miércoles, 21 de noviembre de 2018

LAS 7 CÉLULAS DEL CRIMEN ORGANIZADO QUE SON HERENCIA DEL CÁRTEL DE LOS BELTRÁN LEYVA



Foto: Tomada de Internet

A través de sus operadores más cercanos, el poder de esta familia criminal se dispersó en nuevas células que siguen operando en distintas regiones de México

El cártel que fundaron los hermanos Beltrán Leyva –Arturo, Héctor, Alfredo y Carlos– es ejemplo de la capacidad regenerativa del narcotráfico en México, pues de su tronco seco nacieron al menos 7 grupos criminales que operan en distintos estados de México.

Estos son: los "Rojos", los "Mazatlecos", los Ruelas Torres, los Granados, los "Ardillos", el Cártel Independiente de Acapulco y el "2 mil".

Expertos en crimen como Martín Gabriel Barrón, investigador del Instituto de Ciencia Penales (Inacipe), lo advierte: "La detención o privación de la vida de líderes de organizaciones delictivas no elimina en automático el problema de la delincuencia organizada". Al contrario, lo que ha provocado es su multiplicación.

Barrón explica que al inicio del siglo XXI había en el país 7 grandes carteles vinculados al tráfico de drogas. Luego con Calderón, derivado de la "guerra contra el narcotráfico", estos se fraccionaron en 89 subgrupos y ahora hay aproximadamente 130.

"Las autoridades afirman que son 9 grandes grupos, pero olvidan todas sus fracciones en los estados", afirma Barrón.

Eso pasó con el cártel de los Beltrán Leyva, luego de la embestida federal que los desarticuló.

El primero en caer fue Alfredo, conocido como "el Mochomo", detenido en enero de 2008, en Culiacán Sinaloa, y ahora preso en el penal federal de Puente Grande, en Jalisco.

A este le siguió su hermano Arturo, el fundador del cártel, llamado "el Barbas" o "el Jefe de Jefes", abatido en diciembre de 2009, durante un enfrentamiento con la Marina en la ciudad de Cuernavaca, Morelos.

A los 15 días, el 30 de diciembre de ese mismo año, cayó Carlos en la ciudad de Culiacán, en Sinaloa, quien está preso en el penal de Almoloya de Juárez.

Héctor, "el H", fue último de los hermanos detenido. En octubre de 2014 autoridades federales lo aprehendieron en San Miguel de Allende, Guanajuato y estuvo preso en el penal del Altiplano, en el Estado de México, hasta este domingo que murió de un paro cardiaco, según el gobierno federal.

LOS PADRINOS DEL "CHAPO"

Fue Héctor y su hermano Arturo quienes "apadrinaron" en su momento a Joaquín "el Chapo" Guzmán en el mundo del narcotráfico. Más tarde, sin embargo, se convirtieron en fieros rivales y protagonistas de una cruenta guerra entre cárteles.

Primos lejanos, originarios de la misma región de Badiraguato, en Sinaloa, los Beltrán Leyva y "el Chapo" fueron socios en el negocio del tráfico de cocaína hasta 2008. Ese año los hermanos acusaron a Guzmán de haber entregado a Alfredo a las autoridades.
La guerra entre los Beltrán Leyva y "el Chapo" tuvo saldos de sangre en ambos bandos. En mayo de 2008, cuatro meses después de la detención de Alfredo, fue asesinado Edgar Guzmán López, de 22 años, hijo del "Chapo", quien atribuyó su muerte a los Beltrán. Luego vino la muerte de Arturo y la detención de Héctor, en 2009.

El poder del cártel de los Beltrán Leyva quedó en manos de Héctor, quien forjó alianzas con los enemigos del "Chapo": Los Zetas y el Cártel del Golfo.

Héctor, también conocido como "el Ingeniero", hizo más estratégica y violenta a su organización para enfrentar el poder del cártel de Sinaloa. Hasta su detención, en 2014, su foto aparecía entre los delincuentes más buscados en México y Estados Unidos.

LOS HEREDEROS

Ni la muerte ni la cárcel –de los hermanos Beltrán Leyva y del "Chapo"– pudieron cortar la capacidad regenerativa de esos grupos criminales. De la savia de los Beltrán Leyva se alimentaron al menos otros 7 grupos que asolan el país.

"Los Rojos" nació en 2011 de la mano de Jesús Nava Romero, "El Rojo", quien fue lugarteniente de Arturo Beltrán Leyva y su jefe de plaza en Morelos y Guerrero. A él se le atribuyó la decapitación de 9 militares en Chilpancingo, capital guerrerense.

Tras su asesinato, en 2013, "Los Rojos" quedaron al mando de Zenén Nava Sánchez, "El Chaparro", que controla Guerrero, y Santiago Mazarí Hernández, "El Carrete", quien los lidera en Morelos.

Este cartel tiene operaciones en el norte y centro de Guerrero, y en Morelos. Entre sus actividades delictivas está la siembra y distribución de droga, así como el secuestro y la extorsión.

La segunda célula criminal derivada de los Beltrán Leyva son "Los Mazatlecos", quienes se desempeñaron como su "brazo armado" para enfrentar al Cártel de Sinaloa, desde el puerto de Mazatlán, en Sinaloa.

Aunque progresivamente se fueron independizando, siempre se mantuvieron fieles a los Beltrán Leyva y para ellos operaron en Sinaloa, Durango y Nayarit bajo las órdenes de Samuel Lizárraga Ontiveros, "El Tortillero", y Fausto Isidro Meza, conocido como "el Chapito" Isidro.

 El primero fue detenido en Querétaro, en noviembre de 2017, y el segundo sigue prófugo y detenta todo el poder del grupo. El gobierno de Estados Unidos tiene una orden de aprehensión en su contra al identificarlo como operador y mano derecha de Héctor y Alfredo Beltrán Leyva.

Los Ruelas Torres son otro cártel que derivó de los Beltrán Leyva. Actualmente está liderado por Joel Efrén Ruelas Ávila, hijo de José Luis Ruela Torres, quien fue su fundador luego de trabajar para los Beltrán Leyva. Ruelas Torres fue detenido en 2017 y falleció seis meses después.

Las autoridades los señalan como responsables de tráfico de heroína a Estados Unidos, que los identifica como un cártel independiente y no como un brazo ejecutor de los Beltrán Leyva.

Los Granados son una organización que opera en la zona de Tierra Caliente de Guerrero, dedicada al tráfico de marihuana. Su jefe fundador fue Rubén "El Nene" Granados, quien fue detenido dos veces, la definitiva en 2017. En su lugar quedó Salvador "El Chava" Granados.

Actualmente continúan con sus actividades delictivas, pero se han alejado del núcleo de los Beltrán Leyva para tejer alianzas con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

En Guerrero también operan "Los Ardillos", dedicados a la siembra de amapola, extorsión, piratería y secuestro en la región de La Montaña y parte del centro de Guerrero.

El fundador fue Celso Ortega Rojas "El Ardilla", quien fue detenido en 2008, liberado tres años después y asesinado al poco tiempo. Al cargo del cártel quedaron sus siete hijos: Celso, Jorge Iván, Antonio, Bernardo, Pedro, Juana y Lilia.

En Acapulco se concentra el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA), que también se desprendió de los Beltrán Leyva. La célula delictiva es liderada por Irving Macedo Acevedo.

La organización se desprendió del mando de Edgar Valdez "La Barbie", quien mantuvo el control de las operaciones delictivas en la zona para los Beltrán Leyva.

Después de la captura de "La Barbie", el CIDA comenzó sus propias actividades criminales, al margen de los Beltrán Leyva y enfrentándose a Carlos Montemayor, quien ocupó la posición de Valdez.

El grupo criminal menos conocido hasta ahora es "El 2 mil", que surge bajo el liderazgo de Javier Hernández García, un guardaespaldas de los Beltrán Leyva.

Tras el debilitamiento del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, Hernández hizo alianzas con los hermanos Treviño Morales y "Los Zetas", organizaciones criminales enemigas.

Aunque Hernández García fue detenido en 2016 en Guasave, Sinaloa, el  grupo criminal sigue operando en los estados de Coahuila, Chihuahua, San Luis Potosí y Sonora.

(VANGUARDIA/ INFOBAE/20 Nov 2018)

EL DÍA EN QUE EL TÍO DE EMMA CORONEL SECUESTRÓ A LA ESPOSA DE HÉCTOR BELTRÁN LEYVA



Foto: Tomada de Internet

La ex Miss Sonora no solo fue la esposa de Héctor Beltrán Leyva, sino que, tras su captura, fungió como líder del grupo criminal; en 2010 había sido secuestrada por "Nacho" Coronel
El exlíder del Cártel de los Beltrán Leyva, Héctor Beltran Leyva, alias "El H" murió este domingo por la noche, de un infarto al corazón.

Su papel como uno de los fundadores de esta organización criminal le causó guerras contra otros cárteles, como el de Sinaloa.

Además de sus hermanos, todos de apellido Beltrán Leyva, su esposa Clara Elena Laborín también se desempeñó como miembro importante del grupo criminal.

Incluso, cuando todos los hermanos ya estaban presos o muertos, la exreina de Belleza "Miss Sonora" fue quien lideró el cártel. Era apodada por sus sicarios como "La Señora".

Las autoridades la identificaban como la principal generadora de la violencia en Guerrero, Morelos y en estados del norte como Sonora y Baja California.

Fue detenida por elementos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO) en su domicilio, en Hermosillo, Sonora, en septiembre del 2016, con dos de sus sicarios y armas de alto calibre.

Sin embargo, años antes de que tomara el control del Cártel de Los Beltrán Leyva, Clara Elena Laborín fue secuestrada por miembros del Cártel de Sinaloa, en 2010.

La ex Miss Sonora, nacida en el municipio de Agua Prieta fue ´levantada´ por hombres armados en su propia casa, también en la capital sonorense, enviados por Ignacio "Nacho" Coronel.


Foto: Tomada de Internet

(VANGUARDIA/ LA SILLA ROTA/ 20 Nov 2018)

¿NARCOPROCURADORES?


El 2 de octubre de 2008, El Universal debía de haber publicado una investigación del reportero Francisco Gómez, donde revelaba que Miguel Colorado González y Fernando Rivera Hernández, coordinador general técnico y director general adjunto de la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada, la entonces SIEDO, estaban en la nómina del Cártel del Pacífico. En la víspera se le pidió–quien esto escribe era el director editorial- que buscara la reacción de la PGR antes de publicarse la información. Alertado de lo que venía, el entonces procurador Eduardo Medina-Mora le habló al presidente y director general de El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, para pedirle que detuviera la publicación y le permitiera ver el expediente. Ealy Ortiz accedió.

Durante un mes, pese a las objeciones de la Dirección Editorial, Medina-Mora y la entonces jefa de la SIEDO, Marisela Morales, revisaron meticulosamente el expediente. Morales tomó notas sobre cada página, dato y testimonio, porque Medina-Mora había acordado con Ealy Ortiz un periodo de gracia de un mes para, explicó, preparar el caso y presentárselo al presidente Felipe Calderón, que no sabía el grado de infiltración del narcotráfico en la PGR. Al mes, el vocero de Medina-Mora, Fernando Castillo, le preguntó a uno de los editores del diario –hoy subdirector-, Carlos Benavides, con qué nombre podrían bautizar el caso. “Operación Limpieza”, respondió.

“Operación Limpieza” fue. La publicación originó una purga en la SIEDO y el cese del director editorial ante las presiones de Medina-Mora. El procurador quedó como un campeón contra la corrupción y Morales como una heroína, entregando expedientes de manera subrepticia a la Corte Federal del Distrito Sur de Texas sobre gobernadores tamaulipecos y políticos priistas, que dio también al equipo de transición del presidente electo Enrique Peña Nieto. Medina-Mora se convirtió en embajador en el Reino Unido en la última parte del gobierno de Calderón, después embajador peñista en Washington y en la actualidad, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Morales, que lo relevó en la PGR, fue al consulado en Milán.

La “Operación Limpieza” se convirtió en uno de los capítulos más públicos y menos explorados de los 47 meses de guerra contra el narcotráfico de Calderón, y fue la infiltración más grande en la historia en el corazón de la PGR, justo en las oficinas que combaten a los cárteles de las drogas, con el agravante que se le escondió la profundidad y gravedad de esa infiltración al presidente Calderón para que Medina-Mora no quedara atrapado en la vorágine de la corrupción de sus subalternos. Tras publicarse en El Universal detalles del expediente, 25 funcionarios y agentes vinculados a la SIEDO, el pesebre de la protección institucional de los cárteles, fueron detenidos. Todos aquellos que fueron capturados fueron exonerados años después por falta de pruebas, pero ni Medina-Mora ni Morales rindieron cuentas por ello.

Los dos fueron protegidos por el gobierno de Peña Nieto, quien esta semana está viviendo días aciagos por acusaciones en la Corte Federal de Brooklyn, donde se juzga a Joaquín El Chapo Guzmán, de haber recibido más de 100 millones de pesos para proteger a Guzmán y a los líderes del Cártel del Pacífico. Aún no se presentan las evidencias en Nueva York, pero este lunes en la Ciudad de México, Gerardo Garay, quien era el zar contra las drogas en aquellos años y cuyo equipo trabajó por años para desmantelar al Cártel del Pacífico, aseguró en una entrevista en Foro TV que durante el gobierno de Calderón se protegió a esa organización criminal.

Garay detalló cómo Medina-Mora y Morales tejieron una red de protección en torno al Cártel del Pacífico, que encabezaban en ese momento los hermanos Ismael y Jesús Zambada –este último, capturado por Garay en 2008 y hoy testigo de la Fiscalía en Brooklyn-, así como El Chapo Guzmán. Para ello, dijo, utilizaron la “Operación Limpieza” –ajustada tras el acceso que les dio Ealy Ortiz— para desarticular “los esfuerzos que se venían haciendo contra las estructuras criminales”, y descarrilar las investigaciones que se seguía en contra de los integrantes de ese cártel.

La información que aportó Garay, que es de primera mano, reconstruye cómo en dos ocasiones que estuvo a minutos de detener a El Chapo Guzmán, filtraciones de la PGR impidieron su captura y confirmó que Édgar Enrique Bayardo, un expolicía de caminos a quien detuvo por servir los intereses de Zambada, fue convertido por Morales en testigo protegido y perdonado de todos sus delitos. El Cártel del Pacífico no lo exoneró de nada y lo mandó asesinar a finales de aquel mismo 2008.

Otro caso paradigmático de cómo operaba la PGR en ese entonces, fue cuando se decomisó el mayor cargamento de cocaína en la historia en el puerto de Manzanillo, cuyo administrador era Ardelio Vargas, hijo de un cercano colaborador de Medina-Mora del mismo nombre, propiedad del Cártel del Pacífico, sin que hubiera detenidos, ni investigación contra los funcionarios en el puerto. Otro cargamento de droga importante en Altamira, en Tamaulipas, donde no intervino la PGR, produjo decenas de detenidos.

Medina-Mora y Morales nunca habían sido señalados tan directamente por nadie como ahora por Garay. No habrá consecuencias para ellos en lo que resta del gobierno, pero en la siguiente administración las cosas pueden cambiar. No sólo por lo que puede aportar Garay, sino por cómo lo que surja en Brooklyn, podrá ir construyendo un juicio en México para que los hoy señalados se defiendan y aporten su verdad. La “Operación Limpieza”, revivirá, pero bajo otros referentes.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa

(VANGUARDIA/RAYMUNDORIVAPALACIO/ESTRICTAMENTE PERSONAL/Miércoles,Noviembre 21, 2018 - 06:22)

EL REINO DEL HUACHICOL: CADA DÍA, 500 CAMIONES CARGAN GAS LP A 25 MINUTOS DEL ZÓCALO DE PUEBLA



Un periodista de Periódico Central ingresó a los terrenos de lo que podría ser una de las más grandes despachadoras de Gas LP robado. Es un negocio que salpica dinero por todos lados. Y es un negocio a la vista de todos: unas 500 unidades se despachan en esa zona con el combustible que se roba a Pemex.
En los últimos dos años, Puebla se ubicó en el primer lugar nacional con más tomas clandestinas de Gas LP: en 2016 se registraron 53 casos; en 2017 ya eran 61…

Puebla, Puebla, 20 de noviembre (PeriódicoCentral/SinEmbargo).– A las 9:00 de la noche en Xonacatepec, una de las juntas auxiliares de Puebla, inicia el comercio ilegal y clandestino de Gas LP. Cientos de unidades de transporte público llegan a través del bulevar principal para llenar sus tanques con la oferta de 6.50 pesos el litro, 4.50 pesos menos que su precio comercial más alto. Rutas de todas partes del estado llegan y eligen a alguno de los proveedores que se hospedan con sus pipas en terrenos baldíos, en estacionamientos de casas o en zonas despobladas.

La operación es al descubierto. Podría ser una de las zonas más grandes de México en donde se comercia con gas LP robado de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex). Las calles están plagadas de niños y jóvenes que trabajan como halcones, como se identifica a los que hacen labores de vigilancia para el crimen organizado. Beben cerveza mientras sus motocicletas están estacionadas, a la espera de cualquier indicación. Si ven a alguien ajeno a la comunidad, lo reportan; nadie puede entrar en autos particulares “extraños”, mucho menos tomar fotos o videos.

Todas las noches ingresan uno por uno más de 500 autobuses y vans de diferentes zonas de Puebla, hasta del estado vecino de Tlaxcala. Se dirigen con su proveedor de confianza, uno de los 20 que se encargan de la comercialización.

Al llegar al punto de abastecimiento, más niños están pendientes de algún operativo. Mientras todo siga en calma dirigen el tránsito para agilizar la carga de combustible. El operador sigue sus indicaciones. Entra al terreno donde está una pipa de Gas LP, se estaciona y apaga el autobús. Cinco personas operan el servicio. Con total naturalidad, uno de ellos jala la manguera y la conecta al vehículo.

En ocho minutos el tanque está lleno. Alguien más se acerca a cobrar y otros suben a la unidad, como si se tratara de una medida de seguridad.

Menos de 15 minutos tardan los choferes en entrar a Xonacatepec, cargar sus unidades y retirarse. Así, todos los días, decenas de unidades de las rutas Bulevar CU, los Rápidos de San Antonio, la 44 Verde, las rutas 27, 55, 3, 41 y 52, van y vienen sobre el puente, el acceso principal.

También se pueden ver unidades de Flecha Azul y la S19, que conectan a Puebla con municipios de Tlaxcala.

COMPRA Y VENTA

El mercado negro del Gas LP es bastante redituable, tanto para los vendedores del producto como para los transportistas. Los concesionarios y choferes aseguran que gracias a esta actividad no han subido el pasaje; y la tarifa se mantiene en 6 pesos.

El precio del gas en empresas legalmente establecidas oscila entre los 9 y 11 pesos, dependiendo de cada expendedora. En Xonacatepec, el “precio oficial” es de 6.50 pesos. Hasta hace un par de semanas era de 6, pero un operativo de la Procuraduría General de la República (PGR), en el que perdieron pipas, los obligó a subir el costo para volver a capitalizarse.

El ahorro es significativo para cualquiera que viva de recorrer distancias: de pagar alrededor de mil 100 pesos para llenar un microbús, en esta junta auxiliar pagan 650 pesos.

CADENA DE DELINCUENCIA

Este negocio no sería posible sin las bandas dedicadas al robo de gasolina y gas. Porque, claro, antes de vender el Gas LP en Xonacatepec, las pipas deben ser llenadas con el combustible barato.

Las zonas de carga son Villa Frontera, el Periférico Ecológico y la autopista Puebla-Orizaba. Y en algunos casos, en Acajete. Allí están las tomas clandestinas, de acuerdo con distintas fuentes. Y allí se llenan las pipas.

El precio que se paga a los huachicoleros es de 3 pesos por litro. Los intermediarios ganan un poco más de 50 por ciento al vendérselos a los transportistas.

EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO

La venta clandestina de Gas LP no es nueva en Xonacatepec. Pero en la actualidad han mejorado el servicio. Hace una década era común observar a pipas que en algunas calles sin viviendas alrededor se paraban y citaban a los choferes para que les cargaran el combustible.

En ese entonces no era tan redituable y era un negocio de pocos. Sin embargo, paulatinamente fue mejorando. Algunas personas decidieron habilitar sus estacionamientos. Metieron una pipa y cuando llegan las unidades, cerraban los portones para evitar que los vecinos se dieran cuenta. Solamente entraba un vehículo.

El negocio se revolucionó a tal grado que hasta hace unas semanas operó un mega estacionamiento, en el que entraban al menos cinco microbuses para ser abastecidos.

Mientras los huachicolores llenaban los tanques, los choferes podían comprar cerveza en un bar que se habilitó para hacer más atractivo el servicio.

Una vez que surtían el gas, pasaban una charola a los operadores para que pagarán la carga.

Los cobradores luego se dirigían a depositar el dinero. Los choferes pagan en “morralla”, así que implementaron un esquema para separar las monedas: en botes de pintura de 19 litros. En uno iban las de 10 pesos, en otro las de 5, en uno más las de 2 pesos y así, dependiendo de la nominación.

Esta estación clandestina se desmanteló hace un par de semanas en un operativo del Gobierno federal en el que se llevaron al menos 22 pipas. Por eso hubo un incremento de precio en el combustible robado: los vendedores “clandestinos” (que operan con toda libertad) deben recapitalizarse.

Así es como Xonacatepec se convirtió en la estación clandestina más grande Puebla –y quizás del país– para surtir al transporte público. Esta comunidad que se encuentra a 30 minutos del centro de la Angelopólis; se caracterizaba por la carencia de su población. Ahora es notoria la mejoría en sus construcciones. Casas de dos pisos y hasta Mustang se observan en el lugar.

Algunos señalan que el negocio se mantiene al amparo de las autoridades. Para ello los dueños de las estaciones pagan 60 mil pesos mensuales como cuota para evitar que lleguen los operativos. Eso dicen.

NEGOCIO EN CRECIMIENTO

Las tomas clandestinas de Gas LP en Puebla aumentaron 70.8 por ciento de enero a junio del 2018 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Pasó de 21 a 41 casos, de acuerdo con el reporte del observatorio ciudadano Instituto de Administración, Gestión y Vinculación Municipal (IGAVIM).

El informe indica que la entidad poblana se ubicó en el segundo lugar nacional con más incidencia, al cierre del primer semestre del año. El primer lugar fue ocupado por el Estado de México, con un total de 47 ductos perforados ilegalmente.

Al sumar 41 tomas clandestinas, la incidencia de robo de Gas LP fue una perforación cada cuatro días con nueve horas. Es preciso recordar que en los últimos dos años, la entidad poblana se ubicó en el primer lugar nacional con más tomas clandestinas de Gas LP, pues en 2016 se registraron 53 casos y en 2017 se reportaron 61.

(SIN EMBARGO/ REDACCIÓN / 20 DE NOVIEMBRE 2018)

GOBIERNOS DE CALDERÓN, PADRÉS Y PEÑA ALENTARON ABUSOS A YAQUIS POR MEGAPROYECTOS: MARIO LUNA



Mario Luna, defensor de derechos humanos y vocero de la Tribu Yaqui fue encarcelado en el Centro de Readaptación Social 2 en Hermosillo por más de un año. El también Secretario de las autoridades tradicionales del Pueblo Vicam enfrentó cargos por secuestro.
Las acciones estatales se presentaron en respuesta a la oposición de la tribu a la construcción del Acueducto Independencia, una enorme obra hidráulica que despoja de 75 millones de metros cúbicos (m3) de agua a la tribu indígena para solucionar problemas de suministro en la ciudad de Hermosillo.
Para Mario Luna la respuesta a los ataques contra su tribu se encuentra en la ausencia del Estado de Derecho, una condición que permite que se continué con la violación de derechos humanos o con la omisión de los mismos, como en el caso de las consultas simuladas de las deberían gozar todos los pueblos indígenas.

Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).– La mañana del 11 de septiembre de 2014, un grupo de personas vestidas de civiles detuvieron a Mario Luna, defensor de derechos humanos y del agua en Sonora, y vocero de la Tribu Yaqui. El arresto, realizado por integrantes de la Policía estatal –que en ese momento no se identificaron como tal–, concluyó en la oficina de Ciudad Obregón de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora donde fue incomunicado hasta media tarde. Más adelante, luego de su trasladado al Centro de Readaptación Social 2 en Hermosillo, el también Secretario de las Autoridades Tradicionales del Pueblo Vicam enfrentaría cargos por secuestro que lo privarían de su libertad durante un año.

Las acciones estatales se presentaron en respuesta a la oposición de la tribu a la construcción del Acueducto Independencia, una enorme obra hidráulica que despoja de 75 millones de metros cúbicos (m3) de agua a la tribu indígena para solucionar problemas de suministro en la ciudad de Hermosillo.

Desde el anunció del proyecto, en 2010, el Pueblo Vicam demandó su derecho a la consulta, el cuál le había sido negado a pesar de que el Marco Internacional de Derechos de Pueblas Indígenas establece el proceso como un derecho adscrito a los ordenamientos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Enterados por los medios de comunicación, los integrantes de la Tribu Yaqui comenzarían un trayecto en el que la criminalización y la injusticia marcaría su andar.

La protesta se convirtió en el recurso de un pueblo combativo que quiere acabar con un ciclo de invisibilización y hostigamiento dirigido a las comunidades indígenas, una característica de la construcción de las grandes obras de infraestructura de nuestro país.

DEFENDER EL AGUA Y EL RÍO

Los yaquis han utilizado históricamente el río del mismo nombre para su supervivencias cultural y económica. En 1940, el ex Presidente Lázaro Cárdenas del Río aprobó la publicación en el Diario Oficial de la Federación de un Decreto que otorga el 50 por ciento del agua en el caudal del dicho río a la comunidad, lo que en la actualidad representa un aproximado de 80 millones de m3, más lo correspondiente a los escurrimientos, lo que daría un total de 600 millones de m3 anuales, distantes a los 250 millones de m3 que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) les entrega de manera arbitraria.

El rechazo de la obra fue la reacción natural frente a una regla que no se ha cumplido en los últimos 78 años y por lo que los habitantes de la zona semidesértica enfrentan problemas de suministro, que se agravan con la falta de recarga de los mantos acuíferos y el Acueducto llevando el agua en otras direcciones.

“Nosotros vemos la escasez de agua, la poca disponibilidad y la gran cantidad de usuarios por lo que agregar a una ciudad como Hermosillo a una cuenca deficitaria acabaría por completo con la aspiración del Pueblo Yaqui de rescatar lo que en decreto tenemos como propiedad a favor del propio Pueblo Yaqui”, dice Mario Luna en entrevista con SinEmbargo.

A los yaquis se les señala como “retractores” del progreso o por falta de “empatía” con los pobladores de Hermosillo, quienes también han enfrentado la escasez de agua. Sin embargo, los pobladores del río sostienen que el problema es mucho más complejo: el ajuste en el caudal ha incrementado el deterioro del área de la costa del Mar de Cortés, misma que han habitado de manera ancestral y en donde ya se han perdido unas 700 hectáreas dedicadas a la agricultura y la ganadería.


La lucha del grupo es por la autodeterminación, por sus derechos y contra la imposición de las empresas extranjeras que han sido beneficiadas con el acueducto.

“Ellos argumentan que la intención de crear ese Acueducto es darle agua a la ciudad de Hermosillo, pero no especifican que sea a la red de agua potable, ellos lo que quieren es fomentar el consumo de la industria. El Acueducto Independencia termina en las inmediaciones del Parque Industria de Hermosillo en donde, en una ciudad sin agua, están instaladas las plantas Ford, Coca Cola y Heineken, y muchas otras empresas que son altas consumidoras de agua, como refresqueras y un desarrollo inmobiliario que se esta promoviendo. Todo eso implica agua (…) ellos ya le pusieron precio al agua y la están viendo como una mercancía”, agrega Luna.


Es la confrontación entre lo que entendemos por progreso con tradición, y es lo que ha puesto en riesgo a los personajes de la tribu, entre ellos a su vocero y representante en la defensa del río.

Durante años, Luna ha representado a su pueblo como Secretario y ha tenido un rol de traductor y escribano de las decisiones de la asamblea. Fue esa posición lo convirtió en el personaje idóneo para representar la oposición de la tribu. Asumir su rol como defensor lo dejó al frente de grandes responsabilidades y riesgos, provocados por la constante exposición frente a los medios de comunicación. Como defensor del agua ha sido víctima de diferentes ataques que han tenido impacto en lo comunitario, lo familiar y lo personal.

Primero llegó la detención arbitraria, unos meses después el ataque a su hijo –quién fue golpeado y a quien solicitaron que exigiera a su padre dejar el movimiento–. A pesar de que las amenazas y hechos, como los ya mencionados, eran constantes fue hasta junio del 2017 cuando el Gobierno de Sonora y el Gobierno del Ayuntamiento de Guaymas implementaron medidas de protección para Mario; fue poco después de que unos atacantes quemarán el automóvil de su esposa Anahí Ochoa y el Mecanismo de Protección de personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no ofreciera ningún tipo de  apoyo.

UN SEXENIO LLENO DE VIOLENCIA

Para Mario la parte más dura del movimiento se vivió durante el Gobierno del panista Guillermo Padrés Elías, quién permaneció al frente del estado de 2009 a 2015, periodo en el que los yaquis fueron hostigados y criminalizados, mientras se desarrollaba una campaña de desprestigio por la que fueron objeto de burlas y agresiones por parte de la sociedad civil.

Como él mismo explica, el marco de impunidad construido por Felipe Calderón Hinojosa, abrió espacio para que las circunstancias de violencia contra los defensores se incrementaran y se manifestarán con teléfonos intervenidos, persecuciones en sus hogares y hostigamiento por parte de personas encapuchadas.

El entorno de violencia continuaría hasta el sexenio siguiente, ya con la gubernatura de la priista Claudia Pavlovich Arellano y en el centro del sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando las amenazas no cesaron. Con la inserción del crimen organizado en el panorama la situación se torno más difícil: comenzaron los discursos que quisieron vincularlos con el mismo, se retiraron apoyos de vivienda, apoyos de becas estudiantiles y se percibieron aún más agresiones provenientes de personas no identificadas.
 “Las cosas siguen siendo iguales” argumenta, mientras especifica que la complicidad entre políticos y la impunidad, invariable en cada gobierno, son las causantes del despojo continuo de sus derechos.

“Otra cosa que hemos apuntado es la complicidad que existe entre los políticos, ya sea de un partido u otro. Al salir Guillermo Padrés, al tener una caída estrepitosa, entró el PRI [Partido Revolucionario Institucional] con Alejandra Pavlovich, con ella se vio un cambio en el trato a la comunidad pero el despojo continuó, el despojo siguió, y la violación de nuestros derechos continúa al seguir operando una obra como el Acueducto Independencia que todos los días roba agua del territorio yaqui sin tener manifiesto de impacto ambiental. El Estado de Derecho sigue siendo violentado”, dice  Mario Luna.

La  respuesta se encuentra en la ausencia del Estado de Derecho, destaca Mario, una condición que permite que se continué con la violación de derechos humanos o con la omisión de los mismos, como en el caso de las consultas simuladas de las deberían gozar todos los pueblos indígenas.

LA URGENCIA DE LAS CONSULTAS

En 2013, la Suprema corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció la violación del derecho humano a la consulta de la Tribu en la emisión de la Autorización de Impacto Ambiental del Acueducto Independencia y ordenó la realización de la misma. La orden no se cumplió de manera inmediata, la comunidad yaqui protesto y como resultado vinieron las detenciones arbitrarias.

La consulta debió ser libre, bien informada y de buena fe. Sin embargo, no tuvo ninguna de esas características. Se realizó cuando la obra tenía un 30 por ciento de avance, bajo un contexto de hostigamiento que se traducía en presiones que retiraban apoyos gubernamentales y ordenes de aprensión por delitos que no se habían cometido.

A quiénes habían organizado y exigido la consulta los metieron a la cárcel, entre ellos Mario Luna, para poder seguir avanzando con la obra. Se les ligo con ideas del crimen organizado y de manera sorpresiva personas pertenecientes a estos grupos comenzaron a intervenir en las comunidad “creando estados de psicosis y terrorismos psicológico”.

Luna asevera que ese fue el aprendizaje que les dejo su fallida consulta es que las mismas deben de ser vinculantes, ya que, al no contemplan obligatoriedad la opinión de los comuneros se vuelve un simple requisito.

“Las consultas dejan mucho que desear. En el caso de la Tribu Yaqui no sirvió de mucho: únicamente para exhibir todas las intencionalidades subyacentes en estos procesos y la decisión final queda en un  grupo reducido de supuestos expertos (…) pero lo que opina la tribu queda en un segundo termino. Las consultas si no son vinculantes y no contemplan la obligatoriedad, son una vacilada”.

“No es consultar por consultar”, asegura Luna, “deben realizarse en los sitios adecuados, dice al manifestar que no se les puede considerar justas si se hacen en espacios ajenos a las comunidades, ya que éstas generalmente acostumbran discutir de manera conjunta en sus propios foros.

Las comunidades indígenas, como la Tribu Yaqui de Sonora, exigen consultas que respeten su autonomía y autodeterminación, un derecho que les otorga el Artículo 2 de la Constitución Mexicana.

(SIN EMBARGO/ KAREN CASTILLO/21 DE NOVIEMBRE 2018)

GMÉXICO, PEÑOLES Y FRISCO CAEN EN LA BMV POR INICIATIVA DE MORENA QUE REVISARÁ CONCESIONES MINERAS



Grupo México, propiedad de Germán Larrea, Industrias Peñoles, de Alberto Baillères y Minera Frisco, subsidiaria del Grupo Carso, de Carlos Slim, presentan pérdidas en la Bolsa Mexicana de Valores tras conocerse la iniciativa del partido Morena para regular la normatividad extractiva del país, que incluye, entre otros aspectos, la cancelación de concesiones.
La iniciativa también contempla que las mineras presenten informes anuales sobre su impacto en las comunidades indígenas.

Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).– Las mineras mexicanas pierden este miércoles en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), luego de conocerse la iniciativa de la Senadora Angélica García Arrieta del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para regular la normatividad extractiva del país, que incluye, entre otros aspectos, la cancelación de concesiones.

Grupo México, propiedad de Germán Larrea Mota-Velasco, bajó un 5.4 por ciento, su mayor caída diaria desde junio de 2013.

Industrias Peñoles, perteneciente al conglomerado Grupo BAL de Alberto Baillères González, se hundió un 4.7 por ciento, mientras que Minera Frisco, subsidiaria del Grupo Carso, de Carlos Slim, cayó 1.73 por ciento en las primeras horas de este miércoles.

El proyecto de ley de Morena propone regular la normatividad que rige las concesiones y asignaciones mineras priorizando la importancia de proteger y respetar los derechos humanos de las comunidades y pueblos donde se desarrolla esta actividad.

La legisladora del Grupo Parlamentario de Morena denunció que la Ley Minera no considera la necesidad de realizar análisis de impacto social y de las consecuencias por el otorgamiento de concesiones. Tampoco consultar a las comunidades y pueblos afectados por las mismas.

En ese sentido, dijo, se trata de un descuido jurídico e institucional de la Secretaría de Economía y del Servicio Geológico Mexicano.

Detalló que su propuesta tiene como objeto facultar al Servicio Geológico Mexicano a realizar estudios de impacto social respecto de las áreas objeto de concesión y de asignación mineras. También busca que la Secretaría de Economía pueda declarar zonas inviables de explotación o en conflicto por impacto social negativo, así como cancelar concesiones y asignaciones mineras por este motivo.

Adicionalmente, garantizar que toda concesión, asignación o zona que se incorpore a reservas mineras atienda los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las regiones en los que se pretendan desarrollar, subrayó la Senadora.

Angélica García precisó que con estas modificaciones se obligará a los titulares de concesiones mineras que destinen un monto para el desarrollo humano y sustentable de las comunidades o localidades en las que realicen sus actividades de exploración y explotación así como a rendir un informe anual del impacto social de su lote minero; y en caso de no hacerlo, cancelar la concesión por incumplimiento.

“Senadores y senadoras, ya lo ha declarado nuestro presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Es muy importante atender a las pequeñas colectividades donde se extraen los minerales porque pasa esto: se extraen, se causan daños y no se deja beneficio de la explotación minera; no privilegiemos el interés económico de unos cuantos por encima de los derechos sociales de la población que está siendo vulnerada”, dijo García al presentar la iniciativa en el Senado.

(SIN EMBARGO/ REDACCIÓN / 21 DE NOVIEMBRE 2018)

DESDE EL MURO, SECRETARIA DE SEGURIDAD DE EU PIDE BILLONES AL CONGRESO PARA REFORZAR LA FRONTERA ANTE CARAVANA MIGRANTE


Kirstjen M. Nielsen, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, visitó esta tarde la frontera entre San Diego y Tijuana para solicitar al Congreso billones de dólares para reforzar la infraestructura fronteriza y construir un nuevo muro entre ambos países debido a la llegada de migrantes centroamericanos a Tijuana y Mexicali.

La funcionaria federal realizó un breve recorrido por la sección de la malla fronteriza entre Playas de Tijuana e Imperial Beach, junto a representantes de la Patrulla Fronteriza y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, para observar el alambre de púas que ha fue colocado hace días con la llegada de la Caravana Migrante desde Centroamérica.

Nielsen habló de una “crisis sin precedentes en la frontera suroeste que es el resultado de lagunas legales específicas creadas por leyes pobremente elaboradas que evita la detención y repatriación de migrantes menores y familias sin documentos. Se están aprovechando de nosotros”.

Por ello, le pidió al Congreso no solo cerrar “estas lagunas mentales”, sino “billones (de dólares) para para tener la infraestructura, tecnología y personal que se requieren para ganar control de la frontera”.

Este mismo dio, el Pentágono informó al Congreso de Estados Unidos que el despliegue de miles de elementos de las Fuerzas Armadas en su frontera con México supone un costo de 210 millones de dólares.

Sobre la Caravana, la integrante del gabinete de Donald Trump advirtió “esta administración no tolerará solicitudes falsas de asilo o intentos ilegales de ingresar al país. Si intentan ingresar de manera ilegal sin autorización, serán detenidos, procesados y repatriados”.

Añadió que el formar parte de una caravana “no da ningún derecho especial para entrar a este país. Esperarán al final de la fila de aquellos que se encuentran en espera de ser procesados en nuestras garitas”.

No obstante, Nielsen ofreció cifras bastante alejadas de las registradas por el gobierno mexicano acerca del número de migrantes en Baja California. Aseguró que en Tijuana se encuentran 6 mil 200 personas en albergues y en Mexicali otras 3 mil más.

En realidad, los tres órdenes de gobierno han reportado que, hasta este día, se tiene registro de 2 mil 966 migrantes en el albergue temporal de Tijuana, mientras en Mexicali se han contabilizado cerca de 2 mil personas.

Por último, la titular del Departamento de Seguridad Nacional expresó que la construcción de un nuevo muro entre México y Estados Unidos sigue siendo una prioridad para la actual administración.

(SEMANARIO ZETA/ DESTACADAS BCS / INÉS GARCÍA RAMOS MARTES, 20 NOVIEMBRE 2018)

17 EJECUTADOS EN 25 HORAS, SOLO TRES VÍCTIMAS ESTÁN IDENTIFICADAS


En Tijuana, la cifra de homicidios dolosos llegó a 141 víctimas en lo que va de noviembre. En las últimas 25 horas  se registraron 17 crímenes. Solo tres de los occisos están identificados.

Aquí los hechos recientes:

Alrededor de las 07:39 horas del 20 de noviembre, por disparos por arma de fuego, murió un desconocido de alrededor de 45 años de edad,  en Privada Capulines, en el fraccionamiento Ribera del Bosque, Delegación La Presa

Luego a las 07:55 horas fue localizada en el interior de una bolsa de plástico color negro, una cabeza humana cercenada de un masculino. El hallazgo ocurrió en calle Vicente Guerrero, colonia Mariano Matamoros Sur, Delegación La Presa

A la misma hora, un sujeto, que iba a bordo de un vehículo  Ford Eco Sport ALL2832, fue ejecutado a tiros frente a un plantel escolar localizado en calle Meseta, Colonia Playas de Tijuana,  Sección Jardines. La víctima, sin identificar, tenía alrededor de 35 años. Agentes periciales localizaron en la escena del crimen, 10 casquillos calibre. 40mm

El cuerpo de un desconocido, de 35 años, envuelto en una cobija fue abandonado en Avenida Internacional, en la colonia Lomas de la Misión, Delegación Playas de Tijuana. La víctima tenía herida por arma de fuego

Dentro de un automóvil Ford Focus, placas V08-NRD-7, fue localizado privado de la vida a balazos, un sujeto de alrededor de 25 años. Los hechos ocurrieron en calle Miguel Hidalgo, del   Ejido Lázaro Cárdenas, Delegación San Antonio de los Buenos. En la escena del crimen se contabilizaron 10 casquillos calibre 9mm.

Un hombre, de 30 años, aún sin identificar, fue ejecutado de al menos 10 tiros de arma calibre 9mm calle Imperio Azteca sin número, en la colonia Valle Imperial,  Delegación La Presa.

En el Hospital General pereció tras las heridas de proyectil de arma de fuego que le propinaron en tórax, y lesión vascular, Jorge Enrique Vásquez Beltrán de 45 años.

Martha Leyva Nieves, de 27 años,  fue herida de bala en la colonia Presidentes; horas más tarde falleció en el Hospital General. También en el mismo nosocomio murió José Botello Arias, de 48 años, por los tiros que recibió en el tórax.

En la calle Lázaro Cárdenas de la colonia Niño Artillero, Delegación Sánchez Taboada, fue localizado el cadáver de un masculino. Junto al cuerpo se hallaron 3 casquillos calibre 223.

Alrededor de las 01:05 horas de este 21 noviembre frente a un domicilio en calle Misión de Loreto fue dejado el cadáver de un desconocido de alrededor de 30 años. La víctima estaba envuelta en una sábana color azul, amarradas con cuerdas y cinta adhesiva.
Dos cuerpos sin vida fueron localizados en la cajuela de un vehículo de la marca Honda Accord 1991, el cual estaba incendiado del interior y de la parte delantera. Los cadáveres, al parecer del sexo masculino, estaban cubiertos con cobijas, color café.  Información revelada señala que la unidad contaba con pre denuncia por robo.

De un tiro en la cabeza fue ultimado un masculino en calle Frambuesa Norte, colonia La Morita, Delegación La Presa Rural.

Por último, los cadáveres de dos hombres y una mujer fueron encontrados en la cajuela de un vehículo Honda, color verde, placas fronterizas BHH 63 17,  abandonado en callejón Rosita y Bulevar Díaz Ordaz, en la colonia La Mesa a la altura del Yonque Rábago. Junto a los cuerpos fue dejado un narcomensaje.

En ninguno de los casos se reportan personas detenidas.

(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS  ZETA/ MIÉRCOLES, 21 NOVIEMBRE, 2018 10:50 AM)