Expertos internacionales conversaron con
Newsweek en Español y dan recomendaciones puntuales al próximo nuevo gobierno de
Andrés Manuel López Obrador.
Es una de las palabras más
mencionadas por los mexicanos. Uno de los temas que, junto con la inseguridad,
la pobreza y el desempleo, más les molesta y preocupa. Su crecimiento
exponencial en el gobierno aún en funciones fue una de las cuestiones
principales que los electores castigaron severamente en las urnas: la
corrupción.
De principio a fin —yendo del
escándalo de la “Casa Blanca” al de “La Estafa Maestra”— la corrupción se
asoció como el sello de origen de la administración del priista Enrique Peña
Nieto. Y este tema forma parte del resultado del 1 de julio, donde más de 20
millones de personas repudiaron todo lo que tuviese tono tricolor: José Antonio
Meade Kuribreña, el candidato a la Presidencia por la Coalición Todos por
México, perdió en los 300 distritos del país y el Partido Revolucionario
Institucional, con el que Meade ocupó tres secretarías de Estado, no obtuvo ni
una sola gubernatura de las nueve que se disputaron.
Desterrar la corrupción es
una de las promesas ya no solo de campaña sino de gobierno de Andrés Manuel
López Obrador (AMLO).
Tras ser reconocido como el
ganador de la silla presidencial, la noche del 1 de julio, afirmó en su primer
discurso pronunciado en el Hotel Hilton de la Ciudad de México: “La corrupción
no es un fenómeno cultural sino el resultado de un régimen político en
decadencia”. Reconociendo que “este mal es la causa principal de la desigualdad
social y económica y de la violencia que padecemos” anunció que la misión
principal del gobierno que encabezará a partir del próximo 1 de diciembre será
erradicar la corrupción y la impunidad.
De acuerdo con el Índice de
Percepción de Corrupción (IPC) que cada año realiza la organización
Transparencia Internacional México ocupó el puesto 135 de las 180 naciones
evaluadas a escala mundial. En el IPC 2017 obtuvo una calificación de 29,
siendo que la calificación tiene una escala de 0 a 100, donde 0 es el peor
resultado y 100 el mejor. Y, en el ámbito regional, México tiene la sexta peor
posición, solo por arriba de Paraguay, Guatemala, Nicaragua, Haití y Venezuela.
¿Cómo cambiar esta realidad?
¿Cómo abordar una herencia de corrupción de tales dimensiones? Newsweek en
Español indagó al respecto con destacados analistas y expertos internacionales
así como con quien se perfila como la próxima titular de la Función Pública.
La corrupción ha generado no solo
daños materiales sino inmateriales que impactaron al Estado y lo deterioraron.
Así lo considera el jurista
peruano José Carlos Ugaz Sánchez Moreno, quien formó parte del comité de
negociación de la Convención contra la Corrupción de la Organización de
Naciones Unidas (ONU). El ex procurador ad hoc en el caso Fujimori-Montesinos
afirma que “la corrupción genera daños a todo el Estado y todo el sistema”. En
especial a países que tienen una “corrupción sistémica”, como es el caso de
México.
En opinión del experto que
de 2014 a 2017 fungió como presidente de
la Junta de Transparencia Internacional, la corrupción acarrea dos tipos de
consecuencias: las materiales y las inmateriales.
César Duarte, exgobernador de
Chihuahua, acumuló 11 órdenes de aprehensión. Se le acusa del desvío de 1,200
millones de pesos del erario. Imagen: Cuartoscuro
Las primeras se refieren “a
los daños materiales que se traducen en un costo económico, en la
profundización de la pobreza, porque el desvío de recursos termina generando un
daño social evidente y que se puede medir con indicadores”. Las segundas son
las consecuencias inmateriales que visibilizan el daño institucional, es decir,
“la debilidad institucional que genera la pérdida de la confianza de los
ciudadanos con autoridades, lo cual afecta la gobernabilidad y el desarrollo de
cualquier sociedad”.
Cuando se habla de
corrupción, considera Eduardo Reyes, director de la consultoría Intélite, no se
trata solo de recursos públicos malversados, los actos corruptos “son una amplia
tipología que comienza en lo individual —desde que alguien decide, por ejemplo,
comprar piratería— hasta el funcionario que malversa el erario”.
La corrupción abarca un
amplia gama de delitos —incluidos el tráfico de influencias, la extorsión, el
abuso de autoridad, la colusión con miembros del crimen organizado—. Y, en el
ámbito empresarial, incluye el soborno, el lavado de dinero, la evasión fiscal,
los paraísos fiscales o el incumplimiento de contratos.
Esto lo explica Reyes,
coordinador de “El ABC de la corrupción” —una investigación antropológica y de
análisis metodológico sobe el tema.
No se trata solo de dinero:
los actos corruptos aceitan la maquinaria que hace posible que en un país,
impunemente, se asesine, viole, torture personas, se les trafique, se les
secuestre, se les desaparezca, se les esclavice, se les someta a designios
criminales, entre muchos otros.
En México la corrupción es un
lastre, pero la ciudadanía parece estar decidida a sacudírselo.
Combatirla fue una promesa
central en la campaña de López Obrador, y motivó a que millones de electores
tacharan en sus boletas a favor de la coalición Juntos Haremos Historia que lo
abanderó como candidato a la Presidencia para el periodo 2018-2024.
Durante la jornada electoral,
el tema “corrupción” predominó como tema en las redes sociales. Y en sus
primeros discursos ya como ganador, el “Vamos a erradicar al régimen corrupto”
fue enunciado por el tabasqueño de manera recurrente. Lo mismo en su discurso
como virtual triunfador de la contienda presidencial y tras el primer encuentro
con Enrique Peña Nieto, en Palacio Nacional, el 2 de julio.
Sin embargo, para el nuevo
gabinete que tomará posesión el 1 de diciembre, la odisea apenas está por
comenzar.
En la próxima etapa de
entrega-recepción de la administración pública se puede estar frente a una caja
de Pandora. Y de ello están conscientes algunos de los funcionarios que se ha
anunciado formarán parte de la nueva administración.
“La corrupción invade todo.
Nos vamos a encontrar con un monstruo de mil cabezas”, apunta Irma Eréndira
Sandoval, la economista designada por López Obrador para dirigir la Secretaría
de la Función Pública (SFP).
La economista reconoce que
“la corrupción es estructural” y que prevé encontrarse “con grandes desfalcos,
con grandes simulaciones en todas las áreas”.
A Sandoval y otros
funcionarios clave “nos tocará el proceso de entrega-recepción de todas las
secretarías y direcciones al nuevo gobierno”.
El reportaje de “La estafa maestra”
reveló que el gobierno federal, a través de 11 dependencias, otorgó contratos
ilegales por 7,670 millones de pesos; de estos, no se sabe dónde quedaron 3,433
millones. Imagen: Cuartoscuro
La académica e investigadora
se dice lista para enfrentar tal hidra:
“No voy a contentarme nada
más con arreglar los papeles y poner el escritorio en orden. No va a ser una
visión burocrática-administrativa sino una visión estructural, y eso implicará
un apoyo transversal de todos los miembros del equipo, de todo el gabinete, de
los senadores, diputados, y gente de cargos de elección popular, y sobre todo y
más importante con el apoyo de toda la ciudadanía”, explica la experta en
fiscalización quien, desde la UNAM, ha dirigido el Laboratorio de Documentación
y Análisis de la Corrupción y la Transparencia.
Su tarea entrañará
prácticamente levantar los escombros a los que en el sexenio de Peña quedó
reducida la SFP. Su plan, dice, “es hacer de la Secretaría de la Función
Pública un instrumento que instaure verdaderamente esa ética por la que luchó
Andrés Manuel toda su campaña y toda su carrera política. La Secretaría de la
Función Pública va a dejar de ser un despacho o una colección de oficinas, y se
va a volver un instrumento para la instauración de la nueva ética pública que
necesitamos para combatir la corrupción, para instaurar la probidad, para
mejorar la transparencia”.
En la SFP, adelanta a este
medio, los primeros cambios en términos normativos serán la protección de
informantes que podría incluir auspicio o recompensas directas a quienes
contribuyan a combatir la corrupción mediante denuncias o aporte de
información; mayor transparencia y candados en las compras públicas y
adjudicaciones para garantizar que se hagan con pulcritud así como la
vinculación del sistema electoral al Sistema Nacional Anticorrupción.
ERRADICAR CORRUPCIÓN, ¿ES POSIBLE?
La Cuarta Transformación de
México que López Obrador ha enunciado como meta de su gobierno implica la
promesa de “erradicar el régimen corrupto”. Pero, ¿es una promesa realista?
Newsweek en Español inquiere a Transparencia Internacional, la organización con
el diagnóstico y seguimiento más preciso sobre el deterioro de la corrupción en
México.
DESDE BERLÍN, EL DIRECTOR EJECUTIVO PARA LAS AMÉRICAS,
ALEJANDRO URIZAR PUNTUALIZA:
“La lucha contra la
corrupción difícilmente va a dar resultados de la noche a la mañana o de un mes
a otro, porque sus raíces son antiquísimas, entonces, creo que a lo que puede
aspirar este gobierno, y eso generaría expectativas más realistas en la
ciudadanía, es a sentar las bases de un sistema que transforme la forma de
hacer política, la forma de entender la función pública, y la forma de crear
instituciones. Si él tiene esa capacidad creo que va a sentar las bases para
que sean posibles resultados a largo plazo, resultados a futuro”.
Una investigación de The Wall Street
Journal reveló que Grupo Higa, durante los dos primeros años de gobierno del
presidente Enrique Peña, obtuvo contratos por 3,860 millones de pesos. Imagen:
Cuartoscuro
—¿Qué expectativas tiene Transparencia Internacional
con respecto al nuevo gobierno que tomó como bandera el combatir la corrupción?
—Cualquier nuevo gobierno, de
izquierda o derecha, representa una nueva oportunidad; pero para que esa
oportunidad se concrete y genere resultados se necesita no solo que el nuevo
partido en el gobierno ejerza su función, sino que también ejerzan su función
los partidos que no llegaron al gobierno. Parte de la cultura democrática que
ha ido cambiando en la región, y que tiene que ir profundizándose, es
precisamente eso: entender que no se construye un nuevo país a través de un
presidente, sino que es una alianza y es una relación, y son un conjunto de
intereses que tienen que alinearse para lograr sacar adelante un país en un
problema tan grande como es el de la corrupción.
“Me parece bastante positivo
—añade— que uno de los ejes de campaña del presidente electo haya sido la lucha
contra la corrupción. Eso es un punto a favor, pero para que se concrete,
debemos entender que también los partidos de oposición juegan un rol y que
también pueden sumarse o no a una lucha contra la corrupción a gran escala. Si
se logra, entonces esa nueva expectativa inherente a un nuevo gobierno quizá
pueda tener resultados a mediano plazo. Eso tendría que ser complementado por
un cambio en la cultura y en la actitud del político y del ciudadano en
general”.
La compañía brasileña Odebrecht pagó 8
millones de dólares a dos empresas que presuntamente pertenecen a Emilio
Lozoya, exdirector de Pemex, como pago por favores, según declaraciones de un
ex funcionario. Imagen: Cuartoscuro
LAS CLAVES DEL COMBATE
Robert Klitgaard, considerado
uno de los mayores estudiosos del tema formuló en los años ochenta una ecuación
para explicar la problemática: C=M+D-A, que traducido sería Corrupción =
Monopolio + Discrecionalidad – Rendición de cuentas.
Para resolverla no hay
fórmulas mágicas que se apliquen por igual a todos los países y contextos,
“pero sí hay elementos fundamentales para cualquier sistema o política
anticorrupción”, considera Alejandro Urizar.
Tales elementos, especifica,
se sustentan en la transparencia, “que significa acceso a la información, la
mayor disponibilidad de información hacia los medios y hacia cualquier persona
que desee tenerla”.
El segundo elemento es la
participación ciudadana. “En México la participación ciudadana debe
profundizarse en todos los ámbitos, porque es un complemento de la
transparencia, ya que si solo se publica información sobre la gestión pública,
pero no hay ciudadanos empoderados, o miembros de la sociedad civil, o medios
que utilicen esa información para controlar la gestión publica, la estrategia
queda a medias”.
El control es el tercer
elemento: “control que viene de la ciudadanía, pero también control
gubernamental. México cuenta con un entramado bastante extenso de instituciones de control pero habría que
fortalecer su independencia presupuestal, su eficiencia y eficacia”.
Transparencia Internacional,
en voz de Urizar, destaca la necesidad de que México cuente con un sistema de
justicia “firme, fuerte e independiente que castigue los actos de corrupción”.
Esta es una de las fibras más
sensibles para la ciudadanía: la impunidad en múltiples escándalos de
corrupción, como consecuencia también del deteriorado sistema de justicia.
El problema no es ajeno al
mundo: desde el exterior con preocupación se observó cómo durante el sexenio
peñanietista se sucedían casos igual de inauditos que impunes.
EN ENTREVISTA DESDE LIMA, EL JURISTA JOSÉ CARLOS UGAZ
SÁNCHEZ MORENO DICE A NEWSWEEK EN ESPAÑOL:
“El caso emblemático de los
desaparecidos de Ayotzinapa es un tema que sin duda alguna ha estremecido al
mundo y del que hoy, hasta la fecha, no se tienen mayores resultados; es un
caso de impunidad que no se explica en un país como México que, con los
recursos que tiene, no pueda avanzar la justicia para saber qué ha pasado en
una situación tan grave en materia de violación de derechos humanos”.
Alude también a otros temas
de corrupción: “están los vinculados a Lava Jato, y el involucramiento del
señor [Emilio] Lozoya [director de Pemex
de 2012 a 2016] y el círculo cercano al presidente saliente, que además tiene
todavía sellado ya con impunidad el tema de la casa blanca, que es un tema
grosero, y que creo que merecía una investigación más seria, más transparente y
con un resultado distinto”.
Estos son solo algunos de los
escándalos que la administración de AMLO heredará. Y también le tocará
responder por los litigios que enfrenta el Estado en tribunales internacionales
como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, herencia de sus predecesores.
Entre estos figura, por
ejemplo, el caso de la familia Alvarado, “desaparecida” en Chihuahua por
militares del 35 Batallón de Infantería, en el contexto de la “guerra” de
Felipe Calderón; el de las mujeres abusadas sexualmente y torturadas en San
Salvador Atenco, cuando Peña Nieto gobernaba el Estado de México (Newsweek en
Español, número 47, 24/11/2017). Ambos casos se encuentran ya en etapa de
sentencia en la CIDH, que tiene su sede en Costa Rica.
Cuando un tema de dichas
dimensiones llega a instancias internacionales es porque el sistema de justicia
del país no actuó de manera apropiada, precisa Ugaz. Así que, subraya, el
combatir la corrupción en el sistema de procuración de justicia es estratégico.
Para el destacado abogado y
conferencista sobre temas de corrupción y lavado de dinero en foros como la
APEC y la OCDE el nuevo gobierno mexicano deberá buscar tener independencia
real respecto al poder político, ya que “este es un principio sin el cual no se
puede hablar de justicia adecuada”.
Así lo explica: “En México
evidentemente ha habido problemas muy claros y muy marcados con el tema del
procurador general o fiscal de la nación, que era un dependiente político, y
luego ha habido una postergación de la designación de la nueva autoridad que ha
generado una parálisis en las investigaciones que de por sí han sido muy
débiles e incipientes en materia de combate a la corrupción. Si se cuenta con
un sistema de justicia independiente donde haya un ministerio público que no
esté infiltrado o presionado políticamente, y también una judicatura que actúe
con profesionalismo y sin tendencia política, uno puede esperar obtener
resultados mucho mejores”.
Peña Nieto tiene una casa en Las Lomas
de Chapultepec con un valor de 7 millones de dólares. Fue construida por Grupo
Higa, una de las empresas con más licitaciones de obra en el Edomex. Imagen:
Cuartoscuro
CAIGA QUIEN CAIGA
Aplicar justicia en casos de
corrupción en altos niveles es posible, y la historia personal de Ugaz Sánchez
Moreno da cuenta de ello: designado procurador ad hoc de la nación en el caso
Fujimori-Montesinos, a su cargo tuvo la investigación contra el expresidente de
Perú Alberto Fujimori, su asesor Vladimiro Montesinos Torres, y toda su red a
la que este abogado investigó hasta lo más profundo hasta lograr ponerlos en la
cárcel con sentencias de 25 años de prisión.
Así lo recuerda: “Fue una
trama de corrupción muy compleja que implicó la captura del Estado, y que en
los primeros 14 meses de investigación significó que se abrieran más de 200
procesos penales contra más de 1,500 funcionarios públicos y altas
personalidades del país involucradas en esta red de corrupción —y que demuestra
que sí se puede enjuiciar la corrupción en las mas altas esferas”.
—¿Qué le dice al nuevo gobierno que asumirá en
diciembre próximo?
—Lo primero es efectivamente
confirmar que es posible que se aplique la ley hasta en los niveles más altos,
caiga quien caiga hasta el final, y para eso se requiere tener una judicatura y
un ministerio público independientes, autónomos, profesionales, y con recursos
para que puedan llevar adelante esta tarea.
“Se hizo en el caso Fujimori
en Perú —puntualiza— y ahora el caso de Lava Jato, en Brasil; también es un
ejemplo de cómo fiscales y jueces profesionales, independientes, han sido
capaces de enfrentar fuertes grupos de poder político y económico, llevarlos a
prisión, esclarecer los casos, recuperar dinero. Ese vigoroso proceso
anticorrupción está ocurriendo en Perú, en Guatemala y en algunos otros países
donde la justicia está empezando a reaccionar, y México no debería ser la
excepción y creo que hay una gran oportunidad ahora con un nuevo gobierno”.
—¿Qué recomendación le haría?
—En primer lugar designar a un fiscal de la nación que sea
independiente, para que no haya ninguna suspicacia de que va a encubrir a
nadie: que tenga capacidad profesional y que se le den los recursos necesarios
para poder llevar adelante estas investigaciones; y lo mismo en el caso de
jueces y fiscales. Un compromiso que debería tomar el nuevo presidente es el de
la lucha contra la corrupción, caiga quien caiga, hasta el final.
CORRUPTORES, LA OTRA CARA DE LA MONEDA
La corrupción tiene dos
caras: la pública y la privada. Y el sector empresarial también ha jugado un
papel clave, en gran medida, queriéndolo o no en la cadena de corrupción. Por
tal razón, también los empresarios deben asumir su responsabilidad en la solución.
Así lo considera Alma Rocío Balcázar, una abogada colombiana especializada en
Derecho de Empresa de la Universidad de los Andes, con estudios en Ética y
Cumplimiento Empresarial del Instituto Ethics Resource Center de Washington.
Balcázar es una de las
mayores expertas a nivel internacional en estrategias y programas de integridad
corporativos, o dicho en términos más simples: enseña a las empresas por qué es
importante que eviten las prácticas corruptas. Esto, dice, ha dejado de ser
cuestión de voluntades puesto que “se ha convertido en una exigencia del
mercado, de los estándares internacionales y hasta de los mercados bursátiles;
porque, ahora, si una empresa quiere cotizar en bolsa, o crecer como
corporativo, debe respetar los estándares anticorrupción”.
“Las dos caras de la
corrupción son en el sector público: todo lo que tiene que ver con el cuidado
de los recursos públicos, que hay que cuidarlos porque son sagrados y están
para generar bienestar a la ciudadanía. Y la otra, en el sector privado tiene
que ver con la confianza, con la competencia justa y ética empresarial”,
explica a este semanario en entrevista desde Colombia.
Alma Rocío Balcázar, quien ha
brindado asistencia técnica a la OEA en misiones anticorrupción y en el diseño
de un modelo de Compliance anticorrupción empresarial (manual anticorrupción
para las empresas), considera que la nueva administración en México deberá
cerciorarse de que las empresas contratistas cumplan los estándares de control
interno contra la corrupción, “porque el empresariado actualmente tiene que
asumir esos estándares anticorrupción y el gobierno debe revisar que cumplan”.
A su vez “el nuevo gobierno
tendrá que decirle a la sociedad civil cómo estará implementando el marco
normativo anticorrupción, los avances, cada caso nuevo y su seguimiento. De lo
contrario será letra muerta”, asegura.
Por lo pronto, en sus
primeros días como presidente electo, Andrés Manuel López Obrador dialoga con
representantes de los distintos sectores en un clima de reconciliación. México
vive una transición que públicamente parece de terciopelo, sin embargo, el
equipo de transición se prepara para abrir varias cajas de pandora.
“Vamos a estar muy pendientes
de cómo nos entregan, y aplicar todo nuestro conocimiento en los procesos de
entrega- recepción, para ver en qué condiciones se nos entregan todas las
secretarías”, dice Irma Eréndira Sandoval reafirmando estar lista para el
arranque de la odisea.
El informe de la cuenta pública de 2015
de la Auditoría Superior de la Federación reveló que César Duarte defraudó al
erario por 4,600 millones de pesos. Imagen: Cuartoscuro
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN
—En 2017 México volvió a caer en el Índice de
Percepción de la Corrupción que realiza todos los años la organización
Transparencia Internacional. El país ocupa el lugar 135 de 180 naciones
evaluadas; en el mismo estudio de 2016 se ubicó en el sitio 123 de 176.
—El Índice de Percepción de la Corrupción de 2017
evaluó 180 países y midió aspectos como gobierno abierto, rendición de cuentas,
libertad de expresión, transparencia y niveles de integridad en el servicio
público. México tiene 29 de 100 puntos.
—En 2017, el Índice de Percepción de la Corrupción
evaluó con una calificación de 0 a 100 a 180 países. México obtuvo una
calificación de 29 de 100 puntos y empató con países como República Dominicana,
Honduras, Papúa Nueva Guinea, Paraguay y Rusia.
—El costo total a consecuencia de corrupción en la realización
de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con
autoridades en 2017 fue de 7,218 millones de pesos, lo que equivale a 2,273
pesos promedio por persona afectada.
—En el Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado
por Transparencia Internacional, México es el peor evaluado tanto en los países
que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) como en el G20.
—En 2015, 88 por ciento de la población mexicana
consideraba que los actos de corrupción eran frecuentes o muy frecuentes. En
2017, subió a 91 por ciento, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto
Gubernamental (ENCIG) 2017 de INEGI.
—Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto
Gubernamental (ENCIG) 2017, la tasa de víctimas de corrupción por cada 100,000
habitantes en, al menos, un trámite fue de 12,590 en 2015 y de 14,635 en 2017.
LA IMPORTANCIA DE RENDIR CUENTAS
En el combate a la corrupción
un tema medular es la cabal rendición de cuentas. No basta con que el gobierno
ponga a disposición de su ciudadanía datos o documentos de su ejercicio sino
“que el gobierno asuma la responsabilidad de lo que ofrece y por qué lo ofrece,
cómo va a conseguirlo, y que
permanentemente muestre los avances de metas y el impacto que estas tienen”,
explica, desde Argentina, Rosa Inés Ospina, fundadora de Rendir Cuentas, una
organización que trabaja en nueve países de la región, y desde donde crearon el
Estándar Global para la Rendición de Cuentas de las Organizaciones de la
Sociedad Civil.
Para que la rendición de
cuentas sea tal, añade, “es crucial que las organizaciones de la sociedad y la
ciudadanía sean interlocutores que exijan un buen gobierno, que exijan
información, explicaciones, y que se señale cuando no se cumple”.
La rendición de cuentas,
puntualiza Ospina, que ha sido asesora del Banco Mundial y la OEA, “exige una
relación dinámica entre aquel que está respondiendo y rindiendo cuentas y aquel
que lo recibe. En el caso del gobierno, el interlocutor por excelencia es la
sociedad organizada. Es importante por un lado que se exija esa rendición de
cuentas pero también que se haga algo con esa rendición de cuentas porque, de
lo contrario, la rendición de cuentas de un solo lado no es tal”.
Aunque México ha tenido
avances en materia de transparencia, precisa, “cuando se habla de rendición de
cuentas una ecuación fundamental es la relación dinámica entre quien tiene el
poder y está comprometido a hacer determinadas cosas y aquel que es sujeto a
esas acciones y este tiene que demandar y tiene que vigilar, interpelar,
confrontar, o denunciar si eso no se está dando”.
—¿Cuál es su recomendación para el nuevo gobierno en
México dadas las altas expectativas ciudadanas?
—Algo básico es que defina de
manera seria y transparente cuáles son las metas que busca alcanzar en términos
de fortalecimiento institucional, de lucha contra la corrupción; incluso, con
indicadores para que se les pueda hacer seguimiento, porque es importante que
la sociedad en su conjunto entienda a qué se está comprometiendo. Pero yo más
bien recomendaría a la sociedad civil en general que se organicen desde
distintos lugares y distintos roles para hacer seguimiento al conjunto de la
gestión del gobierno y sus ofertas de campaña.
(ANIMAL POLITICO/ ANA LILIA PÉREZ/ @ANALILIA_PEREZM/
NEWSWEEK EN ESPAÑOL/ JULIO 8 2018 07:00)
