Grupo México, propiedad de Germán
Larrea, Industrias Peñoles, de Alberto Baillères y Minera Frisco, subsidiaria
del Grupo Carso, de Carlos Slim, presentan pérdidas en la Bolsa Mexicana de
Valores tras conocerse la iniciativa del partido Morena para regular la
normatividad extractiva del país, que incluye, entre otros aspectos, la
cancelación de concesiones.
La iniciativa también contempla que las
mineras presenten informes anuales sobre su impacto en las comunidades
indígenas.
Ciudad de México, 21 de
noviembre (SinEmbargo).– Las mineras mexicanas pierden este miércoles en la
Bolsa Mexicana de Valores (BMV), luego de conocerse la iniciativa de la
Senadora Angélica García Arrieta del partido Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena) para regular la normatividad extractiva del país, que
incluye, entre otros aspectos, la cancelación de concesiones.
Grupo México, propiedad de
Germán Larrea Mota-Velasco, bajó un 5.4 por ciento, su mayor caída diaria desde
junio de 2013.
Industrias Peñoles,
perteneciente al conglomerado Grupo BAL de Alberto Baillères González, se
hundió un 4.7 por ciento, mientras que Minera Frisco, subsidiaria del Grupo
Carso, de Carlos Slim, cayó 1.73 por ciento en las primeras horas de este
miércoles.
El proyecto de ley de Morena
propone regular la normatividad que rige las concesiones y asignaciones mineras
priorizando la importancia de proteger y respetar los derechos humanos de las
comunidades y pueblos donde se desarrolla esta actividad.
La legisladora del Grupo
Parlamentario de Morena denunció que la Ley Minera no considera la necesidad de
realizar análisis de impacto social y de las consecuencias por el otorgamiento de
concesiones. Tampoco consultar a las comunidades y pueblos afectados por las
mismas.
En ese sentido, dijo, se
trata de un descuido jurídico e institucional de la Secretaría de Economía y
del Servicio Geológico Mexicano.
Detalló que su propuesta
tiene como objeto facultar al Servicio Geológico Mexicano a realizar estudios
de impacto social respecto de las áreas objeto de concesión y de asignación
mineras. También busca que la Secretaría de Economía pueda declarar zonas
inviables de explotación o en conflicto por impacto social negativo, así como
cancelar concesiones y asignaciones mineras por este motivo.
Adicionalmente, garantizar
que toda concesión, asignación o zona que se incorpore a reservas mineras
atienda los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de
las comunidades y pueblos de las regiones en los que se pretendan desarrollar,
subrayó la Senadora.
Angélica García precisó que
con estas modificaciones se obligará a los titulares de concesiones mineras que
destinen un monto para el desarrollo humano y sustentable de las comunidades o
localidades en las que realicen sus actividades de exploración y explotación
así como a rendir un informe anual del impacto social de su lote minero; y en
caso de no hacerlo, cancelar la concesión por incumplimiento.
“Senadores y senadoras, ya lo
ha declarado nuestro presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Es muy importante
atender a las pequeñas colectividades donde se extraen los minerales porque
pasa esto: se extraen, se causan daños y no se deja beneficio de la explotación
minera; no privilegiemos el interés económico de unos cuantos por encima de los
derechos sociales de la población que está siendo vulnerada”, dijo García al
presentar la iniciativa en el Senado.
(SIN EMBARGO/ REDACCIÓN / 21 DE NOVIEMBRE 2018)
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