ENCUENTRAN TRES CUERPOS EN EL RÍO COATZACOALCOS

* Servicios Periciales y Agentes de la Ministerial procedieron al lugar para las diligencias del levantamiento de los cuerpos que eran del sexo masculino, uno envuelto en un sarape con cal encima, otro ya en una osamenta a orillas de la laguna y el tercero estaba flotando en el agua

En estado de descomposición fueron localizados los restos de tres personas en el río Coatzacoalcos en el municipio de Nanchital, movilizándose personal de la Policía Estatal, Naval, Fuerza Civil y Municipal.

Esto se dio este sábado a la altura del lugar conocido como "El Infiernillo" y llevados al muelle ubicado por el campo El Polvorín.

Hasta el punto se movilizaron personal de la Policía Estatal, Naval, Fuerza Civil y Municipal. Se pidió la presencia de las autoridades ministeriales.

Servicios Periciales y Agentes de la Ministerial procedieron al lugar para las diligencias del levantamiento de los cuerpos que eran del sexo masculino, uno envuelto en un sarape con cal encima, otro ya en una osamenta a orillas de la laguna y el tercero estaba flotando en el agua.

El tercer cuerpo estaba a la altura de la terminal de autobuses de Segunda de la ciudad de Las Choapas. El cuerpo estaba adentro de una laguna, a unos 50 metros del río Coatzacoalcos, portando short de color azul, camiseta deportiva, de color negro y tenis de color negro con franjas de color rojos.

Al realizar la criminalística de campo el perito, no encontraron identificación alguna de los cuerpos quedando en calidad de no identificado.

(NOTIVER /E.G. DE LA CERNA/ FOTOS DEL CORRESPONSAL/24 JUNE, 2018,  07:05:00)

¿CULPABLE O NO? MILLENNIALS, DE LA SELFIE A LA JUSTICIA

Mientras usted lee, hay una persona en prisión que ni siquiera ha sido juzgada y cuya confesión fue obtenida mediante tortura y tratos inhumanos, como la ‘Señora A’ que tiene dos años esperando sentencia. Proyecto ‘Inocente’, formado por alumnos de Jurisprudencia de la UAdeC, busca transformar las leyes mexicanas y la vida de quienes han sido encarcelados injustamente

Calvario. Más de 72 horas esperan tan sólo para obtener una copia de su expediente, 72 horas en prisión que nadie les devuelve. Fotos: Orlando Sifuentes y Staff Vanguardia

Por: Quetzali García

Fotos: Orlando Sifuentes y Staff Vanguardia

Edición: Nazul Aramayo

Diseño en impreso: Édgar de la Garza

Su historia la leyeron todos, aunque nadie reparó en ella más allá de lo que contaron los medios. Estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado y con la persona equivocada. Se le acusa de cometer homicidio. Pero después del morbo mediático, el caso de la “Señora A” se traspapeló en actas judiciales y peritajes. Su presunción de inocencia pasó tan desapercibida como la tortura que sufrió para firmar papeles acusatorios. ¿Quién puede razonar mientras se tiene una bolsa en la cabeza, asfixiándole?

El nuevo sistema de justicia penal adversarial entró en vigor en junio de 2016 y, según el Informe 2017/2018 de Amnistía Internacional, “sigue reproduciendo los problemas del antiguo sistema inquisitivo, entre ellos la violación de la presunción de inocencia y el uso de pruebas obtenidas con métodos contrarios a los derechos humanos y otras pruebas ilícitas”. No todo está perdido, se han presentado al Congreso proyectos de ley que, de aprobarse, debilitarían las garantías de juicio justo y ampliarían el ámbito de aplicación de la prisión preventiva obligatoria, sin una evaluación judicial caso por caso.

Mientras llegan las reformas, la “Señora A” se marchita en la cárcel. Después de la “calentadita” (tortura) que le provocó estrés postraumático y una hemorragia, no tuvo acceso a su expediente y apenas conocía a su defensor de oficio. Su proceso –que en condiciones normales dura máximo ocho meses– se ha extendido dos años, en los cuáles nadie había reparado en escuchar su versión de los hechos, mucho menos a plantear juzgarlo con perspectiva de género.

 En la memoria de Polonio la palabra nadien se había clavado, insólita, singular, como si fuese la suma de un número infinito de significaciones. Nadien, este plural triste. 

De nadie era la culpa, del destino, de la vida, de la pinche suerte, de nadien”.

JOSÉ REVUELTAS, “EL APANDO”.

Y entonces llegaron a dar una plática al penal estos jóvenes de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), que seguro no se llamó “Millennials que salvan el mundo”, pero pudo. Hablaban sobre su proyecto “Inocente” que consiste en una clínica jurídica gratuita. Este grupo de estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC busca la liberación de personas que se encuentran injustamente en situaciones de prisión preventiva y fomentar legislación y reformas de leyes que disminuyan el número de condenas erradas y violaciones al principio de presunción de inocencia.

El objetivo de este grupo es “crear una transformación en las leyes mexicanas, que permitan un mejor trato a las personas durante su juicio a través de la revisión de casos de la vida real y de su litigación en los tribunales, impidiendo que se sigan utilizando investigaciones viciadas para condenar inocentes”.

En otras palabras, una segunda oportunidad para la “Señora A” y, a través de su ejemplo y otros casos, sentar precedente para poner en la mesa las reformas que tanto han exigido a México organizaciones humanitarias como la ONU, la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y Amnistía Internacional (AI).

Buscan justicia. El Cereso donde está la “Señora A” promueve el acercamiento de clínicas legales para que orienten a quienes carecen de medios y dependen de un defensor de oficio.

Estos jóvenes parecen sacados de una serie de televisión gringa. De esas de las que pasa Trump, después de ver Fox News por horas, cenar su Big Mac con malteada y decir cosas como “la tortura funciona” en entrevistas a noticieros. De esas que hacen que cualquiera organice maratones y tiemble en set de  juzgados. Por ejemplo: “Suits”, amén de la famosísima Meghan Markle, “Scandal” y “How to get away with murder”.

Estos estudiantes tienen una pasión desbocada por cada caso, conocen los pormenores de memoria y hacen frente a las adversidades de la burocracia con los exámenes y la grilla típica de su facultad. Pero antes que todo, están las ganas de generar un cambio real. Aunque el caso de la “Señora A” sigue en litigio, ella recuperó la esperanza gracias a su encuentro fortuito. Ahora están con ella las personas indicadas, en el lugar indicado, por la causa indicada.

INOCENTE

El proyecto “Inocente” entrevista a internos de los penales varoniles y femeniles para la seleccionar los casos de personas que son candidatos para la asesoría, así como apoyo en la defensa de las causas penales seguidas en su contra, a través de la investigación profesional y la litigación estratégica.

 Sigue reproduciendo los problemas del antiguo sistema: la violación de la presunción de inocencia y el uso de pruebas obtenidas con métodos contrarios a los derechos humanos”.

AMNISTÍA INTERNACIONAL, INFORME 2017-2018.

No conozco a la “Señora A” más que por lo que se ha escrito de ella. Sus declaraciones me hacen querer preguntarle cosas. Pero por el momento legal y para evitar una revictimización, los abogados y especialistas descartan una entrevista. No insisto.

“Señora A” sufre estrés postraumático, es difícil que cierre los ojos sin volver al peor día de su vida. Cuando la sometieron para conseguir una declaración, vomitó porque su cuerpo no podía más. Es un acto reflejo porque elementos de la Policía de una ciudad lagunera le pusieron una bolsa en la cabeza hasta que se le acababa el oxígeno. Asfixia con método seco, le llaman a esta forma de tortura que por tercera vez aplican para conseguir su confesión. “A ver si ahora sí con la bolsa hablas, a ver si aguantas. Pónsela a la cabrona para que…”, dicen los oficiales.

Respuesta. El gran fracaso de este modelo de justicia es que en caso de resultar inocente, el sistema sólo plantea un “que le vaya bien y para su casa”. El resto es una guerra burocrática.

Amnistía Internacional tiene el video “Hooded” (https://vimeo.com/44532519), en el que se vive en multimedia la tortura en primera persona. “Nada justifica esto. Nada hace que sea correcto”, reza al final el estremecedor cortometraje. El director suizo Camille Herren describe lo que vivió la “Señora A”. Y a pesar de los efectos y las luces, resulta estremecedora la grabación que coincida con lo que han vivido las personas despojadas de todos sus derechos humanos.

LA BOLSA

Un objeto antes inofensivo casi mató a la “Señora A”. Lo que es la vida: un día antes de que este caos se le viniera encima y se encontrara tras las rejas, pensó que una bolsa podía cambiarlo todo. En ella echó sus pocas pertenencias, ropa y las vitaminas que le dieron porque todavía le daba pecho a su bebé, “ahora sí iba a dejarlo”.

Iba a dejar al hombre que se quería casar con ella “aunque ya tuviera hijos”. Claro, en su pedida de matrimonio omitió que después le prohibiría verlos e incluso amenazaría con matar al niño más pequeño si lo dejaba. En el trato tampoco estaba que le quemaría las manos con lo que compraron con sus ahorros: una parrilla eléctrica.

 Las fuerzas policiales mexicanas utilizan en forma recurrente la tortura y los malos tratos, incluyendo violaciones, asfixia y descargas eléctricas”.

NILS MELZER, RELATOR ESPECIAL DE LA ONU.

No me imagino a la “Señora A” echando la parrilla en su maleta improvisada. Ya era mucho lo que cargaba después de ser la pareja de un drogadicto violento, de vivir con cicatrices y quemaduras desde el primer mes de relación y de mentirle a su familia: “fue el café… los frijoles… pues es que me caí”.

El hombre que la defendió en el barrio cuando se burlaban de ella, porque todavía después de cumplir 30 años no podía pronunciar la “r”, decidió que no. Ella no se iba.

Horas después y apenas a tres metros de la “Señora A”, el hombre cometió un crimen –homicidio– que se persigue de oficio. Así fue el último día en “libertad” de la mujer y desde entonces cayó al precipicio de la tortura y un sistema judicial sin reformas. ¿Alguna vez fue libre la “Señora A”?

Estrés postraumático. Es difícil que cierre los ojos sin volver al peor día de su vida. Cuando la sometieron para conseguir una declaración, vomitó porque su cuerpo no podía más.

LA TORTURA

¿A qué distancia estamos todos de volvernos un rompecabezas humano con la cara y el cabello llenos de sangre, sudor y vómito envuelto en un plástico delgadito, sujetado por la mano de “los que nos cuidan”, dado el contexto de derechos humanos que se vive en este país?

“Me pusieron la bolsa y me pegaron en la cara, que ‘vas a decir esto y lo otro’ y dije ‘pues qué quieren que diga si yo no sé nada, realmente yo no sé’, ‘que tú sí sabías’ y, bueno, así muchas cosas. Y ahí me estuvieron pegue y pegue, de hecho, uno me dijo ‘ya di la verdad, si dices la verdad sales y ahorita estás con tu hijo’ y yo ‘qué quieren que diga, yo no sé nada’, y eso fue lo que pasó en el momento que me agarraron; y así hasta ese momento. El lugar donde me tenían era como oficinas, cuando salí de ahí ya me llevaron, así como a las celdas en ese mismo lugar, salí del cuartito y me llevaron a esa celda, y ahí me tuvieron. Ya ahí en el momento en que me pusieron, en eso llegaron como dos, no sé de qué eran, que me dijeron, porque me dijo uno ‘ahorita te voy a dar una buena calentada, vas a ver ahorita’, nada más que ese día llegaron mi mamá y mi hermano, por eso fue que ya no me dieron esa golpiza, eran un hombre y una mujer, no sé, que dijeron ‘ahorita vas a ver, ahorita hasta te vas a hacer pipí, vas a ver cómo te va a ir ahorita’, nomás que en eso, le digo, llegaron mi mamá y mi hermano, por eso ya se fueron, no sé de dónde eran ellos, eso fue cuando ya me tenían aquí en la celda, ya en los separos, ya que ahí me tenían, me estaban diciendo eso”, declaró la “Señora A”.

 Los atropellos más comunes son entrar en un domicilio sin permiso, intervenir comunicación sin orden de un juez y obligar a confesar con maltrato”.

CARLOS JAIME CASTRO, ASESOR DE “INOCENTE”.

Su testimonio empata con las declaraciones en 2017 del suizo Nils Melzer, entonces relator especial de Naciones Unidas: “Las fuerzas policiales mexicanas utilizan en forma recurrente la tortura y los malos tratos, incluyendo violaciones, asfixia y descargas eléctricas”. El representante de la ONU en México señaló entonces que la práctica de la tortura y los malos tratos son “generalizados” y serían perpetrados por “las fuerzas de seguridad y agentes de investigación (… y) comúnmente usada para la obtención de confesiones o como método de castigo”. En el informe de ese año, la ONU solicita  a México que no haya “excepciones a la regla de exclusión de las pruebas obtenidas mediante tortura”.

Problema. La tortura por parte de los elementos y el sistema judicial es una realidad en nuestro país, organismos civiles e internacionales han denunciado los casos y exigen que cese esta violencia.

La hermana de la “Señora A” dice que se enteró por el periódico. Una nota donde ya se le consideraba culpable. Pasando por alto cualquier proceso legal, en ese impreso se daba por descontado que estaba de acuerdo con su pareja para cometer el crimen. Un caso que ya va para dos años fue “juzgado” mediáticamente de un día a otro.

Culpable o no, diría Luis Miguel, la “Señora A” ya vive en el Cereso Femenil municipal, “A” convive con otras internas, su nuevo hogar es un ejemplo a nivel nacional, pues supera el promedio de indicadores de bienestar del promedio del país en el último informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). El personal se siente tan comprometido con el desarrollo de las internas que busca y promueve el acercamiento de este tipo de clínicas legales para que orienten a quienes no tienen los medios y dependen de un defensor de oficio.

En entrevista, el asesor de “Inocente”, el licenciado Carlos Jaime Castro, describe su misión como abogados: “Se debe buscar defender a su representado. Y en caso de ser culpable, se debe buscar que la sentencia sea justa y que las pruebas con que las que sea juzgado sean obtenidas sin violar derechos humanos fundamentales. En apariencia son ´formalidades´, pero que repercuten trascendentalmente en el desarrollo de un litigio. Los atropellos más comunes son entrar en un domicilio sin permiso, intervenir comunicación sin orden de un juez y obligar a confesar con maltrato”.

 Me pusieron la bolsa y me pegaron en la cara, que ‘vas a decir esto y lo otro’ y dije ‘pues qué quieren que diga si yo no sé nada, realmente yo no sé’, ‘que tú sí sabías’… Y ahí me estuvieron pegue y pegue”.

“SEÑORA A”, DETENIDA EN PRISIÓN OFICIOSA PREVENTIVA DESDE HACE DOS AÑOS.

En el caso de la “Señora A”, “se plantea que hubo una situación de mucha violencia previa de su pareja. Tan así, que uno de sus actos terminó con ella detenida. Y esto es una escena común por el contexto social del país. Y se corre el riesgo de que si no se juzga con perspectiva de género, la persona se vuelve víctima de una relación y posteriormente del sistema”.

Ella sentía que nadie le hacía caso. La “Señora A” le manifestó a su familia e incluso a personal del Cereso que su defensa, antes de la revisión por parte de “Inocente”, no hizo nada por ella. Por ejemplo, nunca le preguntó su versión de los hechos y se omitió el derecho a ser juzgada con perspectiva de género y el derecho a no ser torturada.

Uno de los grandes retos que se presentaron para “Inocente” es la medusa de la burocracia. Para obtener una “copia del expediente se tardaron 72 horas. Esto responde a las viejas prácticas del sistema legal anterior, pero cuando tienes a una persona privada de la libertad por prisión preventiva oficiosa se traduce en tiempo que está dejando de vivir”, explicó el asesor.

“La prisión preventiva oficiosa, cuando no hay una investigación adecuada, se convierte en una de las peores cosas que tiene el sistema judicial mexicano. Y se resumen en un ‘primero te encierro y después pregunto si fuiste tú’”, detalló Carlos Jaime Castro.

 Me dijo uno ‘ahorita te voy a dar una buena calentada, vas a ver ahorita’, nada más que ese día llegaron mi mamá y mi hermano, por eso fue que ya no me dieron esa golpiza”.

“SEÑORA A”, DETENIDA EN PRISIÓN OFICIOSA PREVENTIVA DESDE HACE DOS AÑOS.

ARTÍCULO 19

Aunque en el Artículo 19 constitucional se plantea la prisión preventiva oficiosa para delitos muy graves, se pasa por alto que hay malas investigaciones, que todavía se siembran pruebas, que agarran al que no es y que es un calvario estar encerrado mientras se prueba la inocencia. Si el juez dice “es sospechoso”, desde ese momento el indicado está encerrado sin ser culpable, sólo por el tipo de delito. Si sale tras el juicio y es declarado inocente, no sale con antecedentes penales. Pero sí con un registro de detención de que la persona estuvo en el penal.

El gran fracaso de este modelo es que en caso de resultar inocente, el sistema sólo plantea un “que le vaya bien y para su casa”. El resto es una guerra burocrática. Por ejemplo, quienes han padecido esto, se tardan seis meses en obtener su INE. Las personas que estuvieron en prisión pagando un crimen que no cometieron o esperando que se sacara una copia de su expediente, al ser libres andan por ahí sin identificación y sin todos los derechos que ésta les da, como abrir una cuenta de banco y tener un empleo estable. Las empresas serias no los contratan para evitar problemas con Hacienda. ¿A qué pueden recurrir? A ahogarse en préstamos, que se les pague mal en “raya” o redelinquir para comer.

 El lugar donde me tenían era como oficinas, cuando salí de ahí ya me llevaron, así como a las celdas en ese mismo lugar, salí del cuartito y me llevaron a esa celda, y ahí me tuvieron”.

“SEÑORA A”, DETENIDA EN PRISIÓN OFICIOSA PREVENTIVA DESDE HACE DOS AÑOS.

“Inocente”, inspirado en un proyecto de la Universidad de Nuev York, recibió de parte de la Universidad Autónoma De Coahuila (UAdeC) la presea Lobo 2018 por su compromiso social. Sus integrantes: Vicente Manuel Acosta Dávila, Giovanni Hernández Espitia, Mónica del Carmen Flores Almaraz, Rodrigo Cárdenas Salinas, Darío Natan García Guerrero, Nadia Jiménez Escareño  y su asesor Carlos Jaime Castro están comprometidos con la lucha por los derechos humanos y han tenido el apoyo del director de la Facultad de Jurisprudencia, el licenciado Francisco Luis Yáñez Armijo, y el rector de la UAdeC, el ingeniero Salvador Hernández Vélez.

TORTURA EN MÉXICO

> En febrero, el relator especial de la ONU sobre la tortura hizo público un informe de seguimiento a una visita anterior a México, realizada en 2014. En él concluyó que la tortura y otros malos tratos seguían siendo generalizados e incluían un uso alarmante de la violencia sexual como método de tortura frecuente.

> En junio entró en vigor una nueva ley contra la tortura, de aplicación nacional y que reemplazó la legislación estatal y federal vigente. Las organizaciones de la sociedad civil recibieron con agrado la nueva ley, por considerarla un avance que incorporaba las normas internacionales mejor que la legislación anterior.

> La Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura de la Procuraduría General de la República reportó, en 2017-2018, 4 mil 390 casos de tortura en revisión a nivel federal e inició 777 investigaciones según el nuevo sistema de justicia adversarial.

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Apenas a tres metros de la “Señora A”, el esposo asesinó a una persona. Ese fue el último día en libertad para la señora, desde entonces permanece en cárcel y sin juicio.

El esposo tiene un historial de violencia contra la “Señora A”, es un hombre que le ha provocado quemaduras y otras heridas, además amenazó con matarle a su hijo menor.

Elementos de la Policía municipal torturaron a la “Señora A” para que declarara el crimen, le pusieron una bolsa en la cabeza para asfixiarla y confesara.

La burocracia jurídica del Estado le negó a la “Señora A” conocer su expediente, además el abogado defensor no le preguntó por su versión de los hechos.

DATOS

4 mil 390 casos de tortura en revisión a nivel federal en 2017-2018 reportó la PGR.

777 investigaciones inició la PGR por tortura según el nuevo sistema de justicia adversarial.

 Dijeron ‘ahorita vas a ver, ahorita hasta te vas a hacer pipí, vas a ver cómo te va a ir ahorita’, nomás que en eso, le digo, llegaron mi mamá y mi hermano… eso fue cuando ya me tenían aquí en la celda”.

“SEÑORA A”, DETENIDA EN PRISIÓN OFICIOSA PREVENTIVA DESDE HACE DOS AÑOS.

RECOMENDACIONES EN LOS CASOS DE “INOCENTE”

> Acceso a un proceso psicoterapéutico de  su confianza que le permita recuperar la confianza en sí mismo, así como disminuir de manera significativa la sintomatología psicológica.

> Que se investigue sobre los presuntos hechos de tortura y/o malos tratos cometidos.

> Que las víctimas no sean expuestas a platicar su experiencia sin supervisión profesional, pues de lo contrario se favorecería la revictimización de la persona.

>Que se tomen en cuenta, acorde a la perspectiva de género, la situación de violencia que la examinada vivía antes de los hechos que la llevaron a su detención.

>Que se tomen las medidas necesarias para garantizar la reparación del daño causado de conformidad con los estándares internacionales de protección que obligan al Estado mexicano a que dicha reparación sea integral; es decir, que no sea solamente en términos económicos, sino que también sean de carácter emocional y moral.

“INOCENTE”, CLÍNICA JURÍDICA GRATUITA, SIGUE RECIBIENDO CASOS EN:

Teléfono: 8441381050

Correo electrónico: inocentefdj@gmail.com

Facebook: Inocente

(VANGUARDIA/ QUETZALI GARCÍA/ Sábado, Junio 23, 2018 - 20:28)

‘LEVANTAN’ A 9 POLICÍAS EN GUANAJUATO; HORAS MÁS TARDE LIBERAN A 8

Nueve elementos de la Policía preventiva de Uriangato, Guanajuato, fueron privados de su libertad por unas horas este viernes por varios sujetos armados que los “levantaron” en dos camionetas. Por la noche, ocho de ellos fueron abandonados en el libramiento de Yuriria a la carretera federal. Uno de ellos no ha sido localizado.

Aunque el asunto se manejó con hermetismo por parte de las autoridades estatales y municipales, quienes no han dado una versión oficial de lo sucedido, se pudo conocer que la privación de la libertad de los policías se produjo cuando se efectuaba el cambio de turno, poco antes de las 8:00 horas del viernes, informó la agencia Apro.

Sujetos armados en dos camionetas habrían aprovechado que los preventivos del turno nocturno salían de sus labores, para hacer el secuestro masivo.

Se implementó un operativo con personal federal, el Ejército, policías ministeriales y municipales para su localización, mismo que se prolongó por todo el día.

Cerca de las 19:00 horas, se reportó a los números de emergencia de Uriangato y municipios vecinos que sobre el libramiento de Yuriria se encontraba una camioneta abandonada, en cuyo interior había varias personas.

Al acudir preventivos de Yuriria, se encontraron con que eran ocho de los nueve agentes levantados horas antes. El vehículo estaba estacionado cerca del acceso a la comunidad El Timbinal.

Los preventivos fueron encontrados atados de manos y pies y con las bocas cubiertas por cinta.

De acuerdo con medios de la región –en límites con Michoacán- los agentes secuestrados dijeron que habían sido amordazados y no supieron a qué lugar fueron llevados, además de que confirmaron que uno de sus compañeros no fue devuelto con el resto del grupo.

(RIODOCE/REDACCION/  23 JUNIO, 2018)

DEJAN CORONAS FÚNEBRES Y AMENAZAS CONTRA CANDIDATO DEL PRI EN ACAPULCO

Un grupo armado colocó una decena de coronas fúnebres en la sede del PRI municipal del puerto de Acapulco donde dejaron mensajes con amenazas de muerte contra los hermanos Irving y Carlos Granda Castro, el primero es actual diputado local y el segundo candidato a legislador por el distrito 6, ambos por el tricolor.

El hecho se reportó a las 4:00 horas en calle Cerro Azul del fraccionamiento Hornos Insurgentes en pleno centro del principal destino turístico de la entidad donde se encuentran las oficinas del PRI municipal, indican informes oficiales, informó Proceso.

En el lugar fueron encontradas una decena de arreglos florales con dos mensajes escritos sobre cartulinas que con los siguientes:

“Esta es la prueba de cómo toda la ciudadanía ya estamos hartos de toda la basura que el PRI y los homosexuales de los hermanos Granda nos hacen, pues ahora será al revés. Ellos nos amenazan que si no vamos a los eventos de su partido nos cobran el doble de cuota y nos matarán, ya estamos hartos. Así que así será la ley del Talión. No es una advertencia, ni amenaza, es la realidad. Atte. La ciudadanía de Acapulco”.

Los hermanos Granda Castro son propietarios de una cadena de establecimientos comerciales denominados Pollos Granda, enfocado en la venta de aves de granja y ubicados en varios puntos del puerto de Acapulco.

También, han ocupado cargos de elección popular postulados por el PRD y ahora Carlos Granda, es el candidato a diputado local por el distrito 6 del PRI y su hermano Irving es diputado en la actual legislatura local también por el tricolor.

Ambos, están enfocados en hacer campaña junto al candidato a presidente municipal del PRI, Ricardo Taja, quien ha sido acusado en narco mantas de realizar presuntos negocios al amparo del poder con los hermanos Héctor y Ricardo Astudillo Calvo, los hijos del gobernador Héctor Astudillo Flores.

Además, Javier Taja, hermano del candidato a edil porteño del PRI, se desempeña como director del organismo constructor de vías carreteras del gobierno estatal.

Hasta el momento, la dirigencia del PRI en la entidad no ha fijado una postura ante este hecho de intimidación contra su candidato a diputado local y el legislador priista.

(RIODOCE/ REDACCION/ 24 junio, 2018)

ATACAN CASA DE GOBIERNO DE TAMAULIPAS

Extraoficialmente se informó que los atacantes dejaron una manta presuntamente con amenazas al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca

La ola de violencia sigue en Tamaulipas, durante las primeras horas de hoy, la Casa de Gobierno de Tamaulipas fue rafagueada.

Reportes de la policía local señalaron que cerca de las 04:00 horas un comando realizó varios disparos en la Casa de Gobierno, ubicada sobre Bulevar Tamaulipas, dejando a un policía herido y una patrulla de la policía estatal con daños.

Metros adelante autoridades de la entidad localizaron una camioneta modelo Durango año 2004, en la cual presuntamente viajaban los atacantes.

En el interior se localizaron 4 armas largas, 23 cargadores, una pistola, 4 chalecos antibalas, 2 cascos tácticos, 2 fornituras y 2 tiradores de calle, las cuales fueron aseguradas por las autoridades.

Extraoficialmente se informó que los atacantes dejaron una manta presuntamente con amenazas al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Hasta el momento, ni el gobernador, ni las autoridades de justicia han dicho algo respecto al ataque en Ciudad Victoria.

(REPORTE INDIGO/ RUBÉN ZERMEÑO/ JUN 24, 2018) 

PROMETIÓ CORREGIR LA ESTRATEGIA Y ABATIR LA VIOLENCIA; EPN DEJA, 6 AÑOS DESPUÉS, UN PAÍS EN LLAMAS

Hace seis años, Enrique Peña Nieto prometió en su campaña electoral abatir la violencia y llevar más “seguridad” y “libertad a los mexicanos”. Hoy, en la recta final de su mandato, mayo registra las cifras más sangrientas desde que, en dos décadas, se lleva un registro oficial de indicadores criminales.

El año pasado fue el más violento en la historia contemporánea del país y se pronostica que el horror no sólo no bajará, sino que 2018 será el peor del sexenio y por tanto marcará récord, advierte el Observatorio Nacional Ciudadano.

Especialistas, académicos y organizaciones califican a la actual administración como un fracaso y un desastre en materia de seguridad. “El nivel que ha alcanzado la violencia y la generalización de la misma, que es lo que más preocupa, tiene relación con la baja calidad del Gobierno de Peña, con haber bajado los brazos a esperar que transcurriera su Presidencia y a estar más preocupados por seguir robando”, considera Clara Jusidman, presidenta de la asociación civil INCIDE Social.

Ciudad de México, 24 junio (SinEmbargo).- Tadeo Velázquez de la Rosa tenía sólo ocho meses de edad cuando murió el pasado 21 de mayo por las quemaduras sufridas en el 90 por ciento de su cuerpo, tras el incendio intencional a un camión urbano donde viajaba con su joven madre, Elizabeth de la Rosa. El bebé y su madre, de 26 años, fueron víctimas circunstanciales de un ataque perpetrado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Guadalajara.

Durante su campaña electoral, Enrique Peña Nieto, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), prometió a los ciudadanos abatir la violencia y “corregir la estrategia de seguridad […] para devolver a todos los mexicanos el orden; pero sobre todo libertad”. Así es como se promocionaba en uno de sus sports de televisión hace seis años.

El pequeño Tadeo, quien apenas sería bautizado, es una de las víctimas mortales del pasado mes de mayo, periodo que presentó las cifras más sangrientas desde que se realiza oficialmente el registro del crimen en el país [1997], con un total de 2 mil 530 carpetas de investigación abiertas por homicidio doloso a nivel nacional.

Es así como la actual administración federal rompió sus propios “récord de violencia por mes”, tendencia que ha sido casi constante desde junio del año anterior, pues mayo desplazó a octubre de 2017 –que registró con 2 mil 380 homicidios dolosos–, superando a junio, que reportó 2 mil 238 asesinatos, y a mayo de 2017, que registró 2 mil 193 asesinatos.

De cara a la elección federal del próximo domingo 1 de julio, el mandato de Enrique Peña Nieto llega con un funesto desempeño en materia de seguridad, que se hace evidente en las cifras de violencia, pues éstas ya superaron a las de su antecesor, el panista Felipe Calderón Hinojosa, quien lideró un sexenio letal para los mexicanos, luego de lanzar su llamada “guerra” contra el crimen organizado.

Por ejemplo, mayo de 2018 reportó 422 asesinatos más que el mismo mes de 2011, considerado el periodo más violento en la administración de Felipe Calderón.

En el Gobierno de Calderón se registraron 102 mil 859 carpetas por homicidio doloso (de diciembre de 2006 a noviembre de 2012 ). En lo que va del sexenio de Peña Nieto (de diciembre de 2012 a junio de 2018 ) se reportaron 109 mil 542 carpetas por homicidio doloso, 6 mil 683 más que la administración de Calderón y 34 mil 965 más que en el Gobierno del también panista Vicente Fox Quesada, que finalizó con 74 mil 577 homicidios dolosos, de acuerdo con el número de carpetas abiertas.

En junio, seis policías municipales fueron asesinados tras un enfrentamiento a fuego cruzado con ladrones de combustible en Puebla. Foto: Especial

El robo con violencia reporta 103 mil 759 carpetas iniciadas de enero a mayo de este 2018, un 14.12 por ciento más que en los primeros cinco meses  de 2017, que acumularon 89 mil 99, y un 14. 04 por ciento más  con respecto al mismo periodo de 2013, que registró 89 mil 187.

La extorsión registró su punto más álgido en 2013, con un total de 8 mil 213 carpetas de investigación iniciadas. El delito disminuyó a 5 mil 128 en 2015. Sin embargo, para 2016 regresó la tendencia al alza y en 2017 se reportaron 5 mil 649 carpetas abiertas por extorsión, 7.2 por ciento más que en 2016, que cerró con 5 mil 267.

Mientras que con Felipe Calderón hubo 13 mil 681 desapariciones en seis años, actualmente el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) registra al menos 35 mil 424 personas desaparecidas.

Los colectivos de familiares de desaparecidos consideran que hay más de 50 mil personas desaparecidas en el país, y no las 35 mil que reportan las cifras oficiales

LA ESTRATEGIA FRACASADA

El doctor José Antonio Álvarez de León, especialista en políticas públicas de la Universidad Autónoma de México (UNAM), califica a la actual administración como un fracaso en materia de seguridad. El académico consideró que los dos primeros años del Gobierno de Peña Nieto fueron la etapa de “la herencia y retos”, en los se que debió plantear la estrategia de seguridad pública para enfrentar el sexenio.

“Evidentemente el Presidente asume una administración complicada en términos de seguridad por la violencia desatada en la lucha contra el crimen organizado”, expuso el especialista en entrevista con SinEmbargo.

Enrique Peña Nieto recibió un país con una tasa de 18.33 homicidios dolosos por cada cien mil habitantes (en 2012), de acuerdo con las cifras oficiales. En 2014 disminuyó 29.3 por ciento a 12.96 por cada cien mil habitantes, que fue la tasa más baja del sexenio.

En la primera etapa, los indicadores mostraban un avance, el punto máximo de violencia estaba en 2011 y parecía que el país iba en camino a recuperarse de los efectos violentos de la guerra contra el narco de Calderón. Sin embargo, para 2015 la violencia nuevamente repuntó.

El académico de la UNAM calificó la etapa intermedia de EPN como la evidencia del rezago.

“A la mitad del sexenio, el Presidente no sólo no pudo enfrentar esa herencia sino que no cumplió las expectativas en términos de control y presencia política, de seguridad y de fuerza del Estado”, explicó.

Para 2016, con un total de 20 mil 547 carpetas de investigación abiertas, el homicidio doloso subió 21.51 por ciento: 3 mil 638 carpetas más que en el 2015, que reportó 16 mil 909 casos, según muestran las cifras oficiales. La tasa de asesinatos por cada cien mil habitantes subió de 13.97 a 16.80, es decir, 16.84 por ciento.

“La impunidad, los homicidios dolosos, el fracaso en la plena implementación del sistema justicia, los problemas de profesionalización de la policía, todos estos conflictos se han quedado cargados de rezago”, detalló el investigador.

En 2017, la tasa fue de 20.50 homicidios por cada cien mil habitantes, un alza de 22.02 por ciento con respecto a 2016, que reportó una tasa de 16.80 y creció 58.17 por ciento en comparación con 2014 [con 12.96 homicidios dolosos por cada cien mil habitantes]. Respecto a 2013, el primer año de este sexenio, la tasa se acrecentó un 11.83 por ciento.

En 2017 aumentaron ocho de los 10 delitos de alto impacto a nivel nacional, de acuerdo con datos del Observatorio Nacional Ciudadano. Una carpeta de investigación por robo con violencia se abrió, en promedio, cada 2 minutos y 16 segundos en el país, lo que es equivalente a una tasa de 188.04 carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes.

El robo a vehículo creció 14.34 por ciento (186 mil 896 carpetas de investigación) y a casa habitación 0.27 por ciento (84 mil 559).

El delito de robo a negocio se disparó 27.76 por ciento (93 mil 334 carpetas de investigación) y a transeúnte 24 por ciento (82 mil 042 carpetas de investigación).

Respecto al delito de secuestro, el informe señala que cada 4 horas y 57 minutos se registró una víctima en los 12 meses del año anterior, lo que corresponde a mil 768 víctimas y a una tasa de 1.43 víctimas por cada 100 mil habitantes.

En la etapa final del sexenio, a la que Álvarez León denomina “el fracaso”, se ha desatado la violencia “y, pese al aumento de presupuesto en materia de seguridad, los índices delictivos se mantienen a la alza”, destaca.

El gasto gubernamental en contención de violencia, que agrupa el presupuesto para las fuerzas armadas, gasto de seguridad interna, y gasto en el sistema judicial, creció 73 por ciento en los últimos diez años, de acuerdo al más reciente informe de Índice de Paz 2018.

De 142.4 mil millones de pesos destinado en el 2007 [primer año de Calderón] pasó a 229.5 mil millones de pesos en 2012 [último año del panista].

El primer año de Enrique Peña Nieto [2013] se destinaron 222 mil 100 millones de pesos para la contención de la violencia. En 2016 se asignaron 264.3 mil millones de pesos y para 2017 ese gasto se redujo a 246.5 mil millones de pesos.

“Tras subir 86 por ciento el presupuesto en la década anterior, el gasto gubernamental federal se redujo 7 por ciento el 2017 con respecto al 2016, tras subir un 86 por ciento en la década anterior, destaca el documento.

Actualmente, México gasta el 1 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) en seguridad interna [44.5 mil millones de pesos] y en su sistema judicial [102.9 mil millones de pesos], lo cual representa sólo 60 por ciento del promedio de los países de la OCDE, dice el Índice de Paz.

No obstante, los montos presupuestarios no se reflejan en una verdadera contención de la violencia.

“No hay seguridad, no hay coordinación con los estados, se ha manejado mucho dinero en sistemas de inversión de justicia, que tampoco ha demostrado a plenitud el funcionamiento y la lógica de seguridad. Tampoco ha disminuido el problema carcelario, entonces los retos están ahí pero a través del fracaso”, considera el doctor José Antonio Álvarez de León.

En 2017, el 87 por ciento de las víctimas de homicidio fueron hombres, 71 por ciento de ellos adultos o mayores de 18 años. Foto: Cuartoscuro

OÍDOS SORDOS A UN GRAN PROBLEMA

Una de las características de la actual administración federal fue la falta de reconocimiento de los problemas, empezando por los repuntes de inseguridad, de acuerdo con diversos especialistas y observadores.

Francisco Rivas, director del Observatorio Ciudadano (ONC), expuso en entrevista con SinEmbargo que en materia de seguridad faltó estrategia y, además, el tema se asumió con superficialidad.

“Nosotros fuimos la primera organización que dijimos que estaba creciendo el secuestro, la extorsión, y en ese entonces el Secretario de Gobernación, Osorio Chong, dijo que no sabíamos contar […] Después, hace dos años, empezamos a advertir del crecimiento de homicidio, y en ese entonces salió Renato Sales Heredia, [titular de Comisión Nacional de Seguridad] a decir que éramos irrespetuosos, que era un análisis sesgado y que no reconocíamos los grandes avances en seguridad […] entonces, el año pasado tuvimos el peor año materia de homicidios en la historia y todo apunta a que este año será aún más violento”, detalló.

El doctor José Antonio Álvarez de León explica que el fracaso en el tema de seguridad, no sólo es por los indicadores del resurgimiento de la violencia, sino porque “la inseguridad se da en muchos aspectos más que en la violencia y los homicidios dolosos”.

La paz en México retrocedió por segundo año consecutivo en 2017 al caer 11 por ciento con respecto al 2016, acuerdo al Índice de Paz, un estudio realizado por Instituto para la Economía y la Paz (IEP) para analizar el nivel con base a cinco indicadores: tasa de homicidios, delitos con violencia, cárcel sin sentencia y crímenes de la delincuencia organizada

La violencia domestica aumentó 32 por ciento de enero de 2015 a diciembre de 2017. “No es solo la violencia criminal o en las calles, es la violencia que está en las casas, la violencia extendida a las dinámicas interpersonales [..]. Esto nos habla de un deterioro mucho más amplío. Hablamos de una cultura y relaciones interpersonales más violencias”, expresó Carlos Juárez, presidente de IEP durante la presentación del documento en abril pasado.

El estudio considera que el crecimiento de la violencia no sólo se debe a crímenes de la delincuencia organizada, sino también a que las personas que pueden sentirse empoderadas por la debilidad del Estado de derecho

En ello coincide el investigador de la UNAM “hay un problema de autoridad, de presencia de la autoridad, liderazgo, por supuesto de capacidad para mantener el orden”.

NO SÓLO LO DICEN LOS ESPECIALISTAS

La percepción de inseguridad subió 3.2 puntos porcentuales en lo que va de la administración de Peña Nieto. Pues pasó de 72.3 por ciento entre marzo y abril de 2013, a 74.3 por ciento, de 2017.

En primer trimestre del último año de Felipe Calderón -2012-, un 66.6 por ciento de los mexicanos encuestados por el INEGI  dijeron sentirse inseguros en el estado en el que vivían. En ese periodo, el estado que expresó sentir mayor inseguridad fue Nuevo León con un 86.2 por ciento, seguido de Estado de México con un 84.5 por ciento; Tamaulipas con un 82.9 por ciento y Chihuahua con 82. 7 por ciento.

En el primer trimestre del penúltimo año de Enrique Peña Nieto,  Estado de México presentó un mayor número de ciudadanos que se sentían inseguros:  90.7 por ciento. En segundo lugar, Guerrero con 86.9 por ciento de la población .

A nivel nacional la percepción de inseguridad subió  72.3 por ciento a 74.3 por ciento entre marzo y abril de 2013 al mismo periodo de 2017.

La percepción ciudadana de impunidad se ha triplicado durante los últimos cinco años pues pasó de 7 por ciento en 2012 a 20 por ciento en 2017.

En México a cada ciudadano la violencia le costó 33 mil 118 pesos en el 2017, es decir, cuatro salarios mensuales de un trabajador promedio, de acuerdo al índice de Paz.

El costo de la violencia en el país fue de 4.7 billones de pesos en el año anterior, lo que equivale al 21 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, ocho veces más de lo que se invierte en salud y siete veces más que lo destinado a la educación.

Además, al menos mil nuevas empresas de seguridad privada se abrieron entre 2010 y 2016 en el país, es decir, un alza de 32 por ciento, detalla el informe.

LUCHAR CONTRA MEDUSA

“¿Por qué se llevan a gente inocente?”, fue el sentido clamor que recogieron medios de comunicación de Carlos Alexis Velázquez, padre del pequeño Alexis Tadeo, víctima del azote de terror que ha logrado imponer el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Enrique Peña Nieto prometió cambiar la estrategia de seguridad y obtener resultados. Sin embargo sostuvo el planteamiento de la depuración con la “decapitación” de los grupos delictivos.

Al arranque de la administración se establecieron 122 objetivos relevantes, presuntos criminales considerados como las cabezas o como piezas claves en las estructuras delictivas.

En el V Informe de Gobierno federal, se jactaba de haber neutralizado a 107 de estos 122 objetivos [93 detenidos y 14 fallecidos].

Sin embargo, para especialistas esto no es suficiente.

Francisco Rivas del Observatorio Nacional Ciudadano sostiene que “no hay una estrategia de seguridad” sólo acciones que no han dado resultados contundentes desde hace mucho tiempo.

“Lo que ha venido haciendo Enrique Peña Nieto es aparentemente detener a ciertos capos”, pero detener a ciertos capos no ha demostrado ser la solución, comentó.

Rivas destaca que la falta de inteligencia y de estrategia, de combatir sus estructuras financieras, ha permitido que los delincuentes se rearmen y se expandan.

De acuerdo al especialista, las acciones para detener solo a los capos no se han transformado en una desarticulación de bandas, ni en mermar las capacidades de los grupos delictivos.

“Hoy los grupos criminales son mas violentos y están más armados. Yo creo que hoy no hay una estrategia sino acciones y esas acciones por sí mismas no van a lograr reducir la incidencia de los homicidios; pero no se trata nada mas de reducir los homicidios sino mejorar las condiciones de justicia en el país”, detalló el director del ONC.

El Cártel Jalisco Nueva Generación es uno de los que más ha destacado durante la actual administración. Este grupo criminal es considerado por la Drug Enforcement Administration (DEA, por sus siglas en inglés) como “el Cártel del sexenio”, por su rápida expansión, y por ser el de mayor crecimiento y brutalidad durante el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.

Desde su fundación, en julio de 2010, el CJNG –liderado por Rubén Oseguera Cervantes, alías “El Mencho”– se ha empeñado en posicionarse como el cártel de la droga dominante en territorio mexicano, y lo ha logrado a través de enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad del Gobierno mexicano, así como con sus enemigos, entre los que destacan Los Zetas y el Cártel de Sinaloa, quienes han visto mermado su poderío tras la captura de sus principales líderes, reportan informes de la DEA.

La promesa de cambiar la estrategia también fue rota con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, altamente criticada y la cual, volvió a colocar a México en la lupa de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos que alertan que la militirización,- sacar a los soldados a la calle para tareas de seguridad- traerá más violaciones de derechos humanos a la nación,  la cual ya de por sí enfrenta una crisis en esta materia. Las advertencias de las organizaciones simplemente no fueron escuchadas.

Clara Jusidman Rapoport, presidenta de INCIDE Social AC, describe a la administración como un desastre.

La especialista comentó que una de las fatalidades fue concentrar las secretarías de seguridad en la Secretaría de Gobernación (Segob).

“Siempre señalé que era un error tener en la misma secretaría a las fuerzas de seguridad con los mecanismos de gobierno responsables de vigilar derechos humanos, porque las que más violentan a los derechos humanos son las fuerzas de seguridad. Particularmente la Procuraduría General de la República ha sido utilizada facxionamente como un instrumento de gobierno para las elecciones”, comentó la experta a SinEmbargo.

Otra falla está en el Poder Judicial, explica la especialista.

“Toda la estructura de impartición y procuración de justicia se sigue concentrado en la atención de las élites y no ha contribuido a enfrentar la impunidad”.

En el país hay sólo 4.2 jueces por cada cien mil habitantes, “cifra muy por debajo del promedio global. Croacia, país con el índice más bajo de impunidad, cuenta con 45 jueces por cada cien mil habitantes”, de acuerdo al IGI-2017.

El proyecto “Impunidad Cero” plantea que la probabilidad de que un delito sea resuelto en nuestro país es tan solo de 0.9 por ciento. “De este tamaño es la impunidad en México”, destaca el informe presentado a finales de 2017.

“En México de cada 100 delitos que se cometen, sólo 6.4 se denuncian; de cada 100 delitos que se denuncian, sólo 14 se resuelven, por lo que la probabilidad de que un delito cometido sea resuelto en nuestro país es tan solo de 0.9 por ciento”, explica la proyecto que investiga los niveles de impunidad en la República Mexicana.

México encabeza, nuevamente, la lista de países del continente americano con alto índice de impunidad, seguido de Perú, Venezuela, Brasil, Colombia, Nicaragua, Paraguay, Honduras y El Salvador, de acuerdo al Índice Global de Impunidad del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas Puebla (IGI-2017).

Nuestro país ocupa el lugar 66 de 193 estados miembros de las Naciones Unidas en materia de impunidad.

“El problema de la impunidad en México es funcional y estructural, no nació con el actual gobierno, sin embargo se observa un aumento crítico en las estadísticas delictivas. Esto podría deteriorar futuras mediciones de la impunidad”, indica el estudio.

La corrupción es otro lastre distintivo del actual gobierno, destaca Jusidman.

“Los niveles de corrupción alcanzados por este Gobierno federal han sido históricos. Yo no recuerdo en toda mi vida, y ya son una persona mayor, el nivel de corrupción como la que hay. Hay un nivel de colisión con el crimen organizado, ejemplos dramáticos, como la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa”, comenta.

VIOLENCIA POLÍTICA

Clara Jusidman destaca que el “desastre se refleja en la violencia política que vivimos actualmente con el número de candidatos y funcionarios asesinados por el crimen organizado”.

Al menos 122 actores políticos han sido asesinados desde el inicio del proceso electoral, el 8 de septiembre, hasta el 16 de junio.

En el Quinto Informe de Violencia Política en México 2018, la consultoría Etellekt registra un total de 465 casos de agresión contra actores políticos en nuestro país durante el actual proceso electoral.

Finalmente, Jusidman Rapoport concluyó que “el nivel que ha alcanzado la violencia y la generalización de la misma –que es lo que más preocupa– tiene que ver con la baja calidad de Gobierno de Peña, con haber bajado los brazos a esperar de que transcurriera su Presidencia y a estar más preocupados por seguir robando”.

(SIN EMBARGO/ SUGEYRY GÁNDARA/ 24 DE JUNIO 2018)

DETIENEN A TODA UNA CORPORACIÓN POLICIACA POR ASESINATO DE CANDIDATO EN MICHOACÁN

El director de la policía del municipio de Ocampo es sujeto a investigación por el homicidio en contra del candidato del PRD a dicha alcaldía, Fernando Ángeles

Dalia Martínez / Michoacán

El director de Seguridad Pública del municipio de Ocampo y 27 elementos más de la policía municipal fueron detenidos la madrugada de este domingo, por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), para ser investigados por su presunta responsabilidad en el homicidio del candidato del PRD a la alcaldía de ese lugar, Fernando Ángeles Juárez.

El sábado por la tarde, la SSP intentó detener al director de la corporación municipal, pero los mismos oficiales impidieron a sus homólogos estatales que se llevarán al directivo y se enfrentaron a golpes, con piedras y palos.

Todo el cuerpo de Seguridad Pública del ayuntamiento de Ocampo ahora está siendo investigado. El subsecretario de Seguridad Pública, Carlos Gómez Arrieta, dijo esta mañana que los policías municipales serán puestos a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado y que la seguridad del municipio quedará bajo el mando de la Policía de Michoacán.

El jueves pasado, el candidato del PRD a la alcaldía del municipio de Ocampo, situado en el oriente del estado, fue asesinado a las puertas de su casa, mientras se disponía a emprender eventos de campaña.

Un día antes fue igualmente ultimado a tiros el candidato independiente del municipio de Aguililla. Hasta el momento, las autoridades judiciales sólo han detenido a una persona como presunto responsable del crimen de un candidato del PAN, ocurrido el pasado 14 de junio, en el municipio de Taretan.

(ARISTEGUI NOTICIAS/REDACCIÓN AN/ JUNIO 24, 2018 4:34 PM)