta contiene información que indica que los plagiarios están ligados al CAF.

Cinco días antes, el 18 de mayo, sicarios intentaron asesinar a Gilberto Camacho Valle “El Chayanne” cuando salía de una pelea de vale todo, lo balearon sobre el Bulevar Díaz Ordaz de la colonia Hipódromo en la delegación La Mesa, pero salió ileso.

En el lugar, con perforaciones de bala en cuello, torso y pierna izquierda, quedó tendido sobre la acera su medio hermano, Óscar Campillo Valles, quien murió el 23 de mayo en las instalaciones del Hospital del Prado por las heridas recibidas.

La segunda célula de secuestradores del CAF fue detenida en julio del mismo año: Luis Miguel Mendoza López “El Padrino” y Jaime Daniel Martínez Martínez y/o Dominique Pastrana “Joe”, “El G” y “El G1”, hijo de un traficante de la vieja guardia del CAF. De acuerdo a la PGJE, ninguno de ellos aliado con “El Chayanne”.

El 21 de marzo de 2019, en plena Zona del Río, fueron privados de la libertad Jesús Manuel y Marcos Liborio Labra Félix, hijos de quien fuera el contador de los hermanos Arellano, Jesús “Chuy” Labra, De nuevo, las versiones de abogados que participaron en la negociación de la liberación que se dio al día siguiente, refirieron la participación de Gilberto Camacho Valle “El Chayanne”, pero esta vez en supuesta complicidad con José Roque García “El Roque”.

La violencia continuó y, el 28 de abril, Francisco Javier Camacho Valles fue asesinado en un ataque directo en el que no hubo detenidos. El  hermano del “Chayanne” murió en el mercado sobre ruedas de la colonia Nueva Tijuana, donde estaba con su esposa. En este contexto, la vida de Gilberto Camacho sigue amenazada -según reportes de las autoridades- por integrantes de su propio cártel criminal.

Advertido también al interior del CAF, se encuentra Pablo Edwin Huerta Nuño “El Flaquito”, aunque no se ha conocido de operativos criminales públicos en su contra y las fuerzas de seguridad saben que el joven lleva una vida familiar normal en la colonia Hipódromo de Tijuana.

“Cuando su grupo generó muchos muertos, le dijeron que se fuera, que le parara y no ha hecho caso, eso es lo que han dicho algunos detenidos”, comentó un integrante de las Mesas de Pacificación.

Las advertencias para Huerta comenzaron el 29 de enero de 2018, cuando privaron de la libertad y golpearon a un policía ministerial de la Agencia Federal de Investigación Criminal, de la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía).

“Además, está la versión de un posible acuerdo con el Cártel de Sinaloa, razón por la cual no hubo problemas -el 15 de noviembre de 2018- después que los sinaloenses asesinaron en El Tapanco en Rosarito a sus operadores y escoltas Jesús Edgar Ruiz Domínguez y David Leonardo Cárdenas Ramírez”, citó la fuente.

Pese a las amenazas y pugnas internas, de acuerdo a las autoridades, en el CAF el organigrama principal no ha variado porque los asesinatos han sido de operadores, no de mandos.

A la cabeza de la operatividad local se mantiene sin órdenes de aprehensión en su contra, José Luis Escudero Escandón “El Quieto” y/o “El Pelus”. Según Héctor Manuel Gil García “El Kadito”, es cuñado del “Flaquito”. Ahora también le apodan “El Piloto”, mote inicialmente dado a uno de los sobrinos de los hermanos Arellano.

Como operadores continúan también Isaac Ripa Bárcenas “Parri” y/o “Luis”; Roberto Parnás. Carlos Garmiño González “El Karateca”, lugarteniente identificado del CAF capturado y liberado 2016, y la gente de Óscar Adán Rodríguez Guevara. “El Güero Chihuahua”, José Manuel Núñez López “Don Balas”, Mario Rodríguez “El Compa”, Pedro Quintero Velázquez “El Jaguar” y José Roque García. Todos sin órdenes de aprehensión pendientes.

SE SIGUEN SUMANDO MUERTOS

El 17 de junio, el cuerpo aún con vida de Luis David Sánchez, de 18 años, fue levantado de la acera por los servicios médicos. Estaba sobre las avenidas José López Portillo y Miguel Alemán Valdez de la colonia Presidentes. Tenía heridas de bala en la cabeza, en el hombro derecho y en la espalda. Su deceso fue declarado en el Hospital General y se convirtió en el muerto número mil de 2019 en Tijuana. El día con más ejecuciones en el mes, miércoles 19 de junio, asesinaron a 14 personas en 24 horas.

Al cierre de esta edición -jueves 20 de junio-, Tijuana acumuló mil 026 homicidios violentos, 142 cometidos en junio, con un promedio de 7.1 asesinatos por día. Las delegaciones con más ejecuciones han sido San Antonio de los Buenos y La Presa.

TIJUANENSE LÍDER DE CÉLULA DE LAVADO DE DINERO PARA EL CÁRTEL DE SINALOA SE DECLARA CULPABLE

El tijuanense Manuel Reynoso García se declaró culpable de encabezar una red de lavado de dinero que servía al Cártel de Sinaloa y a otras organizaciones criminales, la cual transfirió más de 19 millones de dólares en efectivo desde Estados Unidos a cuentas bancarias de los líderes de los cárteles en México.

En marzo de 2018, la Fiscalía del Distrito Sur de California informó de una investigación desarrollada durante años por agencias federales y locales, en la cual se identificó a 40 integrantes de una red internacional de lavado de dinero que operaba en la región Tijuana-San Diego; Reynoso García lideraba una de estas células, en la que también figuraban los tijuanenses Perla Alejandra Pérez Guirado, Estefanía Plascencia Ponce, Joaquín Ramírez Calva y Gilberto Beltrán Salazar.

El 18 de junio, el hombre de 63 años de edad se declaró culpable de conspiración en lavado de dinero en la Corte Federal de San Diego.

Entre otros detalles, admitió que entre 2014 y 2017, encabezó un sofisticado esquema conformado por cuentas de transferencias denominadas embudo -en las cuales terceros depositaban cuantiosos montos de dinero en efectivo-, empresas de transferencia de dinero sin licencias, empresas fantasma y otras capas de transacciones con el objetivo de no ser rastreables ante el gobierno.

Para lograrlo, reclutaba personas que abrieran cuentas bancarias en el sur de California, principalmente en San Diego. Otros cómplices, ya fuera de lado mexicano o estadounidense, viajaban a varias ciudades de Estados Unidos a recoger cargamentos de dinero en efectivo a partir de 150 mil hasta 600 mil dólares, producto de la venta de droga y otros negocios ilícitos.

Estos integrantes de la red se encargaban de fragmentar los depósitos en pequeñas cantidades a las cuentas de transferencia para que, de estas, el dinero fuera enviado a cuentas bancarias en México. El dinero era retirado de sucursales bancarias en México y recolectado para su entrega a líderes de cárteles como el de Sinaloa.

“Esta investigación se encargó de asegurarse que el Cártel de Sinaloa y otros tengan una manera menos de lavar su dinero sucio”, declaró Robert Brewer, fiscal de Distrito.

Por su parte, Scott Brunner, agente especial del Buró Federal de Investigaciones, consideró que “cerrarle el paso al dinero ilícito para que regrese a los cárteles de la droga, es detener el flujo sanguíneo al corazón de estas empresas criminales principales”.

Reynoso García tiene fijada su audiencia de sentencia para el 16 de septiembre. Si bien el cargo alcanza una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de medio millón de dólares, es probable que obtenga una condena menor al haber admitido su culpabilidad.

MÁS DECOMISOS Y VIOLENCIA EN ENSENADA

De finales de mayo a la fecha, los decomisos de drogas en Ensenada han incrementado, a la par de la violencia, hasta alcanzar promedio diario de un asesinato durante junio. En lo que va del año se han registrado 97 homicidios dolosos.

Por aire, tierra o mar, tanto las Fuerzas Armadas como autoridades civiles de los tres órdenes han participado en operativos en distintos puntos, arrojando decomisos de marihuana, cristal, fentanilo, cocaína, heroína y amapola.

Los aseguramientos se intensificaron a partir del 21 de mayo, con el descubrimiento de más de mil 700 kilogramos de marihuana y la droga conocida como cristal en el Ejido Uruapan y La Bocana, ambos al sur de Ensenada, en dos acciones diferentes.

El mismo día, la Policía Estatal Preventiva reveló la erradicación de seis plantíos de amapola distribuidos en 2 mil 700 metros cuadrados en la zona de Santo Tomás, al sur del municipio.

Por su parte, el 26 de mayo la Secretaría de Marina incautó otro cargamento de 648 kilos de marihuana, tras atender un reporte sobre una embarcación con fallas en el sistema de propulsión, al Oeste de Salsipuedes.

Tres días después, el 67 Batallón de Infantería descubrió un cargamento de 215 kilogramos de marihuana dentro de un vehículo tipo sedán sobre la carretera federal Ensenada-San Felipe, poblado Valle de la Trinidad.

El 1 de junio, el Ejército decomisó 480 kilogramos de marihuana, armas y cartuchos, en un camino de terracería que conduce al Ejido Ignacio Zaragoza, Delegación Francisco Zarco.

Una semana después, incautó 28 kilogramos de cristal con valor de 7.9 millones de pesos, según cálculo de la Secretaría de la Defensa Nacional durante una revisión en el retén militar de Ojos Negros.

El 11 de junio, la Marina asestó otro golpe al decomisar 79 kilogramos de cocaína transportados en el buque Adrian Schulte, proveniente de Manzanillo, Colima. La embarcación arribó al Muelle 2 de la Terminal Internacional de Ensenada.

El mismo día, autoridades civiles y militares iniciaron el resguardo de un inmueble en San Quintín, donde dos días después se realizó un cateo, hallando 969 planta de marihuana y un invernadero.

El decomiso más reciente ocurrió el lunes 17 de junio en Motel Dubái, ubicado a media cuadra del Bulevar Costero y junto a las caballerizas de Playa Hermosa, donde de nuevo el Ejército aseguró casi dos toneladas de marihuana, 255 kilos de cristal, 1.5 kilos de heroína y 6.5 kilos de fentanilo.

El Ejército ofreció dos versiones de los hechos. En una sostuvo que el operativo derivó de una labor de inteligencia, mientras que en la otra refiere que se atendió un reporte al C4 sobre personas armadas realizando actividades ilícitas.

En el motel se incautaron 727.9 kilogramos de drogas, en tanto que en Playa Hermosa, alrededor de mil 942 kilos de enervantes.

DESTRUYEN 31.4 TONELADAS DE MARIHUANA

Alrededor de 31.4 toneladas de plantas de marihuana fueron erradicadas por la Policía Federal, en colaboración con autoridades de Estados Unidos, en dos plantíos que sumaron una superficie de 2.1 hectáreas.

De acuerdo con información oficial, personal arribó al Kilómetro 23+000 de la carretera Mexicali-Tijuana, tramo El Centinela-La Rumorosa, y se internó 53 kilómetros hacia el Suroeste en un camino de terracería.

En el lugar se descubrió un plantío de marihuana de 10 mil metros cuadrados de superficie, con una densidad de dos plantas por metro cuadrado, de dos metros de altura y un peso de 800 gramos por planta. Allí se contabilizaron 20 mil plantas de marihuana, con un peso de 16 toneladas, las cuales fueron incineradas en el sitio.

El segundo plantío fue localizado contiguo al primero, en una extensión de 11 mil metros cuadrados, densidad de dos plantas por metro cuadrado; cada planta medía 1.9 metros de altura, dando un total de 22 mil plantas y un peso aproximado a 15 mil 400 kilogramos.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA/  INVESTIGACIONES ZETA/ LUNES, 24 JUNIO, 2019 01:00 PM)