México tiene hoy más médicos y
hospitales públicos que hace 19 años, cuando inició el siglo XXI. Sin embargo,
la insatisfacción promedio de los servicios de salud –particularmente en el
IMSS, ISSSTE y Seguro Popular– se extiende al 52.6 por ciento de la población,
por lo que cerca de un tercio de los mexicanos afiliados a un esquema de
seguridad pública se ha visto obligado a pagar por servicios de salud privados
luego de su última atención ambulatoria.
Ciudad de México, 9 de
febrero (SinEmbargo).– El sistema de salud de México –pese a las mejoras de los
últimos años– está “fragmentado” y tiene “inequidades marcadas en el acceso y
la calidad” de sus servicios, de acuerdo con la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2016). En la actualidad, el
sector público produce el 54.6 por ciento de los bienes y servicios de salud,
mientras que el 45.4 por ciento restante es producido por el sector privado,
refieren datos de la “Cuenta satélite del sector salud de México 2017”.
Aunque las cifras de la
Secretaría de Salud (SSA) indican que el 82.2 por ciento de los mexicanos está
afiliado a servicios públicos de salud, esto no implica que la población tenga
la garantía de ser atendida de manera adecuada y oportuna.
En 2017, por ejemplo, el 56.7
por ciento de los usuarios de servicios públicos (IMSS, ISSSTE y Seguro
Popular) reportó “deficiencias” que, según la información del Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), contribuiría a que
los usuarios hayan “tenido que pagar por un servicio de salud privado”.
Así, al día de hoy, cerca de
un tercio de los mexicanos afiliados a un esquema de seguridad pública optó por
servicios privados luego de su última atención ambulatoria.
Lo anterior se debió,
principalmente, a factores como la “conveniencia de los servicios” (ubicación,
horarios y días de atención) y a la “calidad de la atención” (o el trato en el
servicio), según la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT).
Tan sólo en los últimos 17
años, las pólizas privadas vigentes –por accidentes personales, de gastos
médicos mayores y de salud– experimentaron un boom en México.
Entre 2001 y 2017, el número
de pólizas individuales fue seis veces mayor, al pasar de 860.9 mil a 6.2
millones, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
(CNSF). La cantidad actual de personas que tienen algún seguro privado,
equivale al cinco por ciento de la población mexicana.
Hoy en día, el sector privado
de la salud es tan importante que, sin él, la cantidad de médicos públicos por
ciudadano (uno por cada 502) sería insuficiente para cubrir los estándares
mínimos internacionales (uno por cada 333).
Las dos grandes retos del
nuevo Secretario de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela, serán el financiamiento
y la unificación del sector salud, para garantizar el acceso universal a los
servicios. No obstante, el “ambicioso” plan podría no consolidarse en este
sexenio, se lee en “AMLO. Equipo de trabajo y agenda” del PT. Foto: SSA.
LA SALUD PRIVADA
Desde la década de los
setenta, “la medicina privada ha fortalecido su capacidad para prestar
servicios […] a pesar de que este crecimiento esté asociado directamente con el
gasto del bolsillo del consumidor”, se lee en el estudio “Desempeño del sector
privado de la salud en México” (2013) de la Fundación Mexicana para la Salud
(Funsalud).
El crecimiento del sector
privado –abunda– “no ha sido planeado ni regulado, y se ha generado
aprovechando la sobreoferta de médicos de los años ochenta”. Pero con el transcurso
de los años, además de haber más regulaciones, el desempeño del sector privado
en la salud de los mexicanos ha cobrado importancia.
Hasta la fecha, del total de
unidades hospitalarias y de consulta externa en todo el territorio nacional,
“el 88 por ciento pertenece al sector público y solamente 12 por ciento a
instituciones privadas”, refiere la SSA.
Durante el sexenio de Vicente
Fox Quesada, entre 2004 y 2006, las unidades del sector privado aumentaron en
3.7 por ciento. No obstante, durante los mandatos de Felipe Calderón Hinojosa y
de Enrique Peña Nieto, las unidades privadas experimentaron un encogimiento de
-2.5 y menos cinco por ciento, respectivamente.
Como consecuencia, entre 2004
y 2017, las unidades hospitalarias y de consulta externa del sector privado
pasaron de tres a 2.9 mil. En un periodo similar, de 2001 a 2015, las unidades
del sector público aumentaron en 38 por ciento, al pasar de uno a 1.4 mil.
Pese a la reducción en
infraestructura, entre 2001 y 2016, la cantidad de médicos privados explotó en
114 por ciento, al pasar de 59.1 a 126.3 mil en todo el territorio nacional. En
cambio, entre 2011 y 2015, la cantidad de médicos públicos aumentó en 69.4 por
ciento, al pasar de 142.8 a 242 mil.
La proporción de médicos
privados –en relación con aquellos públicos– es tan importante que sin ellos,
México no tendría la posibilidad de cubrir la demanda mínima de médicos a nivel
nacional, que según los estándares de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), asciende a un médico por cada 333 ciudadanos.
En la actualidad, por cada
grupo de 502 mexicanos hay un médico público (esto es 51 por ciento menos
médicos de los que recomienda la OMS). Si a ellos sumamos a los médicos
privados (uno por cada 971 mexicanos), el país alcanza el nivel mínimo
recomendado a nivel internacional.
Según las cifras oficiales
del Inegi y de la SSA, fue hasta 2015 que México pudo superar el déficit de
médicos, al alcanzar una proporción de uno por cada 326 ciudadanos (2.1 por
ciento más médicos del mínimo establecido por la OMS).
Con Vicente Fox Quesada,
entre 2001 y 2006, el promedio de ciudadanos por médico fue de 454 (36.2 puntos
porcentuales por debajo del ideal); con Felipe Calderón Hinojosa, entre 2007 y
2012, fue de 383 (15 por ciento menos); y con Enrique Peña Nieto, entre 2014 y
2015, fue de 335 (0.5 por ciento superior al ideal de la OMS).
LA SALUD PÚBLICA
En México, según la OCDE, “el
gasto empobrecedor en salud ha disminuido de 3.3 a 0.8 por ciento de la
población” –lo que no implica que gasten menos– y “han mejorado los parámetros
clave como la mortalidad infantil y las muertes por infartos cardíacos o accidentes
cerebrovasculares”.
Sin embargo, asegura que hay
problemas que despegaron de manera crítica, como el sobrepeso u obesidad en
adultos (1 de cada seis tiene diabetes) y menores de edad (uno de cada tres
niños sufre de sobrepeso). Hoy, México tiene más del doble de adultos con
diabetes que el promedio de los países miembro de la OCDE y el mayor índice de
sobrepeso infantil.
En su balance, la
organización refiere que los esfuerzos del Gobierno federal –como la puesta en
marcha (en 2004) del Seguro Popular, que extendió la cobertura de seguro de
salud a 50 millones de personas más y que se tradujo en un ahorro para el
bolsillo de los mexicanos de 12.6 por ciento desde 2009– “no han logrado
traducirse en una mejor salud ni en un mejor desempeño del sistema [de salud]
como se hubiera deseado”.
Esto tiene que ver con la
manera en que el Estado invierte en seguridad social y con la forma en que
opera.
Actualmente, la mayor parte
(54.6 por ciento) de los bienes y servicios de salud del país son del sector público,
hecho reforzado con el aumento de la cantidad de hospitales y médicos del
Gobierno entre 2001 y 2015 (en 38 y 69.4 por ciento, respectivamente).
A pesar de contar con más
médicos y hospitales que los del sector privado, “en el sector público es evidente
la carencia de médicos especialistas, contrario a la afluencia en el sector
privado”, se lee en el informe “Sobre la Salud de los Mexicanos 2016″ de la
SSA.
Dicha situación ha obligado a
que “los derechohabientes del sector público recurran a los servicios
especializados privados, generando a la vez una deficiente calidad del servicio
de salud, así como un gasto de bolsillo”.
Las cifras del Inegi indican
que el 50.4 por ciento (122 de 242 mil) de los médicos de instituciones
públicas son especialistas, aunque la SSA refiere que “se puede suponer que la
mayoría de los médicos especialistas se encuentran en el área de
hospitalización, mientras que [hay] muy pocos concediendo consultas externas”.
Lo anterior es preocupante si
consideramos que, entre 2001 y 2014, las consultas externas en instituciones
públicas aumentaron en 35.3 por ciento, al pasar de 245.7 a 332.3 millones (al
cierre de cada año).
La falta de médicos en
unidades de consulta externa y el creciente número de consultas externas
coincide con el aumento de 33.9 por ciento (de 8.9 a 11.9 millones) en el
número de consultas externas del sector privado, en el mismo periodo.
Por otro lado, la
concentración de médicos especialistas en hospitales públicos coincide con el
alza en la carga de trabajo hospitalaria, misma que se duplicó entre 2003 y
2013, al pasar de una a dos camas por médico.
Como consecuencia general al
aumento de trabajo y a la mala distribución de los médicos del sector público,
los indicadores de satisfacción con el servicio han ido a la baja.
Entre 2011 y 2017, la
insatisfacción promedio de los servicios de salud públicos (en el IMSS, ISSSTE
y Seguro Popular) pasó de 38.7 a 52.6 por ciento, de acuerdo con cifras del
Inegi y de la SSA. Empero, en ese mismo periodo, la percepción negativa de las
instalaciones hospitalarias del sector público mejoró, al pasar de 54 a 36.9
por ciento.
COBERTURA E INVERSIÓN
Para la OCDE, el sistema de
salud público mexicano, “sin duda, ha progresado” en los últimos 10 años.
Empero, en México aún persisten “grandes problemas” como la fragmentación y la
inequidad relativas a su servicio.
Por un lado, el sistema de
salud de México “continúa como un conjunto de subsistemas distintos, cada uno
con diferentes niveles de atención, dirigido a diferentes grupos, con precios
diferentes y con resultados diferentes”, se lee en su estudio “Sobre los
Sistemas de Salud: México 2016”.
Por el otro, “la afiliación a
un subsistema no está determinada por la necesidad, sino por el empleo de la
persona. Junto con esta inequidad –abunda– existen muchas ineficiencias en el
sistema”, siendo que “millones de mexicanos pertenecen a más de un esquema de
aseguramiento y muchos millones más, parecían no saber si estaban protegidos
por un seguro de salud público cuando fueron encuestados”.
De acuerdo con las cifras del
Inegi y de la SSA, el conjunto de asegurados públicos (IMSS, ISSSTE, Pemex,
Sedena, Semar, seguros estatales y Popular) asciende a 133.2 millones de
personas, mientras que la población de México está compuesta por 125.3
millones, según las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo).
Considerando la tasa de
cobertura actual (82.2 por ciento), al menos 22 millones de registros serían
resultado de la pertenencia de connacionales a más de un esquema de
aseguramiento.
En contraste, toda vez que la
cobertura médica avanzó en México entre 2008 y 2016 (la falta de acceso pasó de
38.4 a 15.5 por ciento poblacional), en el país aún hay 19 millones de personas
que no cuentan con atención médica por parte del Estado, de acuerdo con datos
del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(Coneval).
A este problema se suma el
reto de proporcionar cobertura universal de salud con calidad, con impacto real
en la mejora de los niveles de salud de la población.
En ese sentido, la OCDE
señala que la esperanza de vida para los mexicanos (75 años) es inferior al
promedio (81 años) del resto de sus 34 países integrantes.
La problemática sobre la
calidad de los servicios públicos de salud, además de una “reforma de largo alcance”
para acabar con el sistema fragmentado e inequitativo en el acceso (OCDE),
requiere de una redistribución de la inversión pública, que estanca al
desarrollo social y que golpea los bolsillos de la población.
En México, la inversión de la
gente en salud (20.9 mil pesos anuales) es inferior a la media de los miembros
de la OCDE (77.5 mil pesos anuales). Y según la Cuenta satélite del Gobierno
federal, el gasto es destinado, sobre todo, a la compra de medicamentos (53 por
ciento), seguido del desembolso en consultas (16 por ciento), bienes y
servicios de apoyo (15.5 por ciento), servicios hospitalarios (11.1 por ciento)
y “otros” servicios (4.4 por ciento).
Mientras que el gasto de los
mexicanos en medicamentos, seguros y hospitales aumentó en 11 por ciento real
desde 2011, en el último año (2017-2018) el gasto neto total en el Ramo 12
Salud del Gobierno federal se contrajo en 6.1 por ciento (equivalente a 7.5 mil
mdp menos).
Esta tendencia es contraria
al aumento presupuestario de los periodos 2003-2006 (105.1 por ciento),
2007-2012 (140.1 por ciento) y 2013-2018 (15.5 por ciento), de acuerdo con
datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La reducción presupuestaria
durante el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto abonó a la reducción de
las inversiones directa y en inversión física del sector, a la baja continua
durante su mandato.
Por un lado, entre enero y
noviembre de 2013 y 2018, la inversión directa en salud del Gobierno federal
decayó en 92.6 por ciento (al pasar de 351 a 26.1 mdp). Sólo entre 2017 y 2018,
el presupuesto para el rubro retrocedió en 89.4 por ciento (220 mdp menos).
En cambio, la inversión
física cayó, en ese mismo periodo, en 16.7 por ciento (pasó de 5.4 a 4.5 mil
mdp). En el último año, su decremento fue de 28.7 por ciento (equivalente a 1.8
mil mdp menos).
(SIN EMBARGO/ EFRÉN FLORES/09 DE FEBRERO 2019)
