Policías federales y
estatales de Chihuahua se disputaron durante la madrugada de este sábado, la
custodia de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, a Antonio Enrique Tarín García y a
Gerardo Villegas Madriles, los tres con procesos penales abiertos por presuntos
delitos de corrupción.
Ayer viernes por la noche, en
el momento en que estaban bajo custodia de la PF durante una audiencia, Gerardo
Moreno García, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del
Reclusorio Norte de la Ciudad de México, ordenó al jefe de la corporación en
dicha entidad, trasladar al penal ubicado en la capital de la República a los
tres implicados en los presuntos desvíos de 250 millones de pesos al Partido
Revolucionario Institucional (PRI).
La orden de traslado fue
dictada en la causa penal 24/2018 por Moreno García, durante una audiencia
celebrada en el reclusorio capitalino, que inició a las 19:00 horas y concluyó
a las 21:35 horas, y en la que estuvieron presentes interconectados vía
videoconferencia desde una sala del Centro de Justicia Penal Federal de
Chihuahua, el ex secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional (CEN)
del PRI, Gutiérrez Gutiérrez, así como Tarín García y a Villegas Madriles, ex
directores de Adquisiciones y de Administración de la Secretaría de Hacienda de
la entidad, en el gobierno César Horacio Duarte Jáquez.
Los abogados de Tarín García
y Villegas Madriles, pidieron al juez federal que, aprovechando que en ese
momento sus clientes estaban custodiados por elementos de la PF, ordenara
trasladarlos esta misma noche al Reclusorio Norte, al concluir la audiencia.
Los litigantes argumentaron
que las autoridades estatales de Chihuahua de forma reiterada han incurrido en
actos ilegales y de mala fe para impedir el cambio de penal de sus
representados, desacatando una y otra vez las órdenes judiciales y presentando
amparos.
Los defensores de los ex
funcionarios mencionaron que la orden que ayer viernes dictó un juez del fuero
común para mantener presos a los procesados en el penal estatal fue emitida en
una audiencia celebrada contra el consentimiento de los acusados y sin la
presencia de sus abogados.
Ayer viernes, la Fiscalía
General del Estado informó que el Juez de Control del Distrito Judicial
Morelos, Eduardo Alexis Ornelas Pérez, consideró inconveniente el traslado de
los imputados al Reclusorio Norte, en la Ciudad de México, ya que cuentan con
otras causas penales por el delito de peculado agravado, e indicó que “existe
un impedimento jurídico” para su traslado.
Ornelas Pérez enumeró los
procesos locales pendientes que enfrentan cada uno de los sujetos: Alejandro
Gutiérrez, causa penal 4094/2017 por el delito de peculado agravado; Antonio
Enrique Tarín, causas penales 1260/2017, 2289/2017, 1841/2017 y 2675/2017, por
el delito de peculado agravado; y Gerardo Villegas, causas penales 1260/2017,
2299/2017 y 2289/2017 por el delito de peculado agravado.
Asimismo, la Fiscalía estatal
confirmó que en la causa atraída por la Federación (24/2018), los imputados
recluidos en el Centro de Readaptación Social (Cereso) estatal, No. 1, en
Aquiles Serdán, pueden estar presentes mediante el uso de videoconferencias,
“ya que se cuenta con la infraestructura pertinente”.
Ante ello, los abogados de
Tarín García y Villegas Madriles pidieron al juez federal autorizar el uso de
la fuerza pública para ejecutar el traslado, ante la resistencia de las
autoridades chihuahuenses. Sin embargo, Moreno García respondió que este
recurso debía analizarlo con mayor detenimiento porque podría derivar en un
enfrentamiento entre agentes del orden.
Incluso el juzgador reconoció
que en algún momento valoró ordenarle a las Secretarías de la Defensa Nacional
(Sedena) y de la Marina (Semar) llevar a cabo el traslado de los tres acusados,
sin embargo, dijo, al final decidió que fuera la PF.
“Ordeno a usted que la PF
realice el traslado de los tres gobernados si algún elemento (de alguna
autoridad) le lleva un oficio, dígales que los tres deben ser trasladados a
este Reclusorio Norte”, le instruyó el juez al jefe de la Policía Federal en
Chihuahua, quien estaba junto con los imputados en la videoconferencia.
Ante ello, tanto la Policía
Federal y como la Estatal desplegaron operativos con decenas de elementos para
disputarse la custodia de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, a Antonio Enrique
Tarín García y a Gerardo Villegas Madriles, quienes iban a ser trasladados al
aeropuerto de la capital de la entidad y de ahí llevarlo, vía aérea, a la
capital del país, para así cumplir con la orden del juez federal.
Sin embargo, los agentes
estatales arribaron al sitio a fin de impedir tal traslado, y se apostaron
alrededor del edificio judicial a fin de garantizar que Gutiérrez regresara al
Centro de Readaptación Social (Cereso) estatal, No. 1, en Aquiles Serdán.
Según lo informaron medios
locales, tras casi una hora de tensión entre las dos corporaciones, finalmente
un convoy de por lo menos 30 patrullas de la Policía Estatal se llevaron de
nueva cuenta a su celda en la prisión local, a los acusados de desviar
alrededor de 250 millones de pesos del erario para campañas políticas del PRI,
a través de contrataciones de servicios simulados con la Secretaría de
Educación del Estado de Chihuahua y empresas facturadoras.
Gutiérrez Gutiérrez fue
detenido en Saltillo, Coahuila, el 20 de diciembre del año pasado. Se encuentra
recluido por dos procesos penales de presunto peculado agravado, uno por 250
millones de pesos, 246 de los cuales se triangularon, supuestamente, desde la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hacia la administración del ex
gobernador César Horacio Duarte Jáquez.
Todo ello a través de
empresas fantasma, y después entregados al PRI para las campañas estatales del
2016, en Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo. Por esta investigación, Gutiérrez
Gutiérrez recibió seis meses de prisión preventiva. Mientras que el segundo proceso
es porque una empresa propiedad del también ex senador, supuestamente recibió
un millón 740 mil por servicios que nunca prestó, por lo que se le dictó la
medida cautelar de un año de prisión preventiva.
El diario estadounidense The
New York Times publicó un reportaje en el que afirmó que Gutiérrez Gutiérrez
era un “aliado” del presidente Enrique Peña Nieto. Además, citó documentos a
los que tuvo amplio acceso en los que se vincula a Manlio Fabio Beltrones
Rivera, ex presidente nacional priista, como la cabeza de un amplio plan para
saquear el dinero público y destinarlo a las campañas estatales del PRI en
2016.
Por otra parte, la Fiscalía
General del Estado de Chihuahua informó que a Antonio Enrique Tarín García, “se
le acreditó plenamente que a través de servicios no prestados y falsas
adquisiciones se cometió el desvío de 120 millones de pesos del erario
público”, cuando este era el ex director de Adquisiciones de la Secretaría de
Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, por lo que el 13 de mayo del
2017 fue vinculado a proceso, con una medida cautelar de prisión preventiva.
El gobernador Javier Corral
Jurado acusó de forma directa al Gobierno Federal encabezado por Enrique Peña
Nieto, de una represión contra su estado, por las investigaciones que lleva a
cabo sobre probables delitos de corrupción del ex mandatario estatal, César
Horacio Duarte Jáquez, y de posible desvío de recursos al PRI.
El gobernador chihuahuense
acusó que el Gobierno de Peña Nieto no quiere detener a César Duarte, pero si
detiene los recursos para el estado, ya que hay “una evidente intención” de
“estrangular” a Chihuahua, además de que se está utilizando a la SHCP, como
“instrumento de control político” contra los mandatarios estatales que
investigan hechos de corrupción.
Corral Jurado narró que el
pasado 4 de enero sostuvo una reunión con el titular de la SHCP, José Antonio
González Anaya, y con otros altos funcionarios de Hacienda Federal, y que en
ella se le comunicó que no le serían depositados 900 millones de pesos de
participaciones federales que le corresponden a Chihuahua.
“Nos deben 900 millones de
pesos, 700 del convenio firmado el 4 de diciembre para el saneamiento
financiero, más 120 del programa de saneamiento financiero para enero, más 80
de otros tres convenios”, afirmó Corral Jurado en ese momento.
Sin embargo, el pasado 3 de
febrero, se destrabó de forma momentánea el conflicto político, cuando Corral
Jurado, y el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alfonso Navarrete
Prida, otorgaron una conferencia conjunta, en la que informaron que
suscribieron “una serie de acuerdos honorables”.
(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS CARLOS ÁLVAREZ/SÁBADO, 12 MAYO, 2018 09:45 AM)
