En Tijuana, las parejas de presuntos
narcotraficantes o damas independientes, reclaman la devolución de bienes
asegurados por la FGR. Ruth Serrano Corona, esposa de Benjamín Arellano Félix,
solicita le devuelvan una propiedad en la colonia Cacho Sur, asegurada desde
1993. A Socorro León Ojeda, indiciada desde 2004, le tienen congeladas ocho
cuentas bancarias y ahora consigue un amparo para que la autoridad le resuelva.
Una mujer pide que SEIDO le reintegre su residencia asegurada en
investigaciones a célula de “Los Jabalíes” del Cártel de Sinaloa
Por lo menos tres mujeres, en
representación de sus propios intereses o de algún tercero, luchan
jurídicamente contra la Fiscalía General de la República (FGR) para recuperar
bienes inmuebles asegurados de 26 años a la fecha, por presuntas actividades de
tráfico de drogas ilícitas, delincuencia organizada o lavado de dinero en
Tijuana.
Así lo confirmó ZETA en los
tribunales federales de Baja California, donde estas damas han reclamado el
aseguramiento que diversas agencias ministeriales realizaron de forma
“precautoria”, pero al día de hoy no han resuelto las averiguaciones
correspondientes ni el destino que habrán de tener los bienes en poder de autoridades administrativas.
Entre quienes han interpuesto
juicios de amparo para buscar la devolución de las que, aseguran, son sus
propiedades, se encuentra Ruth Serrano Corona, esposa de Benjamín Alberto
Arellano Félix “El Min”, actualmente recluido en una prisión federal de Estados
Unidos, donde purga una condena de 25 años por cargos de crimen organizado y
lavado de dinero.
Otra que se dice afectada por
la actuación del Ministerio Público federal es Socorro León Ojeda, a quien
fuentes periodísticas vinculan al viejo Cártel de Guadalajara, coaligado con el
finado presunto narcotraficante José Contreras Subías en la década de los
ochenta. Desde hace poco más de 15 años, la FGR y la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores (CNBV) le tienen aseguradas ocho cuentas bancarias, sin siquiera
haber ejercido acción penal en su contra, ni descongelado sus activos.
La más “nueva” de las
quejosas es Deyanira Quinceno Córdoba, a quien la Subprocuraduría Especializada
en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), le aseguró una residencia
a mediados de 2016, con el argumento de que el inmueble es producto o
instrumento de delitos relacionados con la organización delictiva denominada
“Los Jabalíes”, célula dependiente del Cártel de Sinaloa en esta frontera.
Hasta el momento ninguno de los
reclamos ha tenido una resolución definitiva en Juzgados, siendo la señora
Quinceno quien lleva la delantera, al haber obtenido un juicio de amparo para
efectos de que el Ministerio Público federal deje sin efecto el aseguramiento
de una casa en la Zona del Río Tijuana y se reponga el procedimiento para que
se analicen debidamente las constancias de la indagatoria y se determine
nuevamente sobre la procedencia o no de la medida cautelar.
LA MUJER DEL “MIN”
Pese a ser esposa de un capo,
Ruth Lizeth Serrano Corona es una mujer alejada de los reflectores. Nada que
ver con las consortes de diversos narcotraficantes. Siempre evitó a los medios
de comunicación, pero tras la detención de su marido en marzo de 2002 en
Puebla, y su posterior encarcelamiento en el penal de máxima seguridad
Altiplano, en Almoloya de Juárez, tuvo que protestar con familiares de otros
reclusos ante las restricciones de visita para Benjamín Arellano Félix.
Fue efímera su aparición en
público para reclamar un horario más amplio de visitas, después desapareció del
mapa. En 2004 señalaron al “Min” de mangonear la disciplina de la cárcel
federal asociado con Osiel Cárdenas Guillén, preso líder del Cártel del Golfo,
y en abril de 2011 fue extraditado a la Unión Americana. De la esposa ya no se
supo más.
En mayo de 2019, Ruth Serrano
se hizo presente en los tribunales para reclamar actos del Servicio de
Administración y Enajenación de Bienes (SAE), dependiente de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como de la FGR. Su demanda fue radicada
en el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales de
Tijuana.
El acto reclamado es “la
inconstitucionalidad e ilegalidad del aseguramiento precautorio y disposición respecto
del bien inmueble de mi propiedad identificado como Lote número 4, de la
manzana 3, colonia Madero Sur (Cacho), Zona Centro de esta Ciudad”. Los hechos
datan de 1993, semanas después de registradas las primeras investigaciones del
homicidio del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, el 24 de mayo de ese año, en
el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.
A Serrano Corona de Arellano
le fue concedida primero la suspensión provisional y posteriormente la de
carácter definitivo para que “las cosas se mantengan en el estado que
actualmente guardan y no se ejecuten materialmente otros actos” en tanto se
resuelve el juicio de garantías.
De acuerdo con la escritura
pública número 101,034 de fecha 18 de septiembre de 1987, pasada ante la fe del
Notario Público Número 2 de Tijuana, el inmueble asegurado fue adquirido por
Ruth Serrano a la señora Gloria Macías Corona de Muriel.
En el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio de Baja California, destaca que el aseguramiento del
inmueble deriva del expediente 1384/1993, emitido por un agente del Ministerio
Público federal, adscrito a la Dirección de Control de Bienes Asegurados, de la
entonces Procuraduría General de la República, relacionado con una investigación
de un hecho presuntamente ilícito.
El juez de amparo ya solicitó
de las autoridades señaladas como responsables, los respectivos informes
justificados; en tanto, la quejosa autorizó para oír y recibir notificaciones
en su nombre a dos personas de apellidos Durán y Peregrino.
LAS OCHO CUENTAS
A Socorro León Ojeda, las
autoridades le investigan desde hace más de tres décadas y a la fecha parece
que no le encuentran conducta ilícita, pues no le han ejercitado acción penal
ni le resuelven la averiguación previa en la que la implican desde 2004, cuando
aseguraron sus dineros disponibles en ocho cuentas bancarias en sucursales de
esta frontera.
Por lo anterior, esta mujer,
cuya supuesta vinculación delictiva solo se menciona en dos notas publicadas
por la versión digital de la revista Proceso, acudió ante el Juzgado Segundo de
Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales, tras haberse cansado de
solicitar a la FGR informes sobre su situación legal y la liberación de sus
cuentas bancarias aseguradas.
La dama reclama de la FGR y
sus fiscales, conductas omisas que le producen consecuencias jurídicas y
violación de sus derechos humanos al dejar en permanente indefinición la
averiguación previa desde hace 15 años, “esto es, la omisión de diligencias
tendientes a resolver en lo sustancial y no de mero trámite administrativo, la
determinación ministerial que resuelva lo conducente a dicha indagatoria”.
La peor parte para la
quejosa, es el aseguramiento respecto de bienes de su propiedad, entre estos
las referidas cuentas bancarias –tres de la institución Scotiabank Inverlat,
dos de Banco Santander, una de BBVA Bancomer y otras dos de Banorte- a pesar
que “he aportado los elementos de prueba que permiten acreditar la licitud de
mi conducta”, relacionada con actividades financieras y los recursos monetarios
hoy congelados, de los que no puede disponer.
Cuando presentó su primer
juicio de amparo en 2004, la protección constitucional le fue negada porque se
estimó que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la
Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de la PGR,
estaba facultada para realizar el aseguramiento precautorio. Hoy, a tantos años
de distancia, pareciera que la hoy Fiscalía olvidó el asunto.
Sin embargo, la unidad
especializada dependiente de la SEIDO ha respondido que se ha pretendido
obtener la declaración de León Ojeda en calidad de indiciada, dentro de la
averiguación previa que se instruye por su probable responsabilidad en la
comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero no
ha sido posible su comparecencia, pues al parecer vive en Estados Unidos, hasta
donde se han efectuado actuaciones.
En vista de lo anterior, el
juez de amparo concedió a Socorro la protección de la justicia de la unión para
efecto de que la FGR realice las diligencias necesarias y desahogo de pruebas
para que resuelva en un plazo inmediato lo que ha derecho proceda, respecto del
ejercicio o inejercicio de la acción penal y se pronuncie respecto del destino
al aseguramiento de las cuentas bancarias.
Ante el recurso de revisión
interpuesto por el Ministerio Público de la Federación, un Tribunal Colegiado
con residencia en Mexicali, resolvió confirmar el otorgamiento del amparo a la
mujer respecto a los actos precisados.
DE “LOS JABALÍES”
En diversas acciones
realizadas por la entonces Procuraduría General de la República durante 2016 en
Baja California y Sinaloa, fueron aseguradas residencias y vehículos
presuntamente relacionados con la organización criminal identificada como
Cártel de Sinaloa, concretamente con la célula llamada “Los Jabalíes”, quienes
operaban en esta ciudad en actividades de narcotráfico y tráfico de migrantes.
Uno de los inmuebles
cateados, y a la postre asegurados, fue el ubicado sobre Calle Canadá número
27, interior 32 del condominio River House de la Tercera Etapa del Río Tijuana.
En su fachada quedó el clásico sello en calcomanía de la FGR con la leyenda
“Asegurado”, dentro de la averiguación previa PGR/SEIDO/UEITA/038/2012.
La persona que se ostenta
como propietaria y ha presentado documentos que acreditan su dicho para
reclamar la devolución del inmueble, es Deyanira Quinceno Córdoba, quien a la
fecha realiza trámites administrativos y recursos judiciales para conseguir su
objetivo. Lo que ha conseguido es la reposición del procedimiento de un juicio
de amparo promovido ante el Juzgado Segundo especializado en la materia en
Tijuana, demanda presentada desde 2017, pero que ahora pareciera comenzar de
nuevo.
Deyanira reclama del Agente
del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo,
Acopio y Tráfico de Armas (UEITA) de la SEIDO, FGR, la orden de cateo y el
aseguramiento que se llevó a cabo el 8 de diciembre de 2016 en la referida casa, donde se localizó
una bolsa negra de plástico con marihuana.
La mujer presentó como prueba
de su calidad jurídica una escritura pública del 19 de julio de 2016, expedida
por el Notario Público Número 3 de Tijuana, inmueble sujeto a un crédito
hipotecario con la institución bancaria HSBC. Teme que sea desposeída de su
propiedad y que las autoridades la enajenen, subasten, la den en comodato o se
realice cualquier otro acto que le cause daños de imposible reparación.
La SEIDO confirmó la
existencia del acto reclamado, pues la finca fue asegurada luego de ejecutarse
la orden de cateo 354/2016 -actualmente 88/2017-III- del índice del Juzgado
Segundo Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones,
con competencia en toda la República. Ahí, un fiscal señala que es cierto el
aseguramiento de una investigación “(…) que se sigue en contra de integrantes
de la cédula delictiva denominada ‘Los Jabalíes’, perteneciente a la
organización denominada ‘Cartel de Sinaloa’, por el delito de Delincuencia
Organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, acopio y
tráfico de armas de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, cuya
zona de operaciones son los estados de Sonora, Sinaloa y Baja California”.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / INVESTIGACIONES
ZETA/ LUNES, 24 JUNIO, 2019 01:00 PM)
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