lunes, 5 de noviembre de 2018

MADRES BUSCAN EN VERACRUZ LA QUE PODRÍA SER UNA DE LAS MÁS GRANDES NARCOFOSAS DE MÉXICO


En 2017, la SSP de Veracruz detuvo a varias personas de un cártel que opera en el Puerto de Veracruz. Luego de la detención, la Seido aseguró varios predios cercanos a la zona de la carretera Kilómetro 13 y medio. Trascendió, que en los interrogatorios, uno de esos detenidos habría aceptado que dio muerte a docenas de personas por ajustes de cuentas, y que las habían desaparecido en fosas en la zona norte de la ciudad de Veracruz.
Los terrenos colindan con la zona de casas fantasmas, donde hay informes que indican que ahí operaron durante varios meses integrantes de Los Zetas que contaban con una “cocina” en la que deshicieron a docenas rivales usando ácido y combustible.

Ignacio Carvajal
Veracruz, 5 de noviembre (BlogExpediente/SinEmbargo).- Este lunes ha iniciado la búsqueda de más fosas clandestinas en la zona norte de la ciudad de Veracruz por parte del Colectivo Solecito. Buscan a más desaparecidos. Las madres ingresaron a una serie de predios que colindan con el puerto jarocho y en los que, les han avisado, presuntamente hay sepultadas hasta 500 personas.

Solecito entró con el apoyo de la Procuraduría General de la República (PGR), pues la Fiscalía General del Estado de Veracruz no quiso dar permisos. Los terrenos son áreas que ya están aseguradas por la PGR y forman parte de diversas investigaciones. Se trata de una zona colindante al Kilómetro 13 y medio, una obra carretera que al ser lanzada, supuso progreso para el puerto de Veracruz, pero ahora es un circuito de la muerte.

La búsqueda inició con la participación de la brigada, madres, padres y voluntarios que irán a cortar maleza para buscar las posibles fosas en el 13 y Medio. Hasta ahora se especula con el total de muertos en esa área incluso se dice que hay más que en Colinas, que hasta el momento suma 300 víctimas.


Los terrenos son áreas que ya están aseguradas por la PGR y forman parte de diversas investigaciones. Foto: BlogExpediente

Pero este lugar es sólo uno de los tantos puntos que han sido señalados, por distintas vías, a las madres del colectivo por personas que cuentan con datos sobre la presencia de fosas, la mayoría de presunto delincuentes con remordimientos.

Ubicado a unos 15 minutos de la zona centro de la ciudad de Veracruz, entró en el radar de las madres después de que la Seido aseguró varios predios en esa zona, luego del aseguramiento de una célula de la delincuencia organizada que opera en el puerto, en 2017.

Los nombres y las filiaciones de los sujetos son confidenciales, pero los agarró la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Veracruz en 2017, en poder de armas, un coche con reporte de robo y claros indicios de que andaban ejecutando rivales.

Al saberse el perfil de los detenidos, inmediatamente los atrajo la Seido y comenzó a fluir la información sobre diversos terrenos asentados cerca del kilómetro 13 y Medio en los que podría haber personas que fueron asesinadas e inhumadas clandestinamente.

En los interrogatorios –trascendió– uno de esos detenidos habría aceptado que dio muerte a docenas de personas por ajustes de cuentas, y que las habían desaparecido en fosas en la zona norte de la ciudad de Veracruz.

Con esa información –se desconoce si los detenidos habrían señalado directamente los puntos en el lugar de los hechos– la PGR se trasladó al área y comenzó el aseguramiento de los terrenos.

En esos lotes hay sellos de la PGR y algunos de los predios colindan con las propiedades del finado magnate Valentín Ruiz Ortiz, y con Casas Fantasmas.

De hecho, en Casas Fantasmas hay informes que indican que ahí operaron durante varios meses integrantes de Los Zetas que contaban con una “cocina” en la que deshicieron a docenas rivales usando ácido y combustible, y que sus residuos se lanzaron cerca del 13 y Medio.


En esos lotes hay sellos de la PGR y algunos de los predios colindan con las propiedades del finado magnate Valentín Ruiz Ortiz, y con Casas Fantasmas. Foto: BlogExpediente

Esta cocina habría operado a finales del Gobierno de Fidel Herrera Beltrán y principios de el de Javier Duarte de Ochoa. Época de reinado de Los Zetas y el arribo de los jaliscienses.

De hecho, el seis de enero del 2012, horas antes de la primer visita de Enrique Peña Nieto como presidente de los Mexicanos a Veracruz puerto, se dio la alerta a las autoridades por la aparición de varios cadáveres en Casas Fantasmas.

Esa matanza se dio en el punto más álgido de la guerra entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación y Los Zetas por la plaza en Veracruz.

A sangre y plomo los dos grupo se disputaban el corredor del puerto jarocho, Boca del Río, Cardel y Medellín de Bravo, de esa guerra lo más espectacular fue el lanzamiento de 35 cadáveres afuera de Plaza Américas, en Boca del Río, en septiembre del 2011. Las autoridades se apresuraron a decir que eran Zetas que habían sido ejecutados.

Meses después, la matanza de Casas Fantasmas dio respuesta a los rivales para manchar la visita de Peña Nieto a Veracruz. Sin embargo, en la prensa no salió nada. Los periodistas resultaron amenazados.

Años después, la Brigada de Búsqueda del Colectivo Solecito indagó en colaboración con la PGR gracias a las pistas aportadas.

En la solicitud de información 01597217, la Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó que en septiembre del 2011 se localizaron en Casas Fantasmas, próximo al lugar conocido como El Renacimiento, 27 fosas clandestinas con más de 50 restos humanos.

Al definir “restos”, no establece si eran cuerpos enteros o reductos de la operación de una “cocina”.

No es la primera vez que la delincuencia entrega información puntual a las madres de los colectivos mucho antes que las autoridades.



La misma fosa de Colinas fue ubicada gracias a reportes anónimos entregadas a las mamás de Solecito. Foto: Cuartoscuro

La misma fosa de Colinas fue ubicada gracias a reportes anónimos entregadas a las mamás de Solecito durante un 10 de mayo en el puerto jarocho. Sujetos se acercaron a integrantes del colectivo que iban a protestar por la indolencia de las autoridades para buscar a sus seres amados, y entregaron un mapa en el cual se leía paso a paso la información para llegar a la megafosa.

En abril 2015, la Procuraduría General de la República exhumó restos de cinco personas en las proximidades a la zona de las fosas en Colinas.

La información oficial indica que se localizaron tres cuerpos enteros y dos cráneos, es decir, personas decapitadas.

A ese sitio, se sabe, la PGR llegó con un detenido quien “puso” el sitio donde su célula había sepultado a unas personas. Se desconoce de qué grupo de la delincuencia.

Lo llamativo del asunto es que la PGR no realizó una búsqueda más amplia. De ser así, entonces, desde el 2015 se hubiera dado con Colinas, el escándalo hubiera estallado antes de las elecciones de junio del 2015, cuando Javier Duarte de Ochoa y sus allegados, vueltos candidatos, sacaron el último carro completo para el PRI en Veracruz. Hoy en día la mayoría de esos triunfantes aspirantes enfrentan líos con la justicia por el saqueo a las arcas.

Ese mismo año, presionado por el creciente músculo social de los colectivos, Luis Ángel Bravo Contreras, en su papel de Fiscal General, envió a unos cuantos agentes y un supuesto binomio a peinar las dunas en Colinas. No encontraron nada.

En noviembre del 2011, días después de la matanza de Plaza Américas, la Marina detuvo a un par de delincuentes quienes “pusieron” unas fosas en el municipio de Manlio Favio Altamirano.

Al darse parte a la PGR, pues entre los restos aparentemente había elementos de las fuerzas armadas, se inició la labor de rescate de los cadáveres, lo que duró dos días.
En total se exhumaron 28 víctima, la mayoría habrían sido sujetos ligados al cartel de Jalisco que cayeron en una venganza de Los Zetas.

-Con información de Plumas Libres

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE BLOG EXPEDIENTE.

(SIN EMBARGO/ REDACCIÓN / NOVIEMBRE 05, 2018, 11:30AM)

LA DEPRESIÓN DEL “INGENIERO”


Lumbalgia crónica postraumática aguda, estreñimiento e insomnio, aquejan a Fernando Sánchez Arellano, ex líder del CAF. Un juez le amparó para que se le brinden las atenciones médicas necesarias. En un reclamo reciente, abogados del capo aseguran que se encuentra incomunicado con su familia y vive en una celda con ratas y cucarachas, por lo que les ha manifestado ideas suicidas. Otro juicio de garantías fue interpuesto por el sobrino de los Arellano,  a quien no le permitieron el ingreso de dos revistas científicas al penal

La vida en la cárcel es dura. Quizá no rehabilita ni reinserta socialmente al criminal, pero sí altera su salud y le discapacita, aseguran médicos y penitenciaristas. En un penal de máxima seguridad como Altiplano en el Estado de México, el recluso Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero”, ex líder del Cártel Arellano Félix (CAF), lo vive en carne propia.

Tras su captura hace más de cuatro años, el sobrino de los fundadores de la organización criminal con base en Tijuana, llegó con daños en su cuerpo a la prisión federal, producto de una caída sufrida tiempo atrás. Con el paso del tiempo su padecimiento en la espalda se ha ido agravando, según su propio dicho en diversos juicios de amparo que ha tramitado.

La visión, el oído, el gusto y el olfato se atrofian. Se altera la imagen personal, se agarrotan los músculos y devienen consecuencias psicosociales. Eso lo saben los presos que se encuentran en este tipo de establecimientos, donde los espacios son más reducidos para deambular que en otro tipo de cárceles, y las salidas a patio escasas.

En el caso de “El Ingeniero” o “El Alineador”, ya son varios años privado de su libertad, no sólo en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, enclavado en Almoloya de Juárez, sino también en el Número 13 en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, adonde fue trasladado el 30 de septiembre como consecuencia de la fuga del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Al sobrino de los Arellano Félix, además de la lumbalgia, le acompaña la nostalgia de la vida disipada que llevó en libertad. Extraña algunos hábitos, entre éstos, leer revistas científicas que ahora le son prohibidas para su ingreso al reclusorio por parte de personal de áreas técnicas. Eso también lo ha peleado, sin éxito, a través de demandas de amparo.

Y aunque los hábitos alimenticios no eran lo mejor para Fernando, detenido cuando llegaba a la hamburguesería Carl’s Jr. de Bulevar Agua Caliente y Calle Once en Tijuana, aquél 23 de junio de 2014, su nivel económico le permitía disfrutar de lujos, excesos y probablemente limpieza. Hoy se queja de que habita una celda inmunda donde hay ratas y cucarachas.

En el último de los juicios de garantías que han sido resueltos por jueces de distrito de Toluca, los abogados del ex líder del CAF plantean que su cliente se encuentra deprimido y ha pensado en el suicidio, por lo que solicitaron una mayor atención de las autoridades carcelarias a los reclamos de su cliente. Chantaje o realidad, la vida en la cárcel es dura. Y más en Altiplano.

LUMBALGIA

Desde sus primeros días de internamiento en el Cefereso Número 1 de Almoloya de Juárez y durante su estancia de poco más de año y meses en el Cefereso 13 de Oaxaca, y posterior retorno a Altiplano, Fernando Sánchez Arellano ha presentado más de una decena de demandas de amparo, aduciendo falta de atención médica y nula entrega de medicamentos. También alega malos tratos, tortura e incomunicación.

Uno de los pocos juicios de derechos fundamentales que le ha resultado favorable fue el promovido por su defensor particular Juan Francisco Ríos Juárez, en diciembre de 2017. Además de la negativa de atención a su lumbalgia, “El Ingeniero” se quejó de la restricción para que saliera de su área de reclusión en los horarios que acostumbraba.

El Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México le concedió la suspensión “de plano” (amparo indirecto 1861/2017) para que le brindaran servicios de salud de inmediato en el área del quiropráctico, le proporcionaran medicinas, le ubicaran en un área acorde a su padecimiento y que las autoridades se abstuvieran de realizar tratos crueles e inhumanos en su contra.

Aunado a la lumbalgia crónica postraumática aguda, al interno le aquejaban estreñimiento e insomnio -según el dictamen médico-, por lo que también se reclamó la salida al patio como parte de su esparcimiento, descanso, estiramiento y ejercicio, con fines de rehabilitación.

El 23 de enero de 2018, el juez concedió el amparo a Sánchez Arellano para efecto de que la directora general del penal federal y demás funcionarios involucrados en el tema, ordenaran la atención médica continuada del quejoso con especialistas en traumatología, a fin de sanar sus males de la espalda, lo que implica atención global, suministro de medicamentos apropiados y atender la sugerencia del médico especialista respecto a la rehabilitación del quejoso y los horarios en que éste debe salir al patio a realizar los ejercicios fijados.

En diversas fechas se requirió a las autoridades responsables del cumplimiento de la sentencia de amparo, y a pesar de que éstas enviaban oficios para justificar que ya se realizaba lo ordenado, el juzgador detectaba que en diversos aspectos no se acreditaba la atención especializada ordenada, como tampoco que se cumplía con la etapa rehabilitatoria, por lo que se tuvo que apercibir a los directivos del presidio en varias ocasiones hasta que en el mes de abril se consideró cumplido el fallo en su totalidad.

Los informes periódicos de las áreas responsables daban cuenta de las diferentes consultas y valoraciones efectuadas al privado de libertad, la persistencia del dolor en la región lumbar y algunas mejorías en las sesiones de ejercicio para la rehabilitación de la columna vertebral, que en el caso de las salidas a patio, consistían en fisioterapia. Se remitieron copias de las recetas y el control de medicinas suministradas firmadas por el paciente.

Obviamente las salidas a patio eran esporádicas, pues sólo se autoriza una hora al día, y las autoridades justificaban que el plan de ejercicios estaba diseñado para poderse efectuar en cualquier tipo de espacio, “no necesariamente en el espacio abierto”. Entre marzo y abril se dotó a Sánchez Arellano de una faja lumbosacra con concha hipelordotca de polipropileno, analgésicos diario (arcoxia), y le enseñaron diversos ejercicios. Su cita con especialistas se programó a los seis meses siguientes para valorar su evolución.

NOSTALGIA

La atención brindada a Fernando Sánchez no le eximió de seguir presentando demandas de amparo. Reclamó posibles órdenes de traslado a algún otro centro penitenciario, incomunicación y la falta de medicamentos. Sin embargo, llamó la atención un juicio de garantías promovido en su nombre en mayo de 2018 cuando el acto reclamado fue la prohibición del ingreso y acceso a “su material educativo”.

En el amparo 789/2018 del índice del Juzgado Primero de Distrito especializado en la materia, “El Alineador” señaló que en su carácter de persona privada de la libertad, que se encuentra en el área de Tratamientos Especiales (de donde escapó “El Chapo” Guzmán el 11 de julio de 2015) y como procesado -aún no sentenciado- se le prohibió recibir un par de publicaciones que le fueron depositadas por sus familiares.

Se trataba de las revistas Muy Interesante y Conozca Más. Sánchez Arellano se quejó de “la orden prohibitiva de tener acceso a leer los libros de contenido educativo y científico y de superación personal que se encuentran en la biblioteca del centro federal, a pesar de que el suscrito con anterioridad gozaba de ese derecho educativo, autorizado mediante acta de Comité Técnico de este centro federal, (acta que obra en poder de las autoridades penitenciarias), desconociendo el motivo por el cual se me prohíbe dicho derecho”.

El preso planteó al juez de amparo que ignoraba si la restricción a la que ahora se enfrentaba era o no parte de algún correctivo disciplinario, pues no tenía conocimiento de que le hayan impuesto uno. “Sólo sé que dicha orden me fue comunicada en forma verbal por la encargada de guardia de la biblioteca el día 21 de mayo de 2018, y a ésta, a su vez le dieron la orden todas las autoridades responsables”.

El juez ni siquiera entró al estudio de la demanda y la desechó de plano dos días después de presentada. El hecho fue impugnado por los defensores de Fernando a través del recurso de queja, mismo que fue turnado al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en Toluca. El asunto parecía caminar para que se admitiera la moción de Sánchez Arellano, pero en la segunda quincena de agosto firmó un escrito desistiéndose del recurso.

DEPRESIÓN Y ROEDORES

El 8 de agosto del año en curso, los representantes legales del “Ingeniero” presentaron una nueva demanda de derechos fundamentales en favor de su cliente ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en Toluca. Genéricamente se reclamó incomunicación, segregación y tortura, pero las autoridades judiciales se sorprendieron de la lectura del escrito.

Fernando Sánchez Arellano estaría tan deprimido que la demanda no está escrita en primera persona, sino que el abogado hace la narración de hechos. El profesionista relata que el interno vive en condiciones insalubres y deplorables, al grado que incluso le ha manifestado ideas de suicidio. Por lo anterior, el juzgador le concedió la suspensión de plano de cualquier abuso de las autoridades.

En el documento se reclama de la directora general del Cefereso Número 1, la incomunicación directa y personal de Sánchez Arellano (expediente 4109), pues su defensor señala que en esa fecha tenía programada una visita en locutorios con su defendido, sin que le permitiesen el acceso para entrevistarse con él, pese a estar registrado como su abogado en la causa penal 52/2014 del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales del Estado de México.

Aseguró el litigante que al “Ingeniero” ya se le ha dificultado el acceso con sus defensores y se les prohíbe a éstos el ingreso de objetos necesarios para el desempeño de una defensa adecuada, como lo refiere la legislación mexicana, entre ellas la Ley Nacional de Ejecución Penal en su Artículo 58.

El abogado resalta que la incomunicación de Fernando es también “con las demás personas privadas de su libertad, porque lo tienen en un área de segregación (Tratamientos Especiales) donde no ve a nadie. Ésta es un área donde lo tienen encerrado las 24 horas del día. Tiene las luces prendidas todo el tiempo, no las apagan. Hacen ruido a cada rato. No lo dejan dormir. No le llevan alimentos. No lo sacan al patio.

“Donde lo tienen existen animales rastreros (como cucarachas y ratas). Defeca en el área donde lo tienen encerrado. Está sufriendo de actos de tortura, que si bien no le dejan huellas en el cuerpo, tales torturas son psicológicas ya que esta angustiado por no ver a su familia, ni a su defensor particular. Se siente deprimido. A veces piensa en quitarse la vida ante las condiciones en que se encuentra”, destaca el escrito.

Y remata al señalar que a Sánchez Arellano “lo tienen discriminado, ya que no lo tratan igual que a las otras personas privadas de su libertad. Ellos tienen su visita de sus familiares, y visita a locutorios diariamente, por el solo hecho de que tales personas dicen que son imputados del nuevo sistema acusatorio adversarial, y que como el quejoso es del sistema escrito, no tiene los mismos derechos, siendo que este aún es procesado porque no le han dictado sentencia en sus procesos, por lo que es inocente hasta que se demuestre lo contrario”.

La directora del penal federal Altiplano se inconformó porque el juez concedió la suspensión de plano al quejoso y acudió en queja ente un Tribunal Colegiado, pero los magistrados confirmaron que el juzgador actuó conforme a la Ley de Amparo. Sin embargo, al paso de los días “El Ingeniero” y su abogado no pudieron probar su dicho sobre las violaciones de garantías aludidas y no se concedió el amparo y protección de la justicia federal al recluso.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA/  INVESTIGACIONES ZETA / LUNES, 29 OCTUBRE, 2018 01:00 PM)

AUMENTA VIOLENCIA EN ROSARITO; VAN 92 HOMICIDIOS EN 2018


No sólo son los homicidios del sacerdote Arturo Orta y la ex entrenadora de Xolas, Mar Ibarra, en Rosarito; también han sido asesinados deportistas, madres de familia y víctimas colaterales. Con una tasa de 84 homicidios por cada 100 mil habitantes en el municipio, sólo 1 de cada 9 presuntos responsables ha sido detenido

Del 1 de enero al 31 de octubre de 2018, 92 personas han sido asesinadas en Playas de Rosarito. De estos homicidios, 18 en octubre. Aunque el número puede parecer reducido frente a los más de 2 mil homicidios registrados en lo que va del año en Tijuana, en realidad esto sitúa a Rosarito con una tasa de 84 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Desde la llegada de la alcaldesa panista Mirna Rincón Vargas, el municipio presenta un alza en este delito. Mientras en años anteriores como en 2015 y 2016 se habían contabilizado 52 y 88 víctimas, respectivamente, en 2017 la cifra llegó a las 121 personas asesinadas en 111 eventos distintos.

De 111 carpetas de investigación, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que solamente 13 casos se han judicializado, esto es, sólo en el 11.74 por ciento de los casos, se identificó a un presunto responsable que se encuentra en prisión y bajo proceso penal.

METEN ARMAS LARGAS A BAR Y MATAN A DOS; DUEÑO APOYÓ A MIRNA RINCÓN EN CAMPAÑA

Emmanuel López Lozano destacó en el beisbol desde niño, antes de los 12 años ya ganaba campeonatos infantiles, a los 16 se convirtió en campeón bateador estatal y llegó a formar parte del equipo de novatos del equipo Toros de Tijuana.

A sus 22 años era también empleado de construcción en California. El sábado 15 de septiembre de 2018, se encontraba del otro lado de la frontera, donde vería la pelea de box entre “Canelo” y Golovkin en el bar LOVE de Playas de Rosarito junto a sus amigos.

Esa noche, el inmueble ubicado dentro del centro comercial Pabellón Rosarito estaba repleto con más de 400 personas. Emmanuel y sus amigos se encontraban en la planta baja cuando se hicieron de palabras con un grupo de hombres en la planta alta, quienes después de unos minutos de gritar, comenzaron a disparar hacia abajo.

Alrededor de las 9:30 de la noche, autoridades recibieron el reporte de detonaciones de armas de fuego en el inmueble, también les informaron de heridos y muertos. Emmanuel perdió la vida en el lugar. Brenda Verónica Varela Navarrete, de 31 años, quien se hallaba en una mesa al lado de la de Emmanuel y sus amigos, también recibió varios disparos y a pesar de que fue trasladada a un hospital de la ciudad, falleció a consecuencia de las lesiones. Tres hombres más resultaron heridos.

Tras responder al reporte, agentes de la Policía Municipal siguieron a una camioneta Toyota Tundra con placas de California, en la cual hombres armados habían huido desde el centro comercial. Aproximadamente a un kilómetro, en la colonia Ampliación Reforma, les dieron alcance y los aprehendieron.

Luis Donaldo Zamora, de 25 años; Jesús Ricardo Mojardín, de 30; y José Luis Mendoza, de 39, viajaban en la camioneta con dos pistolas y un arma larga, todas usadas en la balacera del bar. Tras su detención fueron presentados ante un juez, quien dejó en libertad a uno de ellos.

La razón, según informó la PGJE, fue que a Mendoza “no se le vinculó directamente en el lugar de los hechos, aparentemente no hubo alguna información o algún señalamiento de que esa persona se haya encontrado en el lugar de los hechos”.

Si bien, la PGJE cuenta con tres meses de plazo de investigación complementaria para aportar más pruebas que permitan procesar a Luis Donaldo Zamora y Jesús Ricardo Mojardín por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, el crimen pudo ocurrir porque personal del bar LOVE permitió la entrada de personas armadas, incluso portando rifles de alto calibre.

Por el momento, la procuraduría no descarta que más personas hayan disparado ese día, debido a testimonios recolectados y a vídeos del centro comercial -el bar no cuenta con equipo de videovigilancia- en los que se observa a más sujetos armados salir corriendo del lugar.

Las tres armas decomisadas son un rifle R-15, una pistola Beretta 9 milímetros registrados ante la Secretaría de la Defensa Nacional y un arma corta FN Herstal.

El inmueble se identifica como propiedad de Jesús González Lomelí, quien en febrero de 2018 asumió el cargo de regidor del VI Ayuntamiento de Playas de Rosarito en su calidad de suplente ante la salida del regidor propietario Luis Ricardo Cabrales Martínez.

González Lomelí es además propietario de otros locales en Playas de Rosarito como Coco Beach Bar y un restaurante de mariscos. Durante la campaña de la actual alcaldesa Mirna Rincón Vargas, el regidor suplente del PAN la apoyó en diversos actos públicos.

LOS FEMINICIDIOS

De los 92 homicidios registrados en Playas de Rosarito, diez casos se encuentran judicializados (algunos con varias víctimas) con detenidos en prisión y en proceso penal.

De manera adicional, la PGJE ha cumplimentado once órdenes de aprehensión y el Poder Judicial le ha otorgado 15 pendientes de cumplir.

Uno de los detenidos es Diego Gracia Morales, de 18 años, quien el 28 de septiembre asesinó a su madre, Dolores Herlinda Gracia Morales, en la casa de la familia en la colonia Ampliación Plan Libertad.

El joven, quien tras los hechos había huido a Ciudad Obregón, Sonora, fue encontrado cinco días después en esa ciudad por elementos de la Policía Ministerial y trasladado a Rosarito, donde un juez lo vinculó a proceso por el delito de feminicidio.

Según declaraciones de testigos, el joven consumía drogas y cuando su madre le pidió ingresara a un centro de rehabilitación, éste la apuñaló hasta quitarle la vida.

No es el único caso. Familiares de Edith Fernández Naranjo, una joven de 24 años encontrada sin vida el viernes 12 de octubre, han solicitado el apoyo de las autoridades y de la ciudadanía desde hace una semana para encontrar a Ricardo Hernández Gámez, pareja de la víctima, principal sospechoso del homicidio.

El cuerpo de la joven fue localizado en Palma Real en Tijuana, muy cerca de los límites con Playas de Rosarito; autoridades sospechan que el homicidio se cometió en la casa que la pareja compartía con sus hijos en la colonia Constitución en Playas de Rosarito.

El cuerpo de Edith, que presentaba heridas de arma cortante, fue envuelto en una cobija y arrojado a la vía pública, dos aspectos que permitirían a las autoridades catalogar este crimen también como feminicidio.

Los familiares de la víctima refieren que la relación de la pareja era bastante conflictiva e incluso la joven había sido golpeada por su esposo, pero semanas atrás, Edith Carolina había decidido darle una oportunidad más a Ricardo, por lo que regresó a vivir con él junto a sus dos hijos pequeños.

Según información que la familia aportó a la PGJE, el propio Ricardo confesó haber asesinado a su esposa tras una discusión en la que Edith había tomado unas tijeras y él se las arrebató para apuñalarla.

Sin embargo, esto les fue referido por la familia del sospechoso, quien no ha podido ser localizado desde entonces.

Ese mismo fin de semana otra mujer fue asesinada por su ex pareja, quien después de dispararle en la cabeza, se suicidó a su lado en la playa de Primo Tapia. El sábado 13 de octubre, una llamada al 911 alertó del plagio de una mujer, minutos después otra llamada reportó el robo de un taxi.

En realidad, un día antes, Delia Ortega Rodríguez había llamado al 911 para reportar que su ex pareja, Óscar David Gastélum Quiroz, se encontraba afuera de su casa, dando vueltas en su taxi, pero cuando los agentes se acercaron, reportaron no haber localizado al individuo.

El sábado por la mañana, mientras Delia se encontraba en su hogar, Óscar David llegó y armado, la obligó a subirse al taxi que conducía, los menores que presenciaron el plagio, reportaron los hechos a las autoridades.

Cuando la Policía inició la búsqueda, Delia se comunicó por teléfono con su hija para pedirle que los dejaran de buscar, bajo amenazas de su expareja, sospecha la Policía, fue la última vez que su familia la pudo escuchar.

Poco después, a las 12:45 pm, policías encontraron los dos cuerpos sin vida a la altura del Kilómetro 56 de la carretera libre Tijuana-Ensenada, cerca de Primo Tapia.

La PGJE determinó que Óscar David Gastélum Quiroz le disparó a Delia en la cabeza y la acomodó a su lado como si ella lo estuviera abrazando, para luego dispararse él en la sien. En su mano, fue localizado el revólver calibre 38 con el que el hombre cometió el crimen.

HOMICIDIOS VINCULADOS A NARCOMENUDEO

Si bien la procuraduría estatal informó que cada homicidio presenta diferentes características que les impiden formar un perfil concreto sobre la mayoría de estos crímenes, el director de Seguridad Pública, Adrián Hernández Pérez, observa lo contrario en las calles.

Admite que en algunos casos se puede tratar de riñas, de víctimas colaterales o feminicidios, “hay muchos vendedores de narcomenudeo que se están peleando sus calles, no son delincuentes de rango alto. La mayoría de los homicidios son en las calles”.

El teniente lo atribuye a la escalada en homicidios. También refiere que han detectado el asesinato de familiares de narcomenudistas. “Son ataques directos a las personas, no hay casualidades, no hay turistas asesinados”, añade.

Al hablar sobre las células detrás de estos crímenes, Hernández Pérez detalla que organizaciones como el Cártel Tijuana Nueva Generación, el Cártel Jalisco Nueva Generación o el Cártel de Sinaloa tengan presencia en Rosarito, sino que algunos integrantes de menor rango venden droga en las calles de la ciudad.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / INÉS GARCÍA RAMOS /LUNES, 5 NOVIEMBRE, 2018 01:00 PM)

SE DESTAPA CÁRTEL DE ENSENADA CON AMENAZA A “LA RANA” Y POLICÍAS


La mañana del martes 30 de octubre amaneció colgada una manta frente a la Guarnición Militar El Ciprés, y por la tarde, en el C4 recibieron una llamada alertando sobre un posible ataque a las estaciones de San Quintín y Maneadero por parte de hombres armados provenientes de Vizcaíno

René Arzate García “La Rana”, “90”, “Mercenario”, policías estatales y municipales, fueron amenazados en una narcomanta firmada por el “Cártel de Ensenada”, colgada la mañana del martes 30 de octubre en el puente ubicado frente a la Guarnición Militar El Ciprés.

Es la primera vez que el denominado Cártel de Ensenada se asume como tal y revela su existencia de manera pública mediante un mensaje firmado.

La tarde del martes, una llamada anónima al C4 alertó sobre un posible ataque a las estaciones de Policía en San Quintín y Maneadero por parte de hombres fuertemente armados a bordo de cuatro camionetas blindadas, provenientes de Vizcaíno, Baja California Sur.

En la manta se leía el siguiente mensaje: “A TODA LA GENTE QUE ANDA TRABAJANDO PARA EL CARTEL DE LA RANA, MERCENARIO Y 90 Y POLICIAS ESTATALES DE NOMBRE ELMO, LEO, BURGON, MUNICIPALES, YA LES CAYO LA BARREDORA, NOSOTROS SOMOS GENTE DE TRABAJO, NO ASESINOS NI RATEROS. ATTE CARTEL DE ENSENADA”.

De acuerdo a las investigaciones, los mencionados en la manta serían:

“La Rana”. René Arzate García, líder criminal, junto con su hermano, Alfonso “El Aquileas”, de un grupo del Cártel de Sinaloa denominado Los Aquiles.

“El Mercenario”. Carlos Adrián Casas Reyes, sinaloense con domicilio en Ensenada, identificado como narcomenudista y homicida en el puerto.

“El 90”. Alfonso Niebla Vega, originario de Culiacán, Sinaloa, pero avecindado en Ensenada, identificado como el segundo de a bordo del “Mercenario” y dedicado a los levantones. Ha estado preso en 2011 por posesión de droga, en 2009 por comercio y posesión. Y en 2013 y 2016, ha sido asegurado por corporaciones policiacas por delitos contra la salud.

En cuanto a los policías amenazados en la narcomanta, investigadores presuponen se trataría de los siguientes, a quienes están indagando:

“Elmo”. Edmos Sánchez Lizárraga, policía estatal preventivo que ha tenido conflictos con la justicia por abuso de autoridad, desobedecer el mandato de la autoridad, molestar a las personas, disparo de arma de fuego, allanamiento de morada y lesiones; incluso es investigado por homicidio y posesión de droga.

“Leo”. Leonardo Triay Blandón, agente estatal preventivo comisionado en Ensenada, señalado de, tortura, lesiones, abuso de autoridad, amenazas y allanamiento de morada entre los años 2012 y 2018.

“Burgoin”. Luis Santiago Burgoin Ruvalcaba, también laborando en Ensenada para la Policía Estatal Preventiva (PEP), aparece en varias averiguaciones previas por los delitos de abuso de autoridad (con arrestos en 2012, 2014 y 2016) y robo simple (2016).

Autoridades ubican al “90” también como cabeza del Cártel de Sinaloa.

El reporte de la narcomanta fue recibido al 911 alrededor de las 6:49 am del martes 30 de octubre. Los policías estatales fueron los primeros en llegar, debido a que la base de la corporación se encuentra a tres cuadras. Poco después hizo su arribo la Policía Municipal, a quienes se impidió el paso por parte de los estatales; la manta fue retirada por elementos de la PEP sin esperar a Servicios Periciales.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) dio a conocer que por la colocación de esta manta se inició una carpeta de investigación por el delito de amenazas.

EL SEGUNDO MENSAJE EN OCTUBRE

El del pasado martes, es el segundo mensaje contra “El 90” y “El Mercenario” que apareció en el mes de octubre de este año en el puerto; la ocasión anterior fue el martes 9, cuando una cartulina fue dejada sobre el cadáver de un hombre, a una cuadra de la Estación de Policía Pórticos.

En dicha escena, las autoridades localizaron diez casquillos percutidos, sin precisar el calibre; dos balas deformadas, así como una cartulina con la leyenda “Así van a quedar todos aquellos k anden con el VENADO, Mercenario, y el (90) y toda la vola de putos de Gobierno ke los apoyen atte: la BARREDORA”.

El 11 de abril de 2018 también apareció colgada una narcomanta en El Sauzal, en un terreno baldío frente a un colectivo cervecero, a unos metros de la casa del alcalde Marco Novelo.

El mensaje firmado por “Cártel La Rana” amenazaba a los cárteles Jalisco Nueva Generación, Arellano Félix y de Sinaloa. “Ensenada es la plaza ahora me pertenece a chingar a su madre”, se advertía en la manta.

LA AMENAZA

Alrededor de las 3:30 pm del martes 30 de octubre, todas las patrullas municipales que se encontraban en servicio recibieron una comunicación directa del C4 alertando sobre el posible ataque a las estaciones de San Quintín y Maneadero.

Agentes comentaron a ZETA que en total fueron dos llamadas al C4, en una de ellas el reportante dio nombre y apellidos de un elemento que trabaja en Maneadero, sobre el cual supuestamente irían los agresores.

Según el reportante, quien no proporcionó sus generales, escuchó que de Vizcaíno, Baja California Sur, hombres originarios de Sinaloa irían a ajustar cuentas.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal informó respecto a la amenaza: “Se tomaron medidas preventivas que por la propia seguridad del personal que labora en las estaciones, son de carácter reservado”.

En relación a “La Barredora”, organización criminal que investigadores del Estado refieren es la misma que se autodenominó Cártel de Ensenada, aún no tiene identificados a los miembros, mientras los agentes de la PEP amenazados, están siendo investigados de manera interna.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / INVESTIGACIONES ZETA/ LUNES, 5 NOVIEMBRE, 2018 01:00 PM)

GUERRA DE NARCOMENUDISTAS


El 64 por ciento de los crímenes en Tijuana se han cometido en delegaciones como Los Pinos, La Presa, Centro, Sánchez Taboada y San Antonio de los Buenos, donde hay una pugna por el control de las zonas para la venta de drogas entre miembros de los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa. Para ganar terreno, el CJNG vende dosis de cristal más grandes por el mismo precio, lo que levantó una guerra indiscriminada. Entre los líderes de células que traen en jaque a la autoridad destacan José Luis Mendoza Armenta “El Güero Chompas”, Edgar Alejandro Herrera Pardo “El Caimán”, Rodolfo López Arellano “El Cabo 30” e Iván Leonardo Peña Peralta “El Turbo”

En las calles de Tijuana sigue corriendo sangre y parece no tener fin.

Proyecciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) estiman que el año 2018 cerrará con alrededor de 2 mil 500 muertos, una cifra histórica para Baja California.

La pugna entre células de cárteles por el control de venta de droga engrosa la estadística de homicidios, que hasta el cierre de edición, contabilizaba 2 mil 083 víctimas.

Los crímenes dolosos se han registrado con mayor frecuencia en las delegaciones Los Pinos, La Presa, Centro, Sánchez Taboada y San Antonio de los Buenos. Sólo en esos puntos, en lo que va del año se ha privado de la vida a mil 443 personas, el 64 por ciento de la totalidad de los asesinatos cometidos en esta frontera.

En la guerra entre los cárteles De Sinaloa (CDS) y Jalisco Nueva Generación (CJNG), la autoridad  tiene identificados a dos grupos que se mantienen como líderes entre los sicarios y están en constante disputa por la venta y distribución de narcóticos.

El Cártel Arellano Félix (CAF), Los Aquiles y Los Chapitos, mantienen disputa únicamente en la Zona Centro de Tijuana. En otras áreas, el CAF mantiene alianzas con el CJNG, aunque investigadores informan de un distanciamiento entre esos grupos criminales, que podría empeorar el ambiente de inseguridad, ya de por sí en alerta de gravedad.

De acuerdo a información obtenida por ZETA, la estrategia que desde hace meses utiliza el CJNG para ganarle terreno a Los Aquiles en el tema de narcomenudeo, consta en la venta de cristal en dosis más grandes por el mismo precio.

“Una dosis tiene un valor en el mercado de 50 pesos. Jalisco lo que está haciendo es ofrecer dosis más grandes por el mismo precio, con el fin de agarrar más ‘tiradores’ y clientes. Casi, casi está regalando la droga. Aunque Sinaloa paga mejor a sus vendedores, éstos optan por cambiarse de bando y es cuando viene la guerra entre narcomenudistas”, expresó una fuente consultada por este Semanario.

LOS QUE DISPUTAN LAS CALLES DE TIJUANA

En la delegación Los Pinos quienes riñen en las calles son: José Luis Mendoza Armenta “El Güero Chompas”, del Cártel de Sinaloa, contra Rodolfo López Arellano “El Cabo 30”.

En La Presa compiten el mismo “Güero Chompas” y Ricardo Antonio Álvarez Olivares “El Cabo 39”, del CJNG.

En Sánchez Taboada disputan el territorio José Loreto Capoeman Rivera “El Versi”, de Sinaloa, contra Edgar Alejandro Herrera Pardo “El Caimán”, “El Zame” y/o “El Cabo 8”, de Jalisco Nueva Generación.

En Zona Centro se imponen Jorge Alberto Ávila Alvarado “El Chacal” (CAF) contra Edgar Morán Zavala “El Turbo”, de Sinaloa, y Francisco Javier Rabadán Gudiño “Aguacate”.

En San Antonio de los Buenos contienden “El Turbo” por Sinaloa y el apodado “El Búho” por CJNG.

DELEGACIÓN LOS PINOS

Los Pinos es la zona más peleada por los narcomenudistas y donde se registran más asesinatos. Criminalmente es liderada por “El Güero Chompas” (Sinaloa) y “El Cabo 30” (CJNG).

La zona comprende alrededor de 13 complejos residenciales entre los que se encuentran Los Pinos, Villas de Baja California, Villas de Alcázar, Delicias 1, 2 y 3;  Hacienda Los Venados, Villas del Campo, Natura, Ke Casas y Los Valles.

“Lo atractivo de esta zona y por lo que pelean el control, es que es un territorio extenso, densamente poblado y de recursos bajos. Hay mucho consumidor cautivo, pues las oportunidades son muy limitadas en desarrollo social y humano. Pocos parques, casas reducidas; es un buen mercado para los narcotraficantes”, refirió una fuente.

Por si fuera poco, agregó, hay ausencia de las autoridades policiacas. La lejanía del lugar lo convierte en tierra de nadie.

“Prácticamente en esos lugares se están peleando privada contra privada. En una calle hay un líder de ‘tiendita’ y en el otra calle el contrario. Se están presionando entre ellos”.

Hasta el cierre de edición, en Los Pinos se contabilizaban 378 crímenes en el transcurso de 2018.

DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA

Hasta el jueves 1 de noviembre, en la demarcación han sido privadas de la vida 217 víctimas, la mayoría por órdenes de José Loreto Capoeman Rivera “El Versi”, del Cártel de Sinaloa, quien disputa la zona a Edgar Alejandro Herrera Pardo “El Caimán”, “El Zame” y/o “El Cabo 8”, de Jalisco.

De acuerdo a información proporcionada a ZETA por fuentes confiables, “El Caimán”, de 38 años de edad, es líder de sicarios. Su grupo criminal está conformado por jóvenes de entre 16 y 30 años, quienes se dedican a buscar y ejecutar a narcomenudistas contrarios y así ganarle terreno a Sinaloa.

“En junio se inició una pugna interna entre los autodenominados ‘Los Cabos’, adheridos a Jalisco entre el conocido como ‘El Cabo 8’ y contra David López Jiménez ‘Cabo 20’ o ‘El Lobo’, este último disidente del Cártel Jalisco para formar alianza con algunos integrantes del CAF para el trasiego de droga hacia Estados Unidos, iniciando una pugna interna que en este caso va encabezando Herrera Pardo”, comentó un miembro del Grupo Coordinación.

Mientras que “El Versi” de 32 años, encargado de narcomenudeo en la zona, forma parte del grupo Los Chapitos (Sinaloa) y mantiene una aguerrida lucha contra “El Cabo 8”.

“La Sánchez Taboada es el bastión del CJNG, ahí es donde nace el cártel como una sucursal de Jalisco. Ahí residían los pioneros del agrupación como Juan José Pérez Vargas ‘El Piolín’, Arturo Gómez Herrera ‘El Gross’ (asesinado en Jalisco), Erick Deraz González  ‘El Güero Canesten’ (acribillado en Tijuana) y Los Cabos. El primer problema entre ellos es que uno de los sectores que por tradición había controlado Sinaloa, que es la colonia Camino Verde, pretendía adueñarse Jalisco, es ahí cuando empieza la pugna por el territorio”, confió la fuente.

Hace cinco años,  cuando el CJNG  comenzó a tener influencia en Tijuana, fue precisamente cuando “El Piolín” estuvo detenido en la Penitenciaría de La Mesa.

“Cuando sale del Cereso lo contactan con alguien importante en Jalisco. Le dan mucho poder y le dijeron que ocupaban tener influencia en la ciudad, pero como no les podían mandar dinero les mandaban droga, una parte hasta se la regalaban y otra se las financiaban, por ese motivo Tijuana se inundó de droga. Fue muy diferente a cómo Sinaloa se metió aquí en la zona, con dinero y poder, les decían ‘ahí te va tanto para que contrates gente, compres droga, armas, corrompas autoridades’. El reto era quitarle el poder a los Arellano Félix”, relató el investigador.

DELEGACIÓN LA PRESA

La disputa por la zona se debe a la rivalidad entre José Luis Mendoza Armenta “El Güero Chompas” y Ricardo Antonio Álvarez Olivares “El Cabo 39”, de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, respectivamente. Los sicarios de ambos lados registran 331 víctimas en colonias como Ejido Francisco Villa, Las Fuentes, Mariano Matamoros, El Florido, Terrazas del Valle y  El Dorado Residencial.

Datos de grupos de Inteligencia indican que Mendoza Armenta es líder de la célula de Los Chapitos, quienes han mantenido una guerra criminal contra el CJNG por preservar el control de la Zona Este.

DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS

La pugna por ese territorio está a cargo de Edgar Morán Zavala “El Turbo”, alineado al Cártel de Sinaloa, contra el de apodo “El Búho”, aunque se desconoce su nombre. Entre los registros y declaraciones de detenidos, se perfila como un masculino de entre 40 y 45 años, de complexión obesa y tez morena; pertenece al CJNG.

Las zonas en conflicto son: Pedregal de Santa Julia, Obrera, Fundadores, Cumbres de Juárez, Loma Bonita y Guadalajara. Al cierre de edición, se registran 175 víctimas mortales en 2018.

DELEGACIÓN CENTRO

En lo que va del año, contabiliza 215 víctimas. Esta demarcación es disputada por tres cárteles bajo los mandos de Jorge Alberto Ávila Alvarado “El Chacal” (CAF), contra “El Turbo” (Sinaloa) y “El Aguacate” (Los Aquiles).

Fuentes de Inteligencia mencionan que la Zona Centro es un atractivo turístico, al contar con locales comerciales, bares, hoteles, negocios de comida; aunado a la alta afluencia de personas y constante flujo económico.

Hasta el 1 de noviembre, la Zona Centro se ubica como la quinta delegación con los niveles más altos de incidencia de homicidios La disputa principalmente es entre miembros del grupo de Los Monos (CJNG) y Los Turbos (Sinaloa).

Los Monos tienen de líder a Jorge Alberto Ávila Alvarado “El Chacal”, quien pertenecía anteriormente al grupo de Los Monitos  y asume el liderazgo después que escindieron del CAF para trabajar bajo las órdenes de Jalisco.

MÁQUINAS TRAGAMONEDAS

Datos del Consejo Ciudadano de Organizaciones Independientes, señalan que en 2017 se contabilizaban alrededor de 10 mil máquinas tragamonedas distribuidas en Centro (Zona Norte) y Zona Este. Los “mini casinos” son disfrazados de tiendas de abarrotes, cafés internet o farmacias, y son frecuentados por delincuentes para la distribución de droga. El rubro es controlado por Luis Arturo Cosme Espinoza “El Cosme”, del CAF.

 TIJUANA POR DISTRITOS

De acuerdo al Grupo Coordinación, la zona de guerra entre cárteles se distribuye en cuatro distritos:

DISTRITO 1.- Mesa de Otay, Sánchez Taboada, Cerro Colorado y parte de la Zona Centro, donde se tiene identificado como zona de operación al grupo o cártel liderado por Alfonso Arteaga García “El Aquiles” y su hermano René, alias “La Rana”. Fuentes confiables señalan que el control del cártel lo lleva este último, cedido por “El Aquiles”.

Desde 2015, este grupo ha estado luchando por el control de la plaza en contra de Los Uriarte, y por otra parte, contra los grupos asociados del CAF y CJNG y/o CTNG.

Su zona de operación es Mesa de Otay, donde hay presencia de narcomenudistas en el resto de las delegaciones mencionadas.

DISTRITO 2.- Comprende La Presa, Presa Rural y Cerro Colorado. Según entrevistas oficiales y extraoficiales, en esta zona predominan Luis Alberto López Uriarte “El Pájaro”, quien tiene disputa con los hermanos Uriarte y con Los Aquiles, CAF y CTNG.

DISTRITO 3.- Lo integran Los Pinos, Cerro Colorado, La Presa y Sánchez Taboada. Opera el grupo delictivo encabezado por los hermanos Uriarte -Francisco Javier y José Luis Mendoza Uriarte-, ambos en disputa por el control del narcomenudeo con Los Aquiles, “El Pájaro” y  CAF-CTNG.

DISTRITO 4.- Abarca Sánchez Taboada, Los Pinos y San Antonio de los Buenos, Playas de Tijuana y  Zona Centro. Operan grupos delictivos asociados (CAF-CTNG-CJNG), en disputada por el control del narcomenudeo con gente de Los Aquiles, del “Pájaro” y de Los Uriarte.

LOS GRUPOS DELICTIVOS QUE DELINQUEN Y VIOLENTAN TIJUANA

HERMANOS ARTEAGA.- Alfonso Arteaga García “El Aquiles” y René Arteaga García “La Rana”. Bajo su mando integran el grupo delictivo: Sergio Arturo Andrade Magallanes “El Checo”, Rodolfo Alberto Moreno Gaeta “El Chaparro”, Edgar Alejandro Simón Delgado “El Chilango” o el “El Chilas”; Roberto Carlos Carbajal Castillo “El Charly” -recluido en el Cereso-. Cristian Adrián Ceciliano Cortés “El Pipián” y Marcos David García Lozada “El Mangue” o “Manguerísimo”.



CTNG y CJNG.- Célula liderada por Edgar Alejandro Herrera Pardo “El Caimán”, “El Zame” o “Cabo 8”, bajo sus órdenes  operan: Juan Hernández Quintero “El Juan Tortas”, quien tiene una orden de aprehensión activa por homicidio; Francisco Javier Gómez Hernández o Miguel Ángel Gómez Hernández; Israel Alejandro Vázquez Vázquez “El 50” o “El Goofy”; Giovanni Ruanova Pantiga “El Koreano”, Daniel Misael Murillo Gastélum “El Miclo”, Manuel Santiago Navarro Silva “El Minimí”, los tres últimos, presos en el Centro de Readaptación Social.

 En la ZONA ESTE DEL GRUPO DE LOS CABOS, señalan como jefe de sicarios a Rodolfo López Arellano “Solecito” o “El Cabo 30”. Entre los pistoleros figuran: Elix Guadalupe Valdez Alcaraz “El Lupillo”, de 23 años; Carlos Lorenzo Hinojosa Guerrero “El Hacker” o “El Cabo 96”, de 28; Cristian Jonathan López Saenz “El Jona”, de 22; y Ricardo Antonio Álvarez Olivares “El Bebé” o “El Cabo 39”, de 28 años, con orden de aprehensión activa por incumplimiento de las obligaciones familiares.

EL PÁJARO.- Luis Alberto López Uriarte, hermano de Raydel Rosalío López Uriarte “El Muletas”.

HERMANOS URIARTE (CÁRTEL DE SINALOA).- Francisco Javier “Chapito Uriarte” y José Luis Mendoza Uriarte “Güero Chompas”, encargado de narcomenudeo en Sánchez Taboada; José Loreto Capoeman Rivera “El Versi”, operador financiero (nómina); Rogelio Sebastián Osuna Leyva “El Wara” o “El Jerson”, líder de sicarios y cobro de piso; Luis Alberto García Meza “El Güicho” y Rubén Manuel Ríos Hernández “El Niño”, quien tiene una orden de aprehensión por robo con violencia y narcomenudeo. Además de Christian Israel Jordán Salazar “El Travieso” y Ramón Daniel Orozco Rodríguez “El Junior”.

CAF.- De acuerdo a fuentes de Inteligencia, el Cártel Arellano Félix conserva su propia estructura y sólo comparte ciertas zonas de Tijuana para que operen los cárteles Jalisco y Tijuana Nueva Generación.

Acorde con las autoridades, el CAF es liderado por Pablo Edwin Huerta Nuño “El Flaco”, cuya célula criminal es integrada por Luis Roberto Toscano Torres “El Monito” o “Luiyi”; Guillermo González Camarillo “El Pelón”; Alberto Ávila Alvarado “El Chacal”; así como Ladislao Antonio, Roberto Carlos y Marcos Rafael (asesinado), los tres, de apellidos Toscano Rodríguez.

TRASIEGO DE DROGA Y DISTRIBUCIÓN INTERNA

“Narcotráfico sí hay, y sí hay violencia derivada por narcotráfico. No podemos decir que el negocio de estos líderes de cártel sea la venta de droga al menudeo. No es negocio. Tienen una estructura criminal grande, que dedicarse a vender dosis de droga les saldría muy caro”, resumió una fuente consultada, para luego plantear:

“¿Cuál es la principal circunstancia de que Tijuana sea una ciudad violenta? La respuesta es que hay presencia de estructuras criminales violentas que se dedican al trasiego de droga en grandes cantidades. Tijuana es una de las tres principales plazas, hay una estructura bien armada desde protección de autoridades, hasta método efectivo de cruce de drogas como los túneles y el cruce por garitas en vehículos de doble fondo”.

La Policía Estatal Preventiva registra un incremento en el número de homicidios dolosos y lo atribuye principalmente a la disputa que mantienen cárteles de droga acentuados en Baja California, los cuales mantienen una lucha por el control de la plaza para la distribución y venta de droga.

“La dinámica de trabajo por parte de los cárteles, que anteriormente centraban su actividad al trasiego de droga, ahora buscan la distribución interna con fines de narcomenudeo en calle, siendo un negocio redituable para ellos por el alto consumo de drogas que se tiene a nivel local, lo que repercute también en el incremento de los índices delictivos”, remató.

La pugna iniciada por el CJNG contra Sinaloa se suscita principalmente por el control de las delegaciones Sánchez Taboada, La Presa, Los Pinos, La Presa Rural y Zona Centro, descartando la demarcación San Antonio de los Buenos.

“La situación ha derivado ejecuciones constantes y una guerra sin cuartel, debido a que en estas delegaciones el índice poblacional es mayor y representa un mercado atractivo para el narcomenudeo de drogas”, se informó.

Para concluir, el consultado expuso que a partir de 2015, el CJNG inició un reclutamiento de líderes en activo pertenecientes a grupos contrarios, a manera de aprovechar su posicionamiento y control de zonas, además de realizar la ejecución de mandos de nivel medio para debilitar las células que operaban para otros cárteles, lo que ha llevado a un incremento en casos de homicidios por ajustes de cuentas, o cambios en estructuras de narcomenudeo.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / INVESTIGACIONES ZETA/ LUNES, 5 NOVIEMBRE, 2018 01:00 PM)

PÓQUER DE AMPAROS AL CJNG


“El Menchito”, su hermana Johanna, su tío Elvis González Valencia e Isaura (otra familiar), recibieron amparos que anulan órdenes de aprehensión, autos de formal prisión y de aseguramiento de inmueble en tribunales de Jalisco. En menos de un año, nueve presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación han sido beneficiados con resoluciones judiciales. El Ministerio Público federal no consigue acreditar técnica y jurídicamente sus imputaciones; tampoco los autores de dichos fracasos son sancionados

Mientras que en Estados Unidos de América se asegura que se inició una cacería contra los miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y se incrementó a 10 millones de dólares la recompensa por información para capturar a su líder Nemesio Oseguera “El Mencho”, en México autoridades judiciales concedieron amparos a los hijos del capo y otros de sus familiares en las últimas semanas.

A Rubén Oseguera González “El Menchito”, que ha librado procesos penales por delincuencia organizada y otros delitos, ahora le fue concedida la protección de la justicia federal contra una causa criminal por operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que ya son pocos los cargos que le mantienen preso, junto con la presunta orden de detención provisional con fines de extradición internacional. Sus numerosos defensores le han tejido una enorme cobija de impunidad.

Por su parte, la otra hija del “Mencho”, Jessica Johanna Oseguera González, obtuvo un amparo que deja sin efecto una orden de aprehensión dictada en su contra en un Juzgado Federal de Jalisco por lavado de dinero; imputación similar a la que enfrentó su madre Rosalinda González Valencia y por la que ésta recuperó su libertad al exhibir una fianza superior al millón y medio de pesos el 6 de septiembre reciente. También sostiene una batalla legal para el descongelamiento de una de sus cuentas bancarias.

El tío de ambos jóvenes -y hermano de Rosalinda-, Elvis González Valencia, uno de los famosos “Cuinis”, quien se encuentra libre desde finales de 2016, obtuvo la confirmación de un juicio de garantías que le desvincula de una orden de captura dictada en su contra por delincuencia organizada. Un Tribunal Colegiado avaló el análisis de un Juzgado de Distrito que encontró deficiencias e insuficiencias en los datos de prueba ofrecidos por el Ministerio Público federal.

En tanto que otra familiar de los michoacanos, Isaura “N”, fue beneficiada también por un Tribunal Colegiado en Materia Penal para que la Procuraduría General de la República (PGR) deje sin efecto el aseguramiento de una casa habitación en el fraccionamiento Virreyes Residencial, en el municipio de Zapopan, Jalisco, que presuntamente era utilizada por miembros del CJNG. Sin embargo, la fiscalía federal tampoco pudo sustentar el señalamiento basado en endebles suposiciones.

De esa forma, en México pareciera estarse haciendo lo contrario a lo anunciado por la Unión Americana en supuesta coordinación con las autoridades mexicanas. Estos cuatro amparos se suman a las libertades ocurridas en menos de un año de otros integrantes de la poderosa organización criminal, entre éstas la de Rosalinda González, esposa del “Mencho”; Juan José Farías Álvarez “El Abuelo”, de los autodefensas de Michoacán; Julio Alberto Castillo Rodríguez, pareja de Jessica Johanna Oseguera; Erick Valencia Salazar, colíder de Nemesio; y José Luis Gutiérrez Valencia “El 77” o “Don Chelo”, líder del CJNG en el penal de Puente Grande, abatido por la Marina días después de recuperar su libertad.

“CUIDADOR DE CABALLOS”

Rubén Oseguera González “El Menchito” o “El Junior” lucha por su cuarta liberación en poco menos de cinco años y no está muy lejos de conseguirla del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 2 en El Salto, Jalisco. Le defiende un equipo de por lo menos siete abogados que le ha acompañado en su peregrinar por los penales de máxima seguridad Altiplano (Número 1), Matamoros (Número 3) y Oaxaca (Número 13).

El nuevo triunfo legal del hijo del líder del CJNG fue conseguido mediante un amparo otorgado en julio por el Segundo Tribunal Unitario del Tercer Circuito y recientemente confirmado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal con residencia en Guadalajara. Anula el auto de formal prisión dictado por el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Al “Menchito” se le señaló de adquirir un vehículo de lujo el 4 de abril de 2012 en una empresa automotriz establecida sobre el Anillo Periférico Poniente, a la altura de la colonia San Juan de Ocotlán, municipio de Zapopan, con valor de un millón 660 mil pesos. Para la compra, se transfirieron -vía electrónica- un millón 400 mil pesos de una cuenta bancaria de Oseguera. El automóvil era un Chevrolet Corvette ZR1 Centennial modelo 2012, dos puertas, color carbón zolder con ebony.

En las investigaciones del hecho, autoridades hacendarias denunciaron que durante el período comprendido del 17 de diciembre de 2009 al 30 de abril de 2015, en la cuenta de cheques abierta en BBV Bancomer, SA a nombre de Rubén Oseguera González, se efectuaron movimientos bancarios por concepto de depósitos y retiros en cantidad total de 5 millones 977 mil 722 pesos con 20 centavos, y 4 millones 277 mil 761 pesos con 83 centavos, respectivamente.

Uno de los retiros bancarios por transferencia corresponde al de la transacción por el automotor en abril de 2012. En la averiguación previa PGR/UEAF/016/2015, la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, del Servicio de Administración Tributaria (SAT), informó que no encontró registro alguno en la base de datos a la que tiene acceso esa autoridad, referente a Rubén Oseguera González.

El 24 de junio de 2015, el imputado declaró ante un fiscal federal que es de nacionalidad norteamericana y que tenía por ocupación cuidar un rancho de caballos de carreras en Perris, California, Estados Unidos, donde ganaba aproximadamente 400 dólares semanales por dicha actividad, con tres dependientes económicos. Sin embargo, en su declaración preparatoria ante un juez federal mexiquense, dijo ser empleado con un ingreso semanal de 3 mil pesos.

En otra declaración preparatoria rendida en diversa causa penal ante un juez de Oaxaca, Rubén afirmó que su fecha de nacimiento es el 14 de febrero de 1990, ser empleado de un rancho y jardinero. Que sabe leer y escribir por haber cursado la instrucción secundaria (trunca), que no tiene apodo o sobrenombre, que no habla ningún dialecto y entiende perfectamente el castellano, además de profesar la religión católica y “no percibe ingreso”.

Las referidas contradicciones sirvieron de base para declararlo formalmente preso. Pero “Menchito” argumentó que ya ha explicado en diversos procesos el motivo de su bonanza económica: “En tres ocasiones se han usado los mismos testigos para acusarme injustamente; que se viola en mi perjuicio el principio non bis in ídem; que vendí dos propiedades, mismas que mi señora madre compró para mí cuando era menor de edad”. Respecto a la compra del Corvette, dijo que un amigo suyo fue testigo de la venta de sus casas y debido a ello le pidió prestado un millón 400 mil pesos para adquirir el auto.

Por esta causa penal, el 9 de octubre de 2018, el Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de Jalisco, ordenó la inmediata libertad de Rubén Oseguera González. Sin embargo, sigue preso al tener una solicitud de extradición del gobierno de Estados Unidos, señalado de cometer delitos como conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina. Una Corte Federal del Distrito de Columbia en Washington ordenó su captura.

OPERADORA FINANCIERA

Jessica Johanna, hermana de Rubén Oseguera, a quien agentes federales buscaban cuando detuvieron a su progenitora Rosalinda González Valencia, el 26 de mayo del año en curso en Zapopan, revirtió una orden de aprehensión dictada en su contra en el Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales de Jalisco, aunque no se puede confiar, pues al parecer existe otro mandamiento de captura en su contra en un órgano judicial del Estado de México.

En resolución dictada el 18 de septiembre último, el magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, titular del Sexto Tribunal Unitario del Tercer Circuito, con residencia en Guadalajara, concedió el amparo y protección de la justicia federal a la joven Oseguera González contra la referida orden de aprehensión por lavado de dinero.

En una táctica dilatoria, la defensa de la hija del “Mencho” no acudió al tribunal para notificarse de los últimos acuerdos, incluido el de la impugnación interpuesta por parte del Ministerio Público de la federación en contra de la sentencia amparo. La autoridad judicial fijó avisos en el despacho de los abogados y en un lugar visible del tribunal, con lo que se considera que quedaron debidamente notificados.

Por su parte, el fiscal federal adscrito al Sexto Tribunal Unitario exhibió 27 juegos de copias del escrito de expresión de agravios para cumplir con los requisitos del recurso de revisión presentado en contra del fallo protector dictado en favor de la mujer, documentos que se distribuirán entre las partes del juicio de garantías.

El magistrado Avelar Gutiérrez ordenó remitir el expediente principal del juicio de amparo y las constancias remitidas por las autoridades responsables, las cuales adjuntaron a sus informes justificados, además del original del escrito de agravios, ante el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito en turno, para que resuelva la impugnación. De hecho, el Tercer Tribunal ya conoce del asunto.

En otro Juzgado, el Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, Jessica Johanna tramita desde el 15 de enero de 2018 otro juicio de garantías en contra del aseguramiento de una cuenta bancaria (número 0168849471). El Ministerio Público federal ordenó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores su inhabilitación.

El asunto se encuentra en un punto muy álgido, ya que el 10 de julio, el  Juez de Amparo ordenó al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM), remitir la totalidad de las constancias que integran la indagatoria UEIORPIFAM/AP/064/2016.

Desde luego que la determinación del juzgador no fue del agrado de la PGR, entidad que el 24 de septiembre interpuso el recurso de queja, pues aportar todas las constancias de la averiguación previa pondría en riesgo el éxito de la investigación contra la organización criminal.

El 24 de octubre, el juez remitió el recurso de queja junto con el escrito original del Ministerio Público y el expediente de amparo ante el Tribunal Colegiado en Materia Penal en turno para que conozca de la impugnación.

DE ALTOS VUELOS

Otro que se escabulle a las autoridades mexicanas es Elvis González Valencia, quien estuvo menos de un año preso en el penal de Almoloya de Juárez en 2016 y recuperó su libertad en diciembre de esa anualidad. Ahora le fue otorgado y confirmado un amparo que anula la orden de aprehensión dictada para que respondiera por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada en la hipótesis de delitos contra la salud.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito ratificó la protección otorgada meses atrás por el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal de Guadalajara. El mandamiento de captura pesaba en contra del integrante de la familia de “Los Cuinis” y cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes desde el 7 de marzo de 2017, cuando el Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco lo decretó.

Según las acusaciones de la fiscalía federal, Elvis formaba parte del CJNG como “operador financiero”. De las constancias se probaba la existencia de la empresa criminal denominada Cártel Jalisco Nueva Generación desde por lo menos 2009, como un grupo de más de tres personas conscientes que voluntariamente se organizaron para cometer delitos contra la salud, de la cual se puede establecer su jerarquía y sus reglas generales de funcionamiento.

El Ministerio Público federal obró confusamente al consignar la indagatoria en la que por una parte cataloga a González Valencia como operador financiero y persona que pertenecía a la jerarquía del grupo criminal, y por otra, advertía a Elvis como parte de la estructura delictiva, pero “sin las funciones antes narradas -mando y dirección-“, lo que sin duda resulta contradictorio. Además, los testimonios y señalamientos anexados al expediente procedían de diversas averiguaciones, sin que se detallaran sus números ni en qué otros casos se había utilizado.

Por lo anterior, el juez y posteriormente los magistrados, concedieron el amparo al “Cuini” Elvis, para que quede sin efecto la orden de aprehensión, se valoren nuevamente los elementos de prueba que se tomaron en cuenta para la emisión del acto reclamado y se dicte una nueva resolución haciendo un análisis detallado.

CASA “RELACIONADA”

Isaura “N” es pariente de los Valencia michoacanos, miembros del CJNG. Las autoridades que investigaban a “Los Cuinis” desde 2015 se le fueron encima y en noviembre de 2016 le dictaron aseguramiento precautorio a su casa, pues de informes policiales se desprendió que miembros de la organización delictiva llegaban a ese domicilio, entre ellos Berenisse González Valencia.

Agentes federales reportaron que en labores de vigilancia sobre el domicilio ubicado en Paseo de los Virreyes, condominio 7 en Virreyes Residencial, municipio de Zapopan, detectaron actividades ilícitas. Supuestamente vieron que el 5 de noviembre de 2016, un sujeto que introdujo a dicho inmueble portando un arma de fuego corta y con un paquete envuelto en cinta canela.

También señalaron en su informe que existía el antecedente de que esa residencia estaba relacionada con otro inmueble donde tiempo antes se habían encontrado 28 millones de pesos en efectivo, dinero atribuible al CJNG, lo que llevó al Ministerio Público de la federación a considerar que debía asegurarse la propiedad a efecto de investigar los delitos de delincuencia organizada y contra la salud.

Isaura “N” presentó una demanda de garantías ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, mismo que el 24 de julio de 2018 le negó el amparo. Sin embargo, al interponer el recurso de revisión, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal revocó el fallo y otorgó la protección de la justicia a la mujer, que efectivamente es pariente de los buscados “Cuinis”.

El fiscal federal en ningún momento pudo justificar que el paquete referido por los agentes fuese droga, ya que al momento de efectuar un cateo en el inmueble de Paseo de los Virreyes, no se encontró objeto de delito alguno. Tampoco se especificó cuál es el supuesto domicilio relacionado con el de Isaura “N” donde se encontró dinero propiedad de la organización criminal, ni cómo le involucra.

Tanto en este asunto, como en los anteriormente narrados, la PGR sigue dando “palos de ciego” en el intento de combatir al CJNG, como se lo ha solicitado en colaboración el gobierno de Estados Unidos. Las pifias de las diferentes unidades de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada no han logrado golpes contundentes contra dicha organización delictiva, como tampoco ha impuesto sanciones a los funcionarios que han fracasado en el intento.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / INVESTIGACIONES ZETA/ LUNES, 5 NOVIEMBRE, 2018 01:00 PM)